El lío judicial por $162.000 millones por el centro comercial San Martín (Bogotá)
La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía (CASUR) acaba de salvarse de pagar $162.000 millones a ProComercio, una compañía que le arrendó un complejo inmobiliario en la carrera 7° y lo convirtió en el centro comercial San Martín, en Bogotá. Conozca aquí detalles del caso.
El Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá acaba de inclinar su balanza a favor de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR), luego de que la compañía ProComercio demandara al Estado por $162.000 millones, alegando costosas inversiones en adecuaciones al complejo inmobiliario San Martín, en el oriente de Bogotá. Sin embargo, el tribunal no solo desestimó la demanda, sino también obligó a ProComercio a pagarle casi $36.000 millones a la caja de la Policía.
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En 2004, luego de 17 años de inactividad parcial, CASUR arrendó su complejo inmobiliario, que entonces se llamaba Orquídea Real, a ProComercio para que desarrollara el complejo San Martín por un termino de 30 años. El denominado “Contrato 60”. Desde entonces, la compañía adecuó las dos torres de la 7° con calle 32, entregando paulatinamente un hotel, residencias, oficinas y el centro comercial que cuenta con cinemas, casino, plazoleta de comidas y locales comerciales. ProComercio solicitaba $160.000 millones, sin embargo, el Tribunal consideró que no tenía razón para demandar.
“El Tribunal Arbitral decidió, por unanimidad, a favor de CASUR y negó el reclamo presentado por PROCOMERCIO S.A. además de declarar que la demandante fue quien incumplió el contrato de arrendamiento 60, en relación con las obligaciones de pago de cánones de arrendamiento y de prestación de la garantía de cumplimiento en los términos exigidos por el contrato y sus respectivas adendas”, explicó el Ministerio de Defensa. La decisión fue celebrada por la firma de abogados CMS Rodríguez-Azuero, en representación del Estado.
El Tribunal, según el ministerio y la firma de abogados, concluyó que las adecuaciones y costos denunciados por ProComercio no fueron probados. Solo reconoció una inversión por $32.167 millones, los cuales están acreditados por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera. Por último, el Tribunal condenó a ProComercio a pagar a CASUR alrededor de $36.000 millones, por concepto de cánones mensuales de arriendo posteriores a agosto de 2019.
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“Se debe respetar las fórmulas financieras previstas al inicio del contrato para garantizar la TIR (Tasa Interna de Retorno, que es la rentabilidad que ofrece una inversión) de las partes dentro del negocio jurídico y como abogados, hicimos un trabajo riguroso y detallado, para que el Tribunal no solo considerara dichos incumplimientos, sino, además, desestimara su reclamación por falta de sustento probatorio”, explicó el abogado Felipe Andrade de la firma defensora.
CASUR es la entidad que desembolsa la pensión de los retirados de la Policía Nacional. La entidad, como El Espectador pudo comprobar, genera ingresos con el arrendamiento del complejo inmobiliario San Martín, en pleno Centro Internacional de Bogotá, así como un centro vacacional de la Policía en Melgar y otros bienes como lotes y parqueaderos. CASUR ya ha hecho negocios con la multinacional hotelera Hilton, la cual cerró sus puertas en 1991. Después de fallidos intentos por llevar caderas hoteleras, en 2002 iniciaron las conversaciones con ProComercio.
“El contrato de arrendamiento tiene una vigencia de 30 años. El canon de arrendamiento se compone de dos factores: uno fijo mínimo garantizado y otro variable (si el valor del metro cuadrado y la ocupación superan el mínimo garantizado). Los ingresos generados por el contrato contribuyen al pago de las asignaciones de retiro del personal policial con este derecho. Además, fortalece el espíritu misional de los policías en actividad y sus familias porque pueden esperar con seguridad y confianza la garantía de sus prestaciones sociales en el futuro”, explica CASUR.
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En diálogo con El Heraldo, Jean Guy Moggio, representante de ProComercio, aseguró a principios de 2016 que la compañía había invertido más de $145.000 millones en la adecuación de las dos torres y el centro comercial de San Martín. “Sentimos que gracias a la renovación de este complejo le hemos aportado muchas cosas al centro internacional, hemos impulsado la construcción de vivienda y le hemos dado oferta comercial a sus habitantes”, explicó. Ahora, resta saber qué pasará con las relaciones comerciales entre CASUR y ProComercio, cuando aún quedan 13 años de contrato.
El Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá acaba de inclinar su balanza a favor de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR), luego de que la compañía ProComercio demandara al Estado por $162.000 millones, alegando costosas inversiones en adecuaciones al complejo inmobiliario San Martín, en el oriente de Bogotá. Sin embargo, el tribunal no solo desestimó la demanda, sino también obligó a ProComercio a pagarle casi $36.000 millones a la caja de la Policía.
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En 2004, luego de 17 años de inactividad parcial, CASUR arrendó su complejo inmobiliario, que entonces se llamaba Orquídea Real, a ProComercio para que desarrollara el complejo San Martín por un termino de 30 años. El denominado “Contrato 60”. Desde entonces, la compañía adecuó las dos torres de la 7° con calle 32, entregando paulatinamente un hotel, residencias, oficinas y el centro comercial que cuenta con cinemas, casino, plazoleta de comidas y locales comerciales. ProComercio solicitaba $160.000 millones, sin embargo, el Tribunal consideró que no tenía razón para demandar.
“El Tribunal Arbitral decidió, por unanimidad, a favor de CASUR y negó el reclamo presentado por PROCOMERCIO S.A. además de declarar que la demandante fue quien incumplió el contrato de arrendamiento 60, en relación con las obligaciones de pago de cánones de arrendamiento y de prestación de la garantía de cumplimiento en los términos exigidos por el contrato y sus respectivas adendas”, explicó el Ministerio de Defensa. La decisión fue celebrada por la firma de abogados CMS Rodríguez-Azuero, en representación del Estado.
El Tribunal, según el ministerio y la firma de abogados, concluyó que las adecuaciones y costos denunciados por ProComercio no fueron probados. Solo reconoció una inversión por $32.167 millones, los cuales están acreditados por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera. Por último, el Tribunal condenó a ProComercio a pagar a CASUR alrededor de $36.000 millones, por concepto de cánones mensuales de arriendo posteriores a agosto de 2019.
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“Se debe respetar las fórmulas financieras previstas al inicio del contrato para garantizar la TIR (Tasa Interna de Retorno, que es la rentabilidad que ofrece una inversión) de las partes dentro del negocio jurídico y como abogados, hicimos un trabajo riguroso y detallado, para que el Tribunal no solo considerara dichos incumplimientos, sino, además, desestimara su reclamación por falta de sustento probatorio”, explicó el abogado Felipe Andrade de la firma defensora.
CASUR es la entidad que desembolsa la pensión de los retirados de la Policía Nacional. La entidad, como El Espectador pudo comprobar, genera ingresos con el arrendamiento del complejo inmobiliario San Martín, en pleno Centro Internacional de Bogotá, así como un centro vacacional de la Policía en Melgar y otros bienes como lotes y parqueaderos. CASUR ya ha hecho negocios con la multinacional hotelera Hilton, la cual cerró sus puertas en 1991. Después de fallidos intentos por llevar caderas hoteleras, en 2002 iniciaron las conversaciones con ProComercio.
“El contrato de arrendamiento tiene una vigencia de 30 años. El canon de arrendamiento se compone de dos factores: uno fijo mínimo garantizado y otro variable (si el valor del metro cuadrado y la ocupación superan el mínimo garantizado). Los ingresos generados por el contrato contribuyen al pago de las asignaciones de retiro del personal policial con este derecho. Además, fortalece el espíritu misional de los policías en actividad y sus familias porque pueden esperar con seguridad y confianza la garantía de sus prestaciones sociales en el futuro”, explica CASUR.
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