El gol del empresario Carlos Mattos para frenar su extradición

Esta semana, Carlos Mattos obtuvo una importante victoria en su pelea por no ser extraditado a Colombia. El pasado 19 de octubre, los seis integrantes de la Sala Primera del Tribunal Constitucional de España determinaron que el millonario empresario colombo-español, de 73 años, no puede ser enviado de regreso al país, al menos no por ahora. En dos ocasiones y desde dos instancias distintas, la Audiencia Nacional ya había dado luz verde para ese traslado en 2019. Pero ahora, según el Tribunal, esas decisiones resultan una “vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por incumplimiento del canon de motivación forzada y del derecho a un proceso con todas las garantías”, dice el documento de 33 páginas, conocido en su integridad por El Espectador.

Para el Tribunal, la acusación que la Fiscalía leyó para llamar a Mattos a juicio el 12 de abril de 2019, la cual se anexó en su solicitud de extradición, es “de mero impulso del procedimiento” y se limitó “a dar traslado a las partes y dirigir un debate básico sobre el cumplimiento de sus requisitos formales, sin refrendar ni validar el fundamento de la acusación”. Una afirmación que lleva a una pregunta: ¿está España exigiendo entonces un fallo condenatorio contra Mattos para acceder a extraditarlo? Resolver ese interrogante será tarea del Gobierno colombiano, de acuerdo con las decisiones que se tomen en la Fiscalía ahora que peligra su propósito de tener a Mattos presente durante los juicios en su contra; en plural, porque contra él cursan dos procesos judiciales.

Ambos expedientes tienen que ver con el mismo tema: el caso Hyundai. La acusación de abril de 2019 desarrolló la hipótesis de la Fiscalía de que Mattos fue el cerebro de toda una operación entre 2015 y 2016 para sobornar a un juez (Reinaldo Huertas) y varios funcionarios que trabajaban con él o con el sistema de repartos de procesos judiciales. Según la Fiscalía, con esos sobornos, Mattos logró que una demanda que él presentó contra la multinacional surcoreana Hyundai cayera específicamente en manos del juez Huertas. Este, sostiene el ente investigativo, a su vez, tras recibir más de $2.500 millones, dictó una medida cautelar para favorecer a Mattos: ordenó que Hyundai no podía hacer negocios en Colombia con nadie que no fuera él.

Esa decisión se dio en medio del divorcio que atravesaban entonces Hyundai y Mattos después de 25 años de relación comercial. Mattos quería evitar a toda costa que ese vínculo llegara a su fin, pues era el único autorizado en todo el país para comercializar vehículos de esa marca y recurrió a la justicia para poner freno de mano a la decisión de la casa matriz asiática. La Fiscalía sostiene que, además de esos primeros sobornos vinculados a la demanda que quedó en el despacho del juez Huertas, también sobornó a una jueza, Ligia del Carmen Hernández, quien el año pasado fue condenada a dos años de prisión tras admitir que recibió dinero de Mattos (no menos de $100 millones dentro de cajas de zapatos) por favorecerlo con una decisión, también relacionada con el caso Hyundai.

Al radicar el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para frenar su extradición, Mattos dio cinco argumentos. Uno de ellos fue la “enemistad personal de quien fue fiscal general de la nación por impago de unos honorarios profesionales generados cuando el fiscal fue abogado de los intereses del reclamado”. Se refería a Néstor Humberto Martínez, quien litigó en defensa de los intereses de Mattos por varios años. Mattos aseguró que detrás de la solicitud de su extradición había una “motivación política o parapolítica” por cuenta de Martínez, algo que, de tajo, descartó la Audiencia Nacional cuando el tema le llegó. “La sola relación del reclamado con el fiscal […] no permite atribuir carácter político a la persecución penal emprendida”, le respondieron entonces.

A lo largo de esta trama judicial conocida como caso Hyundai, Mattos no es el único que se ha jugado la carta de la enemistad con Néstor Humberto Martínez para tratar de debilitar el proceso en su contra. Lo mismo hizo, con mayor éxito, Álex Vernot, quien fue abogado de Mattos. Luis David Durán Acuña, otro antiguo abogado de Mattos y persona de su entera confianza, admitió su participación en el esquema de soborno que habría orquestado Mattos y pactó con la Fiscalía volverse testigo de cargos contra su otrora cliente. David Acuña dijo, además, que Vernot lo buscó en la cárcel para ofrecerle US$2 millones a cambio de su silencio, lo cual ha negado rotundamente Vernot, quien acudió al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas y, en ese escenario, salió victorioso.

En septiembre de 2019, el Grupo de la ONU pidió la libertad inmediata y hasta una indemnización para Vernot. Y no solo eso. Cuestionó seriamente el papel de Néstor Humberto Martínez a lo largo del caso Hyundai, que comenzó en 2016 y por el cual él solo vino a declararse impedido en 2018. “Toda la estructura orgánica de la Fiscalía pudo haber actuado en beneficio de los intereses de la persona impedida”, dijo entonces esa dependencia de Naciones Unidas. O sea, para favorecer a Néstor Humberto Martínez, el cual, según “constató” la ONU, de agosto de 2016 a junio de 2018 “determinó el criterio y la posición de la Fiscalía en la investigación en curso” a pesar del evidente conflicto de intereses que tenía con el tema por haber sido abogado de Mattos.

En cambio, en España no le han parado muchas bolas a Mattos con respecto a sus dardos contra el exfiscal Martínez. Pero, en su posición actual, es quizá lo de menos. A pesar de tener dos llamados a juicio en Colombia por sus supuesto intentos de corromper a la justicia, el empresario —quien se hizo ciudadano español el 23 de febrero de 1999— está libre y dándose una vida del jet set en Madrid, donde reside en un apartamento en el centro que, según la revista Vanity Fair, es “espectacular”. Su salud, sin embargo, no es la mejor y así también se lo dijo al Tribunal Constitucional para evitar su traslado a Colombia. Personas cercanas a él le contaron a este diario que lo operaron recientemente de diverticulosis y que tiene una enfermedad en los ojos y otras dolencias.

Aun así, Mattos sigue siendo un hombre de vida social activa. Antes de la pandemia ya se había hecho famoso en Madrid como coleccionista de arte, algo que a lo que ha dedicado buena parte de su vida. Su principal negocio sigue siendo la finca raíz en Estados Unidos, principalmente, y también en Colombia y España. En este último país ha creado varias sociedades para ese negocio, como Salatermo SL, Migrauvi SL y Suncoast Propiedades Madrid S.A., las cuales suman un capital de más de cuatro millones de euros y figuran hoy en cabeza de su hija Isabella Mattos, quien vive entre Madrid, Londres y Nueva York. Después de muchos ires y venires, el divorcio con Hyundai finalizó del todo hace menos de un mes. Está lleno de cláusulas de confidencialidad, pero Mattos se fue con no menos de US$12 millones.

Esta semana, Carlos Mattos obtuvo una importante victoria en su pelea por no ser extraditado a Colombia. El pasado 19 de octubre, los seis integrantes de la Sala Primera del Tribunal Constitucional de España determinaron que el millonario empresario colombo-español, de 73 años, no puede ser enviado de regreso al país, al menos no por ahora. En dos ocasiones y desde dos instancias distintas, la Audiencia Nacional ya había dado luz verde para ese traslado en 2019. Pero ahora, según el Tribunal, esas decisiones resultan una “vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por incumplimiento del canon de motivación forzada y del derecho a un proceso con todas las garantías”, dice el documento de 33 páginas, conocido en su integridad por El Espectador.

Para el Tribunal, la acusación que la Fiscalía leyó para llamar a Mattos a juicio el 12 de abril de 2019, la cual se anexó en su solicitud de extradición, es “de mero impulso del procedimiento” y se limitó “a dar traslado a las partes y dirigir un debate básico sobre el cumplimiento de sus requisitos formales, sin refrendar ni validar el fundamento de la acusación”. Una afirmación que lleva a una pregunta: ¿está España exigiendo entonces un fallo condenatorio contra Mattos para acceder a extraditarlo? Resolver ese interrogante será tarea del Gobierno colombiano, de acuerdo con las decisiones que se tomen en la Fiscalía ahora que peligra su propósito de tener a Mattos presente durante los juicios en su contra; en plural, porque contra él cursan dos procesos judiciales.

Ambos expedientes tienen que ver con el mismo tema: el caso Hyundai. La acusación de abril de 2019 desarrolló la hipótesis de la Fiscalía de que Mattos fue el cerebro de toda una operación entre 2015 y 2016 para sobornar a un juez (Reinaldo Huertas) y varios funcionarios que trabajaban con él o con el sistema de repartos de procesos judiciales. Según la Fiscalía, con esos sobornos, Mattos logró que una demanda que él presentó contra la multinacional surcoreana Hyundai cayera específicamente en manos del juez Huertas. Este, sostiene el ente investigativo, a su vez, tras recibir más de $2.500 millones, dictó una medida cautelar para favorecer a Mattos: ordenó que Hyundai no podía hacer negocios en Colombia con nadie que no fuera él.

Esa decisión se dio en medio del divorcio que atravesaban entonces Hyundai y Mattos después de 25 años de relación comercial. Mattos quería evitar a toda costa que ese vínculo llegara a su fin, pues era el único autorizado en todo el país para comercializar vehículos de esa marca y recurrió a la justicia para poner freno de mano a la decisión de la casa matriz asiática. La Fiscalía sostiene que, además de esos primeros sobornos vinculados a la demanda que quedó en el despacho del juez Huertas, también sobornó a una jueza, Ligia del Carmen Hernández, quien el año pasado fue condenada a dos años de prisión tras admitir que recibió dinero de Mattos (no menos de $100 millones dentro de cajas de zapatos) por favorecerlo con una decisión, también relacionada con el caso Hyundai.

Al radicar el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para frenar su extradición, Mattos dio cinco argumentos. Uno de ellos fue la “enemistad personal de quien fue fiscal general de la nación por impago de unos honorarios profesionales generados cuando el fiscal fue abogado de los intereses del reclamado”. Se refería a Néstor Humberto Martínez, quien litigó en defensa de los intereses de Mattos por varios años. Mattos aseguró que detrás de la solicitud de su extradición había una “motivación política o parapolítica” por cuenta de Martínez, algo que, de tajo, descartó la Audiencia Nacional cuando el tema le llegó. “La sola relación del reclamado con el fiscal […] no permite atribuir carácter político a la persecución penal emprendida”, le respondieron entonces.

A lo largo de esta trama judicial conocida como caso Hyundai, Mattos no es el único que se ha jugado la carta de la enemistad con Néstor Humberto Martínez para tratar de debilitar el proceso en su contra. Lo mismo hizo, con mayor éxito, Álex Vernot, quien fue abogado de Mattos. Luis David Durán Acuña, otro antiguo abogado de Mattos y persona de su entera confianza, admitió su participación en el esquema de soborno que habría orquestado Mattos y pactó con la Fiscalía volverse testigo de cargos contra su otrora cliente. David Acuña dijo, además, que Vernot lo buscó en la cárcel para ofrecerle US$2 millones a cambio de su silencio, lo cual ha negado rotundamente Vernot, quien acudió al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas y, en ese escenario, salió victorioso.

En septiembre de 2019, el Grupo de la ONU pidió la libertad inmediata y hasta una indemnización para Vernot. Y no solo eso. Cuestionó seriamente el papel de Néstor Humberto Martínez a lo largo del caso Hyundai, que comenzó en 2016 y por el cual él solo vino a declararse impedido en 2018. “Toda la estructura orgánica de la Fiscalía pudo haber actuado en beneficio de los intereses de la persona impedida”, dijo entonces esa dependencia de Naciones Unidas. O sea, para favorecer a Néstor Humberto Martínez, el cual, según “constató” la ONU, de agosto de 2016 a junio de 2018 “determinó el criterio y la posición de la Fiscalía en la investigación en curso” a pesar del evidente conflicto de intereses que tenía con el tema por haber sido abogado de Mattos.

En cambio, en España no le han parado muchas bolas a Mattos con respecto a sus dardos contra el exfiscal Martínez. Pero, en su posición actual, es quizá lo de menos. A pesar de tener dos llamados a juicio en Colombia por sus supuesto intentos de corromper a la justicia, el empresario —quien se hizo ciudadano español el 23 de febrero de 1999— está libre y dándose una vida del jet set en Madrid, donde reside en un apartamento en el centro que, según la revista Vanity Fair, es “espectacular”. Su salud, sin embargo, no es la mejor y así también se lo dijo al Tribunal Constitucional para evitar su traslado a Colombia. Personas cercanas a él le contaron a este diario que lo operaron recientemente de diverticulosis y que tiene una enfermedad en los ojos y otras dolencias.

Aun así, Mattos sigue siendo un hombre de vida social activa. Antes de la pandemia ya se había hecho famoso en Madrid como coleccionista de arte, algo que a lo que ha dedicado buena parte de su vida. Su principal negocio sigue siendo la finca raíz en Estados Unidos, principalmente, y también en Colombia y España. En este último país ha creado varias sociedades para ese negocio, como Salatermo SL, Migrauvi SL y Suncoast Propiedades Madrid S.A., las cuales suman un capital de más de cuatro millones de euros y figuran hoy en cabeza de su hija Isabella Mattos, quien vive entre Madrid, Londres y Nueva York. Después de muchos ires y venires, el divorcio con Hyundai finalizó del todo hace menos de un mes. Está lleno de cláusulas de confidencialidad, pero Mattos se fue con no menos de US$12 millones.