El expediente secreto de un exagente de la CIA en Colombia

En la investigación de la Fiscalía contra seis directivos y exdirectivos de la carbonera Drummond por supuesta financiación a los paramilitares y el asesinato de dos líderes sindicales, aún no se ha indagado a fondo sobre uno de los nombres que aparece mencionado cada tanto en los cientos de páginas que tiene el trascendental expediente. Se trata de James Lee Atkins, exjefe de seguridad de la multinacional en Colombia, antiguo funcionario de la Embajada de Estados Unidos y agente de la CIA que, según tres personas que lo conocieron durante su paso por el país y documentación del gobierno de EE. UU, participó en operaciones encubiertas en Nicaragua, Irak y Camboya para ese organismo de inteligencia.

El Espectador también conoció una extensa entrevista al propio Atkins, que da cuenta de cuáles fueron sus pasos a la sombra mientras fue agente de la CIA y cómo llegó a encargarse de la seguridad de la infraestructura de la de carbonera, la cual era constantemente atacada por las guerrillas del Eln y las Farc en los años 90. El documento más revelador sobre el pasado de Atkins es el Reporte Walsh, informe elaborado tras destaparse el escándalo de Irán-Contra durante la administración de Ronald Reagan. En ese momento se supo que el gobierno de EE. UU financió a la Contra en Nicaragua y le vendió armas a Irán, acciones que estaban prohibidas por el Congreso.

Lawrence Walsh, fiscal independiente delegado del caso Nicaragua, estableció que Atkins fue el jefe de una instalación de la CIA en Centroamérica desde enero de 1986 hasta mayo de 1987 y que desde enero de 1986 hasta octubre de ese mismo año, “cuando se prohibió la ayuda letal del gobierno de los Estados Unidos a la Contra, Atkins aprobó la provisión de miles de dólares en combustible de aviación a los contras, gastos que se cargaron indebidamente a las cuentas de la CIA. Además, les mintió a los investigadores de la Oficina del Inspector General de la CIA sobre sus actividades”. Aunque nunca fue sancionado penalmente, la CIA lo suspendió en mayo de 1987 y posteriormente lo retiró.

En agosto de 1993, cuando Walsh publicó el informe, varios de los implicados en el escándalo fueron indultados por el ya posesionado George Bush; pero el nombre de Atkins no figuraba en los grandes titulares de prensa, así que pasó de agache. En el informe, de más de 200 páginas, la actuación del exjefe de seguridad solo aparece en una página, aunque no se dan mayores detalles de cómo logró camuflar esos pagos en las cuentas de la CIA. Walsh reclamó que el gobierno de Bush padre y la propia agencia de inteligencia torpedearon su investigación independiente y la impunidad de la que gozaron los altos cargos de la administración de Reagan y los agentes involucrados en el escándalo.

Esa financiación de los Estados Unidos a la Contra nicaragüense también fue revelada por el prestigioso periodista Gary Webb, quien terminó muerto por dos impactos de bala en 2004, en hechos que aún no son claros. El reconocido reportero del San José Mercury News, ganador del premio Pulitzer, publicó una serie de reportajes de cómo la CIA había inundado de crack los barrios negros de Los Ángeles y usó ese dinero para patrocinar operaciones de ese grupo paramilitar en Centroamérica, que tenía como fin único derrocar al gobierno de la revolución sandinista en los años 80. En sus reportajes, denunció la participación de otro ex-CIA, el cuestionado agente Luis Posada Carriles.

La supuesta financiación a las Auc

Este episodio sobre la financiación a la Contra en Nicaragua cobra relevancia ahora que la Fiscalía, como reveló este diario en agosto pasado, les puso la lupa a una serie de contratos y transacciones financieras que celebró la Drummond entre 1996 y 2001 con la empresa Industrial de Servicios y Alimentos (ISA). El representante legal de esa compañía era Jaime Blanco Maya, encargado de proveer las comidas de los trabajadores. La relación comercial terminó en 2001 (a pesar de que el convenio iba hasta 2002), cuando Blanco Maya cayó en el radar de la Fiscalía.

El documento concluye que, en ese lapso, las transacciones entre la Drummond e ISA estuvieron “sobrestimadas” en $3.755 millones, lo que para la época eran cerca de US$1,6 millones. Desde 2012, Blanco Maya (hermano de alias el Kiri Maya, condenado por sus nexos con paramilitares) confesó que a través de su empresa pasaron los dineros que financiaron al frente Juan Andrés Álvarez, de las Auc. Para soportar lo que decía, ese año Blanco empezó a entregar documentación de los supuestos sobrecostos en cada ración de comida que recibían los empleados de la mina La Loma, en El Paso (Cesar).

En 2012, el portal periodístico Verdad Abierta señaló que Blanco les había dicho a las autoridades que hubo sobreprecios por un 40 % en el valor de la comida para poder financiar a las Auc. En el reciente informe la Fiscalía señaló que “entre los precios unitarios inicialmente cotizados por las tres comidas, pasa de la primera cotización en noviembre de 1995 de $8.240 a $11.777 en julio de 1996 (precio final contratado), aumentándose el precio unitario en un período de siete meses, en $3.537, que equivale al 42,92 % del precio inicial (...) Se presenta un mayor valor registrado en la contabilidad de la empresa Drummond, en las cuentas de costos por servicios de alimentación” con ISA.

Drummond dice que no hubo ningún tipo de sobrecostos. “Lo que se registraron fueron diferentes cotizaciones entre 1995 y 1996, aceptándose finalmente la de julio de 1996. La razón de que existieran diferentes cotizaciones fue que en la primera propuesta no se incluyeron ítems fundamentales para la prestación del servicio, como el empaque apropiado para conservar los alimentos, así como el reconocimiento de inversiones en infraestructura que se debían realizar en cocina y equipos. Adicionalmente, como hubo cambio de año y transcurrieron ocho meses entre la primera y la última cotización, fue necesario que el proveedor actualizara el costo de su servicio de acuerdo con el aumento del índice de inflación”, dijo a El Espectador la multinacional en agosto pasado.

En su respuesta, la carbonera también dijo que frente a este peritazgo solicitaron aclaraciones a la Fiscalía y, una vez se tuviera respuesta de este requerimiento, se evaluaran las posibles objeciones a las que haya lugar. El ente investigador comparó las facturas de otros proveedores de comida de la Drummond con las de Blanco Maya y encontró que los precios facturados por ISA, para los años 1995 y 1996, fueron siempre superiores a los proveedores examinados. Con el primer contratista, el auditor forense determinó que los precios de ISA fueron superiores un 57 %, mientras que con la segunda fue en un 54 %.

Atkins en Colombia

En 2012, Jaime Blanco Maya —excontratista legal de la Drummond, condenado en 2013 por el homicidio de dos empleados de la compañía— contó que el jefe paramilitar alias el Tigre lo contactó en 1995 para que sirviera de intermediario y que los dineros de la Drummond llegaran a los paras. Blanco dijo que le transmitió el mensaje a Atkins y que este, a su vez, le llevó el mensaje a Garry Drummond, presidente de la compañía. “Después de un viaje a Estados Unidos, Atkins me dijo que al señor Drummond le había gustado la idea, pero que teníamos que mirar la forma de conseguir los recursos para las Auc. La ley no les permitía sacar dinero para estos grupos y tenían unos sistemas de contabilidad muy estrictos”, señaló Blanco Maya en ese momento.

Sobre cómo llegó Atkins a la compañía existe un testimonio que brindó el propio exagente al abogado estadounidense Terry Collingsworth, quien es el representante de víctimas en ese país de las Auc. Durante la extensa entrevista, Atkins manifestó que cuando fue entrevistado por directivos de la Drummond (Bill Phillips, jefe de seguridad, Curt Jones, abogado de Drummond, y Mike Tracy, presidente de Drummond) señaló que estaba seguro de haberles informado a los miembros de la compañía en qué circunstancias salió de la CIA; que firmó su contrato el 1° de junio de 1995 y de inmediato partieron para Colombia.

El Espectador también conoció un memorando del 13 de septiembre de 1995 en el que Atkins le contó en detalle a Mike Tracy, actual CEO mundial de la compañía, pormenores del conflicto armado colombiano. En ese detallado reporte el jefe de seguridad de la compañía relató los movimientos de las guerrillas del Eln, las Farc y unos reductos del Epl; de la existencia de paramilitares en Cesar y Magdalena (las de Adán Rojas y Hernán Giraldo). También, cómo por La Guajira y Panamá estaban entrando armas de contrabando que provenían de las fuerzas sandinistas y cómo desde entonces las guerrillas estaban sumergidas en el narcotráfico como mecanismo de financiación.

“El resto de la preocupación para nosotros es desde Fundación hasta La Ciénaga, por donde pasan nuestros trenes diariamente. Sé que hay algunos grupos paramilitares pequeños y bastante efectivos que operan en nombre de los productores de banano y palma africana en esta área. Sé que el Gobierno está muy preocupado por esta zona por lo que ha pasado en Urabá. Hay informes de alborotadores que operan en la región bananera; por lo tanto, el Gobierno ha decidido hacer un esfuerzo para organizar a los grupos paramilitares en la región en un grupo paraguas controlado por el Ejército. La legislación reciente permite la formación de estos grupos bajo el plan Operación Convivir”, señaló Atkins en el documento.

Y añadió que “el plan permite a las corporaciones nacionales donar dinero al Ejército con el fin de establecer redes de inteligencia y células de respuesta paramilitares armadas que perseguirán a las guerrillas. El plan es similar a un enfoque utilizado en Perú para acabar con el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y debilitar seriamente al Sendero Luminoso. El comandante del Batallón Córdoba visitó mi oficina la semana pasada e hizo una presentación del plan con el propósito de obtener el apoyo financiero de Drummond. Aparentemente, interpretó mal el reglamento porque las empresas extranjeras como Drummond y Dole tienen prohibido por ley participar”.

Los datos oficiales sobre el tiempo que Lee Atkins estuvo en el país son contradictorios y acrecientan el misterio que existe sobre su figura. Según información de Migración Colombia, Atkins ingresó en 109 oportunidades a Colombia. La primera se registró el 18 de julio de 1996 y la última fue el 20 de marzo de 2001. Sin embargo, José Miguel Linares, actual presidente de Drummond en Colombia, le dijo a la Fiscalía que Atkins trabajó con ellos desde el 1° de junio de 1995 hasta el 20 de diciembre del 2000. El alto directivo, que a principios de la década era el vicepresidente para asuntos corporativos, dice que trabajó como asesor externo de seguridad hasta agosto de 2001.

Dos antiguos miembros de la Fiscalía que han tenido contacto con agentes de la CIA en Colombia, señalan que estas inconsistencias entre los datos de migración ocurren con este tipo de personajes que hacen labores encubiertas. “En algún punto se vuelven como fantasmas”, señaló una antigua cabeza del ente investigador que pidió anonimato. Una de las personas que estuvieron con él durante esos años lo ubican en Bogotá hasta comienzos de 2003, trabajando en la Embajada de EE. UU. “Para esa época, me contó que la CIA lo volvió a reclutar porque estaba reuniendo a sus mejores hombres para derrocar a Sadam Huseín. Estaba muy orgulloso de ese llamado. Fue la última vez que lo vi”, dice la fuente.

Atkins también contaba —dice la fuente— que estuvo en Camboya, en donde la CIA formó un grupo paraestatal en los años 60 y 70 con el fin de contrarrestar las fuerzas comunistas en Vietnam. Sin embargo, este diario no pudo constatar que el exjefe de seguridad de la Drummond haya estado en Irak y Camboya. A su salida de la Drummond, dos fuentes coinciden en que estuvo trabajando en la base militar de Tres Esquinas, en Caquetá. Esa base militar, construida por Colombia durante la guerra contra Perú, fue equipada por el gobierno gringo para convertirla en una fortaleza antinarcóticos y en la que muchos militares de ese país, como Atkins, tienen como paso casi que obligatorio cuando entran a Colombia.

Atkins, cuyo paradero se desconoce (su último rastro lo dejó en los estados de West Virginia y Florida, en EE. UU.), ya había sido mencionado en octubre de 2009, cuando se supo que el exjefe paramilitar alias Jorge 40 iba a declarar en una corte de Alabama en un proceso civil contra la Drummond. Rodrigo Tovar, como realmente se llama el exjefe del bloque Norte de las Auc, fue extraditado a EE. UU. por el entonces presidente Álvaro Uribe, en mayo de 2008 junto con otros trece jefes paramilitares. Sin embargo, su abogado, Hernando Bocanegra, ha dicho que el asesinato de su hermano, en diciembre de 2009, fue uno de los motivos de que Jorge 40 no haya declarado en los cientos de procesos que tiene vigentes.

Blanco Maya le contó a la Fiscalía que sirvió como puente entre Atkins y Jorge 40. El exjefe paramilitar, según Blanco, quería preguntarle a Atkins que si, con sus contactos en inteligencia de EE. UU., podía averiguar si ese gobierno lo investigaba por narcotráfico. El excontratista de la multinacional dijo que este episodio ocurrió antes de febrero de 2003. Recuerda que el día que se gestionó esa reunión se estaba grabando en el aeropuerto de Santa Marta un capítulo de la novela “La costeña y el cachaco”, de RCN. El propio Maya radicó un derecho de petición al canal para que aportaran información de cuándo se realizó esa grabación, pero esa solicitud nunca fue resuelta.

El Espectador se contactó con la Drummond para que diera su versión de cómo Atkins, luego de ser sacado de la CIA por auspiciar a la Contra, terminó siendo su jefe de seguridad en Colombia. En una carta de una página la compañía señaló que las preguntas formuladas por este diario, relacionadas con el historial laboral del exagente gringo, y los señalamientos de una presunta relación de la compañía con paramilitares, se basan en testimonios falsos y comprobadamente pagados. “Estos temas han pasado por cuatro procedimientos legales en los EE. UU. en un período de más de 16 años, y todos los fallos han absuelto a la compañía y sus ejecutivos de cualquier acto indebido”, dice la compañía.

La Drummond sostiene que tanto Blanco Maya como los exparamilitares mienten. Fundamenta su señalamiento en un documento de diciembre de 2015, emitido por David Procter, juez del Distrito Norte de Alabama, en el cual se lee que todos los testigos que declararon contra Drummond en un proceso civil en Estados Unidos recibieron pagos del abogado Terry Collingsworth, director de la organización de derechos humanos International Rights Advocates, la cual representa a víctimas del paramilitarismo: “Después de recibir pagos directa o indirectamente por Collingsworth, tanto Blanco Maya como otros testigos falsos en las cárceles colombianas cambiaron su testimonio y afirmaron que Drummond había hecho pagos a las Auc”.

El juez señaló que no dudaba “en encontrar que hay (al menos) causa probable para creer que Collingsworth, mientras procesaba demandas en nombre de su empresa, se involucró en soborno de testigos y perjurio subordinado”. Con respecto a Blanco Maya, específicamente, la Corte de Alabama determinó que “se negó a firmar su declaración contra Drummond hasta que recibió el pago”. Esta decisión de la justicia estadounidense, conocida por este diario, señala que los paramilitares Samario, Bam Bam, Halcón, Tigre y Canoso, así como Blanco Maya y el Viejo Miguel, recibieron dineros. Sin embargo, diez trabajadores de la Drummond, cuyos testimonios son claves contra los directivos de la Drummond, no figuran en el documento de la justicia estadounidense.

El abogado Terry Collingsworth le ha dicho a la Fiscalía colombiana: “Es falsa la acusación hecha por la Drummond y sus abogados de que soborné a testigos para que cambiaran su testimonio para que dijeran que la empresa financió y colaboró con las Auc (...) He revelado completamente todos los pagos que hice en el caso Drummond y no hubo pagos hechos por mí ni por mi equipo a ningún testigo. En cambio, en cada caso, proporcioné fondos para permitir que los familiares de un testigo fueran trasladados a un lugar seguro para evitar que fueran heridos o asesinados en represalia por el testimonio rendido con sinceridad y verdad sobre el financiamiento y la colaboración de Drummond con las Auc”.

En octubre de 2018, cuando la Fiscalía citó a interrogatorio a las cabezas de la compañía, incluyó a Atkins en ese listado. Sin embargo, aunque la Fiscalía le pidió a la Embajada de EE. UU. información para ubicarlo, hasta el momento se desconoce con exactitud cuál es el paradero de Atkins, quien supera los 85 años. Dos abogados cercanos al proceso señalan que las víctimas ya dan por sentado que las actuaciones de Atkins en Colombia no serán investigadas. El proceso continúa y, en menos de dos meses, se cumple un año desde que el ente investigador determinó que seis antiguas y actuales cabezas de Drummond debían seguir en libertad mientras define si van a juicio... o no.

En la investigación de la Fiscalía contra seis directivos y exdirectivos de la carbonera Drummond por supuesta financiación a los paramilitares y el asesinato de dos líderes sindicales, aún no se ha indagado a fondo sobre uno de los nombres que aparece mencionado cada tanto en los cientos de páginas que tiene el trascendental expediente. Se trata de James Lee Atkins, exjefe de seguridad de la multinacional en Colombia, antiguo funcionario de la Embajada de Estados Unidos y agente de la CIA que, según tres personas que lo conocieron durante su paso por el país y documentación del gobierno de EE. UU, participó en operaciones encubiertas en Nicaragua, Irak y Camboya para ese organismo de inteligencia.

El Espectador también conoció una extensa entrevista al propio Atkins, que da cuenta de cuáles fueron sus pasos a la sombra mientras fue agente de la CIA y cómo llegó a encargarse de la seguridad de la infraestructura de la de carbonera, la cual era constantemente atacada por las guerrillas del Eln y las Farc en los años 90. El documento más revelador sobre el pasado de Atkins es el Reporte Walsh, informe elaborado tras destaparse el escándalo de Irán-Contra durante la administración de Ronald Reagan. En ese momento se supo que el gobierno de EE. UU financió a la Contra en Nicaragua y le vendió armas a Irán, acciones que estaban prohibidas por el Congreso.

Lawrence Walsh, fiscal independiente delegado del caso Nicaragua, estableció que Atkins fue el jefe de una instalación de la CIA en Centroamérica desde enero de 1986 hasta mayo de 1987 y que desde enero de 1986 hasta octubre de ese mismo año, “cuando se prohibió la ayuda letal del gobierno de los Estados Unidos a la Contra, Atkins aprobó la provisión de miles de dólares en combustible de aviación a los contras, gastos que se cargaron indebidamente a las cuentas de la CIA. Además, les mintió a los investigadores de la Oficina del Inspector General de la CIA sobre sus actividades”. Aunque nunca fue sancionado penalmente, la CIA lo suspendió en mayo de 1987 y posteriormente lo retiró.

En agosto de 1993, cuando Walsh publicó el informe, varios de los implicados en el escándalo fueron indultados por el ya posesionado George Bush; pero el nombre de Atkins no figuraba en los grandes titulares de prensa, así que pasó de agache. En el informe, de más de 200 páginas, la actuación del exjefe de seguridad solo aparece en una página, aunque no se dan mayores detalles de cómo logró camuflar esos pagos en las cuentas de la CIA. Walsh reclamó que el gobierno de Bush padre y la propia agencia de inteligencia torpedearon su investigación independiente y la impunidad de la que gozaron los altos cargos de la administración de Reagan y los agentes involucrados en el escándalo.

Esa financiación de los Estados Unidos a la Contra nicaragüense también fue revelada por el prestigioso periodista Gary Webb, quien terminó muerto por dos impactos de bala en 2004, en hechos que aún no son claros. El reconocido reportero del San José Mercury News, ganador del premio Pulitzer, publicó una serie de reportajes de cómo la CIA había inundado de crack los barrios negros de Los Ángeles y usó ese dinero para patrocinar operaciones de ese grupo paramilitar en Centroamérica, que tenía como fin único derrocar al gobierno de la revolución sandinista en los años 80. En sus reportajes, denunció la participación de otro ex-CIA, el cuestionado agente Luis Posada Carriles.

La supuesta financiación a las Auc

Este episodio sobre la financiación a la Contra en Nicaragua cobra relevancia ahora que la Fiscalía, como reveló este diario en agosto pasado, les puso la lupa a una serie de contratos y transacciones financieras que celebró la Drummond entre 1996 y 2001 con la empresa Industrial de Servicios y Alimentos (ISA). El representante legal de esa compañía era Jaime Blanco Maya, encargado de proveer las comidas de los trabajadores. La relación comercial terminó en 2001 (a pesar de que el convenio iba hasta 2002), cuando Blanco Maya cayó en el radar de la Fiscalía.

El documento concluye que, en ese lapso, las transacciones entre la Drummond e ISA estuvieron “sobrestimadas” en $3.755 millones, lo que para la época eran cerca de US$1,6 millones. Desde 2012, Blanco Maya (hermano de alias el Kiri Maya, condenado por sus nexos con paramilitares) confesó que a través de su empresa pasaron los dineros que financiaron al frente Juan Andrés Álvarez, de las Auc. Para soportar lo que decía, ese año Blanco empezó a entregar documentación de los supuestos sobrecostos en cada ración de comida que recibían los empleados de la mina La Loma, en El Paso (Cesar).

En 2012, el portal periodístico Verdad Abierta señaló que Blanco les había dicho a las autoridades que hubo sobreprecios por un 40 % en el valor de la comida para poder financiar a las Auc. En el reciente informe la Fiscalía señaló que “entre los precios unitarios inicialmente cotizados por las tres comidas, pasa de la primera cotización en noviembre de 1995 de $8.240 a $11.777 en julio de 1996 (precio final contratado), aumentándose el precio unitario en un período de siete meses, en $3.537, que equivale al 42,92 % del precio inicial (...) Se presenta un mayor valor registrado en la contabilidad de la empresa Drummond, en las cuentas de costos por servicios de alimentación” con ISA.

Drummond dice que no hubo ningún tipo de sobrecostos. “Lo que se registraron fueron diferentes cotizaciones entre 1995 y 1996, aceptándose finalmente la de julio de 1996. La razón de que existieran diferentes cotizaciones fue que en la primera propuesta no se incluyeron ítems fundamentales para la prestación del servicio, como el empaque apropiado para conservar los alimentos, así como el reconocimiento de inversiones en infraestructura que se debían realizar en cocina y equipos. Adicionalmente, como hubo cambio de año y transcurrieron ocho meses entre la primera y la última cotización, fue necesario que el proveedor actualizara el costo de su servicio de acuerdo con el aumento del índice de inflación”, dijo a El Espectador la multinacional en agosto pasado.

En su respuesta, la carbonera también dijo que frente a este peritazgo solicitaron aclaraciones a la Fiscalía y, una vez se tuviera respuesta de este requerimiento, se evaluaran las posibles objeciones a las que haya lugar. El ente investigador comparó las facturas de otros proveedores de comida de la Drummond con las de Blanco Maya y encontró que los precios facturados por ISA, para los años 1995 y 1996, fueron siempre superiores a los proveedores examinados. Con el primer contratista, el auditor forense determinó que los precios de ISA fueron superiores un 57 %, mientras que con la segunda fue en un 54 %.

Atkins en Colombia

En 2012, Jaime Blanco Maya —excontratista legal de la Drummond, condenado en 2013 por el homicidio de dos empleados de la compañía— contó que el jefe paramilitar alias el Tigre lo contactó en 1995 para que sirviera de intermediario y que los dineros de la Drummond llegaran a los paras. Blanco dijo que le transmitió el mensaje a Atkins y que este, a su vez, le llevó el mensaje a Garry Drummond, presidente de la compañía. “Después de un viaje a Estados Unidos, Atkins me dijo que al señor Drummond le había gustado la idea, pero que teníamos que mirar la forma de conseguir los recursos para las Auc. La ley no les permitía sacar dinero para estos grupos y tenían unos sistemas de contabilidad muy estrictos”, señaló Blanco Maya en ese momento.

Sobre cómo llegó Atkins a la compañía existe un testimonio que brindó el propio exagente al abogado estadounidense Terry Collingsworth, quien es el representante de víctimas en ese país de las Auc. Durante la extensa entrevista, Atkins manifestó que cuando fue entrevistado por directivos de la Drummond (Bill Phillips, jefe de seguridad, Curt Jones, abogado de Drummond, y Mike Tracy, presidente de Drummond) señaló que estaba seguro de haberles informado a los miembros de la compañía en qué circunstancias salió de la CIA; que firmó su contrato el 1° de junio de 1995 y de inmediato partieron para Colombia.

El Espectador también conoció un memorando del 13 de septiembre de 1995 en el que Atkins le contó en detalle a Mike Tracy, actual CEO mundial de la compañía, pormenores del conflicto armado colombiano. En ese detallado reporte el jefe de seguridad de la compañía relató los movimientos de las guerrillas del Eln, las Farc y unos reductos del Epl; de la existencia de paramilitares en Cesar y Magdalena (las de Adán Rojas y Hernán Giraldo). También, cómo por La Guajira y Panamá estaban entrando armas de contrabando que provenían de las fuerzas sandinistas y cómo desde entonces las guerrillas estaban sumergidas en el narcotráfico como mecanismo de financiación.

“El resto de la preocupación para nosotros es desde Fundación hasta La Ciénaga, por donde pasan nuestros trenes diariamente. Sé que hay algunos grupos paramilitares pequeños y bastante efectivos que operan en nombre de los productores de banano y palma africana en esta área. Sé que el Gobierno está muy preocupado por esta zona por lo que ha pasado en Urabá. Hay informes de alborotadores que operan en la región bananera; por lo tanto, el Gobierno ha decidido hacer un esfuerzo para organizar a los grupos paramilitares en la región en un grupo paraguas controlado por el Ejército. La legislación reciente permite la formación de estos grupos bajo el plan Operación Convivir”, señaló Atkins en el documento.

Y añadió que “el plan permite a las corporaciones nacionales donar dinero al Ejército con el fin de establecer redes de inteligencia y células de respuesta paramilitares armadas que perseguirán a las guerrillas. El plan es similar a un enfoque utilizado en Perú para acabar con el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y debilitar seriamente al Sendero Luminoso. El comandante del Batallón Córdoba visitó mi oficina la semana pasada e hizo una presentación del plan con el propósito de obtener el apoyo financiero de Drummond. Aparentemente, interpretó mal el reglamento porque las empresas extranjeras como Drummond y Dole tienen prohibido por ley participar”.

Los datos oficiales sobre el tiempo que Lee Atkins estuvo en el país son contradictorios y acrecientan el misterio que existe sobre su figura. Según información de Migración Colombia, Atkins ingresó en 109 oportunidades a Colombia. La primera se registró el 18 de julio de 1996 y la última fue el 20 de marzo de 2001. Sin embargo, José Miguel Linares, actual presidente de Drummond en Colombia, le dijo a la Fiscalía que Atkins trabajó con ellos desde el 1° de junio de 1995 hasta el 20 de diciembre del 2000. El alto directivo, que a principios de la década era el vicepresidente para asuntos corporativos, dice que trabajó como asesor externo de seguridad hasta agosto de 2001.

Dos antiguos miembros de la Fiscalía que han tenido contacto con agentes de la CIA en Colombia, señalan que estas inconsistencias entre los datos de migración ocurren con este tipo de personajes que hacen labores encubiertas. “En algún punto se vuelven como fantasmas”, señaló una antigua cabeza del ente investigador que pidió anonimato. Una de las personas que estuvieron con él durante esos años lo ubican en Bogotá hasta comienzos de 2003, trabajando en la Embajada de EE. UU. “Para esa época, me contó que la CIA lo volvió a reclutar porque estaba reuniendo a sus mejores hombres para derrocar a Sadam Huseín. Estaba muy orgulloso de ese llamado. Fue la última vez que lo vi”, dice la fuente.

Atkins también contaba —dice la fuente— que estuvo en Camboya, en donde la CIA formó un grupo paraestatal en los años 60 y 70 con el fin de contrarrestar las fuerzas comunistas en Vietnam. Sin embargo, este diario no pudo constatar que el exjefe de seguridad de la Drummond haya estado en Irak y Camboya. A su salida de la Drummond, dos fuentes coinciden en que estuvo trabajando en la base militar de Tres Esquinas, en Caquetá. Esa base militar, construida por Colombia durante la guerra contra Perú, fue equipada por el gobierno gringo para convertirla en una fortaleza antinarcóticos y en la que muchos militares de ese país, como Atkins, tienen como paso casi que obligatorio cuando entran a Colombia.

Atkins, cuyo paradero se desconoce (su último rastro lo dejó en los estados de West Virginia y Florida, en EE. UU.), ya había sido mencionado en octubre de 2009, cuando se supo que el exjefe paramilitar alias Jorge 40 iba a declarar en una corte de Alabama en un proceso civil contra la Drummond. Rodrigo Tovar, como realmente se llama el exjefe del bloque Norte de las Auc, fue extraditado a EE. UU. por el entonces presidente Álvaro Uribe, en mayo de 2008 junto con otros trece jefes paramilitares. Sin embargo, su abogado, Hernando Bocanegra, ha dicho que el asesinato de su hermano, en diciembre de 2009, fue uno de los motivos de que Jorge 40 no haya declarado en los cientos de procesos que tiene vigentes.

Blanco Maya le contó a la Fiscalía que sirvió como puente entre Atkins y Jorge 40. El exjefe paramilitar, según Blanco, quería preguntarle a Atkins que si, con sus contactos en inteligencia de EE. UU., podía averiguar si ese gobierno lo investigaba por narcotráfico. El excontratista de la multinacional dijo que este episodio ocurrió antes de febrero de 2003. Recuerda que el día que se gestionó esa reunión se estaba grabando en el aeropuerto de Santa Marta un capítulo de la novela “La costeña y el cachaco”, de RCN. El propio Maya radicó un derecho de petición al canal para que aportaran información de cuándo se realizó esa grabación, pero esa solicitud nunca fue resuelta.

El Espectador se contactó con la Drummond para que diera su versión de cómo Atkins, luego de ser sacado de la CIA por auspiciar a la Contra, terminó siendo su jefe de seguridad en Colombia. En una carta de una página la compañía señaló que las preguntas formuladas por este diario, relacionadas con el historial laboral del exagente gringo, y los señalamientos de una presunta relación de la compañía con paramilitares, se basan en testimonios falsos y comprobadamente pagados. “Estos temas han pasado por cuatro procedimientos legales en los EE. UU. en un período de más de 16 años, y todos los fallos han absuelto a la compañía y sus ejecutivos de cualquier acto indebido”, dice la compañía.

La Drummond sostiene que tanto Blanco Maya como los exparamilitares mienten. Fundamenta su señalamiento en un documento de diciembre de 2015, emitido por David Procter, juez del Distrito Norte de Alabama, en el cual se lee que todos los testigos que declararon contra Drummond en un proceso civil en Estados Unidos recibieron pagos del abogado Terry Collingsworth, director de la organización de derechos humanos International Rights Advocates, la cual representa a víctimas del paramilitarismo: “Después de recibir pagos directa o indirectamente por Collingsworth, tanto Blanco Maya como otros testigos falsos en las cárceles colombianas cambiaron su testimonio y afirmaron que Drummond había hecho pagos a las Auc”.

El juez señaló que no dudaba “en encontrar que hay (al menos) causa probable para creer que Collingsworth, mientras procesaba demandas en nombre de su empresa, se involucró en soborno de testigos y perjurio subordinado”. Con respecto a Blanco Maya, específicamente, la Corte de Alabama determinó que “se negó a firmar su declaración contra Drummond hasta que recibió el pago”. Esta decisión de la justicia estadounidense, conocida por este diario, señala que los paramilitares Samario, Bam Bam, Halcón, Tigre y Canoso, así como Blanco Maya y el Viejo Miguel, recibieron dineros. Sin embargo, diez trabajadores de la Drummond, cuyos testimonios son claves contra los directivos de la Drummond, no figuran en el documento de la justicia estadounidense.

El abogado Terry Collingsworth le ha dicho a la Fiscalía colombiana: “Es falsa la acusación hecha por la Drummond y sus abogados de que soborné a testigos para que cambiaran su testimonio para que dijeran que la empresa financió y colaboró con las Auc (...) He revelado completamente todos los pagos que hice en el caso Drummond y no hubo pagos hechos por mí ni por mi equipo a ningún testigo. En cambio, en cada caso, proporcioné fondos para permitir que los familiares de un testigo fueran trasladados a un lugar seguro para evitar que fueran heridos o asesinados en represalia por el testimonio rendido con sinceridad y verdad sobre el financiamiento y la colaboración de Drummond con las Auc”.

En octubre de 2018, cuando la Fiscalía citó a interrogatorio a las cabezas de la compañía, incluyó a Atkins en ese listado. Sin embargo, aunque la Fiscalía le pidió a la Embajada de EE. UU. información para ubicarlo, hasta el momento se desconoce con exactitud cuál es el paradero de Atkins, quien supera los 85 años. Dos abogados cercanos al proceso señalan que las víctimas ya dan por sentado que las actuaciones de Atkins en Colombia no serán investigadas. El proceso continúa y, en menos de dos meses, se cumple un año desde que el ente investigador determinó que seis antiguas y actuales cabezas de Drummond debían seguir en libertad mientras define si van a juicio... o no.