“El fiscal habla mucho, pero hace todo lo contrario”: fiscal Angélica Monsalve

La fiscal Angélica Monsalve denuncia: "Es obvio que no tengo garantías de justicia imparcial [con el fiscal general en mi contra]. Solicité la recusación [de Barbosa] conforme a derecho; y en este sentido debe decidirse”. / Archivo particular

El pasado lunes, usted publicó un fuerte comunicado en que denuncia que el fiscal general ha “desatado [en su contra] la más implacable persecución” por tres casos que usted tiene o tuvo en su despacho en los que son investigados personajes con poder económico y político a quienes Barbosa habría querido proteger. Usted anuncia también que lo ha recusado ante la Corte Suprema. ¿Cree que puede prosperar el impedimento o la recusación siendo Barbosa tan influyente en la Corte que lo eligió?

El poder reside en el soberano representado en los ciudadanos que depositamos la confianza legítima en unos voceros. Es inconcebible que alguien pretenda asumir la dirección de una entidad como si se tratara de un jerarca colonial. Recusé al fiscal general por la persecución judicial en mi contra: la propia Fiscalía me ha abierto cinco procesos penales y ha enviado seis compulsas de quejas a la Comisión de Disciplina Judicial para que me investiguen. Los procesos en mi contra se intensificaron a partir de que lo denuncié en la Comisión de Acusación. Es obvio que no tengo garantías de justicia imparcial. Solicité la recusación conforme a derecho y en este sentido debe decidirse. Creo en las instituciones; en este caso, en la Corte.

Si la Corte Suprema le diera la razón a usted, ¿cuáles serían los efectos de que se acepte que Barbosa está impedido? Le pregunto porque él y seguramente la Corte van a aducir que no es el fiscal general el que la investiga a usted. ¿Qué podría argumentar usted, puesto que también ha solicitado que se declaren impedidos la vicefiscal y el círculo cercano al fiscal?

Más que argumentos, está la evidencia. Para nadie es un secreto que la entidad es manejada como un cuartel en donde unos pocos mandan desde las oficinas del búnker y muchos obedecen. Como si el mandato de impartir justicia no proviniera de la Constitución y las leyes, sino de los intereses de grupos económicos y políticos que, por años, han pretendido instrumentalizar la entidad para obtener prebendas ante la ley. Prueba de ello es que el fiscal me sacó de un caso en el que ya estaba radicada la imputación, para archivarlo. Quiere decir que él sí influye en las decisiones de los fiscales delegados. Si la recusación contra el fiscal es aceptada, él y su ejército de fiscales obedientes en lo que se relaciona conmigo quedarían inhabilitados. Habría, entonces, que nombrar a un fiscal ad hoc para que conociera todos los casos que me ha abierto la misma Fiscalía, como ya dije. Y, de esta manera, que se me garantice el debido proceso.

Entonces, ¿la independencia de los fiscales que alega Barbosa no existe? ¿Es apariencia?

Cuando el fiscal se refiere a ese tema, me sorprendo: habla mucho ante los micrófonos, pero hace todo lo contrario en la Fiscalía. Ojalá todos los fiscales que tienen casos documentados sobre lo que ha sucedido en este período tuvieran la valentía de denunciarlo en público y no solo en los pasillos.

Para que quede totalmente claro, insisto: ¿quiénes la persiguen y cómo se ha materializado la persecución en su contra?

Me persigue una tropa de delegados, fiscales y asistentes que obedece las órdenes del fiscal Barbosa. Después de que lo denuncié ante la Cámara, los ataques se han intensificado en grado y cantidad. Es normal, en el día a día, que un fiscal le niegue a otro la inspección de un proceso a su cargo, y nada pasa. Pero si Angélica Monsalve lo niega, le abren un proceso penal y uno disciplinario con la intención de inhabilitarme y encontrar un argumento para apartarme de los casos que adelanto.

¿No es corriente que un funcionario de la Fiscalía o un investigado denuncie a un fiscal por algún caso?

No. ¿Los indiciados denunciando a la fiscal porque los investiga, y la Fiscalía procediendo a abrir la investigación en contra de ella, en tiempo récord? ¿Le parece normal que esto ocurra cuando se sabe que hay miles de personas esperando a que les resuelvan sus denuncias durante dos, cuatro o seis años?

Hace unas semanas, usted también denunció a Barbosa en la Comisión de Investigación de la Cámara de Representantes, tal como lo ha dicho. Se sabe que esa Comisión ha hecho muy pocas investigaciones por sus compromisos políticos. ¿Confía en ese órgano? Si me permite una opinión, creo que no demoran en cerrar la investigación a favor del fiscal...

A pesar de todo, creo en las instituciones. Creo que los buenos somos más que los malos y sueño con que algún día los colombianos tengamos el privilegio de ver un Congreso y unas Cortes a prueba de cualquier clase de influencias. En mi denuncia contra Barbosa, la Comisión de Acusación tiene todas las pruebas que yo le entregué para fallar conforme a la ley y la Constitución.

El representante que investigará a Barbosa es Wilmer Ramiro Carrillo, del partido de la U. Él ha sido acusado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema por celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y por peculado a favor de terceros. ¿Le merece confianza un investigador que atraviesa esa particular circunstancia?

Entiendo que él es el representante a cargo de la instrucción del proceso. Sin embargo, la decisión la toman todos los miembros de la Comisión. Y, como dije antes, las pruebas están en sus manos y son abrumadoras. Esa decisión debe ser tomada con base en lo alegado y lo probado, y no con base en criterios personales. En el caso particular del representante Carrillo que usted menciona, pienso que él goza, todavía, de la presunción de inocencia.

Pues, yo no tengo tanta esperanza: aparte de los problemas legales del representante investigador, existen todo tipo de presiones en esos casos. Si intentaron influir en su criterio cuando usted iba a fallar, imagínese qué no harán con alguien del mundo político. ¿No se equivocó denunciando al fiscal Barbosa sin ninguna posibilidad de éxito y, en cambio, haciendo más difícil su situación?

Nunca te equivocas cuando haces lo correcto. Siempre existe la posibilidad de que las cosas funcionen y siempre hay una primera vez. Entiendo que la indignación de la gente ante las injusticias y la impunidad sea cada vez mayor. Por esto, las instituciones del Estado están obligadas a rescatar la credibilidad de los ciudadanos en la justicia y el Estado de derecho.

¿Por cuáles hechos precisos denunció al fiscal general en la Comisión de Acusación?

Lo denuncié porque abusó de su autoridad contrariando la norma de la autonomía judicial. En lugar de respetar la mía cuando yo había radicado imputación en un proceso, dado que hay suficientes elementos para solicitar condena de un alto funcionario de la DIAN cercano a Iván Duque, el fiscal Barbosa decidió apartarme del caso. Se lo asignó a un fiscal delegado ante los jueces de municipio que no tenía competencia para conocer el caso, con la intención de que lo archivara, como, en efecto, lo hizo ocho días después. Formulé la denuncia contra Barbosa por prevaricato por acción y por acto arbitrario e injusto.

Eso es escandaloso. Entonces, ¿se repitió la conducta dolosa que usted también ha denunciado en público sobre presiones para que usted cambiara una decisión en el proceso de los empresarios Ríos Velilla?

Sí se repitió, porque las presiones son similares, pero el caso de la DIAN es anterior al de los empresarios Ríos Velilla.

¿Se podría decir que ese es un “modus operandi” de la fiscalía Barbosa?

Sí. El fiscal general ha actuado así para favorecer a sus amigos.

¿Puede recordar, en resumen, qué le pasó a usted en el proceso que adelanta contra los empresarios Ríos, de Bogotá?

Transmilenio le entregó a una empresa de la familia que usted menciona un contrato para el recaudo del dinero del transporte público. Había una inhabilidad legal clara en ese caso: los hermanos Ríos Velilla son parientes de quien, en el momento de la adjudicación, era concejal activo de Bogotá. En mi criterio, la conducta en que incurrieron ellos reviste las características de delitos contra la administración pública. Cuando empecé la investigación, yo no sabía quiénes eran los involucrados ni me importaba, hasta cuando comenzaron las presiones de personas muy influyentes en el mundo político para evitar la eventual imputación. En aquel momento quedé impresionada de cómo ha sido contaminado el sistema judicial. Por eso decidí hacer lo correcto y darles a conocer a los colombianos las arbitrariedades que estaban ocurriendo en la entidad.

¿Cuáles presiones sufrió, quiénes las aplicaron y cómo comprometen estos hechos al fiscal general?

Varios personajes influyentes me presionaron para que retirara la formulación de imputación de cargos en contra de la familia Ríos Velilla porque, de lo contrario, según me advirtieron, me pasaría lo que me está sucediendo en este momento. Los Ríos buscaron a personas de importancia que me conocían: el empresario David Name Teherán (q. e. p. d.), el doctor Rodrigo Noguera, el exfiscal general Néstor Humberto Martínez, un poderoso abogado y hasta el hijo de un expresidente. Me decían que si no cambiaba mi decisión, perdería el empleo, me perseguirían, o ambas. Y eso fue lo que sucedió. Como no tuvieron éxito, acudieron al fiscal general. La línea que conduce a Barbosa es clara: él es amigo del exrector de la Sergio Arboleda, Rodrigo Noguera, y de su hijo, Ernesto Lucena. Noguera es, hace mucho tiempo, amigo de Martínez Neira. No es difícil entender que todos hablaron entre sí. El último intento de presionarme ocurrió un jueves. Como no cedí, el lunes siguiente, a primera hora, fui notificada de la resolución de traslado para Putumayo.

¿Significa que subsiste la posibilidad de ser enviada a ese departamento?

Sí, porque la decisión no ha sido revocada. Se dejó en pausa, supuestamente, porque recibí amenazas del Clan del Golfo que me fueron comunicadas por la vicefiscal Martha Mancera, con información del general Fernando Murillo, entonces comandante de la DIJIN. Este fue el argumento para no trasladarme de inmediato, pero lo extraño es que nunca he tenido en mi despacho casos de bandas criminales. Si intentaran ejecutar la orden de que me radicara en Putumayo, aún puedo acudir a un juez de la República.

No es usted la única en recibir órdenes de traslado. La explicación interna es que es normal que los funcionarios sean movidos a sitios en donde se les necesita. ¿Por qué no acepta esa razón?

Porque es un argumento falaz. Es el mismo que ha usado el fiscal Barbosa, pero son notorios los casos de los traslados a fiscales que él considera “rebeldes”, porque no aceptan seguir órdenes contrarias a la ley. En mi caso, es obvio, por las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que se trata de una retaliación en mi contra.

¿Cuándo hizo esa denuncia contra Barbosa y qué impacto ha tenido su carrera?

Hice las denuncias sobre esas presiones en marzo de 2022. Gracias a los medios, al apoyo de los colombianos que se indignaron cuando se enteraron de cómo se maneja la institución, y a la solicitud de medidas cautelares que interpuse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el fiscal Barbosa decidió no revocar la decisión de mi traslado, pero sí suspenderlo hasta la fecha. Eso, desde el punto de vista jurídico, me deja en estado de indefensión. Por ahora continúo en el mismo despacho trabajando y sacando adelante los casos. Sin embargo, procesos como el de Transmilenio y el del “carrusel” de la contratación de carros blindados que he adelantado me han dejado, como retaliación, los cinco procesos penales y seis disciplinarios de que ya le hablé.

¿Por qué cree usted que aún permanece en la Fiscalía y no ha sido declarada insubsistente?

Porque sí sirven el control ciudadano, la denuncia pública y la vigilancia de los medios de comunicación. De todos modos, hágale esa pregunta al fiscal Barbosa.

En principio, su debate se centró en la defensa de su independencia y autonomía de fiscal, pero, ahora, ¿se ha vuelto un enfrentamiento personal con Barbosa?

No tengo enfrentamientos personales con el fiscal, porque nunca he sido amiga de él. Mi única lucha consiste en que haya correcta administración de justicia y se respete la independencia y autonomía de los jueces y fiscales en sus decisiones sin la intromisión grosera y arbitraria de actores interesados en entorpecer el camino correcto de las investigaciones.

¿Cuál ha sido el costo familiar, personal y profesional de su decisión de enfrentar públicamente estos problemas éticos y judiciales? ¿Ha valido la pena o, después de lo que le ha pasado, se arrepiente de no haberse quedado callada?

Repito, hacer lo correcto, siempre valdrá la pena. Mi familia está del lado correcto y me apoya en todas mis decisiones. No puedo negar que esta situación ha cambiado de una manera significativa mi estilo de vida y, sobre todo, mi forma de pensar. Nunca creí que en mi país, al que tanto quiero, un funcionario fuese víctima de ataques simplemente por hacer correctamente su trabajo. Es decepcionante, porque lo que me ha pasado a mí es un termómetro de lo mal que estamos como sociedad y de la distancia que tenemos que recorrer por un cambio. Con este tipo de situaciones se demuestra que quienes poseen más recursos quieren subyugar a los ciudadanos que menos tienen. Y, peor aún, pretenden que el Estado se rinda a sus pies porque tienen dinero e influencias. Es necesario rescatar los valores, y una columna fundamental es la búsqueda de la justicia en condiciones de igualdad para todos.

¿Lo que le ha sucedido a usted es un caso único o hay otros tantos en la Fiscalía en que se intenta desviar el curso de las investigaciones y los procesos dependiendo del poder y las amistades del investigado?

Desde cuando interpuse las denuncias y di a conocer lo que me estaba sucediendo, han llegado decenas de fiscales para conversar conmigo y denunciar actos arbitrarios de Barbosa. Mi respuesta ha sido que, con todo respeto, yo no tengo oficina de denuncias, por lo cual ellos también deben hacerlas en público, como lo hice yo. Por la Fiscalía han pasado algunos fiscales generales que han sembrado el terror en los fiscales delegados con la amenaza de que si no siguen sus instrucciones perderán el empleo. Entonces, todos guardan silencio. Por eso es tan necesaria una reestructuración de fondo y forma de la Fiscalía General.

Persecución ¿a punta de abrir investigaciones penales y disciplinarias?

Haga, por favor, un resumen de los procesos penales y disciplinarios que le han iniciado después de denunciar las presiones en el caso Ríos Velilla...

La fiscalía ha abierto cinco procesos penales contra mí, y hay seis disciplinarios en la Comisión de Disciplina Judicial, abiertos también en mi contra, a instancias de la fiscalía; todos se relacionan con el cumplimiento de mis funciones durante el impulso que les he dado, como corresponde, a los casos que tengo o he tenido en mi despacho. El fiscal Gabriel Jaimes me abrió uno por mis declaraciones ante los medios de comunicación en el caso Transmilenio. Iniciaron otra investigación por abuso de función pública, porque entrevisté a Emilio Tapia en el proceso Transmilenio que involucra a los Ríos Velilla. Hay un tercer caso abierto por prevaricato por omisión debido a que me negué a imputarles cargos a unos generales de las Fuerzas Militares cuando no soy competente para hacerlo. Y se suman otros dos procesos penales sobre los cuales no tengo claridad porque están bajo la sombra.

Procesos y funcionarias en contra de la fiscal Monsalve

En materia disciplinaria, ¿cuáles y cuántas investigaciones hay en contra suya?

Me abrieron dos por iniciativa del abogado Jaime Lombana, defensor de un miembro de la familia Ríos Velilla; otro, por negar una inspección solicitada por una fiscal en ese mismo proceso, toda vez que no hemos llegado al descubrimiento probatorio y es reserva de la fiscal. Se suman dos compulsas más dentro del caso carrusel de la contratación, extrañamente, solicitadas por una fiscal y una asesora, ambas sin la facultad legal para pedirlas y aduciendo motivos absurdos a la luz del derecho.

¿Quiénes son ellas?

La fiscal se llama Diana Cucunuba, Delegada 12 ante el Tribunal; es subalterna del director del CTI quien le ordenó que me hiciera compulsar copias por “atreverme” a entrevistar al delincuente Emilio Tapia en el caso Ríos Velilla. Y la asistente es Nancy Estupiñán quien falseó un informe de policía judicial para poder montar pruebas en mi contra. A ellas dos las denuncié por prevaricato y falsedad en documento público.