El lío que se armó en la Corte Suprema con la elección de Luz Adriana Camargo

Luz Adriana Camargo Garzón es la nueva fiscal general de la nación. En solo una ronda de votación, 18 magistrados de la Corte Suprema de Justicia le dieron el “Sí” a la abogada y exmagistrada auxiliar de la Sala de Casación Penal del alto tribunal. Pero antes de conocer el nombre del reemplazo de Francisco Barbosa, la polémica recorrió los pasillos del Palacio de Justicia, pues 10 minutos antes de iniciar las votaciones, Amelia Pérez, también candidata a dirigir el búnker, presentó su renuncia irrevocable, dejando la terna presentada por el presidente Gustavo Petro con solo dos aspirantes, Luz Adriana Camargo y Ángela María Buitrago.

Luz Adriana Camargo Garzón es la nueva fiscal general de la nación. En solo una ronda de votación, 18 magistrados de la Corte Suprema de Justicia le dieron el “Sí” a la abogada y exmagistrada auxiliar de la Sala de Casación Penal del alto tribunal. Pero antes de conocer el nombre del reemplazo de Francisco Barbosa, la polémica recorrió los pasillos del Palacio de Justicia, pues 10 minutos antes de iniciar las votaciones, Amelia Pérez, también candidata a dirigir el búnker, presentó su renuncia irrevocable, dejando la terna presentada por el presidente Gustavo Petro con solo dos aspirantes, Luz Adriana Camargo y Ángela María Buitrago.

Este asunto generó un debate en cuestión de minutos, pues la elección estaba programada para las 9:00 de la mañana y las posiciones desde diferentes aristas recomendaban caminos diferentes. Por un lado, personas cercanas al mundo jurídico sugirieron que no era posible elegir entre una dupla, pues el artículo 249 de la Constitución señala que la Corte debe escoger entre una terna enviada por el presidente. “Lo que ordena la Constitución es que haga la elección sobre una terna (...) si alguien renunció, deben devolvérsela al presidente de la República para que la complemente”, señaló Nilson Pinilla, exmagistrado de la Corte Constitucional, en Caracol Radio.

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Por otra parte, penalistas como Francisco Bernate dejaron ver otra posibilidad: realizar la votación no representaba ningún problema, pues el presidente de la República es quien debe aceptar la renuncia de las candidatas y, hasta ese momento, no se había pronunciado sobre la dimisión de Pérez. “La renuncia solo surte efecto cuando se acepta (...) La Corte no tiene la consideración de la renuncia en el orden del día”, agregó el presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia.

La posición del penalista Bernate coincidió con los argumentos que esgrimió en rueda de prensa el magistrado Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema, al momento de anunciar la elección de Camargo. El alto tribunal, señaló, no tenía la potestad para aceptar la renuncia de Pérez y, por eso, procedió en la sesión de la Sala Plena extraordinaria con las votaciones para elegir a la nueva cabeza del ente investigador. ”Se consideró que la presentación de una renuncia a los 10 minutos de iniciar la Sala Plena era totalmente inviable porque la consolidación de la terna ya estaba hecha”, agregó Chaverra.

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Sin embargo, juristas como Juan José Castro, abogado experto en derecho penal, señalan que existe la posibilidad de que “se caiga” la elección de la nueva fiscal, ya que “no se cumplieron los requisitos constitucionales” al momento de elegir y es, entonces, potestad del Consejo de Estado decidir el futuro de la designación. “Puede que ya estuvieran todos sentados votando, pero si no hay un argumento constitucional presente, ese va a ser un fundamento en caso de una demanda porque en ese momento no había terna”, le dijo el abogado a este diario.

Para tener un panorama más claro sobre cuál puede ser el futuro de la dirección de la Fiscalía, expertos recomiendan revisar antecedentes en casos similares en los que se pudo ver afectada la votación para fiscal. El caso más cercano es el de la exfiscal Viviane Morales, ocurrido en 2012. Para entonces, Morales fue elegida con 14 votos de 18, motivo por el cual el Consejo de Estado tumbó su nombramiento, pues debía recibir, al menos, 16, según las normas de ese entonces sobre el quórum dentro del alto tribunal. El problema surge en que en ese momento solo había 18 magistrados en funciones. Aun así, el tribunal le cerró las puertas, ya que se necesitaban 16 votos, establecidos por el reglamento (las dos terceras partes del total de integrantes de la Corte Suprema: 23 magistrados).

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Además, el Consejo de Estado encontró otros problemas en esa elección, como la omisión de la firma del exministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, en una de las resoluciones que en ese momento ordenó firmar el presidente Juan Manuel Santos para enviar la terna a la Corte Suprema. Y, para rematar, durante la elección hubo dos ternas, pues en la primera no escogieron un nuevo fiscal y se enviaron otros tres nombres (incluido el de Morales) sin anular la terna anterior.

Aunque las circunstancias y errores fueron otros, el caso de Morales revivió este marzo de 2024 para entender por qué la elección de Camargo podría correr ese mismo rumbo. Sin embargo, en asuntos de interpretación jurídica, todo está por verse en este complejo enredo judicial que rodea la elección de la nueva fiscal general, quien, con 18 votos en la Sala Plena de la Corte Suprema, se alista para dirigir el ente de control que por el momento está a la cabeza de Martha Mancera.

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