El haraquiri de las Farc

El 15 de junio de 1997, cuando las Farc dejaron en libertad a 60 militares que 10 meses atrás habían secuestrado en el ataque a la base militar de Las Delicias (Putumayo), forzando un despeje en Cartagena del Chairá (Caquetá), la guerrilla puso en marcha una estrategia que 13 años después la tiene en el desprestigio internacional, causándole las mayores derrotas militares y políticas de su historia: el chantaje de intercambiar uniformados por guerrilleros presos en cárceles, más conocido como el canje.

Para lograrlo, a partir del 21 de diciembre de 1997, con el ataque al Cerro de Patascoy (Nariño), inició una ofensiva de incursiones a bases militares, estaciones de Policía e instauró ‘pescas milagrosas’. Al concluir el gobierno Samper tenía en su poder a casi 500 miembros de las Fuerzas Armadas. Cayeron en la toma a Mitú, Miraflores, Curillo, Puerto Rico, El Billar, entre otras. Y apenas comenzaba la era Pastrana cuando las Farc destaparon la carta de su perverso botín de guerra: el canje.

El jefe de las Farc, Manuel Marulanda, le hizo saber al Gobierno que mientras avanzaban los diálogos él iba a coordinar una negociación aparte: entregar los ‘prisioneros de guerra’ a cambio de la excarcelación de guerrilleros. Días después envió cartas a los dignatarios del país solicitándoles el trámite de una ley para convertir esta práctica en un hábito. Desde entonces el pulso del canje desplazó el protagonismo de los acuerdos y el drama de los retenidos saltó a las primeras páginas de los medios.

Ante la reticencia de la clase política al chantaje guerrillero, Marulanda, en enero de 1999, anunció que había que agregar a la lista de canjeables a algunos políticos. “Si no quieren por las buenas, tocará por otros medios”, dijo. En agosto de 2000 cayó el primero: el congresista Óscar Tulio Lizcano. Meses después fue creciendo la lista: el ex ministro Fernando Araújo, los parlamentarios Orlando Beltrán o Luis Eladio Pérez. Entretanto, las Farc y Pastrana lograron un intercambio ‘humanitario’.

El 2 de junio de 2001, 42 uniformados enfermos fueron canjeados a cambio de 11 guerrilleros. Por contera entregaron casi 400 soldados y policías. Pero se reservaron los políticos, así como los oficiales y suboficiales. No sólo anunciaron que éstos quedaban para otro eventual canje, sino que Marulanda reiteró: “Hay que tomar gente del Senado, la Cámara, magistrados y ministros, los que integran los tres poderes y verán cómo gritan”. Así ocurrió, la lista se ensanchó más.

Al botín de guerra de los plagiados se sumaron Gilberto Echeverri, Guillermo Gaviria, Íngrid Betancourt, 11 diputados del Valle, tres norteamericanos y otro largo etcétera. El 20 de febrero de 2002 el secuestro del senador Jorge Eduardo Géchem puso fin al proceso de paz; Álvaro Uribe llegó al poder seis meses después y las puertas del canje se cerraron. El Presidente insistió con el rescate militar sí o sí, pero en mayo de 2003, a sangre fría, en un intento de liberación, la guerrilla asesinó a Echeverri, Gaviria y 8 militares secuestrados en Antioquia.

El repudio nacional fue unánime, los familiares de los plagiados clamaban un acuerdo humanitario y el Presidente mantenía su no al canje. Las autoridades capturaron y extraditaron a alias Sonia y Simón Trinidad. Siempre que se habló de intercambio, las Farc los incluyeron y reiteraban un despeje en Pradera y Florida (Valle). La respuesta fue la misma. El ideólogo Rodrigo Granda también fue capturado, pero en 2007, atendiendo una solicitud del presidente Nicolás Sarkozy, el Gobierno lo liberó.

A mediados de 2007 el gobierno autorizó a Piedad Córdoba para buscar salidas humanitarias. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se sumó a la causa, pero su aval fue retirado semanas después. Para la época dos de los secuestrados habían logrado la fuga. Primero el ex ministro Fernando Araújo y luego el intendente John Frank Pinchao. A comienzos de 2008 las Farc liberaron seis políticos, pero se descubrió que Emmanuel, el hijo de la plagiada Clara Rojas, no lo tenía la guerrilla sino una casa del ICBF. Nuevo revés de la guerrilla.

El chantaje de las pruebas de supervivencia de Íngrid Betancourt y los demás generó la marcha del 4 de febrero de 2008, donde 10 millones de colombianos se movilizaron para exigir la libertad y repudiar el secuestro. Otra derrota política para las Farc. En julio de 2008 vino la estocada con la estelar ‘Operación Jaque’, que liberó a 15 secuestrados, entre ellos a Íngrid, los contratistas gringos y 11 miembros de la Fuerza Pública. Uribe probó que la vía militar sí era posible. Hacia octubre de ese año Óscar Tulio Lizcano también se fugó.

La presión internacional hizo que las Farc, entre 2009 y 2010, hiciera cinco entregas unilaterales de ocho militares y políticos secuestrados, pero el botín del canje ya no daba réditos para buscar espacios de discusión. Y, para rematar, la ‘Operación Camaleón’ le asestó un golpe estratégico a la macabra práctica del secuestro. Faltan 19 uniformados aún por volver, pero lo que queda claro es que el secuestro, que antes usaron las Farc para buscar escenarios de diálogo, hoy es su haraquiri. El mundo lo repudia cada vez más.