El Gobierno no estaría garantizando el derecho a la protesta en el paro minero

Hoy se cumplen 12 días desde que la comunidad minera de Antioquia y Córdoba protestan con un paro que ha generado una grave situación de los derechos humanos. El Gobierno insiste en que el Clan del Golfo está detrás de los bloqueos en vías y que está dispuesto a reanudar el diálogo cuando cese la violencia. Mientras que, los manifestantes afirmaron que no abandonarán las vías por temor a que siga destruyendo las dragas, siendo este el sustento de muchas familias de la zona. Ante esto, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos exigen que cese la estigmatización hacia la comunidad que se moviliza al relacionarlos con el grupo armado ilegal.

(Lea también: Lo que deja hasta el momento el paro minero en el Bajo Cauca)

Asimismo, cinco organizaciones con presencia en el territorio hicieron un llamado a que prevalezca el diálogo y la concertación, por encima de las acciones de violencia. Pues, el reciente fin de semana la situación se agudizó. Solamente la noche del pasado domingo un grupo de encapuchados quemaron un peaje y rompieron tubos de agua potable en Tarazá, y también prendieron fuego a dos ambulancias en Caucasia (Antioquia). Todo esto después de que la Gobernación de Antioquia anunció un toque de queda durante la noche del viernes en 12 municipios de la subregión.

Entre las exigencias de la comunidad está frenar los operativos de quema de maquinarias que funcionan para la extracción minera, principalmente, de oro. Pues, en menos de dos semanas, la Fuerza Pública ha quemado nueve dagas en el territorio y este fue uno de los detonantes para mantener las protestas y bloqueos en la vía al mar. Tanto el gobernador de Antioquia como el presidente han mencionado que las protestas estarían vinculadas a grupos armados ilegales y que estarían presionando a los manifestantes. Para el grupo de organizaciones defensoras de derechos humanos, “este tipo de señalamientos afectan a quienes están protestando de manera libre y voluntaria”.

Sobre estas personas que se manifiestan de forma voluntaria, las organizaciones afirman que son, en su mayoría, campesinos dedicados a la actividad minera que no se encuentra formalizada y legalmente constituida por la necesidad de subsistir y porque no han obtenido una respuesta integral del Estado. Además, dicen mediante un comunicado que la estigmatización que les ha impuesto el Gobierno, señalando su relación con estructuras armadas, “pone en riesgo sus vidas, ya que en una región como el Bajo Cauca no solo opera las Agc, sino también estructuras como las disidencias de las Farc y el Eln, quienes podrían tomar represalias contra las y los manifestantes”.

(Le puede interesar: “El Clan del Golfo ha roto el cese al fuego”: Petro ante grave situación en Tarazá)

“Como ha sido de conocimiento público en este paro hay comunidades que han sido obligadas a salir a las calles por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) bajo la amenaza de ser asesinados. En este sentido reiteramos la urgencia de que el Gobierno Nacional resguarde la vida e integridad de la sociedad civil que está en las calles, a partir de su deber constitucional de protección. En este contexto resulta imprescindible el cese bilateral al fuego, que ya algunos actores armados han pactado en el marco de la Política de Paz Total”, dice el comunicado.

Por otro lado, según las organizaciones, “el comportamiento de la Policía Nacional ha provocado graves violaciones a los derechos humanos, al emplear el uso de la fuerza de manera desproporcionada contra quienes se manifiestan, dejando personas heridas, entre ellas un menor de edad”. Además, afirman que “se ha podido conocer de un caso de tortura y de la afectación de un refugio humanitario en el Bagre por los gases lacrimógenos que fueron lanzados contra quienes estaban en las calles manifestándose (10 de marzo) y luego por un ataque directo a la sede (11 de marzo”. Y rechazan la militarización del territorio considerándola una medida de represión hacia la protesta social.

Finalmente, la Corporación Jurídica Libertad, la Corporación de Derechos Humanos Jesús Mará Valle, el nodo Antioquia de la Corporación Colombia Europa Estados Unidos, el Proceso Social de Garantías y la Mesa Humanitaria y de Paz de Antioquia, le exigen al Gobierno y las Agc que detengan cualquier acción que ponga en riesgo a la población civil en el marco de las protestas sociales, que se mantenga el diálogo y se amplié la voz de las comunidades en el espacio de la mesa entre manifestantes y Estado; así como que el Alto Comisionado para la Paz le exija a las Agc detener cualquier acción que ponga en riesgo la vida de las comunidades en cumplimiento del cese bilateral al fuego pactado en diciembre de 2022.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Hoy se cumplen 12 días desde que la comunidad minera de Antioquia y Córdoba protestan con un paro que ha generado una grave situación de los derechos humanos. El Gobierno insiste en que el Clan del Golfo está detrás de los bloqueos en vías y que está dispuesto a reanudar el diálogo cuando cese la violencia. Mientras que, los manifestantes afirmaron que no abandonarán las vías por temor a que siga destruyendo las dragas, siendo este el sustento de muchas familias de la zona. Ante esto, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos exigen que cese la estigmatización hacia la comunidad que se moviliza al relacionarlos con el grupo armado ilegal.

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Asimismo, cinco organizaciones con presencia en el territorio hicieron un llamado a que prevalezca el diálogo y la concertación, por encima de las acciones de violencia. Pues, el reciente fin de semana la situación se agudizó. Solamente la noche del pasado domingo un grupo de encapuchados quemaron un peaje y rompieron tubos de agua potable en Tarazá, y también prendieron fuego a dos ambulancias en Caucasia (Antioquia). Todo esto después de que la Gobernación de Antioquia anunció un toque de queda durante la noche del viernes en 12 municipios de la subregión.

Entre las exigencias de la comunidad está frenar los operativos de quema de maquinarias que funcionan para la extracción minera, principalmente, de oro. Pues, en menos de dos semanas, la Fuerza Pública ha quemado nueve dagas en el territorio y este fue uno de los detonantes para mantener las protestas y bloqueos en la vía al mar. Tanto el gobernador de Antioquia como el presidente han mencionado que las protestas estarían vinculadas a grupos armados ilegales y que estarían presionando a los manifestantes. Para el grupo de organizaciones defensoras de derechos humanos, “este tipo de señalamientos afectan a quienes están protestando de manera libre y voluntaria”.

Sobre estas personas que se manifiestan de forma voluntaria, las organizaciones afirman que son, en su mayoría, campesinos dedicados a la actividad minera que no se encuentra formalizada y legalmente constituida por la necesidad de subsistir y porque no han obtenido una respuesta integral del Estado. Además, dicen mediante un comunicado que la estigmatización que les ha impuesto el Gobierno, señalando su relación con estructuras armadas, “pone en riesgo sus vidas, ya que en una región como el Bajo Cauca no solo opera las Agc, sino también estructuras como las disidencias de las Farc y el Eln, quienes podrían tomar represalias contra las y los manifestantes”.

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“Como ha sido de conocimiento público en este paro hay comunidades que han sido obligadas a salir a las calles por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) bajo la amenaza de ser asesinados. En este sentido reiteramos la urgencia de que el Gobierno Nacional resguarde la vida e integridad de la sociedad civil que está en las calles, a partir de su deber constitucional de protección. En este contexto resulta imprescindible el cese bilateral al fuego, que ya algunos actores armados han pactado en el marco de la Política de Paz Total”, dice el comunicado.

Por otro lado, según las organizaciones, “el comportamiento de la Policía Nacional ha provocado graves violaciones a los derechos humanos, al emplear el uso de la fuerza de manera desproporcionada contra quienes se manifiestan, dejando personas heridas, entre ellas un menor de edad”. Además, afirman que “se ha podido conocer de un caso de tortura y de la afectación de un refugio humanitario en el Bagre por los gases lacrimógenos que fueron lanzados contra quienes estaban en las calles manifestándose (10 de marzo) y luego por un ataque directo a la sede (11 de marzo”. Y rechazan la militarización del territorio considerándola una medida de represión hacia la protesta social.

Finalmente, la Corporación Jurídica Libertad, la Corporación de Derechos Humanos Jesús Mará Valle, el nodo Antioquia de la Corporación Colombia Europa Estados Unidos, el Proceso Social de Garantías y la Mesa Humanitaria y de Paz de Antioquia, le exigen al Gobierno y las Agc que detengan cualquier acción que ponga en riesgo a la población civil en el marco de las protestas sociales, que se mantenga el diálogo y se amplié la voz de las comunidades en el espacio de la mesa entre manifestantes y Estado; así como que el Alto Comisionado para la Paz le exija a las Agc detener cualquier acción que ponga en riesgo la vida de las comunidades en cumplimiento del cese bilateral al fuego pactado en diciembre de 2022.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.