La Jurisdicción Especial para la Paz expulsó al general (r) Jesús Arias Cabrales porque no realizó aportes plenos y concretos a la verdad sobre la retoma del Palacio de Justicia y lo dejó a disposición del juzgado 15 de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá, con el fin de que siga cumpliendo la condena de 35 años impuesta por la Corte Suprema de Justicia en su contra.
El alto oficial del Ejército había sido citado por este sistema de justicia transicional para que entregara detalles sobre hechos por los que ya fue condenado por la justicia ordinaria: la toma y retoma del Palacio de Justicia, ocurridas el 6 y 7 de noviembre de 1985. Según la Corte, estuvo vinculado con la desaparición de cinco civiles en la retoma de esta sede judicial.
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Luego de escuchar en audiencia al general (r), en enero de 2023, tanto las víctimas que participaron en la diligencia como el Ministerio Público solicitaron su expulsión de la JEP. “Era clara y evidente falta de compromiso con los fines del Sistema Integral de Paz y, en particular, con los derechos de las víctimas a conocer la verdad”, dijo la Procuraduría.
La decisión la tomó la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas tras concluir que, durante la audiencia única de aporte a la verdad que se realizó con el alto oficial, él no realizó aportes plenos, exhaustivos, francos y detallados sobre la toma y retoma del Palacio de Justicia. Para la sala, “el general (r) Arias desconoció la razón de ser de la construcción de la verdad en la JEP”.
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Además, “Arias negó un hecho indiscutible, como lo fue el control que ejerció sobre los comandantes de las unidades de la XIII Brigada a su cargo, así como de otras unidades tácticas y de inteligencia desplegadas el 6 y el 7 de noviembre de 1985″, explicó la JEP y añadió que, “pasó por alto que la justicia ordinaria ya lo condenó como coautor de la conducta de desaparición forzada, pues su “aporte fue esencial y definitivo a la ejecución del comportamiento”.
De acuerdo con la resolución, Arias Cabrales no suministró información que permitiera establecer el paradero de sus víctimas, ni los restos de aquellas que han sido entregadas por las autoridades de manera parcial a sus familiares. Adicionalmente, no profundizó en las circunstancias en las que se dio la vulneración de los derechos humanos por las acciones de los miembros de la fuerza pública que comandó en la operación de retoma del Palacio.
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