El infierno de una líder que denunció una casa de pique

Doris Valenzuela lleva más de un año sin poner un pie en su natal Buenaventura ni visitar la tumba de su hijo Cristian, y hace unos días recordó por qué: por teléfono, en una llamada que sospecha se hizo desde una cárcel, un hombre le dijo que ella era la culpable de que estuvieran persiguiendo a sus hombres y que la encontrarían a ella y a su familia para hacerla pagar por ello. Valenzuela, una de las líderes sociales que denunció las casas de pique, colgó y tembló ante la posibilidad de que las bandas criminales de ese municipio del Pacífico vallecaucano fueran a encontrarlos.

Era la mañana del 18 de febrero de 2014 cuando unos gritos de horror la alertaron. Los alaridos, provenientes de la casa ubicada frente a la suya, provenían de las torturas que sufrían tres pescadores del barrio La Playita, que luego fueron descuartizados. A pesar de que Valenzuela no conocía la identidad de esas personas, no dudó un instante en dirigirse ante las autoridades y denunciar la macabra escena. A partir de ahí, las bandas criminales no han parado de amenazar y atentar contra la líder afro y sus seres queridos.

Un mes después de que Doris Valenzuela denunciara los siniestros hechos y ninguna autoridad le creyera, el presidente Juan Manuel Santos se reunió con autoridades locales y líderes sociales de Buenaventura para hablar sobre la inseguridad y la violencia en el municipio. El primer mandatario anunció un aumento del pie de fuerza después de conocer el hallazgo de las tristemente famosas casas de pique, usadas por bandas criminales como La Empresa y el Clan del Golfo en la disputa por el control del territorio y el tráfico de armas y drogas en la ciudad. Cuatro meses más tarde, el CTI confirmó la desaparición de los tres pescadores que ella ya había reportado.

Pocas horas después de que Doris Valenzuela le hubiera reportado los crímenes de los pescadores a la Policía de Buenaventura, no se sabe cómo la banda criminal autodenominada Autodefensas Gaitanistas ya tenía su número de celular y la amenazaba de muerte. Al ver que las autoridades no actuaron y tampoco le brindaron protección, se mudó junto con su familia a Jamundí, un municipio a 20 minutos de Cali, para intentar sobrevivir en el anonimato.

No fue suficiente. Hasta allí llegaron las bandas criminales y en dos oportunidades los amenazaron. El episodio más grave se dio en la mañana del 3 de mayo de 2014, cuando tres hombres fuertemente armados llegaron a su casa a insultarlos. Cuando Valenzuela dijo que iba a llamar a la Policía huyeron, no sin antes disparar al aire varias veces. “Cuando fui a la Fiscalía en Jamundí no pudieron hacer nada porque me pedían evidencias para abrir la investigación y, pues, no hubo cómo sustentar lo ocurrido”, le contó a El Espectador la líder afro.

La Unidad Nacional de Protección (UNP) estudió la situación de riesgo de Doris Valenzuela y asignó un escolta para los seis integrantes de su familia. Además, el 23 abril de 2014 nació el Espacio Humanitario Puente Nayero, en el barrio La Playita de Buenaventura, donde residían, lo que permitió el retorno de la líder, su esposo y sus cuatro hijos. Con presencia permanente de la Fuerza Pública y evitando el ingreso de personas ajenas al espacio humanitario sin autorización previa, los habitantes han logrado que el orden público en este segmento del barrio en cierta medida sea más tranquilo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares a la comunidad de Puente Nayero en septiembre de 2014. Sin embargo, las amenazas contra varios integrantes de la comunidad y los líderes no han cesado y afuera sigue el riesgo, especialmente para los menores, que las bandas persiguen para reclutar. El día que las bandas quisieron llevarse a su hijo Cristian Aragón, para iniciarlo en el mundo del crimen, Doris Valenzuela se interpuso. A partir de ahí la comunidad tomó valor y se organizó para evitar que se llevaran a los menores del espacio humanitario.

El año pasado, el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica “Buenaventura: un puerto sin comunidad” reveló que la ausencia de Estado y la abundancia de bandas criminales y grupos armados en los últimos 23 años han dejado un saldo de 4.800 homicidios, 23 masacres, 475 desapariciones forzadas y 153.000 desplazados. “El espacio humanitario lo creamos para mostrarle a la comunidad que los habitantes de Buenaventura no están destinados a ser violentos de por vida. Existen otras formas de ganarse la vida sin recurrir al crimen. En Buenaventura hay gente mala, pero no somos todos”, dice Valenzuela.

Los esfuerzos de la líder afro, sin embargo, no fueron suficientes. La noche del 19 de julio de 2015, Cristian Aragón pasó a engrosar los alarmantes números de violencia en el enclave marítimo más importante del país en el Pacífico. Tres hombres armados lo sacaron de una tienda y lo llevaron a una casa de pique. “Como pudo él se escabulló de sus captores, pero lamentablemente ya había recibido puñaladas que le perforaron un pulmón y cinco tiros en diferentes partes del cuerpo. Aún no me explico con qué fuerza se escapó”, relata la dolida madre.

Cristian no pudo seguir corriendo y se desplomó en plena vía pública. Luego fue asistido por los lugareños y la Policía, y remitido al hospital Luis Ablanque de la Plata, donde falleció. “Cuando llegué al centro asistencial –cuenta Doris Valenzuela– mi hijo no podía articular una sola palabra. Solo me apretó la mano muy fuerte y se marchó. Es frustrante que alguien tan joven tenga que morir de esta manera. Él apenas tenía 17 años”. A pesar de que los responsables materiales de la muerte de Cristian ya están sancionados penalmente, los autores intelectuales siguen en las calles según, Valenzuela.

Ni siquiera el día que enterraron a Cristian las bandas criminales la dejaron en paz. Después de haberle dado cristiana sepultura, Valenzuela y sus familiares fueron interceptados por cuatro delincuentes que iban a bordo de un taxi. La oportuna intervención de la Policía y del escolta que le asignó la Unidad Nacional de Protección (UNP) unas semanas antes y que hasta hoy mantiene, impidieron que sufriera un atentado. Se desplazaron a otra zona del país, en donde ella se rebusca la vida vendiendo jugos de naranja. Cuando las amenazas vuelven emerger, como ha ocurrido en los últimos días, prefiere no salir a trabajar hasta que vuelva a sentirse un poco menos intranquila.

Doris Valenzuela lleva más de un año sin poner un pie en su natal Buenaventura ni visitar la tumba de su hijo Cristian, y hace unos días recordó por qué: por teléfono, en una llamada que sospecha se hizo desde una cárcel, un hombre le dijo que ella era la culpable de que estuvieran persiguiendo a sus hombres y que la encontrarían a ella y a su familia para hacerla pagar por ello. Valenzuela, una de las líderes sociales que denunció las casas de pique, colgó y tembló ante la posibilidad de que las bandas criminales de ese municipio del Pacífico vallecaucano fueran a encontrarlos.

Era la mañana del 18 de febrero de 2014 cuando unos gritos de horror la alertaron. Los alaridos, provenientes de la casa ubicada frente a la suya, provenían de las torturas que sufrían tres pescadores del barrio La Playita, que luego fueron descuartizados. A pesar de que Valenzuela no conocía la identidad de esas personas, no dudó un instante en dirigirse ante las autoridades y denunciar la macabra escena. A partir de ahí, las bandas criminales no han parado de amenazar y atentar contra la líder afro y sus seres queridos.

Un mes después de que Doris Valenzuela denunciara los siniestros hechos y ninguna autoridad le creyera, el presidente Juan Manuel Santos se reunió con autoridades locales y líderes sociales de Buenaventura para hablar sobre la inseguridad y la violencia en el municipio. El primer mandatario anunció un aumento del pie de fuerza después de conocer el hallazgo de las tristemente famosas casas de pique, usadas por bandas criminales como La Empresa y el Clan del Golfo en la disputa por el control del territorio y el tráfico de armas y drogas en la ciudad. Cuatro meses más tarde, el CTI confirmó la desaparición de los tres pescadores que ella ya había reportado.

Pocas horas después de que Doris Valenzuela le hubiera reportado los crímenes de los pescadores a la Policía de Buenaventura, no se sabe cómo la banda criminal autodenominada Autodefensas Gaitanistas ya tenía su número de celular y la amenazaba de muerte. Al ver que las autoridades no actuaron y tampoco le brindaron protección, se mudó junto con su familia a Jamundí, un municipio a 20 minutos de Cali, para intentar sobrevivir en el anonimato.

No fue suficiente. Hasta allí llegaron las bandas criminales y en dos oportunidades los amenazaron. El episodio más grave se dio en la mañana del 3 de mayo de 2014, cuando tres hombres fuertemente armados llegaron a su casa a insultarlos. Cuando Valenzuela dijo que iba a llamar a la Policía huyeron, no sin antes disparar al aire varias veces. “Cuando fui a la Fiscalía en Jamundí no pudieron hacer nada porque me pedían evidencias para abrir la investigación y, pues, no hubo cómo sustentar lo ocurrido”, le contó a El Espectador la líder afro.

La Unidad Nacional de Protección (UNP) estudió la situación de riesgo de Doris Valenzuela y asignó un escolta para los seis integrantes de su familia. Además, el 23 abril de 2014 nació el Espacio Humanitario Puente Nayero, en el barrio La Playita de Buenaventura, donde residían, lo que permitió el retorno de la líder, su esposo y sus cuatro hijos. Con presencia permanente de la Fuerza Pública y evitando el ingreso de personas ajenas al espacio humanitario sin autorización previa, los habitantes han logrado que el orden público en este segmento del barrio en cierta medida sea más tranquilo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares a la comunidad de Puente Nayero en septiembre de 2014. Sin embargo, las amenazas contra varios integrantes de la comunidad y los líderes no han cesado y afuera sigue el riesgo, especialmente para los menores, que las bandas persiguen para reclutar. El día que las bandas quisieron llevarse a su hijo Cristian Aragón, para iniciarlo en el mundo del crimen, Doris Valenzuela se interpuso. A partir de ahí la comunidad tomó valor y se organizó para evitar que se llevaran a los menores del espacio humanitario.

El año pasado, el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica “Buenaventura: un puerto sin comunidad” reveló que la ausencia de Estado y la abundancia de bandas criminales y grupos armados en los últimos 23 años han dejado un saldo de 4.800 homicidios, 23 masacres, 475 desapariciones forzadas y 153.000 desplazados. “El espacio humanitario lo creamos para mostrarle a la comunidad que los habitantes de Buenaventura no están destinados a ser violentos de por vida. Existen otras formas de ganarse la vida sin recurrir al crimen. En Buenaventura hay gente mala, pero no somos todos”, dice Valenzuela.

Los esfuerzos de la líder afro, sin embargo, no fueron suficientes. La noche del 19 de julio de 2015, Cristian Aragón pasó a engrosar los alarmantes números de violencia en el enclave marítimo más importante del país en el Pacífico. Tres hombres armados lo sacaron de una tienda y lo llevaron a una casa de pique. “Como pudo él se escabulló de sus captores, pero lamentablemente ya había recibido puñaladas que le perforaron un pulmón y cinco tiros en diferentes partes del cuerpo. Aún no me explico con qué fuerza se escapó”, relata la dolida madre.

Cristian no pudo seguir corriendo y se desplomó en plena vía pública. Luego fue asistido por los lugareños y la Policía, y remitido al hospital Luis Ablanque de la Plata, donde falleció. “Cuando llegué al centro asistencial –cuenta Doris Valenzuela– mi hijo no podía articular una sola palabra. Solo me apretó la mano muy fuerte y se marchó. Es frustrante que alguien tan joven tenga que morir de esta manera. Él apenas tenía 17 años”. A pesar de que los responsables materiales de la muerte de Cristian ya están sancionados penalmente, los autores intelectuales siguen en las calles según, Valenzuela.

Ni siquiera el día que enterraron a Cristian las bandas criminales la dejaron en paz. Después de haberle dado cristiana sepultura, Valenzuela y sus familiares fueron interceptados por cuatro delincuentes que iban a bordo de un taxi. La oportuna intervención de la Policía y del escolta que le asignó la Unidad Nacional de Protección (UNP) unas semanas antes y que hasta hoy mantiene, impidieron que sufriera un atentado. Se desplazaron a otra zona del país, en donde ella se rebusca la vida vendiendo jugos de naranja. Cuando las amenazas vuelven emerger, como ha ocurrido en los últimos días, prefiere no salir a trabajar hasta que vuelva a sentirse un poco menos intranquila.