El general (r) Santoyo, exjefe de seguridad de Uribe, no aportó verdad en la JEP
El exalto oficial de la Policía se juega su cupo en la jurisdicción especial que podría expulsarlo y sus procesos volverían a la justicia ordinaria. Santoyo fue condenado en Estados Unidos por nexos con grupos paramilitares y narcotráfico y es procesado por delitos como desaparición forzada, lavado de activos, entre otros.
En una audiencia reservada que se realizó en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el pasado jueves 21 de marzo, el general (r) de la Policía, Mauricio Santoyo ni aceptó los hechos por los que es investigado ni brindó ningún aporte nuevo o relevante a la verdad. Por esta última razón, el exjefe de seguridad del presidente Álvaro Uribe Vélez se juega su cupo en este sistema de justicia personal que lo aceptó en 2021.
Aunque reservada, detalles de la diligencia se conocieron este 23 de marzo, a través de un comunicado de prensa que envió la JEP. “Los magistrados le advirtieron a Santoyo que esta audiencia representa su última oportunidad para hacer aportes de verdad significativos que se ajusten a los estándares de la JEP y al Sistema Integral para la Paz”, explicó la Jurisdicción Especial para la Paz.
De verificarse una actitud renuente a hacer aportes de verdad suficientes, la JEP podría expulsar al general (r) Santoyo, quien se había ganado un puesto en la jurisdicción por lo que pudiera contarle al sistema sobre “todas las conductas en que hubiese participado o conocido por causa o con ocasión del conflicto armado” mientras estuvo en la Policía y fue jefe de seguridad del expresidente Uribe, entre 2002 y 2005.
Santoyo, quien fue condenado por narcotráfico en Estados Unidos y regresó a Colombia en 2019, es investigado por recibir pagos y por supuestamente realizar operaciones conjuntas con paramilitares mientras fue jefe del Gaula en Medellín. Además, se le investiga por las desapariciones de los miembros de la Asociación de Familiares de Desaparecidos (Asfaddes) Ángel José Quintero y Claudia Monsalve; y por el homicidio del periodista Jaime Garzón.
Según supo este diario en diciembre del año pasado, la JEP le preguntó a Santoyo datos claves, por ejemplo, información sobre su rol dentro de la estructura jerárquica de la Policía, “donde se desempeñó como brigadier general, además de la gravedad de las conductas por las cuales es procesado”, así como detalles de “crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado, o en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles”.
Aunque desde 2021 ha estado claro el rol que podría jugar Santoyo en la JEP, hay un problema de fondo que ha dificultado el proceso del exgeneral en la justicia especial: aunque él mismo aceptó los cargos que le imputó la justicia de Estados Unidos, hoy en día sigue insistiendo en que es inocente. Esa posición la sostuvo ante la jurisdicción especial en la audiencia que desarrollo esta semana.
““Este tipo de respuestas, reiteradas ya en dos ocasiones, refuerzan la convicción respecto a la renuencia del compareciente de aportar verdad en el presente trámite (...) cuando se le exige que aporte verdad en relación con los hechos en los que se fundó dicha causa, el compareciente señala que esta no obedeció ‘a un hecho específico’ y que la aceptación de cargos fue una estrategia para evitar el juicio, sin que eso significara la aceptación de su responsabilidad”, dijo en su momento la JEP.
No obstante, los magistrados Mauricio García, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, y Óscar Parra y Gustavo Salazar, de la Sala de Reconocimiento, escucharon al alto oficial en la diligencia reservada. En concreto, los togados querían saber información que sirviera para documentar macrocasos que adelante la JEP: el 06 y 08, que investigan, respectivamente, la victimización de miembros de la Unión Patriótica y los crímenes cometidos por la fuerza pública, o agentes del Estado, en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles, en el conflicto armado.
“En caso de que se determine que el compareciente incurrió en un incumplimiento del régimen de condicionalidad y es expulsado de la JEP, las investigaciones en su contra serían remitidas a la justicia ordinaria y se mantendría privado de la libertad”, agregó la JEP. Eso es lo que ahora deberán definir los magistrados de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y de la Sala de Reconocimiento.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
En una audiencia reservada que se realizó en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el pasado jueves 21 de marzo, el general (r) de la Policía, Mauricio Santoyo ni aceptó los hechos por los que es investigado ni brindó ningún aporte nuevo o relevante a la verdad. Por esta última razón, el exjefe de seguridad del presidente Álvaro Uribe Vélez se juega su cupo en este sistema de justicia personal que lo aceptó en 2021.
Aunque reservada, detalles de la diligencia se conocieron este 23 de marzo, a través de un comunicado de prensa que envió la JEP. “Los magistrados le advirtieron a Santoyo que esta audiencia representa su última oportunidad para hacer aportes de verdad significativos que se ajusten a los estándares de la JEP y al Sistema Integral para la Paz”, explicó la Jurisdicción Especial para la Paz.
De verificarse una actitud renuente a hacer aportes de verdad suficientes, la JEP podría expulsar al general (r) Santoyo, quien se había ganado un puesto en la jurisdicción por lo que pudiera contarle al sistema sobre “todas las conductas en que hubiese participado o conocido por causa o con ocasión del conflicto armado” mientras estuvo en la Policía y fue jefe de seguridad del expresidente Uribe, entre 2002 y 2005.
Santoyo, quien fue condenado por narcotráfico en Estados Unidos y regresó a Colombia en 2019, es investigado por recibir pagos y por supuestamente realizar operaciones conjuntas con paramilitares mientras fue jefe del Gaula en Medellín. Además, se le investiga por las desapariciones de los miembros de la Asociación de Familiares de Desaparecidos (Asfaddes) Ángel José Quintero y Claudia Monsalve; y por el homicidio del periodista Jaime Garzón.
Según supo este diario en diciembre del año pasado, la JEP le preguntó a Santoyo datos claves, por ejemplo, información sobre su rol dentro de la estructura jerárquica de la Policía, “donde se desempeñó como brigadier general, además de la gravedad de las conductas por las cuales es procesado”, así como detalles de “crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado, o en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles”.
Aunque desde 2021 ha estado claro el rol que podría jugar Santoyo en la JEP, hay un problema de fondo que ha dificultado el proceso del exgeneral en la justicia especial: aunque él mismo aceptó los cargos que le imputó la justicia de Estados Unidos, hoy en día sigue insistiendo en que es inocente. Esa posición la sostuvo ante la jurisdicción especial en la audiencia que desarrollo esta semana.
““Este tipo de respuestas, reiteradas ya en dos ocasiones, refuerzan la convicción respecto a la renuencia del compareciente de aportar verdad en el presente trámite (...) cuando se le exige que aporte verdad en relación con los hechos en los que se fundó dicha causa, el compareciente señala que esta no obedeció ‘a un hecho específico’ y que la aceptación de cargos fue una estrategia para evitar el juicio, sin que eso significara la aceptación de su responsabilidad”, dijo en su momento la JEP.
No obstante, los magistrados Mauricio García, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, y Óscar Parra y Gustavo Salazar, de la Sala de Reconocimiento, escucharon al alto oficial en la diligencia reservada. En concreto, los togados querían saber información que sirviera para documentar macrocasos que adelante la JEP: el 06 y 08, que investigan, respectivamente, la victimización de miembros de la Unión Patriótica y los crímenes cometidos por la fuerza pública, o agentes del Estado, en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles, en el conflicto armado.
“En caso de que se determine que el compareciente incurrió en un incumplimiento del régimen de condicionalidad y es expulsado de la JEP, las investigaciones en su contra serían remitidas a la justicia ordinaria y se mantendría privado de la libertad”, agregó la JEP. Eso es lo que ahora deberán definir los magistrados de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y de la Sala de Reconocimiento.
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