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La empresaria del chance Enilce del Rosario López Romero, o la Gata, es conocida por sus nexos con grupos paramilitares que delinquían en la costa Atlántica. Es más, en su contra existen dos condenas: una por las alianzas con el Bloque Héroes de los Montes de María y otra por determinar el homicidio de un vigilante en el año 2000 que perpetraron las autodefensas. Ahora, una decisión de la Corte Suprema de Justicia en el proceso contra su hijo, Héctor Julio López, revela nuevos vínculos con estructuras paramilitares que se crearon tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en 2005.
La desmovilización de los bloques Héroes de los Montes de María y Central Bolívar, entre julio y diciembre de 2005, no habría implicado la desactivación de su actuar criminal. Según el alto tribunal, estas estructuras mutaron “en una nueva organización liderada por Salvatore Mancuso y Enilce López continuando con el desarrollo de actividades ilegales como lavado de activos, extorsión, homicidios, amenazas y manipulación de cargos de elección popular”. Al parecer, uno de sus objetivos era legalizar las riquezas que acumuló Mancuso en sus años de comandante paramilitar por medio de las empresas de chance de la Gata.
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La afirmación de la Sala Penal de la Corte Suprema está plasmada en la acusación que hizo contra Héctor Julio Alfonso López, por promover grupos o estructuras armadas al margen de la ley. El llamado a juicio fue confirmado a comienzos de septiembre en un documento de 73 páginas conocido por El Espectador. Allí se señala a López de hacer parte esa alianza entre la Gata y Mancuso, lo que habría permitido su elección como congresista. Incluso dice que su camino al Congreso sería parte de un plan de ese grupo criminal para “tomarse el poder político”.
“La empresa criminal permitió que cada uno de sus integrantes hiciera los aportes que sus destrezas le permitían: unos desde el ámbito económico, otros en lo militar, algunos con liderazgo, otros con actividades políticas (…) En eso consistieron el pacto y la conducta asumidos por Héctor Julio con el grupo ilegal, con el que negoció su elección como representante a la Cámara”, apunta el documento. La Corte también señala que uno de los principales aliados del excongresista fue su hermano Jorge Luis Alfonso López.
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Según el alto tribunal, esta alianza movía fuertes sumas de dinero para “incorporarlas al patrimonio de las empresas del chance, así como en la logística de escoltas, conductores y vigilantes que pertenecían a las empresas de apuestas o que asistían a Enilce, Héctor Julio y Jorge Luis Alfonso”. Asimismo, que Héctor Julio Alfonso habría pactado con el jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, la elección de Jorge Luis como alcalde de Magangué en el año 2000. Y que, siendo mandatario local, Jorge Luis Alfonso se habría reunido con Mancuso en una finca “de donde los sacaron en helicóptero” y habría recibido $1.500 millones en febrero de 2006.
La Corte Suprema agrega que la Gata y Mancuso lideraban “un grupo armado ilegal” y que Héctor Julio Alfonso López, a sabiendas de ello, hizo parte de las actividades ilegales durante el período en que fue congresista; es decir, entre el 20 de julio de 2006 y el 17 de octubre de 2007, cuando renunció. Uno de los hechos relevantes para la Corte es una carta que le envió Héctor Julio Alfonso al entonces secretario de seguridad de Presidencia, coronel Flavio Buitrago, quejándose por las labores investigativas que integrantes de la Policía estaban haciendo a su familia.
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La carta, fechada el 22 de mayo de 2007, afirma, entre otros: “¿Por qué hay personal de la DIJIN solicitando información en la Cámara de Comercio sobre los bienes de mi señora madre y de mi hermano?”. Para la Sala Penal esto evidencia que Alfonso López se aprovechó de su investidura para promover investigaciones disciplinarias por las pesquisas que la Policía hizo, entre 2005 y 2006, “contra la organización criminal de la que hacía parte la familia Alfonso López”. Además, añade la Corte, Héctor Julio Alfonso asistía a las asambleas de Uniapuestas como miembro de la Junta Directiva entre 2004 y el 2005, empresa a la que habrían entrado dineros de Mancuso y de la que habrían salido recursos para su campaña en 2006.
En su decisión, el alto tribunal concluye que el poder económico de las empresas Unicat, Uniapuestas, Aposmar, Aposucre y Seguridad 911 “estuvo al servicio de la estructura ilegal y de la causa política” para elegir a Alfonso López y de otros políticos hasta el 2010. Establece que el grupo de la Gata y Mancuso también sería el responsable de actos de intimidación contra los testigos Leonardo y Deivis Rojas Zabala, de un atentado en contra de este último en 2012 y de la muerte de Guillermo Rojas en 2008 por delatarlos ante la DEA.
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Para la Corte, no solo está probada “la existencia de una organización delincuencial que se concertó con Héctor Julio Alfonso López para lograr un escaño en la Cámara de Representantes, sino que esta utilizó las empresas antes reseñadas para los propósitos criminales”. Alfonso López se entregó el pasado 22 de febrero y permanece detenido desde entonces a la espera de que comience el juicio en su contra. En su defensa, alegó ante la Corte que es “totalmente falso” que haya recibido dinero de Mancuso y que no existían relaciones de este con su madre. “No, relación con mi madre esa persona, no”, dijo.