El fin del dolor para 23 familias

Uno de los casos fue el de Leidy Johana Cano, de 15 años, quien el 10 de marzo de 2002,  salió de su casa en  San Carlos, oriente de Antioquia. La última vez que la vieron fue cerca del parque principal.  Su madre Liliam  Meza la buscó insistentemente hasta que una semana después supo que los paramilitares la habían llevado al hotel Punchiná, a una cuadra del comando de Policía, y de allí nunca volvió a salir.

Según la investigación el padrastro de Leidy intentó abusar de ella y la  niña lo denunció. Su venganza fue decirles a los paramilitares que la pequeña era guerrillera. En junio de 2008, en compañía del equipo de exhumaciones de la Fiscalía, la madre de la víctima ingresó al hotel Punchiná para buscarla y aunque  no hubo resultados, siguió indagando y el 23 de agosto pudieron hallarla en un patio contiguo al hotel.

El equipo de exhumaciones llegó al sitio y se encontró con que el cuerpo de la pequeña había sido tapado con restos de un perro y por eso no habían tenido éxito en las búsquedas anteriores. Hace una semana Liliam recibió la llamada de la Fiscalía, con la cual le confirmaban que su hija había sido identificada y por fin le serían devueltos los restos, 14 meses después de hallados. “Uno se siente muy tiste y a la vez feliz, porque ya la puedo enterrar en el cementerio del pueblo. Pobrecita mi niña, era un angelito inocente” Concluyó Liliam.

Como ella, otras 22 familias recibieron los restos óseos de sus familiares, víctimas de los frentes 47 y 18 de las Farc y los bloques Catatumbo, Mineros, Élmer Cárdenas y Central Bolívar de las autodefensas. En el país otros 648 restos están a la espera de ser identificados. La Fiscalía busca 27.384  desaparecidos en todo el país, 7.254 de ellos en Antioquia.

El director nacional de la Unidad de Justicia y Paz, Luis González, hizo un llamado a los grupos ilegales para que respeten la labor de los investigadores y permitan la recuperación de los cuerpos. “Hace una semana atentaron contra una de nuestras comisiones. Un canino antiexplosivos murió al caer en una mina antipersona y un funcionario estuvo a punto de perder sus piernas. Les pedimos a los grupos al margen de la ley que no obstruyan nuestra labor”, enfatizó.

Uno de los casos fue el de Leidy Johana Cano, de 15 años, quien el 10 de marzo de 2002,  salió de su casa en  San Carlos, oriente de Antioquia. La última vez que la vieron fue cerca del parque principal.  Su madre Liliam  Meza la buscó insistentemente hasta que una semana después supo que los paramilitares la habían llevado al hotel Punchiná, a una cuadra del comando de Policía, y de allí nunca volvió a salir.

Según la investigación el padrastro de Leidy intentó abusar de ella y la  niña lo denunció. Su venganza fue decirles a los paramilitares que la pequeña era guerrillera. En junio de 2008, en compañía del equipo de exhumaciones de la Fiscalía, la madre de la víctima ingresó al hotel Punchiná para buscarla y aunque  no hubo resultados, siguió indagando y el 23 de agosto pudieron hallarla en un patio contiguo al hotel.

El equipo de exhumaciones llegó al sitio y se encontró con que el cuerpo de la pequeña había sido tapado con restos de un perro y por eso no habían tenido éxito en las búsquedas anteriores. Hace una semana Liliam recibió la llamada de la Fiscalía, con la cual le confirmaban que su hija había sido identificada y por fin le serían devueltos los restos, 14 meses después de hallados. “Uno se siente muy tiste y a la vez feliz, porque ya la puedo enterrar en el cementerio del pueblo. Pobrecita mi niña, era un angelito inocente” Concluyó Liliam.

Como ella, otras 22 familias recibieron los restos óseos de sus familiares, víctimas de los frentes 47 y 18 de las Farc y los bloques Catatumbo, Mineros, Élmer Cárdenas y Central Bolívar de las autodefensas. En el país otros 648 restos están a la espera de ser identificados. La Fiscalía busca 27.384  desaparecidos en todo el país, 7.254 de ellos en Antioquia.

El director nacional de la Unidad de Justicia y Paz, Luis González, hizo un llamado a los grupos ilegales para que respeten la labor de los investigadores y permitan la recuperación de los cuerpos. “Hace una semana atentaron contra una de nuestras comisiones. Un canino antiexplosivos murió al caer en una mina antipersona y un funcionario estuvo a punto de perder sus piernas. Les pedimos a los grupos al margen de la ley que no obstruyan nuestra labor”, enfatizó.