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Un juzgado civil de Bogotá aceptó, el pasado 6 de septiembre, una demanda de acción de grupo, de la cual hacen parte cerca de 60 personas que buscan ser reparadas por el dinero que invirtieron en el fallido proyecto hotelero y de vivienda Ocean Tower, en el exclusivo sector de Bocagrande, en Cartagena. Se trata de una iniciativa inmobiliaria de dos torres de 27 y 35 pisos que inició en 2012 y debía culminar en 2015. Sin embargo, lo que prometía ser uno de los edificios más lujosos de La Heroica quedó abandonado y, según los inversionistas, la cabeza del proyecto no responde por las grandes sumas de dinero que desembolsaron.
El Grupo Ocean, encargado del proyecto, está conformado por conocidos empresarios que han sido cuestionados ante varias autoridades por sus actuaciones tanto en proyectos privados como públicos de infraestructura. Los gerentes del grupo son Sergio Torres Reatiga y Carlos Collins, quien estuvo encargado durante varios años de la obra del túnel de La Línea. A su vez son los miembros de principales de la junta directiva junto a Gilberto Álvarez Mulford, cercano a Collins, quien aparece en investigaciones administrativas por daños ambientales en la isla de Barú y como moroso ante la Contaduría General de la República.
Torres Reatiga tampoco está solo en el grupo, pues su hijo Javier Torres Vergara es su suplente en la junta directiva. El dúo familiar es uno de los pesos pesados de la construcción en el Caribe, luego de haber estado detrás de la canalización de arroyos en Barranquilla y Soledad, y además son amigos de la familia Char. Javier, el menor de los Torres, tiene pendiente una imputación de cargos en el caso Odebrecht porque, supuestamente, a través de una empresa suya pasó un millonario soborno relacionado con la construcción de la Ruta del Sol 2; sin embargo, esa audiencia ha estado varada durante la Fiscalía de Francisco Barbosa.
La demanda
Lo que los inversionistas alegan en la acción de grupo es que nunca se terminaron las dos torres que iban a tener habitaciones cinco estrellas de la cadena hotelera Sheraton, apartamentos con vista a la Bahía de Cartagena y hasta un helipuerto. “Se tenía previsto que la entrega del proyecto se llevaría a cabo inicialmente en diciembre de 2015, prorrogándose dicho plazo hasta el 15 de junio de 2016, lo que aún no ha ocurrido. Todo ello, en contraste con el cabal cumplimiento de mis poderdantes a sus obligaciones contractuales y legales”, dice la acción de grupo de más de cien páginas presentada por la firma de abogados Tribín Asociados.
Según la acción, el Grupo Ocean y las omisiones de la Alianza Fiduciaria (administradora del fideicomiso Ocean Tower) se generaron perjuicios económicos al “entregar información y publicidad engañosa en relación con los términos y condiciones del proyecto”. Además, denuncian poca diligencia para garantizar la estabilidad económica del proyecto, conclusión a la que llegó un informe pericial sobre el proyecto que determinó que “hubo manejos inadecuados, que contribuyeron al deterioro del capital de trabajo, pagando sumas por concepto de sanciones e intereses (...), falta de control de los recursos y falta de un manual de políticas para manejo de este fondo” por parte de la Alianza Fiduciaria.
El documento señala que en diciembre de 2016, 2017 y 2018 empezaron a realizarse millonarios anticipos a la unión temporal Ocean, una sociedad de la cual, dicen los denunciantes, no tienen conocimiento qué empresas la componían. Durante ese lapso, señala el informe pericial, fueron desembolsados $143.000 millones: el 99 % del dinero recaudado hasta ese momento para la construcción del Ocean Tower. Es decir, que los inversionistas del proyecto inmobiliario no tienen idea de dónde está el dinero que aportaron.
En los últimos años, Alianza Fiduciaria se ha pronunciado sobre el caso Ocean Tower y ha dicho que “no es originadora, promotora o responsable constructora del proyecto” y que “pretende proteger los intereses de los beneficiarios del área, todo dentro del marco legal y del contrato que regula dicho fideicomiso”. Además, señalan que durante los últimos años se han reunido con los fideicomitentes y las entidades bancarias que financian el proyecto con el objetivo de que se estudien todas las posibles fuentes de financiación para que el constructor pueda finalizar la obra. El Espectador se contactó con el empresario Collins para conocer su postura frente a este pleito jurídico, pero no obtuvo respuesta.
Procesos en Fiscalía y Supersociedades
En septiembre de 2018, dos inversionistas denunciaron ante la Fiscalía a Sergio Torres Reatiga por las irregularidades que se presentaron en la construcción del Ocean Tower, sin embargo, hasta el momento, no ha tenido mayor avance. Paralelamente, en la Superintendencia de Sociedades sí avanzó un proceso que terminó condenando al Grupo Ocean y a la Alianza Fiduciaria por vulnerar los derechos de una inversionista que inició el proceso ante esta autoridad. La Supersociedades terminó ordenándo al grupo a pagarle cerca de $315 millones por los perjuicios que le generaron.
Ahora en Bogotá, el juzgado que aceptó estudiar la acción del grupo deberá escuchar a todas las partes del caso para estudiar si los 60 demandantes tienen razón y la constructora debe indemnizarlos. Por ahora, los dos edificios siguen en obra negra sin que nadie todavía de una respuesta de qué fue lo que pasó con Ocean Tower.