El incierto futuro del oleoducto Caño Limón-Coveñas

Hace 36 años, a instancias de la Occidental Petroleum (Oxy), fueron descubiertos los yacimientos de petróleo de Caño Limón y Cravo Norte en Arauca. Esos hallazgos permitieron a Colombia dejar de importar crudo y llevaron a la construcción del oleoducto Caño Limón-Coveñas, crucial para el desarrollo de la economía nacional. Hoy, además de la eterna crisis causada por los atentados de la guerrilla a su infraestructura, ahora se suman multimillonarias peleas jurídicas por el transporte de los hidrocarburos. Entre quienes plantean que las voladuras y los pleitos cuestan más de lo que el oleoducto aporta en utilidades, no faltan los expertos que sugieren su cierre.

Hace 36 años, a instancias de la Occidental Petroleum (Oxy), fueron descubiertos los yacimientos de petróleo de Caño Limón y Cravo Norte en Arauca. Esos hallazgos permitieron a Colombia dejar de importar crudo y llevaron a la construcción del oleoducto Caño Limón-Coveñas, crucial para el desarrollo de la economía nacional. Hoy, además de la eterna crisis causada por los atentados de la guerrilla a su infraestructura, ahora se suman multimillonarias peleas jurídicas por el transporte de los hidrocarburos. Entre quienes plantean que las voladuras y los pleitos cuestan más de lo que el oleoducto aporta en utilidades, no faltan los expertos que sugieren su cierre.

Ambos desafíos están entrelazados. Según cifras oficiales, tan solo en el año 2018 se presentaron 89 atentados contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas y se abrieron 72 válvulas ilícitas para el robo de combustible. De forma simultánea, desde hace un año, en la Cámara de Comercio de Bogotá comenzaron a plantearse demandas surgidas en torno al transporte del crudo. La primera la radicó la firma Canacol Energy, y se constituyó un tribunal de arbitramento que deberá dar su fallo en enero de 2020. En esencia, la pelea está basada en el presunto incumplimiento del servicio de transporte por parte de la empresa Cenit, creada por Ecopetrol para esta misión específica.

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El lío es que ahora la pelea judicial es a la inversa. La empresa Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S. A. S. pretende que las firmas Frontera Energy Colombia Corp, Vetra y Canacol le paguen ese mismo servicio de transporte de combustible, como está acordado. Aunque estos litigios apenas toman forma, el capítulo más inminente lo protagonizan dos colosos. El primero, Cenit, de origen estatal, creado en junio de 2012, cuando Ecopetrol constituyó una empresa para transportar petróleo. El segundo, Frontera Energy, de carácter privado, que a partir de 2017 sustituyó a la que originalmente se llamó Pacific Rubiales. Hoy, Cenit busca que, a título de daño emergente, se condene a Frontera a pagar cerca de $200 mil millones.

Aunque el origen de esta disputa son varios contratos de transporte de crudo suscritos en 2011, existe otro elemento que enreda aún más el asunto. Hacia el año 2010, ante el incremento de la explotación petrolera y justamente para mejorar la infraestructura de transporte de hidrocarburos, se creó la sociedad Oleoducto Bicentenario de Colombia. Para el desarrollo de este propósito común, Ecopetrol, a través de sus filiales Cenit y Hocol, se quedó con el 55,97 % de la participación accionaria, y el grupo Pacific (hoy Frontera Energy), con el 43,02 %. En ese contexto, con el objetivo de financiar el oleoducto Bicentenario, se firmaron tres contratos de transporte con las especificidades técnicas que ahora se discuten.

En concreto, los contratos de la disputa se firmaron bajo la modalidad técnica Ship or Pay, entendida como el pago por el servicio de transporte de crudo, independientemente de que los barriles movilizados sean menores a la capacidad contratada. En desarrollo de su demanda, la empresa Cenit recordó que, según el artículo 365 de la Constitución, el transporte de crudo a través de oleoducto constituye un servicio público. Además, el Código de Petróleos también lo reconoce así, y dispone que su regulación debe ser dada por el Estado. En ese orden de ideas, de conformidad con las disposiciones del Ministerio de Minas y Energía, en su momento las tarifas para el transporte de crudo estaban respaldadas por la legalidad.

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Sin embargo, Frontera Energy, alegando que la estatal Cenit desbordó el plazo pactado de 180 días para la prestación del servicio después de que se presentara una voladura del oleoducto Caño Limón-Coveñas, más otras averías en la infraestructura de los hidrocarburos, dejó de pagar los tres contratos suscritos en el año 2011. Además, Frontera Energy también argumentó su desacuerdo con la reglamentación de las tarifas por parte del Ministerio de Minas. Según la empresa, cuando el Ministerio actualizó las tarifas a partir de 2016, no tuvo en cuenta su criterio ni aceptó los ajustes económicos del caso. Como si fuera poco, aferrada a su postura, Frontera Energy no volvió a pagar un peso a partir de 2018.

En un momento de la pelea fue necesario apelar a la firma consultora Cerrito Capital, una banca de inversiones experta en el sector de los hidrocarburos para evaluar los criterios enfrentados respecto a las tarifas. Sin embargo, a finales de junio de 2016, dos días antes de que finalizara el período de negociación directa, Frontera Energy anunció que no aceptaba la propuesta de Cenit. Esa fue la razón principal para que el Ministerio de Minas expidiera la resolución que fijó las tarifas para el transporte de los oleoductos de propiedad de Cenit. En oposición, dicen Cenit, Frontera Energy se negó a pagar sobre las nuevas tarifas e insistió en la terminación de los contratos.

Aunque la demanda de Cenit se presentó en noviembre de 2018, el asunto no ha avanzado. Primero, por las dificultades para elegir a los árbitros. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado también ha planteado múltiples reparos. Y, ante la posibilidad de que el tema se resuelva en un sorteo, se busca una fórmula de arreglo. Sin embargo, no es un aspecto de poca monta. De alguna manera, el oleoducto Caño Limón-Coveñas es una especie de territorio de honor del Estado frente al Eln, y pensar en sustituirlo o en acabarlo ya significa una derrota. No solo por la recurrente acción terrorista del Eln, sino porque, según información de las Fuerzas Armadas, los carteles de la droga se lucran del robo de combustible para su negocio de cocaína.

Según conocedores del caso, cuando Ecopetrol creó la empresa Cenit para el transporte de los hidrocarburos, les prometió a sus clientes un servicio como si Colombia fuera Suiza. Pero la acción terrorista del Eln no da tregua, y además de las pérdidas económicas y ecológicas por el derrame del crudo, ahora se suma que las empresas aleguen incumplimiento del servicio y se nieguen a pagar o a reconocer los incrementos tarifarios. Además de Frontera Energy, al menos son cinco las empresas que tienen negocios vigentes con Cenit en el mismo oleoducto Caño Limón-Coveñas, con contratos suscritos a 15 años, que representan miles de millones de pesos.

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Un experto de Ecopetrol, consultado por este caso, comentó a este diario que si los contratos se caen y otras empresas deciden emular la estrategia de Frontera Energy y sus argumentaciones sobre supuestas diferencias metodológicas, “sería como quitarle los pulmones a Cenit”. En la actualidad, esta sociedad comercial está avaluada en $6 billones, pero los problemas que está generando Caño Limón-Coveñas, no solo por la recurrente acción terrorista del Eln y el narcotráfico, sino también ahora por las millonarias diferencias contractuales, está llevando a la conclusión de que sostener el oleoducto cuesta más de lo que genera para las arcas de la nación por concepto del transporte del crudo.

Según la Asociación Colombiana de Petróleo, en las últimas tres décadas se han derramado 4,1 millones de barriles de crudo por ataques a la infraestructura de los oleoductos. Además, entre 2002 y 2015, se calcula que unos 9,3 millones de barriles han sido robados de los oleoductos y buena parte de ellos han terminado vertidos en los ecosistemas naturales. Si a ello se le suma ahora el desacuerdo económico entre Cenit y Frontera Energy, más otros posibles reclamantes, el caso es de marca mayor. La sola deuda con Frontera es de $30 mil millones, sin contar los intereses y el tiempo que ha transcurrido desde el inicio de la pelea hasta hoy.

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“Frontera se defenderá y además formulará demanda de reconvención por incumplimiento del contrato por parte de Cenit. Todavía no descartamos la posibilidad de conciliar”, le expresó a El Espectador la defensa de la empresa. Mientras se resuelve si el pleito arranca, se espera que en enero del próximo año se sepa la decisión del tribunal de arbitramento que tiene en sus manos el expediente entre Canacol y la empresa estatal. Su decisión podría ser crucial para los recursos judiciales de Cenit, que por ahora cierra 2019 con la amenaza latente de otra voladura.