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El exsenador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, seguirá privado de su libertad y, aparte, enfrentará un juicio por los delitos de concierto para delinquir, sonborno e interés indebido en la celebración de contratos. Esa es la nueva determinación de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, la cual investiga a Ramírez por su presunto liderazgo en un esquema de corrupción contractual que aprovechaba su puesto en el Congreso.
En contexto: Estos son los contratos corruptos con los que se habría lucrado el senador Ciro Ramírez
“Los hechos ocurrieron entre 2021 y 2022, y se refieren a la presunta injerencia indebida del exsenador Ramírez Cortés en el Departamento de Prosperidad Social, DPS, para la contratación de obras públicas en varios departamentos del país. El excongresista está privado de su libertad desde mediados de diciembre del año pasado y la Sala decidió mantener esa medida de aseguramiento”, explicó la Corte en un comunicado.
El Espectador conoció detalles de la investigación que cursa contra Ramírez y halló que, al parecer, el ahora enjuiciado, gestó grandes contratos entre la empres Proyecta y el DPS. El acuerdo por el que hoy Ramírez está tras las rejas es el 670 de 2021, suscrito entre el DPS y Proyecta durante la semana del 8 al 12 de noviembre de ese año, por un valor total de $48.660′119.107. Sin embargo, de ese convenio se desprendieron otros por los cuales, según el alto tribunal, el senador del Centro Democrático habría pedido coimas del 10%.
Según los documentos de la Corte conocidos por este diario, después de firmado ese convenio, el 20 de diciembre de ese mismo año el senador Ciro Ramírez se reunió con Pablo César Herrera Correa, entonces director de Proyecta, y Pierre Eugenio García Jacquier, exsubdirector del DPS. En aquel encuentro, al parecer, los tres acordaron cómo direccionarían “por medio de invitaciones privadas”, al menos 13 de los contratos incluidos en acuerdo 670.
Por ejemplo, dentro de lo recopilado por la Corte Suprema se señala que “contratos de interventoría y obra conocidos como Saldaña y Quindío varios le habrían correspondido al grupo coordinado por Raúl Alfonso Cardozo Ordóñez —exalcalde de Piedecuesta (Santander)—, quien designó, a su vez, a los contratistas de esas obras”. Igualmente, la Sala de Instrucción encontró que la red en la que habría participado el senador Ramírez habría direccionado los contratos de ejecuciones de obras de “Mariquita, Purificación, Villarrica y Melgar, al igual que las interventorías de Mariquita, Melgar, Purificación y Villarrica.
Dentro de las finalidades que al parecer habría tenido el direccionamiento de los contratos, entre sus pruebas, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema encontró que era afianzar el proyecto político de Ciro Ramírez “en Quindío, Caldas, Santander y Tolima; ello, en conjunción con el pago de dádivas que ascenderían a $1.000′000.000″. Esto, según el documento del alto tribunal, habría sido planeado entre el senador del Centro Democrático y Pierre Eugenio García Jacquier.
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