El G-8 paramilitar

Varias fueron las regiones donde los paramilitares, con la ayuda de dirigentes inescrupulosos, pretendieron “refundar la patria”, que no era otra cosa que apoderarse a bala del poder político de una región y quedarse, gracias a alianzas non sanctas también, con los recursos de los municipios. Y el G-8 fue uno de esos acuerdos criminales que les permitieron a las autodefensas convertirse casi en un Estado dentro del Estado.

En un reciente fallo, conocido por El Espectador, la Corte Suprema de Justicia confirma la condena contra dos protagonistas de este acuerdo: el exalcalde de Astrea (Cesar) Édgar Orlando Barrios Ortega y el exjefe paramilitar Numa Pompilio Cortés Mendoza. A su vez, reconstruye lo que fue este pacto que le permitió al exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, apoderarse militar y políticamente de ocho municipios del Cesar, al punto de llevar a dos dirigentes de la región, Mauricio Pimiento y Jorge Ramírez Urbina, al Congreso de la República, para que legislaran en favor de los intereses de las autodefensas.

Este pacto, poco conocido, fue impulsado por Jorge 40 para las elecciones legislativas de 2002 con dos fines. Primero: promover las candidaturas de Ramírez Urbina a la Cámara de Representantes y de Pimiento al Senado. Los dos salieron elegidos, pero luego, al comprobarse que habían recibido apoyo ilegal, fueron condenados. Segundo: consolidar el poder de los paramilitares en ocho municipios mineros del Cesar y, por ende, receptores de miles de millones de pesos en regalías: El Copey, Bosconia, La Jagua, Astrea, Chiriguaná, Chimichagua, Becerril y El Paso.

Fue, en palabras de la justicia, una “alianza de gran envergadura”, una “empresa política” liderada por los paramilitares y apoyada por varios dirigentes regionales. “Una alianza de gran envergadura con distintos componentes como el militar, el económico y el político, que acarreaba actividades tendientes al afianzamiento y promoción del grupo armado ilegal”.

Si hubo un municipio donde esto fue evidente, fue Astrea. Esta pequeña población ya había sido escenario de la barbarie paramilitar desde antes de que Jorge 40 decidiera apoderarse de ella. El 28 de enero de 2000, los paramilitares asesinaron en Santa Cecilia, zona rural de Astrea, a doce campesinos. Primero fue la bala; luego, las alianzas. En 2003, Jaime Sajonero Pallares fue elegido alcalde del municipio. El primero de tres burgomaestres puestos, como alfiles por los paramilitares y que les dieron a las autodefensas seis años de poder ininterrumpido. Tras Sajonero vinieron Garibaldi López Acuña y Édgar Orlando Barrios Ortega.

Y entonces en Astrea hubo paz, pero de mentiras. Los combates cesaron porque desde la Alcaldía se les permitió a los paramilitares andar a sus anchas, “sin encontrar oposición de la Fuerza Pública”. No tenían necesidad de usar las armas “porque actuaban en plena libertad levantando gente, desplazando personas, cobrando vacunas a los comerciantes y ganaderos y participando de la contratación municipal, sin límite alguno”. Y a quienes osaban cuestionarlos, los amenazaban.

Fue un “control institucional de la población”. Sencillo: quienes no seguían las “políticas trazadas” por las autodefensas, se veían sometidos a represalias por parte del grupo armado ilegal. No obstante, en 2007 algunos campesinos, cansados de tantos abusos, denunciaron a los paramilitares y a sus alcaldes de bolsillo. Barrios no pudo terminar su mandato. Fue detenido en 2009, al igual que sus antecesores. Curiosamente, fue reemplazado por un cuñado suyo, Dagoberto Lara Calderón. Para colmo de males, luego una hermana de Barrios, Aideth Barrios Ortega, fue elegida alcaldesa.

El 6 de febrero de 2012 los exalcaldes Jaime Sajonero, Garibaldi López y Édgar Barrios fueron condenados a seis años de prisión. El exparamilitar Cortés, por su parte, fue sentenciado a 30 años y 10 meses. El fallo fue confirmado en diciembre de 2013 por el Tribunal de Bogotá y ahora por la Corte Suprema de Justicia que, no obstante, le redujo a Cortés la pena a 21 años. Todo por haber hecho parte de un acuerdo criminal, uno de los tantos pactos criminales que hicieron los paramilitares para “refundar la patria”. Mejor dicho: para apoderarse a bala y corruptela de las regiones.

Varias fueron las regiones donde los paramilitares, con la ayuda de dirigentes inescrupulosos, pretendieron “refundar la patria”, que no era otra cosa que apoderarse a bala del poder político de una región y quedarse, gracias a alianzas non sanctas también, con los recursos de los municipios. Y el G-8 fue uno de esos acuerdos criminales que les permitieron a las autodefensas convertirse casi en un Estado dentro del Estado.

En un reciente fallo, conocido por El Espectador, la Corte Suprema de Justicia confirma la condena contra dos protagonistas de este acuerdo: el exalcalde de Astrea (Cesar) Édgar Orlando Barrios Ortega y el exjefe paramilitar Numa Pompilio Cortés Mendoza. A su vez, reconstruye lo que fue este pacto que le permitió al exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, apoderarse militar y políticamente de ocho municipios del Cesar, al punto de llevar a dos dirigentes de la región, Mauricio Pimiento y Jorge Ramírez Urbina, al Congreso de la República, para que legislaran en favor de los intereses de las autodefensas.

Este pacto, poco conocido, fue impulsado por Jorge 40 para las elecciones legislativas de 2002 con dos fines. Primero: promover las candidaturas de Ramírez Urbina a la Cámara de Representantes y de Pimiento al Senado. Los dos salieron elegidos, pero luego, al comprobarse que habían recibido apoyo ilegal, fueron condenados. Segundo: consolidar el poder de los paramilitares en ocho municipios mineros del Cesar y, por ende, receptores de miles de millones de pesos en regalías: El Copey, Bosconia, La Jagua, Astrea, Chiriguaná, Chimichagua, Becerril y El Paso.

Fue, en palabras de la justicia, una “alianza de gran envergadura”, una “empresa política” liderada por los paramilitares y apoyada por varios dirigentes regionales. “Una alianza de gran envergadura con distintos componentes como el militar, el económico y el político, que acarreaba actividades tendientes al afianzamiento y promoción del grupo armado ilegal”.

Si hubo un municipio donde esto fue evidente, fue Astrea. Esta pequeña población ya había sido escenario de la barbarie paramilitar desde antes de que Jorge 40 decidiera apoderarse de ella. El 28 de enero de 2000, los paramilitares asesinaron en Santa Cecilia, zona rural de Astrea, a doce campesinos. Primero fue la bala; luego, las alianzas. En 2003, Jaime Sajonero Pallares fue elegido alcalde del municipio. El primero de tres burgomaestres puestos, como alfiles por los paramilitares y que les dieron a las autodefensas seis años de poder ininterrumpido. Tras Sajonero vinieron Garibaldi López Acuña y Édgar Orlando Barrios Ortega.

Y entonces en Astrea hubo paz, pero de mentiras. Los combates cesaron porque desde la Alcaldía se les permitió a los paramilitares andar a sus anchas, “sin encontrar oposición de la Fuerza Pública”. No tenían necesidad de usar las armas “porque actuaban en plena libertad levantando gente, desplazando personas, cobrando vacunas a los comerciantes y ganaderos y participando de la contratación municipal, sin límite alguno”. Y a quienes osaban cuestionarlos, los amenazaban.

Fue un “control institucional de la población”. Sencillo: quienes no seguían las “políticas trazadas” por las autodefensas, se veían sometidos a represalias por parte del grupo armado ilegal. No obstante, en 2007 algunos campesinos, cansados de tantos abusos, denunciaron a los paramilitares y a sus alcaldes de bolsillo. Barrios no pudo terminar su mandato. Fue detenido en 2009, al igual que sus antecesores. Curiosamente, fue reemplazado por un cuñado suyo, Dagoberto Lara Calderón. Para colmo de males, luego una hermana de Barrios, Aideth Barrios Ortega, fue elegida alcaldesa.

El 6 de febrero de 2012 los exalcaldes Jaime Sajonero, Garibaldi López y Édgar Barrios fueron condenados a seis años de prisión. El exparamilitar Cortés, por su parte, fue sentenciado a 30 años y 10 meses. El fallo fue confirmado en diciembre de 2013 por el Tribunal de Bogotá y ahora por la Corte Suprema de Justicia que, no obstante, le redujo a Cortés la pena a 21 años. Todo por haber hecho parte de un acuerdo criminal, uno de los tantos pactos criminales que hicieron los paramilitares para “refundar la patria”. Mejor dicho: para apoderarse a bala y corruptela de las regiones.