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                                                                                                                                El informe que entregó la Fiscalía a la CIDH

                                                                                                                                En la reunión hicieron presencia el fiscal general Francisco Barbosa y la vicefiscal Martha Mancera, quienes en un informe de 35 páginas revelaron detalles de cómo avanzan las investigaciones en materia penal.

                                                                                                                                En la reunión hicieron presencia el fiscal general Francisco Barbosa y la vicefiscal Martha Mancera, quienes en un informe de 35 páginas revelaron detalles de cómo avanzan las investigaciones en materia penal.
                                                                                                                                Foto: Fiscalía
                                                                                                                                PUBLICIDAD

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                                                                                                                                Read more!
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                                                                                                                                Lea aquí: Defensoría informó a la CIDH de 584 casos de violación a los DD.HH. durante el paro

                                                                                                                                De los homicidios presentados en el marco de las manifestaciones, Barbosa dijo que cuatro se encuentran esclarecidos y con medidas judiciales. Uno de los casos es la muerte del capitán de la Policía Jesús Alberto Molano, ocurrida en Soacha, Cundinamarca, durante las primeras jornadas de protesta. Por estos hechos, Jesús Antonio Castillo, Juan Sebastián Vélez y Maicol Steven Vélez fueron imputados por los delitos de homicidio, hurto, y porte ilegal de armas; además fueron enviados a la cárcel. De otro lado, dos oficiales de la Policía fueron vinculados en la muerte de Santiago Andrés Murillo Meneses, el joven de 19 años que perdió la vida en Ibagué. Si bien sobre los dos uniformados el ente acusador solicitó orden de captura en su contra, en este momento, se debe definir el conflicto de competencias entre la justicia ordinaria y la Penal Militar.

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                                                                                                                                Le puede interesar: Comenzó audiencia privada de la CIDH con Gobierno y otras instituciones

                                                                                                                                En materia de desaparecidos Barbosa dijo en su informe que el ente acusador junto con la Defensoría del Pueblo activó el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) que sirve para prevenir la desaparición forzada en el país. Son alrededor de 700 investigadores quienes recopilan las denuncias que fueron impuestas desde el 28 de abril. Hasta el momento el MBU ha permitido ubicar a 328 personas y continúa su operación en 91 casos que aún permanecen en alerta por desaparición.

                                                                                                                                “El MBU pone en cabeza de la autoridad judicial la responsabilidad de recopilar todos los datos de identificación posibles sobre la persona presuntamente desaparecida, con el fin de orientar de la mejor manera las labores de ubicación (…) Dado que la finalidad del MBU es encontrar a una persona desaparecida, viva o muerta, su objeto no es la investigación de la comisión de un delito, la determinación de responsabilidades penales o la revisión de la legalidad de una captura”, explicó el jefe del búnker.

                                                                                                                                Con lo anterior, Barbosa dejó claro que para analizar el delito de desaparición forzada es necesaria una investigación penal que adelanta un fiscal especializado, de ahí que hasta la fecha haya dejado como resultado tres denuncias que se encuentran en etapa de indagación. Dos de ellas son por hechos ocurridos en el departamento de Antioquia y una en el Valle del Cauca. En los tres casos, las víctimas son hombres, y en dos de ellos se reporta que fueron aprehendidos en vías públicas. Todos los hechos reportados tuvieron lugar entre el 2 y el 20 de mayo del año en curso.

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                Los grupos armados ilegales y la protesta

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                La violencia de género

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                La Fiscalía anunció en el documento que no descarta llevar ante los estrados judiciales a un miembro del Escuadrón Móviles Antidisturbios (ESMAD) que habría estado vinculado en la agresión que sufrió una menor de edad que denunció abuso sexual y posterior a ello se suicidó. Los hechos ocurrieron en Popayán.

                                                                                                                                En la reunión hicieron presencia el fiscal general Francisco Barbosa y la vicefiscal Martha Mancera, quienes en un informe de 35 páginas revelaron detalles de cómo avanzan las investigaciones en materia penal.
                                                                                                                                Foto: Fiscalía
                                                                                                                                PUBLICIDAD

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                                                                                                                                Read more!
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                                                                                                                                Lea aquí: Defensoría informó a la CIDH de 584 casos de violación a los DD.HH. durante el paro

                                                                                                                                De los homicidios presentados en el marco de las manifestaciones, Barbosa dijo que cuatro se encuentran esclarecidos y con medidas judiciales. Uno de los casos es la muerte del capitán de la Policía Jesús Alberto Molano, ocurrida en Soacha, Cundinamarca, durante las primeras jornadas de protesta. Por estos hechos, Jesús Antonio Castillo, Juan Sebastián Vélez y Maicol Steven Vélez fueron imputados por los delitos de homicidio, hurto, y porte ilegal de armas; además fueron enviados a la cárcel. De otro lado, dos oficiales de la Policía fueron vinculados en la muerte de Santiago Andrés Murillo Meneses, el joven de 19 años que perdió la vida en Ibagué. Si bien sobre los dos uniformados el ente acusador solicitó orden de captura en su contra, en este momento, se debe definir el conflicto de competencias entre la justicia ordinaria y la Penal Militar.

                                                                                                                                Read more!
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                                                                                                                                Le puede interesar: Comenzó audiencia privada de la CIDH con Gobierno y otras instituciones

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                                                                                                                                “El MBU pone en cabeza de la autoridad judicial la responsabilidad de recopilar todos los datos de identificación posibles sobre la persona presuntamente desaparecida, con el fin de orientar de la mejor manera las labores de ubicación (…) Dado que la finalidad del MBU es encontrar a una persona desaparecida, viva o muerta, su objeto no es la investigación de la comisión de un delito, la determinación de responsabilidades penales o la revisión de la legalidad de una captura”, explicó el jefe del búnker.

                                                                                                                                Con lo anterior, Barbosa dejó claro que para analizar el delito de desaparición forzada es necesaria una investigación penal que adelanta un fiscal especializado, de ahí que hasta la fecha haya dejado como resultado tres denuncias que se encuentran en etapa de indagación. Dos de ellas son por hechos ocurridos en el departamento de Antioquia y una en el Valle del Cauca. En los tres casos, las víctimas son hombres, y en dos de ellos se reporta que fueron aprehendidos en vías públicas. Todos los hechos reportados tuvieron lugar entre el 2 y el 20 de mayo del año en curso.

                                                                                                                                No ad for you

                                                                                                                                Le puede interesar: Las nueve prácticas “sistemáticas” de la Policía contra manifestantes en el Paro Nacional entregadas a la CIDH

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                Los grupos armados ilegales y la protesta

                                                                                                                                No ad for you

                                                                                                                                Otro panorama expuso el ente acusador ante la CIDH y este vincula la presunta comisión de delitos por parte de grupos al margen de la ley. “En las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, se ha evidenciado la participación de Grupos Armados Organizados, principalmente, en tres líneas: direccionamiento, actos violentos contra los funcionarios e instalaciones públicas, financiamiento y logística”. Las pruebas que reposan no solo en los despachos de Barbosa y Mancera sino también hace parte del material que recolectó la CIDH, da cuenta que la “Segunda Marquetalia” ha tenido relación directa con actos vandálicos perpetrados durante las manifestaciones.

                                                                                                                                No ad for you

                                                                                                                                “Dentro de esta investigación, el 25 de mayo, fueron capturadas e imputadas 7 personas, por concierto para delinquir, homicidio, terrorismo, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Allí, se incautaron documentos (mapas, panfletos), 6 computadores, explosivos, 3 armas, 19 celulares y 19′865.000 millones de pesos”, dijeron los dignatarios del búnker y añadieron que el ELN también tuvo participación delictiva en las marchas.

                                                                                                                                No ad for you

                                                                                                                                Se trata del frente José María Becerra, que, según la Fiscalía, está encargada de liderar y fortalecer la Red de Milicias Urbanas en Cali, y conseguir armamento para las filas. Una de las situaciones que los llevó a esa hipótesis fue la captura de alias “Lerma”, ocurrida en Cali. “En dicha oportunidad, se capturó también a Jorge Luis Lerma Castro en situación de flagrancia. Los delitos imputados fueron concierto para delinquir, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos”.

                                                                                                                                La violencia de género

                                                                                                                                No ad for you

                                                                                                                                Los delitos de género no escaparon al reporte del ente acusador. El informe reveló que, al momento, existen 14 mujeres víctimas de violencia, una policía y 13 civiles. “En los casos que se han identificado en el marco de las manifestaciones violentas, se realiza una lectura de los hechos, de la denuncia y se identifica si se está ante agresiones directamente contra la mujer individualmente considerada o si la agresión en contra de la mujer víctima hizo parte de un ataque colectivo (contra varios manifestantes). Es decir, se diferencian los casos en los que el hecho de ser mujer funge como un criterio de selectividad”, aseguró la entidad y añadió que esta distinción sobre ataques individuales y colectivos no obsta para la identificación de casos con múltiples víctimas, que pueden ser considerados como violencia contra la mujer en el marco de las manifestaciones.

                                                                                                                                La Fiscalía anunció en el documento que no descarta llevar ante los estrados judiciales a un miembro del Escuadrón Móviles Antidisturbios (ESMAD) que habría estado vinculado en la agresión que sufrió una menor de edad que denunció abuso sexual y posterior a ello se suicidó. Los hechos ocurrieron en Popayán.

                                                                                                                                Ver todas las noticias
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