El hombre señalado de dirigir el narcotráfico en Magdalena desde una silla de ruedas

Elkin Javier López Torres, conocido en el mundo del crimen con el alias de la Silla —por la silla de ruedas en la que se moviliza—, tiene 35 años, es oriundo de Barranquilla y, a los ojos de las autoridades, es uno de los narcotraficantes más importantes del Caribe colombiano. Sobre todo, desde que Marcos de Jesús Figueroa (alias Marquitos) fue capturado en 2016 y recapturado en 2019, debilitándose su dominio en el extremo norte del país. López Torres va a cumplir un año esperando que lo extraditen a Estados Unidos, sin que se esclarezcan sus problemas con la justicia. Y ahora la Fiscalía le congeló más de $8.000 millones en bienes, fortuna que habría amasado a punta de extorsiones y drogas.

Elkin Javier López Torres, conocido en el mundo del crimen con el alias de la Silla —por la silla de ruedas en la que se moviliza—, tiene 35 años, es oriundo de Barranquilla y, a los ojos de las autoridades, es uno de los narcotraficantes más importantes del Caribe colombiano. Sobre todo, desde que Marcos de Jesús Figueroa (alias Marquitos) fue capturado en 2016 y recapturado en 2019, debilitándose su dominio en el extremo norte del país. López Torres va a cumplir un año esperando que lo extraditen a Estados Unidos, sin que se esclarezcan sus problemas con la justicia. Y ahora la Fiscalía le congeló más de $8.000 millones en bienes, fortuna que habría amasado a punta de extorsiones y drogas.

La Policía está encima de todo lo relacionado con la Silla y versiones que conoció este diario aseguran que, aun detenido —está en casa por cárcel—, coordina envíos de cocaína a Europa y Estados Unidos con escalas en países de Centroamérica y el Caribe, como Honduras, Aruba, Guatemala, Jamaica y El Salvador. Es precisamente por la distribución ilegal de esta droga ilícita, según supo este diario, que una Corte Federal del estado de Texas pidió capturarlo con fines de extradición hace más de un año. No obstante, las rutas que tenían identificadas en ese momento las autoridades norteamericanas atravesaban México, las Bahamas y República Dominicana.

Informes de inteligencia de la fuerza pública describen que su estructura camufla la droga en grandes mercancías y alimentos perecederos. Según información de la Fiscalía en poder de El Espectador, la organización que lideraba la Silla hasta 2012 estaba conformada por, al menos, ochenta personas, quienes se financiaban con oficinas de cobro, despojando tierras y asentaron su poderío con asesinatos selectivos en 17 barrios de Santa Marta, como El Puerto, Bella Vista y Bello Horizonte, entre otros; así como apoderándose de rutas del narcotráfico de otras organizaciones criminales. Según el ente investigador, este grupo fue desmantelado en 2012.

No obstante, Doble Rueda, como también llaman a la Silla, seguiría ejerciendo influencia en Magdalena, Cesar y La Guajira, y estaría buscando expandir sus acciones a Atlántico y Bolívar. Se presume que sus proveedores de cocaína están en Cauca, Antioquia y el sur de Bolívar; acopian los cargamentos en el municipio guajiro de Maicao y luego los transportan a puertos en Dibulla, Manaure, Uribia y Riohacha, desde donde lanchas rápidas los llevan a buques de gran calado en altamar. Varios de esos cargamentos han sido interceptados y solo entre 2014 y 2015 fueron incautados en aguas internaciones 1.250 kilos de cocaína de envíos que habría coordinado el barranquillero.

Un investigador del conflicto en Magdalena, que ha entrevistado a decenas de exparamilitares de la zona, cuenta que en 2012 la Silla empezó a ser investigado por crímenes en Santa Marta relacionados con un plan que articuló con Chucho Mercancía, jefe de Los Pachencas, que murió en un operativo en 2019. Esa es la organización heredera del Bloque Resistencia Tayrona de las Autodefensas, que operaba en la Sierra Nevada de Santa Marta bajo órdenes de Hernán Giraldo. Fue precisamente trabajando para los socios de Giraldo que habría comenzado la vida criminal de este barranquillero acusado de narcotráfico, según dijeron varias fuentes a El Espectador.

El plan con Chucho Mercancía consistía en monopolizar la salida de droga por la capital del Magdalena, pero una docena de crímenes que habría cometido en ese entonces lo pusieron en el radar de las autoridades. Hoy, a pesar de cumplir diez meses desde que se entregó a las autoridades en una clínica de Barranquilla, los investigadores estiman que la Silla sería responsable de un 40 % de la droga que sale de los siete puertos de Santa Marta. Los Pachencas, hoy autodenominadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, están con el mismo porcentaje; otro 10 % las Autodefensas Gaitanistas o Clan del Golfo, y el resto, otros grupos criminales.

“Estos grupos criminales están en un proceso de ordenamiento y apropiación de las mejores tierras de la Sierra y del Parque Tayrona para ecoturismo y lavado de activos. Es un negocio redondo: sacas la droga, la plata la devuelves y la legalizas en el turismo”, dice el académico, que pidió anonimato por seguridad. El investigador indica que el enlace en el extranjero de la Silla es el Cartel de Sinaloa, la estructura criminal que hoy dominan los hijos del temido narcotraficante mexicano Chapo Guzmán, quien está preso en Estados Unidos desde enero de 2017.

“Un dato de interés es la alianza que tiene la Silla en Cartagena para sacar droga a través del puerto con un alias Andrea, que es el actual cabecilla del Clan del Golfo allí. Estamos verificando información que señala que está negociando con Andrea el ingreso del Clan del Golfo a Magdalena a través de La Guajira, traicionando a sus antiguos socios, Los Pachencas. Y también tendría una fuerte alianza con una ficha del clan Musso —herederos de José Antonio Musso, conocido como el Patrón de la Sierra—, llamada alias la Señora”, le dijo a este diario un investigador que lleva meses siguiéndole la pista a la organización de López Torres.

La condición de paraplejía de la que surgió el apodo la Silla fue a causa de un atentado con arma de fuego que sufrió a manos de hombres del paramilitar Adán Rojas, cuando la Silla, aún más joven, quiso entrar al juego del narcotráfico sin su aval, contó una investigadora que ha estudiado vastamente el conflicto en el departamento del Magdalena. El atentado fue en 2008, cuando Jorge 40 y Hernán Giraldo ya estaban presos y ad portas de ser extraditados a Estados Unidos. “Luego de ese ataque tuvo que salir huyendo a Valledupar, donde se asentó en los últimos años”, dice un empresario que fue cercano a las Auc en esos años.

En agosto de 2019, cuando fue asesinado el reconocido médico de Valledupar Alberto “Tico” Aroca, el propio presidente Iván Duque señaló a la estructura de la Silla de estar detrás del crimen. En un consejo de seguridad en Valledupar, con toda la cúpula de la Policía y las Fuerzas Militares, el primer mandatario pidió visibilizar y desmantelar esta organización. A los pocos días, la Silla dio una rueda de prensa junto a sus guardaespaldas, negó estar involucrado en el homicidio, afirmó ser un empresario de la construcción y no un narcotraficante, y dijo que su condición física es el resultado de las extorsiones que sufre desde hace años por grupos narcoparamilitares.

En esa inédita salida a medios, Elkin López puso sobre la mesa otra teoría del crimen de Aroca: “Hay viejas estructuras paramilitares, peleas familiares casadas y narcotraficantes que fueron extraditados, que volvieron y están buscando sus bienes que quedaron a nombre de otras personas. Es una investigación que tiene que hacer el Estado”. Una teoría que encaja con la que han dado otras fuentes en Valledupar a este diario sobre viejas peleas que Jorge 40 casó con clanes políticos del Cesar. El Espectador también se contactó con el abogado de la familia Aroca y señaló que ni el nombre ni el alias de la Silla hasta al momento han salido a flote en la investigación.

Mientras la Corte Suprema de Justicia decide sobre la solicitud de extradición que presentó Estados Unidos, la Silla está detenido en su casa señalado por la Fiscalía colombiana de los delitos de concierto para delinquir y extorsión. En los últimos días afronta otro lío judicial: un proceso de extinción de dominio a 26 inmuebles, cinco sociedades, cuatro establecimientos de comercio y un vehículo. Los 36 bienes superan los $8.000 millones y, según información de la Fiscalía, “se infiere razonablemente que serían producto de actividades ilícitas como el narcotráfico, el secuestro extorsivo, el concierto para delinquir y el homicidio, entre otros”. Él, insiste, es un empresario.