El exsenador Álvaro Ashton se juega su última carta para quedarse en la JEP

El exsenador liberal Álvaro Ashton y su equipo de abogados se la juegan toda para que su proceso judicial siga en poder de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entidad que lo excluyó en octubre de 2021 por considerar que los aportes de verdad entregados fueron “insuficientes, vagos y sin fundamento”. El político, que aterrizó en la justicia transicional en julio de 2019, se convirtió en el primer exfuncionario de alto rango en ser aceptado por ese tribunal por un caso de corrupción. Él mismo aceptó que entregó dineros al cartel de la toga para salir bien librado en un proceso que se le seguía por parapolítica. Un mes después de su expulsión, sus defensores apelaron la decisión y, en un inusitado cambio de posición, el pedido recibió el respaldo de la Procuraduría.

(En contexto: JEP expulsa y revoca libertad del exsenador Álvaro Ashton)

El espaldarazo del Ministerio Público es un cambio que coincide con el de la administración de la entidad, pues mientras Ashton hacía su tránsito de la justicia ordinaria a la transicional, la Procuraduría de Fernando Carrillo reprochó que el soborno de Ashton a magistrados de la Corte Suprema de Justicia fuese investigado por la JEP. En su momento, hubo rencillas entre la Fiscalía y la Procuraduría con la Jurisdicción Especial. Básicamente, los entes de control no estaban de acuerdo con que el expediente por corrupción fuese conocido por el tribunal encargado de esclarecer el conflicto armado con las extintas Farc. Pero ahora, la Procuraduría de Margarita Cabello cree que Ashton debería quedarse en la JEP.

“Lograr una paz estable y duradera no será posible si se releva a la justicia ordinaria de investigar y juzgar asuntos de su competencia y que han ocurrido únicamente en desmedro de la institucionalidad”, escribió en su momento el Ministerio Público en un concepto que allegó a la Corte Constitucional. Pues el rifirrafe entre la Fiscalía, la Procuraduría y la JEP aterrizó en el alto tribunal, que terminó dándole el espaldarazo a Ashton para que su expediente fuese conocido por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Con todo en regla, el político liberal empezó su proceso de sometimiento. En audiencias privadas les dijo a los magistrados que entregó dinero en efectivo al exjefe Anticorrupción de la Fiscalía Gustavo Moreno para dilatar su investigación por parapolítica.

(Le puede interesar: En la pelea con la JEP por el cartel de la toga, a la Fiscalía le salió el tiro por la culata)

Dijo que él sabía “que tenía su pecado” refiriéndose a la reunión que tuvo con Carlos Mario García, comandante del frente José Pablo Díaz de las extintas Auc. Mientras Ashton estuvo investigado por la Corte Suprema negó todo vínculo con el grupo paramilitar. Resaltó que no tuvo acuerdos políticos ni en el Atlántico ni en el Magdalena y que su llegada al Congreso fue independiente. Cuando aterrizó en la JEP su versión cambió. Allí afirmó que sí tuvo encuentros con García, e incluso, en su momento, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas destacó que Ashton admitiera el apoyo dado por los paramilitares en su candidatura al Congreso para 2006.

En las diligencias también explicó cómo terminó haciendo negocios con el cartel de la toga. Reveló la forma en la que conoció a Luis Gustavo Moreno, destacando que había una relación “fluida, cercana y directa”. Los magistrados de la JEP le pidieron detalles y él señaló que no conocía a quién se le entregó parte de los $800 millones que pagó por su encargo de engavetar la investigación. Sin embargo, tenía como referencia del entramado a los exmagistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte, este último condenado por los mismos hechos y sobre quien reposa una de las más altas condenas. Sobre el proceso de parapolítica resaltó reuniones con García y con Mario Marenco, también miembro del grupo paramilitar.

(Lea también: ¿Qué fue lo más complicado para la JEP en cinco años de la firma del Acuerdo de Paz?)

En su momento, la Sala de Definiciones Jurídicas resaltó la entrega de verdad de Ashton. No obstante, en octubre de 2021 le reprochó que la información “no es significativa y no conduce a la construcción de una verdad colectiva”. “La Sala advierte que no se suministró información exhaustiva, clara, precisa y detallada, y tampoco se recibió un aporte que contribuya al esclarecimiento de patrones de macrocriminalidad relacionados con la región del Atlántico o con el fenómeno de la cooptación de las entidades estatales por parte de las Auc como una forma de control territorial”. Ese señalamiento no lo compartieron su abogado Yefferson Dueñas ni el procurador delegado ante la JEP, Jairo Acosta, quienes pidieron que se revocara la decisión que dejó por fuera de la justicia especial a Álvaro Ashton.

El defensor, por su parte, resaltó que las entregas de verdad se realizaron bajo todos los requerimientos de la JEP e incluso sacó a la luz que no había aceptado ante la justicia ordinaria. En el documento de apelación Dueñas resaltó que lo que contó Ashton en la justicia especial “le traerá gravosas consecuencias en la justicia ordinaria (la condena) en el caso de que sus procesos sean devueltos a ella. Y aunque existe un debate sobre el valor probatorio de las declaraciones ante la JEP, en el marco de diligencias de aporte temprano de verdad, lo cierto es que en la práctica resulta materialmente imposible que el juez ordinario de conocimiento se abstenga de hallarlo culpable a partir de la asunción de responsabilidad que ya ha realizado ante esta Jurisdicción”.

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Por su parte, en el documento de 12 páginas que firmó el procurador Acosta le reprocha a la JEP que no realizó un análisis detallado de lo que dijo Ashton en cuanto a su responsabilidad y aportes de verdad. “Si bien en la resolución de octubre de 2021 se mencionó la existencia de aparentes contradicciones entre lo manifestado por el compareciente ante la jurisdicción ordinaria y la contribución realizada ante la JEP, no se estableció con claridad cuáles son los supuestos puntuales que el compareciente ha omitido y que resultan fundamentales para el esclarecimiento del delito”. Además, explicó que la justicia transicional falló en brindar respuesta a las múltiples solicitudes que hizo en su momento el procurador sobre hechos que quedaron por fuera de las versiones que rindió.

“Este delegado insiste en que la resolución de octubre del 2021, no consideró las solicitudes previamente realizadas por el Ministerio Público y no cumplió con las cargas necesarias de motivación. En tal virtud, es procedente que sea revocada”, insistió el procurador delegado. Los argumentos del abogado Yefferson Dueñas y de la Procuraduría ahora reposan en la Sección de Apelación de la JEP, la misma que ratificó la expulsión, el pasado 26 de enero, del también exsenador Musa Besaile, quien tiene un proceso por parapolítica y afirmó haber entregado $2.000 millones al cartel de la toga para frenar el proceso que se surtía en su contra en la Corte Suprema de Justicia. Falta ver si los magistrados de esa sala tienen un parecer distinto sobre la verdad que ya ventiló el senador liberal sobre la parapolítica y sobre uno de los mayores escándalos de corrupción.

El exsenador liberal Álvaro Ashton y su equipo de abogados se la juegan toda para que su proceso judicial siga en poder de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entidad que lo excluyó en octubre de 2021 por considerar que los aportes de verdad entregados fueron “insuficientes, vagos y sin fundamento”. El político, que aterrizó en la justicia transicional en julio de 2019, se convirtió en el primer exfuncionario de alto rango en ser aceptado por ese tribunal por un caso de corrupción. Él mismo aceptó que entregó dineros al cartel de la toga para salir bien librado en un proceso que se le seguía por parapolítica. Un mes después de su expulsión, sus defensores apelaron la decisión y, en un inusitado cambio de posición, el pedido recibió el respaldo de la Procuraduría.

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El espaldarazo del Ministerio Público es un cambio que coincide con el de la administración de la entidad, pues mientras Ashton hacía su tránsito de la justicia ordinaria a la transicional, la Procuraduría de Fernando Carrillo reprochó que el soborno de Ashton a magistrados de la Corte Suprema de Justicia fuese investigado por la JEP. En su momento, hubo rencillas entre la Fiscalía y la Procuraduría con la Jurisdicción Especial. Básicamente, los entes de control no estaban de acuerdo con que el expediente por corrupción fuese conocido por el tribunal encargado de esclarecer el conflicto armado con las extintas Farc. Pero ahora, la Procuraduría de Margarita Cabello cree que Ashton debería quedarse en la JEP.

“Lograr una paz estable y duradera no será posible si se releva a la justicia ordinaria de investigar y juzgar asuntos de su competencia y que han ocurrido únicamente en desmedro de la institucionalidad”, escribió en su momento el Ministerio Público en un concepto que allegó a la Corte Constitucional. Pues el rifirrafe entre la Fiscalía, la Procuraduría y la JEP aterrizó en el alto tribunal, que terminó dándole el espaldarazo a Ashton para que su expediente fuese conocido por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Con todo en regla, el político liberal empezó su proceso de sometimiento. En audiencias privadas les dijo a los magistrados que entregó dinero en efectivo al exjefe Anticorrupción de la Fiscalía Gustavo Moreno para dilatar su investigación por parapolítica.

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Dijo que él sabía “que tenía su pecado” refiriéndose a la reunión que tuvo con Carlos Mario García, comandante del frente José Pablo Díaz de las extintas Auc. Mientras Ashton estuvo investigado por la Corte Suprema negó todo vínculo con el grupo paramilitar. Resaltó que no tuvo acuerdos políticos ni en el Atlántico ni en el Magdalena y que su llegada al Congreso fue independiente. Cuando aterrizó en la JEP su versión cambió. Allí afirmó que sí tuvo encuentros con García, e incluso, en su momento, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas destacó que Ashton admitiera el apoyo dado por los paramilitares en su candidatura al Congreso para 2006.

En las diligencias también explicó cómo terminó haciendo negocios con el cartel de la toga. Reveló la forma en la que conoció a Luis Gustavo Moreno, destacando que había una relación “fluida, cercana y directa”. Los magistrados de la JEP le pidieron detalles y él señaló que no conocía a quién se le entregó parte de los $800 millones que pagó por su encargo de engavetar la investigación. Sin embargo, tenía como referencia del entramado a los exmagistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte, este último condenado por los mismos hechos y sobre quien reposa una de las más altas condenas. Sobre el proceso de parapolítica resaltó reuniones con García y con Mario Marenco, también miembro del grupo paramilitar.

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En su momento, la Sala de Definiciones Jurídicas resaltó la entrega de verdad de Ashton. No obstante, en octubre de 2021 le reprochó que la información “no es significativa y no conduce a la construcción de una verdad colectiva”. “La Sala advierte que no se suministró información exhaustiva, clara, precisa y detallada, y tampoco se recibió un aporte que contribuya al esclarecimiento de patrones de macrocriminalidad relacionados con la región del Atlántico o con el fenómeno de la cooptación de las entidades estatales por parte de las Auc como una forma de control territorial”. Ese señalamiento no lo compartieron su abogado Yefferson Dueñas ni el procurador delegado ante la JEP, Jairo Acosta, quienes pidieron que se revocara la decisión que dejó por fuera de la justicia especial a Álvaro Ashton.

El defensor, por su parte, resaltó que las entregas de verdad se realizaron bajo todos los requerimientos de la JEP e incluso sacó a la luz que no había aceptado ante la justicia ordinaria. En el documento de apelación Dueñas resaltó que lo que contó Ashton en la justicia especial “le traerá gravosas consecuencias en la justicia ordinaria (la condena) en el caso de que sus procesos sean devueltos a ella. Y aunque existe un debate sobre el valor probatorio de las declaraciones ante la JEP, en el marco de diligencias de aporte temprano de verdad, lo cierto es que en la práctica resulta materialmente imposible que el juez ordinario de conocimiento se abstenga de hallarlo culpable a partir de la asunción de responsabilidad que ya ha realizado ante esta Jurisdicción”.

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Por su parte, en el documento de 12 páginas que firmó el procurador Acosta le reprocha a la JEP que no realizó un análisis detallado de lo que dijo Ashton en cuanto a su responsabilidad y aportes de verdad. “Si bien en la resolución de octubre de 2021 se mencionó la existencia de aparentes contradicciones entre lo manifestado por el compareciente ante la jurisdicción ordinaria y la contribución realizada ante la JEP, no se estableció con claridad cuáles son los supuestos puntuales que el compareciente ha omitido y que resultan fundamentales para el esclarecimiento del delito”. Además, explicó que la justicia transicional falló en brindar respuesta a las múltiples solicitudes que hizo en su momento el procurador sobre hechos que quedaron por fuera de las versiones que rindió.

“Este delegado insiste en que la resolución de octubre del 2021, no consideró las solicitudes previamente realizadas por el Ministerio Público y no cumplió con las cargas necesarias de motivación. En tal virtud, es procedente que sea revocada”, insistió el procurador delegado. Los argumentos del abogado Yefferson Dueñas y de la Procuraduría ahora reposan en la Sección de Apelación de la JEP, la misma que ratificó la expulsión, el pasado 26 de enero, del también exsenador Musa Besaile, quien tiene un proceso por parapolítica y afirmó haber entregado $2.000 millones al cartel de la toga para frenar el proceso que se surtía en su contra en la Corte Suprema de Justicia. Falta ver si los magistrados de esa sala tienen un parecer distinto sobre la verdad que ya ventiló el senador liberal sobre la parapolítica y sobre uno de los mayores escándalos de corrupción.