El infierno de estar privado de la libertad en estaciones de Policía en Bogotá
Aunque la Corte Constitucional le ha puesto lupa a la crisis carcelaria hace más de 20 años, durante los últimos meses el alto tribunal le ha seguido el rastro a la situación que padecen cientos de privados de la libertad. Esta vez no en cárceles. Sino en centros de detención transitoria. En una inspección judicial denunciaron precariedad en la infraestructura y fallas en el suministro de la alimentación.
Las denuncias, al rededor de las malas condiciones en las que viven los privados de la libertad que permanecen en las estaciones de policía del sur de Bogotá, salieron a la luz en medio de una inspección judicial que realizó la Corte Constitucional tras casi un año de la declaratoria de la violación masiva de derechos a esta población. La diligencia la lideró el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien, además de recolectar información de las entidades nacionales y locales se puso en la tarea de escuchar a los reclusos.
El Viejo, como es conocido en la estación, es uno de los líderes de las celdas. Explicó que las condiciones para subsistir son precarias. Por ejemplo, él y 230 hombres más están recluidos en un espacio que solo está adecuado para máximo 50. Tienen colchonetas en el piso y en la parte superior de las celdas cuelgan cobijas que convierten en hamacas. Ahí suelen pasar todo el día porque no tienen un patio a donde salir a tomar el sol. Y en materia de baños la situación no es diferente.
En la Estación de Policía de Ciudad Bolívar, también en el sur de Bogotá, la situación no es menor. La capacidad de albergue para detenidos es de máximo 80 y hay 242. Han tenido brotes de enfermedades respiratorias e, incluso, de varicela que los mismos policías del comando han tenido que sortear.
La situación en muchas ocasiones se sale de las manos de los policías que los custodian, a pesar de que los comandantes de las estaciones son conscientes de que los privados de la libertad no están en las mejores condiciones.
Aunque permanecen hacinados, sin recibir visitas durante un poco más de tres meses, ni tampoco les permiten hacer llamadas telefónicas pasan su tiempo haciendo manualidades con los que pretenden reivindicarse con la vida.
El llamado de la Corte al Gobierno, entonces, ha sido claro. La deuda que tiene el Estado con esta población es tan crítica que el magistrado Ibáñez pidió que las autoridades locales y nacionales vuelquen su mirada para mitigar la situación que considera no solo es de seguridad sino humanitaria también.
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Las denuncias, al rededor de las malas condiciones en las que viven los privados de la libertad que permanecen en las estaciones de policía del sur de Bogotá, salieron a la luz en medio de una inspección judicial que realizó la Corte Constitucional tras casi un año de la declaratoria de la violación masiva de derechos a esta población. La diligencia la lideró el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien, además de recolectar información de las entidades nacionales y locales se puso en la tarea de escuchar a los reclusos.
El Viejo, como es conocido en la estación, es uno de los líderes de las celdas. Explicó que las condiciones para subsistir son precarias. Por ejemplo, él y 230 hombres más están recluidos en un espacio que solo está adecuado para máximo 50. Tienen colchonetas en el piso y en la parte superior de las celdas cuelgan cobijas que convierten en hamacas. Ahí suelen pasar todo el día porque no tienen un patio a donde salir a tomar el sol. Y en materia de baños la situación no es diferente.
En la Estación de Policía de Ciudad Bolívar, también en el sur de Bogotá, la situación no es menor. La capacidad de albergue para detenidos es de máximo 80 y hay 242. Han tenido brotes de enfermedades respiratorias e, incluso, de varicela que los mismos policías del comando han tenido que sortear.
La situación en muchas ocasiones se sale de las manos de los policías que los custodian, a pesar de que los comandantes de las estaciones son conscientes de que los privados de la libertad no están en las mejores condiciones.
Aunque permanecen hacinados, sin recibir visitas durante un poco más de tres meses, ni tampoco les permiten hacer llamadas telefónicas pasan su tiempo haciendo manualidades con los que pretenden reivindicarse con la vida.
El llamado de la Corte al Gobierno, entonces, ha sido claro. La deuda que tiene el Estado con esta población es tan crítica que el magistrado Ibáñez pidió que las autoridades locales y nacionales vuelquen su mirada para mitigar la situación que considera no solo es de seguridad sino humanitaria también.
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