El Gobierno ha impedido que “Otoniel” cuente la verdad del conflicto: defensa

En un documento de dos páginas, el equipo jurídico de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, máximo jefe del Clan del Golfo, denunció que el Gobierno ha puesto trabas para que este entregue, ante la justicia transicional, la verdad sobre lo ocurrido durante el conflicto armado. El jefe del Clan en más de una ocasión ha dicho estar dispuesto en revelar información sobre los grupos al margen de la ley de los que hizo parte. Así como también revelar la manera en la que delinquió y las posibles alianzas de las estructuras subversivas con la fuerza pública.

Otoniel, quien ha pedido pista en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para entregar información sobre altos mandos militares, ha rendido algunas declaraciones en ese tribunal en el macrocaso que investiga las conductas delictivas cometidas en el Urabá antioqueño. Del mismo modo, ha comparecido ante la Comisión de la Verdad. No obstante, en sus últimas apariciones ha denunciado junto con su equipo de abogados, que la Policía y funcionarios del Estado ha realizado labores tendientes a evitar que el entregue su versión.

Lea aquí: Defensa de “Otoniel” denuncia que Policía habría trabado audiencia de verdad

Según la denuncia de este miércoles, el panorama no parece haber cambiado. “El día 22 de febrero se realizó una nueva e importante audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la sede de la Dirección Nacional de Investigación e Interpol (DIJIN) de la Policía Nacional. Nuevamente la DIJIN exigió la presencia de dos custodios durante la audiencia, violando así nuevamente la privacidad y confidencialidad para que nuestro defendido entregue a la JEP toda la información requerida”, reposa en el documento de dos páginas.

Su equipo de abogados denunciaron que el Gobierno “atropellando todo protocolo exigido por el Sistema de Justicia Transicional, tiene acceso de primera mano a la información que debería ser confidencial”, explicaron en la denuncia y añadieron que varios miembros de la DIJIN esposaron Otoniel con intención de lastimarlo físicamente. “El Procurador delegado para la audiencia se pronunció en contra del accionar de los custodios y la magistrada de la JEP decidió suspender la audiencia hasta que los mismos esposaran de manera adecuada a nuestro defendido”, explicó la defensa del máximo jefe del Clan.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Para el equipo jurídico de Otoniel la persecución en contra de él no solo es una violación a los derechos humanos, sino también “un claro mensaje de intimidación”. En ese orden, los abogados no solo recordaron que el trato que está recibiendo el jefe del Clan se tipifica como “tortura” a la luz de una convención firmada por el Estado, sino que también elevará ante la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público, y a nivel internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una queja.

Entre otras cosas, exhortaron al ministro de defensa, Diego Molano, aclarar los señalamientos que ha hecho sobre el supuesto plan de fuga que vincula a Otoniel. “Recordamos a la opinión pública nacional e internacional que nuestro defendido decidió por voluntad propia entregarse a las autoridades, lo que contradice las declaraciones del señor Ministro”, reposa en la denuncia y añaden que el objetivo es crear ante la opinión pública una justificación para impedir que las audiencias ante la justicia transicional se realicen de manera privada y en un lugar adecuado para preservar su confidencialidad.

Lea también: Otoniel tiene intenciones de evitar la extradición: Policía Nacional

“Las temerarias aseveraciones por parte del señor ministro son una estrategia del Gobierno Nacional para justificar las diversas violaciones cometidas por el Estado durante las audiencias realizadas en el marco del Sistema de Justicia Transicional” denunciaron. El máximo jefe del Clan, previo a la diligencia adelantada este martes, rindió versión ante la Comisión de la Verdad. Lo hizo el pasado 17 de febrero en el que sus abogados también denunciaron que miembros de la Dijin lo sacaron abruptamente de la diligencia y no permitieron que siguiera con su relato ante los comisionados.

La Policía, en su momento, explicó que toda audiencia solicitada por la Comisión y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en la que participe Otoniel, debe tener autorización previa de la Fiscalía. Además, que las diligencias deben cumplirse bajo las más estrictas medidas de seguridad, dado que se trata del “narcotraficante más buscado del planeta”. Asimismo, que fuentes e información de inteligencia habrían alertado a la Policía de un plan para lograr la libertad del jefe del Clan.

Aunque la Comisión denunció, el sábado pasado, el robo de las grabadoras digitales que se usaron en la entrevista con el jefe del Clan, finalmente concluyeron que el material robado no correspondía a las declaraciones que entregó Otoniel ante la corporación de verdad. El comisionado Alejandro Valencia, encargado del caso, reseñó que una vez culminó la diligencia con Úsuga el material quedó guardado automáticamente en otros aparatos electrónicos. La Comisión insiste en su deseo de escuchar la versión del máximo jefe del Clan, por lo que no descartan adelantar más diligencias.

En un documento de dos páginas, el equipo jurídico de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, máximo jefe del Clan del Golfo, denunció que el Gobierno ha puesto trabas para que este entregue, ante la justicia transicional, la verdad sobre lo ocurrido durante el conflicto armado. El jefe del Clan en más de una ocasión ha dicho estar dispuesto en revelar información sobre los grupos al margen de la ley de los que hizo parte. Así como también revelar la manera en la que delinquió y las posibles alianzas de las estructuras subversivas con la fuerza pública.

Otoniel, quien ha pedido pista en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para entregar información sobre altos mandos militares, ha rendido algunas declaraciones en ese tribunal en el macrocaso que investiga las conductas delictivas cometidas en el Urabá antioqueño. Del mismo modo, ha comparecido ante la Comisión de la Verdad. No obstante, en sus últimas apariciones ha denunciado junto con su equipo de abogados, que la Policía y funcionarios del Estado ha realizado labores tendientes a evitar que el entregue su versión.

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Según la denuncia de este miércoles, el panorama no parece haber cambiado. “El día 22 de febrero se realizó una nueva e importante audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la sede de la Dirección Nacional de Investigación e Interpol (DIJIN) de la Policía Nacional. Nuevamente la DIJIN exigió la presencia de dos custodios durante la audiencia, violando así nuevamente la privacidad y confidencialidad para que nuestro defendido entregue a la JEP toda la información requerida”, reposa en el documento de dos páginas.

Su equipo de abogados denunciaron que el Gobierno “atropellando todo protocolo exigido por el Sistema de Justicia Transicional, tiene acceso de primera mano a la información que debería ser confidencial”, explicaron en la denuncia y añadieron que varios miembros de la DIJIN esposaron Otoniel con intención de lastimarlo físicamente. “El Procurador delegado para la audiencia se pronunció en contra del accionar de los custodios y la magistrada de la JEP decidió suspender la audiencia hasta que los mismos esposaran de manera adecuada a nuestro defendido”, explicó la defensa del máximo jefe del Clan.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Para el equipo jurídico de Otoniel la persecución en contra de él no solo es una violación a los derechos humanos, sino también “un claro mensaje de intimidación”. En ese orden, los abogados no solo recordaron que el trato que está recibiendo el jefe del Clan se tipifica como “tortura” a la luz de una convención firmada por el Estado, sino que también elevará ante la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público, y a nivel internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una queja.

Entre otras cosas, exhortaron al ministro de defensa, Diego Molano, aclarar los señalamientos que ha hecho sobre el supuesto plan de fuga que vincula a Otoniel. “Recordamos a la opinión pública nacional e internacional que nuestro defendido decidió por voluntad propia entregarse a las autoridades, lo que contradice las declaraciones del señor Ministro”, reposa en la denuncia y añaden que el objetivo es crear ante la opinión pública una justificación para impedir que las audiencias ante la justicia transicional se realicen de manera privada y en un lugar adecuado para preservar su confidencialidad.

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“Las temerarias aseveraciones por parte del señor ministro son una estrategia del Gobierno Nacional para justificar las diversas violaciones cometidas por el Estado durante las audiencias realizadas en el marco del Sistema de Justicia Transicional” denunciaron. El máximo jefe del Clan, previo a la diligencia adelantada este martes, rindió versión ante la Comisión de la Verdad. Lo hizo el pasado 17 de febrero en el que sus abogados también denunciaron que miembros de la Dijin lo sacaron abruptamente de la diligencia y no permitieron que siguiera con su relato ante los comisionados.

La Policía, en su momento, explicó que toda audiencia solicitada por la Comisión y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en la que participe Otoniel, debe tener autorización previa de la Fiscalía. Además, que las diligencias deben cumplirse bajo las más estrictas medidas de seguridad, dado que se trata del “narcotraficante más buscado del planeta”. Asimismo, que fuentes e información de inteligencia habrían alertado a la Policía de un plan para lograr la libertad del jefe del Clan.

Aunque la Comisión denunció, el sábado pasado, el robo de las grabadoras digitales que se usaron en la entrevista con el jefe del Clan, finalmente concluyeron que el material robado no correspondía a las declaraciones que entregó Otoniel ante la corporación de verdad. El comisionado Alejandro Valencia, encargado del caso, reseñó que una vez culminó la diligencia con Úsuga el material quedó guardado automáticamente en otros aparatos electrónicos. La Comisión insiste en su deseo de escuchar la versión del máximo jefe del Clan, por lo que no descartan adelantar más diligencias.