El gobierno de Gustavo Petro tiene su estrategia clara: asfixiar al narcotráfico. Así lo planteó el Ejecutivo en su política nacional de drogas que acaba de presentar el propio mandatario en Cali, en la clausura de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas. El documento de 80 páginas, conocido por El Espectador, se titula “Sembrando vida desterramos el narcotráfico”, y plantea la hoja de ruta con la que el Ejecutivo busca cambiar la manera de tratar el asunto de las drogas en el país.
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Las claves son: la reducción de la producción de drogas; la reducción de su disponibilidad en los mercados internos y externos; la desestructuración de redes criminales y demás actores del sistema criminal; y la identificación e impacto de sus rentas. Y así como el gobierno tiene claro que su norte es darle oxígeno a la cadena más afectada por el negocio de las drogas, como campesinos cultivadores de plantas de uso ilícito como la coca, amapola o cannabis, el Gobierno quiere dejar sin aire al narcotráfico.
¿Cómo lo quiere asfixiar? Cumpliendo 10 objetivos que van desde la afectación a la infraestructura para la producción de drogas ilícitas, afectando los patrimonios de los narcos, o el fortalecimiento de la capacidad del Estado para luchar contra los grupos ilegales. Vamos por partes. El primer objetivo del que habla la política de drogas está pensado en afectar la infraestructura destinada a la producción de drogas ilícitas de origen natural y sintéticas.
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Esto quiere decir que las autoridades deberán optimizar y aumentar las labores de destrucción de la maquinaria que sirve para producir base y clorhidrato de cocaína o heroína. En otras palabras: destruir laboratorios de procesamiento de estas sustancias ilícitas, pero también de productos como el tusi o el fentanilo de fabricación ilícita. Además, la política plantea crear y fortalecer un sistema de registro, inspección y control a empresas de metalurgia que provean equipos para la producción de estas sustancias.
El segundo objetivo es plantear un control estratégico de insumos y precursores químicos utilizados para la producción de drogas. Así, lo que busca la política del gobierno Petro es imponer una especie de peaje para vigilar la comercialización de productos como el cemento, el ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, permanganato de potasio, sustancias de corte y anhidrido acético, todas esenciales para producir cocaína y heroína. Aunque el documento reconoce que ya existen normas para controlar esas sustancias, dice que han fracasado.
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Por eso, la política buscar actualizar esos controles y fortalecer los mecanismos para detectar a tiempo el desvío de este tipo de sustancias, especialmente en zonas que ya están identificadas como lugar de alta producción de drogas ilícitas. “Se requiere de actualizaciones normativas; mejora de las capacidades técnicas y tecnológicas; fortalecimiento a los controles aduaneros, operativos, administrativos, judiciales y forenses; así como ajustes institucionales y tácticos”, dice la política.
Aumentar las incautaciones
El tercer objetivo es el fortalecimiento de la interdicción marítima, fluvial, aérea y terrestre, no solo en el interior del país, sino también en fronteras. La idea del gobierno es aumentar aumentando la capacidad de incautación de sustancias psicoactivas ilícitas, pero también afectando a los nodos donde las drogas ilícitas alcanzan un mayor valor. Lo anterior, según el documento, se logrará mejorando la tecnología de las autoridades, como radares modernos, drones de alta autonomía, sistemas de detección de drogas, vehículos de patrulla marítima y fluvial, y equipos de inspección terrestre.
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Pero también, capacitando a la fuerza pública para mejorar en las operaciones de incautación, reforzando las capacidades de inteligencia, incrementando el patrullaje y vigilancia en áreas críticas y reforzando la cooperación internacional “con países de la región y el mundo. Establecer acuerdos de intercambio de información en tiempo real y coordinación de operaciones conjuntas en todas las fronteras, incluyendo terrestres, fluviales, marítimas y zonas aéreas compartidas”.
La prioridad es luchar contra el lavado de activos
El cuarto objetivo habla de un punto clave para el plan del gobierno y que el propio presidente Petro ha referenciado en varios de sus discursos, no solo de campaña, sino también durante su primer año de gobierno: la persecución de las finanzas ilegales y la lucha contra el lavado de activos. Este apartado de la política de drogas arranca con una frase, para muchos obvia, pero que sirve de pilar para entender la importancia de este objetivo: “Las redes criminales se soportan en estructuras que apoyan el lavado de los recursos por el narcotráfico, la corrupción y otras economías ilícitas”.
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Por eso, dice el documento, es prioridad para el gobierno la identificación de quienes se dedican al lavado de activos, una tarea que se apoyará en crear una política nacional de lucha contra el lavado de activos, para identificar los objetivos de alto valor financiero, es decir, personas o empresas, bienes, activos o entidad que, “que, debido a su naturaleza, volumen o características, pueden ser instrumentalizados por grupos delictivos para ocultar o canalizar fondos ilícitos y así lavar el dinero proveniente de actividades delictivas”.
Esta prioridad, dice la política, estará alimentada del fortalecimiento del sector de seguridad, traducido en que se necesita mejor inteligencia estratégica de la fuerza pública para identificar estas conductas ilícitas. “Adicionalmente, incrementará las capacidades investigativas de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CILAFT) de la DIJIN y de las unidades destinadas a la estructuración de casos judiciales relacionados con el lavado de activos”, señala la política de drogas.
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El quinto objetivo de la estrategia del gobierno Petro es establecer un uso estratégico y eficiente de la erradicación de cultivos de uso ilícitos. Sobre este objetivo, el documento habla de que solo priorizará la erradicación forzosa cuando los cultivos excedan la medida establecida por el Consejo Nacional de Estupefacientes, bajo la categoría de “cultivo de pequeño cultivado; cuando sean sembrados que crezcan después de la publicación de esta política; o cuando sean cultivos donde ya haya una estructura para el procesamiento de la hoja de coca, por ejemplo.
La cooperación internacional, otro punto clave
El sexto objetivo planteado por el Ministerio de Justicia habla de concentrar los esfuerzos judiciales en los nodos estratégicos del microtráfico. “La Fuerza Pública y las autoridades encargadas de la investigación penal deben concentrar los esfuerzos en capturas de personas sobre quienes pese orden judicial, relacionadas con el establecimiento y desarrollo de mercados locales de drogas”.
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Ahora bien, el séptimo punto habla de un objetivo ambicioso: el desarrollo de fuerzas de tarea de carácter internacional contra el crimen organizado. Las claves de esta política ya quedaron planteadas en el Plan Nacional de Política Criminal, en donde quedó claro que la idea es promover el fortalecimiento de capacidades técnicas, administrativas y financieras, así como medios de cooperación a nivel internacional, para el desarrollo de estrategias como fuerzas de tarea para enfrentar delitos a nivel internacional como corrupción, lavado de activos, narcotráfico, trata de personas y delitos contra el medio ambiente, entre otros.
“Estas fuerzas de tarea internacional estarán conformadas por autoridades competentes de los sectores de Justicia, Seguridad y Defensa e Inteligencia, así como de la Fiscalía y las instituciones que se consideren pertinentes dentro del desarrollo de una estrategia inter agencial. Las fuerzas de tarea se enfocarán en la identificación, impacto y desarticulación de objetivos de alto valor financiero y demás nodos de importancia estratégica de los sistemas de valor criminal transnacionales”, dice el documento.
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Los diálogos de paz y la estrategia de la paz total
El octavo objetivo de la política de drogas habla de establecer diálogos de paz y procesos de sometimiento como mecanismos para desescalar la violencia y desarticular organizaciones criminales vinculadas al mercado ilegal de drogas. Se trata de un asunto directamente relacionado a la política de la paz total que ha desarrollado el gobierno Petro. “Estos procesos deben involucrar a las comunidades y demás grupos de la sociedad civil haciéndolos participantes de la construcción de paz y la búsqueda de soluciones pacíficas que puedan conducir a acuerdos para desarticulen las estructuras criminales involucradas en las economías ilícitas relacionadas con las drogas”, aclara el documento.
El noveno objetivo está enfocado en desarrollar estrategias orientadas a afectar la interseccionaldiad del tráfico ilícito de drogas con otras economías ilícitas y lícitas, que el gobierno explica así: “Buscar estrategias eficaces y multidimensionales que aborden la compleja interseccionalidad entre el tráfico ilícito de drogas y otras actividades económicas, tanto ilícitas como lícitas. Este abordaje integral deberá identificar puntos de convergencia y divergencia entre los distintos sectores de la criminalidad, con el fin de tener un abordaje integral del fenómeno”.
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Y, finalmente, el décimo objetivo habla de combatir la corrupción asociada a la implementación de la política de drogas. En este punto, el documento resalta que la corrupción es un asunto que debilita los esfuerzos para abordar de manera efectiva los problemas asociados al mercado de drogas y socava la confianza en las instituciones. Por tanto, propone implementar medidas estrictas de control, transparencia y rendición de cuentas en todas las etapas de la implementación de la política -potenciando la participación ciudadana como mecanismo de control- y realizar una sanción efectiva contra cualquier acto de corrupción.
Adicionalmente, “esta política busca capacitar y sensibilizar a funcionarios públicos y demás actores involucrados, para promover una cultura de integridad y ética en el manejo de los recursos y decisiones relacionadas con la política de drogas. La meta es asegurar que los recursos destinados a la implementación de esta política se utilicen de manera efectiva y transparente, sin espacio para la corrupción, de modo que las acciones operativas generen los impactos sobre los verdaderos sobre los nodos estratégicos del sistema del narcotráfico”, concluye el documento que dará de qué hablar durante los próximos días.
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