El factor brasilero en la minería ilegal en Colombia

Un hecho que ha pasado desapercibido en la crisis ambiental y de seguridad que vive el Bajo Cauca desde hace varios años por cuenta de la minería ilegal de oro es la presencia de brasileros. Aunque no es una desbordada llegada de ciudadanos de ese país a municipios como Nechí, El Bagre, Caucasia, entre otros, las autoridades han capturado al menos nueve ciudadanos de ese país desde 2019, una zona lejana a la frontera con Brasil. Según las investigaciones de la Fiscalía y la Policía, los brasileros cumplirían un papel crucial en el ecocidio que sufren varios ríos del Bajo Cauca y en el que participan grupos criminales como el Clan del Golfo.

Un hecho que ha pasado desapercibido en la crisis ambiental y de seguridad que vive el Bajo Cauca desde hace varios años por cuenta de la minería ilegal de oro es la presencia de brasileros. Aunque no es una desbordada llegada de ciudadanos de ese país a municipios como Nechí, El Bagre, Caucasia, entre otros, las autoridades han capturado al menos nueve ciudadanos de ese país desde 2019, una zona lejana a la frontera con Brasil. Según las investigaciones de la Fiscalía y la Policía, los brasileros cumplirían un papel crucial en el ecocidio que sufren varios ríos del Bajo Cauca y en el que participan grupos criminales como el Clan del Golfo.

La semana pasada, por ejemplo, las autoridades capturaron al brasilero Flavio Ferreira Da Silva junto con otras cinco personas que estarían realizando extracción ilegal de oro en el río Nechí y Cauca, red criminal en la que también participa un inspector de Policía, quien se encargaba de devolver la maquinaria usada para la extracción ilegal de oro. Según las investigaciones del caso, el ciudadano extranjero era quien sabía cómo manejar las dragas (también llamados dragones), unas enormes máquinas encargadas de potenciar la extracción ilegal del oro y que tiene impactos profundos en los ecosistemas.

Los dragones brasileros, que pueden medir hasta 30 metros de largo y hasta ocho metros de alto, pueden valer hasta $1.500 millones, según su capacidad de succión de materiales provenientes del fondo de los ríos. Esa maquinaria fue traída por dos brasileros que, según las autoridades, siguen cumpliendo un papel clave en la minería ilegal en esta zona de Colombia. Se trata de José Antonio Cavalcante Soares y José Aroudo Sousa de Asís, quienes fueron capturados en 2016, y condenados por ser los dueños 40 dragas, ubicadas en Caucasia y El Bagre en Antioquia, y Quibdó e Itsmina en el Chochó.

Para funcionar, según la investigación de la Policía, los Dragones, como se llamaba la banda liderada por los brasileros, pagaban $11 millones a los líderes de las comunidades para que defendieran la presencia de las dragas en la zona, como sucedió en marzo pasado en esta zona. También, dice la investigación policial, le pagaban a grupos armados, como el Clan del Golfo, para tener protección armada. Los dos brasileros ya pagaron su condena desde 2020 y no es claro qué sucedió con él, si siguió en la zona o volvió a Brasil. Fuentes policiales indicaron que sí tuvo injerencia en el paro minero de este año que desató una ola de violencia en esta zona.

Cavalcante Sousa y Sousa de Asís son procedentes de Serra Pelada, en el estado de Pará, en la Amazonía brasileña, zona que viene siendo arrasada desde los 80 cuando miles de personas llegaron atraídas por la promesa del oro fácil. Pero no han sido los únicos capturados. Seis meses antes de ese hecho violento, que le costó la ruptura total de los acercamientos entre el Gobierno y el Clan del Golfo, las autoridades colombianas destruyeron cuatro dragas y capturaron a seis ciudadanos brasileños dedicados a la explotación ilícita de yacimientos mineros en el selvático departamento del Amazonas, fronterizo con Brasil, más precisamente en el río Purité.

El Colombiano también ha documentado que en el Bajo Cauca, las cuadrillas de mineros que operan los dragones llevan algunos extranjeros sin permisos de residencia y trabajo, “que se desplazan por las regiones evadiendo controles por la corrupción que rodea toda su operación, desde el ingreso al país, el suministro de mercurio, cuyo uso y comercialización está prohibido, la movilización de la maquinaria y sus partes, y la compra a gran escala de combustibles”. Fuentes de inteligencia indican que venezolanos han llegado a trabajar a esta zona en condiciones que son consideradas “como la esclavitud del siglo XXI”.

Aunque durante los últimos meses las Fuerzas Militares de Policía han destruido varios dragones, fuentes en el territorio indican que en unas semanas los grupos criminales se las arreglarán para construir nuevas de estas maquinarias y que son protegidas por el Clan del Golfo y otras estructuras criminales que hacen control en el Bajo Cauca, principalmente.

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