El grito de respeto por la JEP que lideran las víctimas de las FARC

El sargento retirado César Augusto Lasso tiene marcado en el alma los 13 años, cinco meses y un día que vivió con una cadena en el cuello, esperando que las FARC decidieran hacer con su vida otra cosa distinta a tratarlo como moneda de cambio. Un objeto al que podrían sacarle dinero o provecho político, tras haberlo capturado en una de las tomas guerrilleras más recordadas de la historia: la de Mitú (Vaupés), en 1998, cuando miles de militantes asediaron una ciudad capital por 72 horas, acabando con más de 50 vidas y llevándose a 61 secuestrados a la selva. Lasso es una de las miles de víctimas que reclama justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sin embargo, las esperanzas están perdiendo su fuerza y la culpa es, de nuevo, del exsecretariado de las FARC.

El sargento retirado César Augusto Lasso tiene marcado en el alma los 13 años, cinco meses y un día que vivió con una cadena en el cuello, esperando que las FARC decidieran hacer con su vida otra cosa distinta a tratarlo como moneda de cambio. Un objeto al que podrían sacarle dinero o provecho político, tras haberlo capturado en una de las tomas guerrilleras más recordadas de la historia: la de Mitú (Vaupés), en 1998, cuando miles de militantes asediaron una ciudad capital por 72 horas, acabando con más de 50 vidas y llevándose a 61 secuestrados a la selva. Lasso es una de las miles de víctimas que reclama justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sin embargo, las esperanzas están perdiendo su fuerza y la culpa es, de nuevo, del exsecretariado de las FARC.

Solo en el caso que investiga secuestros de las FARC, la JEP ha acreditado a 3.821 víctimas. Es decir, múltiples historias de dolor, como la de Lasso, originadas en todo el territorio nacional y por las que los antiguos altos mandos guerrilleros prometieron responder. No obstante, en las últimas semanas, han manifestado inconformidades con respecto a la JEP e, incluso, han sondeado la posibilidad de apartarse de las decisiones que tome el tribunal. Más allá de las discusiones políticas de estas posturas, de fondo está la confianza que las víctimas han depositado en esta jurisdicción, pues esperan conseguir a través de ella verdad, justicia, reparación y no repetición. Una posibilidad que se vería afectada si los comparecientes dejan de ponerle la cara al tribunal.

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Los antiguos líderes de las FARC afirman que la JEP, a la cual decidieron someterse hace ocho años con el Acuerdo de Paz, estaría alejándose “del espíritu y la letra de lo acordado”. Según exponen, habría violaciones, por ejemplo, cuando la JEP vincula a mandos medios guerrilleros a procesos por los cuales inicialmente solo respondería la cúpula. Sumado a esto, consideran peligroso emitir una resolución de conclusiones por cada macrocaso en el que son investigados, como lo son secuestro, reclutamiento o violencia sexual. Esa resolución es el documento en el cual se basan las sanciones que se podrían ordenar en su contra. No obstante, argumentan que el acuerdo era que solo serían objeto de una resolución única, que contemple todo por lo que deben responder.

Asimismo, las ex-FARC han tocado las puertas de la opinión pública para plantear una “ley de punto final”. Una propuesta que les permitiría saldar todas sus cuentas con la justicia y dejar tirado todo el proceso adelantado por la jurisdicción y, de paso, todas las horas y el esfuerzo entregado por las víctimas. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, ya respondió que se podría “analizar”. Mientras se concreta esta propuesta en el Congreso, en el ámbito judicial las víctimas ya empezaron a evidenciar su desconfianza. De hecho, el 5 de marzo, ocho de las doce víctimas que habían confirmado participación no llegaron a una audiencia en la JEP para esclarecer las atrocidades del Bloque Oriental guerrillero en el macrocaso de secuestro.

Las declaraciones de la antigua cúpula guerrillera llegan en un momento clave, pues la JEP está próxima a emitir sus primeras sanciones propias, según ha comunicado el presidente de la jurisdicción, el magistrado Roberto Vidal. Se supone que estas sanciones tendrán un carácter restaurativo, enfocado en la ejecución de obras sociales que puedan reparar a las víctimas afectadas. Se sabe que ningún compareciente que cumpla con sus compromisos con la jurisdicción pagará cárcel. Pero las recientes declaraciones dejan una pregunta en el aire: si los victimarios no acuden y amenazan con desconocer las decisiones del tribunal, ¿de qué sirve seguir yendo a la JEP? ¿De qué les sirve a personas como Lasso llorar ante la magistratura, buscando justicia?

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El Espectador habló con víctimas de las FARC en otros casos y, además, estuvo presente en una audiencia de observaciones sobre el Bloque Oriental. En esa diligencia, las víctimas respondieron con sinceridad a los testimonios de miembros de ese antiguo bloque, responsable de brutalidades de la talla de la toma de Mitú. Durante la diligencia, las víctimas, una vez más, repitieron sus historias, desenterraron recuerdos que les quebraron la voz y pidieron, con insistencia, respuestas sobre sus desaparecidos. Demostraron que, a pesar de los rumores sobre el “punto final”, a la JEP todavía acuden cientos de víctimas con la fe intacta. La misma que sostiene la magistrada Julieta Lemaitre al decir: “Ustedes, las víctimas, son la voz que no les deja a los guerrilleros olvidar ni negar lo que pasó”.

“No sería un punto final, sino un punto sin fin”

El sargento retirado Lasso recuerda que, cuando por radio escucharon la liberación de Ingrid Betancourt, en 2008, sus captores respondieron forzando aún más su cadena y agregándole otra en los pies. Recién pudo volver a la libertad en 2012, cuando el gobierno de Juan Manuel Santos empezaba a negociar el Acuerdo con la cúpula de las FARC, la cual mostró voluntad de paz con la liberación de Lasso y otros compañeros presos hacía décadas. Ahora, 12 años después de su liberación y otros años vinculado a la JEP, considera que una ley de punto final es solo una solución apresurada a un proceso que necesita ser resuelto en detalle. “Esa ley permitirá que siga existiendo un ciclo de violencia de repetición. No sería un punto final, sino un punto sin fin”, le dijo a este diario.

Ante la JEP, con la voz entrecortada, explicó la vez que campesinos inocentes fueron acribillados en Mitú por guerrilleros que los consideraban colaboradores de la Policía. Solo porque, en un evento especial, les asaron una carne a él y sus compañeros. Lasso no pudo guardar más sus lágrimas cuando por su mente pasaron las memorias de las guerrilleras reclutadas que quedaban embarazadas tras haber sido violadas y eran separadas de sus hijos porque, según los criminales, “a la guerrilla no se vino a tener familia”. Seguir yendo a la JEP, para Lasso, es resistir por ellos. “Acudir es hacer visible nuestro hecho victimizante, nuestra frustración ante la justicia y es la esperanza de que aquí nos escucharán y se va a tener en la memoria lo que nos sucedió”, concluye.

“Aquí está el camino”

Con solo 19 años, César Augusto Díaz Braga le preguntaba a Dios qué había hecho en la vida para merecer tanto dolor. En la audiencia ante la JEP, 25 años después, vuelve con tristeza a esa mañana nublada del 1.° de noviembre de 1998, cuando, como Lasso, se convirtió en uno de los 61 secuestrados que dejó la toma de Mitú. César Augusto ni siquiera era patrullero, era apenas auxiliar de policía cuando fue sacado de su casa a la fuerza. Ese día su familia vio cómo se lo llevaban a él y a tres primos más porque en ese momento lo que le importaba a la guerrilla era tener más hombres que poder intercambiarlos por insurgentes detenidos. Decidió contar su historia y la de su familia en la JEP, pues afirma que las cosas que un día “se tragó el monte” son las que se deben decir.

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Para él, los firmantes no se van a salir de la jurisdicción, pues ya hay mucho camino recorrido y sería absurdo tirarlo todo a la basura. Reconoce que al principio él tenía sus dudas, pero por eso les pide a los comparecientes que encuentren la manera de conciliar con la jurisdicción. “Aquí está el camino”, afirma. También les habla a sus “hermanos de cautiverio”, como llama a los hombres con los que compartió casi tres años de encierro en la selva, para que vayan y cuenten sus historias. “Yo puedo estar hablando aquí, pero ustedes no saben la tristeza que tengo por dentro”, le explicó a la magistrada durante la audiencia, al tiempo que argumentaba lo liberador que es, al final, poder denunciar su caso.

“Tienen miedo de nosotras”

Sara Enid Morales representa a un grupo de víctimas de las que se escucha poco, pero quienes sufrieron la barbarie de las FARC desde adentro y a quienes les robaron su infancia y adolescencia al ser obligadas a pelear la guerra: las víctimas de reclutamiento, violencia sexual y estigmatización de género. Morales viaja a cuanto territorio recóndito exista para motivar a mujeres y niñas a contar su caso ante la JEP. Ella fue reclutada en Barrancabermeja (Santander) a los 11 años por el Bloque Magdalena Medio, comandado por Pastor Alape, exjefe negociador de las FARC. “La mitad de nuestra vida quedó en medio de la selva”, dice en nombre de 170 mujeres acreditadas y miembros de la Corporación Rosa Blanca.

Frenar el proceso en la JEP, dice Morales, demuestra que el antiguo secretariado quiere evitar el impacto del descubrimiento de lo que las víctimas saben. “Tienen miedo de nosotras. Nuestra opinión es que esa propuesta de ley es ofensiva y revictimizante. Va en el absoluto desamparo con el derecho a la verdad y reparación. Ellos quieren simplemente finalizar los procesos y no responder por la cantidad de graves violaciones de derechos humanos. Y no quieren responder por nosotras: niñas reclutadas, abusadas sexualmente y obligadas a abortar y a servirles en las filas”, dice. Y concluye con la idea de que la estrategia de los ex-FARC es hacer presión política, pero reconoce la templanza en los magistrados que siguen haciendo su trabajo en medio de esos discursos.

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“Las víctimas tenemos que ser escuchadas”

Érika* tenía siete meses de embarazo, cuando fue secuestrada y asesinada por la guerrilla. El día del secuestro viajaba en una camioneta, con cuatro amigos, por las carreteras de Uribe (Meta), y todos terminaron asesinados en cautiverio. Casi 20 años después, Karena Molano, hija de Jesús Antonio Molano, uno de los hombres que iban en el vehículo, les pide a los comparecientes que participaron en este hecho que reconozcan los crímenes. Y que no intenten evadir responsabilidad por el asesinato de una mujer cuyo cuerpo daba muestras claras de llevar una vida en avanzado estado de gestación. Karena insiste en que si los comparecientes abandonaran el proceso “sería como una burla, porque no nos van a dar una respuesta”, recordando que fueron ellos mismos quienes “establecieron estas reglas de juego”.

Sin embargo, Molano aclara que está de acuerdo en que alargar el tiempo de los procesos para la restauración genera daños no solo para las víctimas, sino también para los victimarios. “Más que salirse del proceso, se deben agilizar los mismos, agilizar la sentencias”, puntualiza. Recuerda que fue un 8 de marzo cuando su padre, sus amigos y una mujer embarazada fueron “ajusticiados” por simple sospecha. Asiste a las audiencias buscando reparar un sentimiento que permanece roto y en representación de su familia y de miles de víctimas. “Las víctimas tenemos voz y tenemos que ser escuchadas también; no es fácil, es doloroso, pero alguien tiene que hacer el trabajo”, concluye, a la par que espera que ese camino, de años, no termine por la voluntad de sus victimarios.

“Confiamos en que Colombia no vivirá en la eternidad de las víctimas”

La guerra por el territorio estuvo más cerca de Bogotá de lo que parece y prueba de ello es el patrullero en retiro Carlos Carvajal. En el 2000, mientras investigaba a policías aliados de la insurgencia, fue secuestrado por la Red Urbana Antonio Nariño, un encargo del Mono Jojoy para acechar Cundinamarca y las zonas que el M-19 dejó huérfanas en Bogotá. Durante días, Carvajal fue sometido a salvajes torturas que desembocaron en una esquizofrenia todavía presente. Usa lentes de sol, pues teme que guerrilleros inexistentes lo miren a los ojos. En su cabeza retumban voces del aquel secuestro, las cuales solo viven allí como una pesadilla. El estrés que le provoca el mero hecho de recordar no lo ha frenado para buscar justicia en la JEP para él y su familia. Y, por ahora, no está en sus planes hacerlo, porque de fondo está la esperanza de un país mejor.

“Nosotros nos preguntamos: ¿por qué seguimos prestando nuestra colaboración en la JEP? Porque confiamos en que Colombia no vivirá en la eternidad de las víctimas. Queremos que no haya una continuidad casi infinita de estos procesos”, dijo. El año pasado, estuvo cara a cara con el responsable de su secuestro: Bernardo Mosquera, alias Negro Antonio. Un hombre de quien no se avizora una pizca de arrepentimiento, según Carvajal. No obstante, esa audiencia le dejó el recuerdo de que otro mando medio exguerrillero alzó la mano para mirarlo a los ojos y decirle que estaba arrepentido. Y esa, para Carvajal, es una pequeña victoria. Las mismas que miles de víctimas siguen esperando, como mínimo, de un grupo de exlíderes criminales que se sometieron a estas reglas de paz.