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A partir de 2026 habrá un cambio de reglas en el sistema pensional: toda mujer en Colombia que cotice su pensión de vejez en el sistema público podrá jubilarse con menos de 1.300 semanas de trabajo. En el mejor de los casos, por orden de la Corte Constitucional, las colombianas podrían pensionarse con 57 años y un mínimo de 1.000 semanas, una verdadera revolución a favor de los derechos de la mujer que podría ahorrarles hasta seis años de trabajo. Detrás de ello está una persona: el administrador público Diego López Suárez, el autor de una demanda que permitirá a las colombianas obtener más fácil su derecho a la pensión por una vida de trabajo.
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López es el alcalde electo de Mesitas del Colegio, Cundinamarca, y su historia con la demanda inició, justamente, en el cálido municipio cundinamarqués. El administrador público viene de una familia de seis hermanos en cabeza de un herrero, pero sostenida por una ama de casa: Lucila Suárez. Cuando todos eran niños y jóvenes, en los años noventa, la mujer consiguió trabajo cuidando el entonces único colegio de Mesitas. Al hombro se cargaba a sus hijos, quienes dejaban reluciente cada esquina de los salones, a cambio de un salario decente para la casa y de las mieles de usar gratis la piscina municipal. Cuando López tenía 14 años, las directivas del colegio le terminaron el contrato a la señora Lucila.
“Siempre quedamos con la duda de por qué no había derechos sobre esos temas. Mi mamá nunca más volvió a conseguir trabajo estable y se quedó sin pensión. Cuando cumplió cierta edad ya no le daban trabajo en ningún lado”, recuerda. Entrando a la adultez, López se interesó por la comprensión de los pasajes bíblicos, al punto que se educó seis semestres como intérprete. Y aunque tenía todo listo para ser pastor cristiano, descubrió que en realidad su pasión estaba en leer y comprender textos. Devorar documentos hora tras hora. Luego su sentido de pertenencia con Mesitas casi que lo obligó a apostar por la política, y en 2007 fue elegido por primera vez concejal. Al tiempo inició su carrera de administración pública en la Universidad Libre de Bogotá.
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La carrera de López despegó en el mundo de las reuniones, las corbatas y la deliberación. En 2011 fue reelegido como concejal de Mesitas. En 2015 gerenció la campaña ganadora de la Alcaldía que gobernó hasta 2019. Ese año él se lanzó como alcalde, pero le faltaron votos para hacerse en el cargo. Entonces, la Gobernación de Cundinamarca le ofreció coordinar la Gerencia de la Mujer Rural para el Desarrollo. Le pusieron la meta de gestionar 1.200 proyectos productivos para mujeres de la región. Haciendo el recorrido se dio cuenta de que, como su madre, había incontables mujeres que llegaron a la vejez sin recibir un peso de pensión. “En mi mamá vi reflejado el problema del país”, dice.
López encontró que la gran mayoría no tenían pensión, “porque las sacaban del trabajo por razones biológicas, dizque por tener los niños. Y ya cuando van llegando a la edad de pensión las van reteniendo. Las empresas dicen: ‘Esa señora ya está en edad y nos toca a nosotros responder’. Y no les dan más trabajo”. López había descubierto el desequilibrio de género que luego plasmaría en su demanda. Era más difícil alcanzar las 1.300 semanas para las mujeres, pues son discriminadas por el sistema por su condición de mujer. Y aún peor: nunca se les ha reconocido el trabajo en el hogar a las amas de casa. Levantar los niños para que sean hombres y mujeres, y el resto de quehaceres de una familia.
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“Y algo que me dolía mucho es que la mujer no quiere nada regalado. Me decían: ‘Yo quiero trabajar y además quiero trabajar porque tengo un nieto con dificultades’. Ellas quieren trabajar también para alguien de la familia que está desprotegido. Ni siquiera es para ellas, porque quieran vestirse mejor o porque quieran irse a tomar cerveza. Me mencionaban mucho a los hijos, lo que demuestra la economía del cuidado de la familia”, agrega López. En entrevista, el administrador público pone un ejemplo: “¿Qué pasaría si las amas de casa hacen un paro?”. Probablemente, asegura, se paraliza el país. Y con todas esas ideas, en mayo de 2022, López presentó su demanda ante la Corte Constitucional.
Lo hizo, por supuesto, con datos en mano. Incluyó que, según Fescol, una fundación alemana que trabajaba en los valores de la libertad, igualdad y solidaridad, para 2020, de todas las mujeres en edad de pensionarse, solo lo hicieron el 19 % en comparación con el 29 % de los hombres. De las que llegaron a jubilarse, el 81,5 % recibe menos de dos salarios mínimos, frente a un 73,1 % de los hombres. Con datos de Colpensiones, López argumentó que, aunque la edad mínima de pensión es de 57 años, las mujeres lo terminan haciendo a los 62. Durante el proceso en la Corte, que tomó esta histórica decisión en junio de este año, recibió el rechazo de universidades que solo veían el impacto fiscal.
En junio de este año, mientras hacía un curso sobre la teoría de la negociación en la Universidad de Harvard, Diego López se enteró de que su demanda había prosperado. La Corte Constitucional señaló que ese artículo de las 1.300 semanas se quedaba corto en comparación con los derechos que protege la Constitución con respecto a la dignidad humana, igualdad o la seguridad social. Ordenó al Congreso a que, antes de 2026, calcule una nueva cifra o, de otro lado, las semanas de cotización quedarán en 1.000 de manera progresiva. “Yo gané las elecciones a la Alcaldía de Mesitas y no sentí tanta emoción (...) Claro que sí hay una afectación a la economía, pero es justa. Mujeres con más garantías hacen mejores familias”, concluye.
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