El informe que desnuda la "limpieza social" en Colombia

A los atracadores en Pereira (Risaralda), a finales de los años 70, les marcaban sus manos y su cara con una tinta roja: esa era su sentencia de muerte. Los marcados con ese sello macabro comenzaron a aparecer tirados en las calles de la capital risaraldense. Así comenzó lo que hoy se conoce como “limpieza social”, un término que, según el informe “Limpieza social, una violencia mal nombrada”, debería ser más conocido como exterminio.

El documento conocido por El Espectador es el resultado de una investigación conjunta del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Nacional (Iepri) y el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Su autor, Carlos Mario Perea, experto en temas urbanos desde hace al menos 20 años, realiza un análisis del fenómeno de “limpieza social”, que se ha convertido en una práctica sistemática que permea a la sociedad colombiana desde hace al menos 40 años. (Vea: Las cifras de la "Limpieza social" en Colombia)

Se trata de un tema que no se había investigado en Colombia con el rigor que merece, asegura Carlos Mario Perea, pero que además de no tener una base académica sólida, está inmerso en un contexto de silencio y de falta de políticas públicas que ha permitido que incluso la sociedad la reconozca y conviva con ella. Así se evidencia en las cifras que demuestran que al menos 4.000 personas han sido asesinadas de esta forma durante 25 años, desde 1988 a 2013.

Este fenómeno se presenta cuando un actor se arma para ultimar a población civil desarmada. Así es como lo define Perea. Y aclara que existen tres tipos de limpieza: social, política y étnica. La primera es un aniquilamiento sistemático sobre poblaciones que tienen características específicas por una condición o identidad social. Por eso sus víctimas suelen ser jóvenes, pandilleros, personas que consumen drogas, que hacen robos o que son homosexuales o transgénero.

La limpieza política se refiere al asesinato sistemático de personas que están haciendo militancia de algún tipo y que se pueden clasificar como partidarios de movimientos opositores. La limpieza étnica, como su nombre lo indica, se refiere a ejecuciones de personas de poblaciones étnicas. Sin embargo, la principal reflexión del documento, que se presentará hoy en la Feria del Libro de Bogotá, es que se debe dejar de tildar como “limpieza social” y entenderlo por su verdadero nombre: exterminio, aniquilamiento o matanza social.

Para dimensionar esta práctica, Carlos Mario Perea compara la situación de Colombia con el exterminio judío perpetrado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, que dejó una cifra de más de seis millones de muertos; la masacre de población tutsi por el gobierno hutu en Ruanda en 1994, o el apogeo de la segregación racial que vivió Estados Unidos durante más de 30 años. En el caso colombiano, se trata de un exterminio que se ha convertido en un fenómeno que tiene como escenario principal ciudades o poblaciones de más de mil habitantes, y sus victimarios son grupos ilegalmente conformados que, por falta de presencia del Estado, deciden tomarse la justicia por sus propias manos.

A esto Perea lo llama “justicia” popular, que aparece cuando el Estado no es capaz de intermediar en conflictos de convivencia o cuando ni siquiera existen las capturas de quienes provocan los enfrentamientos y menos el inicio de procesos judiciales. “Ante el vacío estatal, algunos miembros de la sociedad lo colman, tomando la solución por su propia cuenta y riesgo”, agrega Perea. Para explicar esta condición particular de la violencia, el informe expone el caso de los Calvos en Bogotá.

Según testigos, en 2004, jóvenes de la localidad Ciudad Bolívar agredieron a una muchacha de 15 años del colegio Lara Bonilla, que además se encontraba en embarazo. “La asesinaron, le sacaron el bebé y la dejaron tirada en el río Tunjuelito”. Fue entonces cuando el padre de la niña conformó el grupo los Calvos, junto con otros padres de familia, para hacer justicia y vengar su dolor. Sin embargo, tuvieron un obstáculo: que en los demás barrios del sector ya había presencia de grupos con su mismo objetivo y que incluso, se presume, tenían vínculos con el paramilitarismo o con agentes del Estado. (Vea el video sobre "Limpieza social" en Colombia).

En la investigación se destaca el papel que han tenido la guerrilla y los paramilitares en este exterminio. Según los registros, la actuación de la guerrilla es menor. De acuerdo con el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), único organismo en Colombia que ha recopilado las cifras de este fenómeno en el país, solamente el 3 % -145 personas- de los homicidios los cometió este actor armado.

“Mientras que los paramilitares hicieron de la ‘limpieza social’ una operación sistemática. Además de llevar a cabo un trabajo contrainsurgente, hacían limpieza social, en un intento de ganar audiencia entre la población, para que los aceptaran”, manifestó a El Espectador Carlos Mario Perea.

Si bien la guerrilla ocupa el tercer puesto en la lista de victimarios del exterminio social en Colombia, los dos primeros lugares son: los grupos de “limpieza”, con 3.798 víctimas, y los paramilitares, con 868. En ese listado también se encuentran los agentes del Estado, como la Policía, el Ejército, el Inpec o la Sijín, entre otros, quienes entre 1988 y 2013 han asesinado a 104 personas.

Para Perea, el Estado desafortunadamente cumple un papel nefasto. “Hay una multitud de indicios recogidos en la investigación que indican con claridad que la Policía participa en el exterminio social en barrios de las periferias. Puede suceder que actúan en connivencia con los vecinos, que son quienes dan la información”. Lo que es aún más desconcertante es que, según la investigación de Perea, “el Estado desempeña un papel decisivo, porque enmudece ante el fenómeno. El hecho de que permanezca indiferente afecta, en la medida en que la gente siente que no hay ninguna sanción, y que el Estado no castiga por ese fenómeno”.

No hay que ir muy lejos: ni siquiera el Código Penal de Colombia menciona en sus páginas una sola vez el crimen del exterminio social. Uno de los grandes cuestionamientos que hace Carlos Mario Perea es que este delito debería ser catalogado como de lesa humanidad. “De las operaciones de aniquilamiento no se habla. No aparecen en los programas de Gobierno, no forman parte de las campañas políticas, el Congreso no las incorpora en sus leyes y tampoco son motivo de preocupación para las autoridades gubernamentales de los departamentos y los municipios, pese al mandato constitucional que pone sobre sus hombros la gestión de la seguridad”, señala la investigación.

El silencio en el que ha permanecido el Estado es una de las principales formas de sanción del exterminio social. “Si el Estado no sólo calla, sino que además participa en las ejecuciones, no hay razones para que en los sectores populares se vea con malos ojos una práctica inscrita en la historia del barrio desde el momento de su fundación”, precisa la investigación.

“Si me dan la justicia por mis manos yo la tomo, porque hay gente que no quiere trabajar”. Esta es la consigna que se escucha en todo el país en boca de quienes consideran que acabar con aquellos que resultan diferentes es la solución para los problemas. Los retos para que esta percepción cambie requieren el compromiso del Estado, que debe crear una política pública dirigida a detener con urgencia el desborde del exterminio social en el país. “Necesitamos que el problema se convierta en un tema de debate y de dominio público. Que la justicia ejerza todo su rigor. Se necesita que la sociedad no lo permita”, propone Perea.

Pero más allá de que exista el compromiso estatal para acabar con esta práctica de terror hay que tener en cuenta lo que dijo el Consejo de Estado en 2012 sobre quienes creen que tomándose la justicia por las manos está la solución. “La muerte injusta de una persona con antecedentes delictivos continúa siendo injusta a pesar de los antecedentes que registre. Y lo será tan injusta, tan insoportable y tan repudiable como la del hombre bondadoso de irreprochable conducta (...) nadie en Colombia se puede arrogar la facultad de definir (con fines de exterminio o de perdón) quién es útil, bueno y merece seguir con vida”.