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En la cuenca del Río Caquetá, en el Amazonas y cerca al Parque Nacional Cahuainarí, permanece la comunidad indígena que soporta los niveles de concentración de mercurio más potentes del país. Como lo demostró un riguroso estudio de 2015, los indígenas Bora y Miraña reportaron en sus cabellos concentraciones quince veces más altas del estándar internacional para la protección de la salud humana. Haciendo caso a una serie de datos alarmantes, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al Gobierno frenar la extracción ilegal de minerales en la cuenta del afluente.
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El Tribunal ordenó de manera inmediata a la Presidencia y a los ministerios de Ambiente, Salud y del Interior, erradicar la minería ilegal en la cuenca del río Caquetá. Un arduo trabajo pensado en la protección de los derechos de las comunidades Bora y Miraña, y que tendrá un plazo máximo de tres años. Además, Corpoamazonía deberá, junto al Gobierno, realizar dos mediciones por año de las concentraciones de mercurio en el agua y peces del afluente. Si las instituciones no quieren incurrir en desacato, y sus cabezas quedar bajo arresto, cada año los niveles deben reducirse en un 33%.
El expediente nace de una acción popular impulsada por la Procuraduría, en favor de una población estimada de 700 personas. “Estos pueblos históricamente han padecido toda suerte de actos de discriminación, despojo y prácticas de etnocidio, lo cual se ha incrementado en los últimos 16 años, a través del establecimiento y consolidación de procesos de minería ilegal, los cuales son de pleno conocimiento del Estado colombiano, tal como se constata en el Régimen Especial de Manejo del Parque Nacional Natural Cahuinarí”, señaló.
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En el expediente quedó como prueba el informe “Resultados del estudio realizado sobre los impactos generados por la minería ilegal en el territorio de la asociación Pañi”, elaborado por la secretaría de Salud del Amazonas, Corpoamazonía, dos universidades y otras dos instituciones. Encontraron que las altas concentraciones de mercurio son el resultado del consumo del pescado, lo cual sugirió que la dieta es la principal fuente del elemento químico.
Entre otros hallazgos, quedó claro que seis especies de pescados capturados en el río Caquetá presentaron valores promedio, en el músculo, en el máximo propuesto internacionalmente para proteger la salud de las personas. Desde 2015, se restringió su consumo por la peligrosidad que significan para la población. “Estos altos niveles de mercurio en la población pueden estar impactando su salud en aspectos neurológicos, sensoriales y reproductivos, entre otros”, señala el informe.
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Se trata de una grave situación que ya ha sido advertida por la Presidencia, como se demuestra en el acta de la Consejería Presidencia para los Derechos Humanos del 31 de agosto de 2017. Desde entonces, se alertó por la posibilidad de que la intoxicación fuese crónica y la afectación al sistema nervioso resulte irreparable. Y que las comunidades Bora y Miraña estaban envenenando su cuerpo tanto desde la vía respiratoria como desde la vía oral.
“La contaminación por metilmercurio genera afectaciones por vía oral; tiene la capacidad de adherirse a las células o tejido adiposo y afectar el sistema nervioso y puede la causa estar en la cadena alimenticia. La alerta más grave es en los nacientes, porque los bebes nacen con seis dedos, retraso mental, no contienen saliva y otras afectaciones, a más largo plazo. Algunos síntomas de este tipo ya fueron detectados en Tarapacá (Amazonas)”, se lee en el acta.
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En el expediente, la Presidencia y los ministerios vinculados entregaron pruebas de las acciones adelantas como, entre otras, la elaboración de la cartilla sobre “el mercurio y la salud humana”. Además, la creación del Comité de la Minería Ilegal y distintas reuniones sostenidas desde 2015 para crear pedagogía en la población sobre la presencia del elemento químico. No obstante, dichas medidas han resultado insuficientes para frenar la violación al derecho colectivo al goce de un ambiente sano.
Así las cosas, el Ministerio de Salud tendrá un plazo de seis meses para implementar un programa de prevención y atención en las comunidades Bora y Miraña. El Ministerio de Ambiente tendrá un año para realizar una evaluación de los impactos ambientales por contaminación de mercurio del río Caquetá, lo cual resultará en un plan de dos años para mitigar los impactos ambientales. La Presidencia y el Ministerio de Defensa deberán controlar la extracción ilícita de minerales. El Gobierno del nuevo presidente Petro quedará encargado de fortalecer el personal médico y administrativo de salud y tendrá un plazo de tres años.
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