El helicóptero que salpica a Uribe

Fue el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso el que dijo que un helicóptero de la Gobernación de Antioquia sobrevoló Ituango (Antioquia) durante la masacre perpetrada en el corregimiento de El Aro, entre el 23 y el 30 de octubre de 1997. Aseguró también que el entonces secretario de Gobierno, Pedro Juan Moreno, supo de boca del mismo Carlos Castaño que los paramilitares se iban a meter a El Aro a sembrar el terror.

Un testimonio similar presentado al entregado por el exjefe paramilitar Francisco Enrique Villalba Hernández, asesinado en 2009, quien sostuvo antes de morir que vio el “helicóptero amarillo de la Gobernación” sobrevolando la zona mientras en tierra los paramilitares asesinaban a 15 campesinos.
Manifestó, además, que estuvo en una reunión a la que asistieron los exjefes paramilitares Salvatore Mancuso y Carlos Castaño, varios uniformados y los hermanos Santiago y Álvaro Uribe Vélez (entonces gobernador de Antioquia) y en la que, supuestamente, se planeó la matanza. Así se lo dijo Villalba a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, aunque fue desmentido por algunos paramilitares. Nunca se retractó y fue asesinado el 23 de abril de 2009.

Ahora, casi seis años después, estas declaraciones sobre la supuesta presencia de un helicóptero de la Gobernación de Antioquia durante la masacre de Ituango motivaron al Tribunal Superior de Medellín a compulsar copias para que la Corte Suprema de Justicia investigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez, en su condición de exgobernador de Antioquia, por estos hechos. Así lo hizo, precisamente, en el fallo en el que condenó al exjefe paramilitar Ramiro Vanoy, alias Cuco Vanoy, por esta matanza.

A través de su cuenta de Twitter, Uribe rechazó la compulsa de copias y dijo que “antes de compulsar copias contra mí debieron haber analizado cómo opera el Servicio Aéreo de Salud de Antioquia”, que la presencia de este helicóptero en El Aro ya ha sido explicada “una y mil veces” e indicó, además, que “acusaciones de falsos testigos sobre masacre del Aro fueron desvirtuadas por el CTI de la Fiscalía hace ya bastante tiempo y ahora vuelven”. En una entrevista realizada por el diario El Tiempo en 2007, los conductores habituales del helicóptero que usaba la Gobernación en ese entonces dijeron que no se habían realizado viajes a Ituango durante el tiempo en el que se perpetró la masacre, sino antes y después de ocurrida la misma, y que El Aro era una ruta frecuente entre el bajo Cauca antioqueño y Medellín.

No es la primera vez que se pide investigar a Uribe por hechos ocurridos durante su periodo al frente de la Gobernación de Antioquia. Sin embargo en este caso se trata de algo especial si se tiene en cuenta que en julio de 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia por dicho caso, al sostener que estaba “comprobado que agentes estatales tenían pleno conocimiento de las actividades de terror realizadas por estos grupos paramilitares sobre los pobladores de La Granja y El Aro. Lejos de tomar acciones para proteger a la población, miembros del Ejército nacional no sólo prestaron su aquiescencia a los actos perpetrados por los paramilitares, sino que también se produjeron instancias de participación y colaboración directa. Efectivamente, la participación de agentes del Estado en la incursión armada no se limitó a facilitar el ingreso de los paramilitares a la región, sino que también omitieron asistir a la población civil durante el desarrollo de aquélla, resultando así en la total indefensión de éstos”.

La masacre, que incluyó vejaciones, descuartizamientos, desollamientos y otro largo etcétera de atrocidades, sigue parcialmente impune. El sobrevuelo de helicópteros de la Gobernación de Antioquia es uno de esos capítulos no resueltos. ¿Fueron estos sobrevuelos la prueba de los supuestos nexos de la administración de la época con el paramilitarismo? o ¿Fueron parte de una lamentable coincidencia en un momento convulso de la historia antioqueña?
 

Fue el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso el que dijo que un helicóptero de la Gobernación de Antioquia sobrevoló Ituango (Antioquia) durante la masacre perpetrada en el corregimiento de El Aro, entre el 23 y el 30 de octubre de 1997. Aseguró también que el entonces secretario de Gobierno, Pedro Juan Moreno, supo de boca del mismo Carlos Castaño que los paramilitares se iban a meter a El Aro a sembrar el terror.

Un testimonio similar presentado al entregado por el exjefe paramilitar Francisco Enrique Villalba Hernández, asesinado en 2009, quien sostuvo antes de morir que vio el “helicóptero amarillo de la Gobernación” sobrevolando la zona mientras en tierra los paramilitares asesinaban a 15 campesinos.
Manifestó, además, que estuvo en una reunión a la que asistieron los exjefes paramilitares Salvatore Mancuso y Carlos Castaño, varios uniformados y los hermanos Santiago y Álvaro Uribe Vélez (entonces gobernador de Antioquia) y en la que, supuestamente, se planeó la matanza. Así se lo dijo Villalba a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, aunque fue desmentido por algunos paramilitares. Nunca se retractó y fue asesinado el 23 de abril de 2009.

Ahora, casi seis años después, estas declaraciones sobre la supuesta presencia de un helicóptero de la Gobernación de Antioquia durante la masacre de Ituango motivaron al Tribunal Superior de Medellín a compulsar copias para que la Corte Suprema de Justicia investigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez, en su condición de exgobernador de Antioquia, por estos hechos. Así lo hizo, precisamente, en el fallo en el que condenó al exjefe paramilitar Ramiro Vanoy, alias Cuco Vanoy, por esta matanza.

A través de su cuenta de Twitter, Uribe rechazó la compulsa de copias y dijo que “antes de compulsar copias contra mí debieron haber analizado cómo opera el Servicio Aéreo de Salud de Antioquia”, que la presencia de este helicóptero en El Aro ya ha sido explicada “una y mil veces” e indicó, además, que “acusaciones de falsos testigos sobre masacre del Aro fueron desvirtuadas por el CTI de la Fiscalía hace ya bastante tiempo y ahora vuelven”. En una entrevista realizada por el diario El Tiempo en 2007, los conductores habituales del helicóptero que usaba la Gobernación en ese entonces dijeron que no se habían realizado viajes a Ituango durante el tiempo en el que se perpetró la masacre, sino antes y después de ocurrida la misma, y que El Aro era una ruta frecuente entre el bajo Cauca antioqueño y Medellín.

No es la primera vez que se pide investigar a Uribe por hechos ocurridos durante su periodo al frente de la Gobernación de Antioquia. Sin embargo en este caso se trata de algo especial si se tiene en cuenta que en julio de 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia por dicho caso, al sostener que estaba “comprobado que agentes estatales tenían pleno conocimiento de las actividades de terror realizadas por estos grupos paramilitares sobre los pobladores de La Granja y El Aro. Lejos de tomar acciones para proteger a la población, miembros del Ejército nacional no sólo prestaron su aquiescencia a los actos perpetrados por los paramilitares, sino que también se produjeron instancias de participación y colaboración directa. Efectivamente, la participación de agentes del Estado en la incursión armada no se limitó a facilitar el ingreso de los paramilitares a la región, sino que también omitieron asistir a la población civil durante el desarrollo de aquélla, resultando así en la total indefensión de éstos”.

La masacre, que incluyó vejaciones, descuartizamientos, desollamientos y otro largo etcétera de atrocidades, sigue parcialmente impune. El sobrevuelo de helicópteros de la Gobernación de Antioquia es uno de esos capítulos no resueltos. ¿Fueron estos sobrevuelos la prueba de los supuestos nexos de la administración de la época con el paramilitarismo? o ¿Fueron parte de una lamentable coincidencia en un momento convulso de la historia antioqueña?