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La Corte Suprema de Justicia ratificó la medida de aseguramiento contra el exsenador Álvaro ‘El Gordo’ García Romero, condenado a 40 años de prisión por su responsabilidad en la masacre de Macayepo. La Sala Especial de Primera Instancia, con ponencia del magistrado Jorge Emilio Caldas, argumentó que la gravedad del delito y el impacto social justifican la continuidad de García tras las rejas.
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García Romero fue responsabilizado como autor indirecto de la masacre ocurrida entre el 9 y el 17 de octubre del 2000 en varias veredas de Bolívar y Sucre, incluyendo El Limón, La Palma y Los Deseos. Durante estos días, el Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia perpetró una serie de ataques que desplazaron a cerca de 4.000 personas. Según las investigaciones, el exsenador facilitó la incursión paramilitar utilizando su influencia política para que las autoridades militares de Sucre no intervinieran.
El alto tribunal explicó que “en el presente caso no resulta procedente la suspensión de la privación de la libertad al tenor de lo señalado en el numeral 1° del artículo 362 de la Ley 600 de 2000, pues la conducta que se le imputa es de extrema gravedad, por lo que los fines de la detención, en especial el que pretende proteger a la comunidad, cobran especial trascendencia”.
Intentos fallidos de la defensa
La defensa de García Romero ha intentado en al menos tres ocasiones revocar la medida de aseguramiento, presentando diversas solicitudes ante la Corte Suprema. En julio de 2023, el abogado del exsenador solicitó pruebas sobrevinientes y la exclusión de ciertas pruebas, además de pedir la compulsa de copias relacionadas con el caso. Sin embargo, la Sala rechazó las peticiones, calificándolas como “abiertamente impertinentes, repetitivas y carentes de fundamento”.
En otra acción, el 21 de junio de 2024, la defensa presentó una nueva solicitud para revocar la detención preventiva, argumentando que García Romero debería acceder a una medida no privativa de la libertad. Esta solicitud fue negada el 22 de julio, y la decisión fue confirmada tras un recurso de apelación en octubre de 2024.
La Corte destacó que la Sala de Casación Penal, en su decisión inicial de noviembre de 2012, había señalado la gravedad excepcional del delito imputado al exsenador. Según el tribunal, la masacre de Macayepo no solo dejó víctimas directas, sino que también afectó gravemente a las comunidades de Sucre y Bolívar desde los años ochenta.
La masacre de Macayepo es uno de los episodios más atroces del conflicto armado colombiano. Los paramilitares del Bloque Héroes de los Montes de María asesinaron a decenas de personas y desplazaron forzosamente a miles de campesinos, arrasando con comunidades enteras. Según el fallo, García Romero, quien ocupaba una alta posición política en ese momento, habría utilizado su poder para apoyar indirectamente la operación de los grupos armados, siendo esta una de las razones por las cuales su conducta fue calificada como de “extrema gravedad”.
El tribunal enfatizó que las acciones de García Romero no solo afectaron a las víctimas directas, sino que también impactaron de forma duradera a la población colombiana. De acuerdo con la Sala, la gravedad del delito atribuido a García Romero exige necesariamente la continuación de su privación de la libertad, como autor mediato de la masacre.
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