El llamado de urgencia de la Procuraduría por desaparición de migrantes en San Andrés
El Ministerio Público, tras una visita, concluyó que el archipiélago padece una crisis migratoria. En 10 meses han desaparecido 59 migrantes. Pidió a las autoridades departamentales, nacionales e incluso a las aerolíneas, que refuercen los controles para evitar que ciudadanos de diferentes nacionalidades sean víctimas de redes de tráfico de personas.
La situación de la isla de San Andrés y Providencia en este momento no es nada alentadora. Además de que denuncian fallas en su economía por la falta de turismo, la Procuraduría alertó la grave crisis migratoria ilegal que se registra en el Archipiélago. El procurador para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, visitó la isla y halló que, en 10 meses, desaparecieron 59 migrantes.
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Desde el Ministerio Público encontraron que, en lo que va corrido del año, aumentaron por parte de la Armada Nacional, los casos de interdicción de embarcaciones y rescate de migrantes irregulares ubicados en las aguas del mar Caribe. Lo que resultó más alarmante para el delegado de la Procuraduría es que la crisis humanitaria también la padecen recién nacidos, niñas y niños, mujeres en gestación y adultos de varias nacionalidades.
El llamado de emergencia de la Procuraduría es porque varios de ellos han desaparecido en el mar buscando llegar a Centroamérica. “Los migrantes son víctimas de traficantes ilegales y de trata de personas que están ofreciendo una ruta VIP de migración irregular, viajando en avión desde Cali, Medellín, Cartagena y Bogotá hasta el aeropuerto de San Andrés”, explicó Sarmiento.
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El funcionario afirmó que luego de pasar una noche en la isla, las redes ilegales embarcan a los migrantes en una “peligrosa travesía” por mar abierto haciendo transbordo en los cayos Albuquerque y Pescador, al sur del archipiélago para llegar a Nicaragua en su tránsito hacia Estados Unidos. Sarmiento explicó que en el recorrido que realizó encontró ropa y pañales de bebés, e incluso, alimentos enlatados que los migrantes dejan abandonados en el afán de su travesía hacia Centroamérica.
“El equipo de la Procuraduría fue testigo cómo en el Cayo Pescador los traficantes están talando árboles y contaminando con residuos sólidos y botellas plásticas que amenazan la sostenibilidad ambiental del mismo”, resaltó Sarmiento. Añadió que lo que tiene en el radar la Procuraduría es que, desde junio del año pasado, la Armada rescató a 804 ciudadanos con nacionalidades de China, Vietnam, Uzbekistán, Venezuela, Ecuador y República Dominicana, entre otros.
Lea también: La Armada continúa en la búsqueda de 26 migrantes desaparecidos
El Ministerio Público constató, entre otras cosas, que las redes de traficantes que engañan a los migrantes ofrecen una ruta segura de viaje, pero que en realidad los someten a viajar en embarcaciones no aptas para el traslado de pasajeros, con sobrecupo y tomando rutas que, en condiciones climáticas adversas, aumentan el peligro de naufragio en mar abierto.
“Los traficantes dejan a los migrantes acá tirados, les dicen que esto es Nicaragua, les quitan la plata y los abandonan. Nosotros les ayudamos para sobrevivir mientras tienen como devolverse a San Andrés en alguna embarcación de turistas”, fue el testimonio que recogió Sarmiento de unos pescadores que ven a diario la situación que padecen los migrantes en su afán de cruzar a territorio extranjero.
Sobre las 59 personas desaparecidas, el funcionario dijo que existe evidencia de que, en agosto, octubre y diciembre de 2022 hubo cuatro naufragios en los que se encontraban entre niños, niñas y mujeres embarazadas. Si bien la Procuraduría resalta la labor de la Armada en cuanto al rescate e interdicciones, menciona que el flujo de migración irregular supera su capacidad operativa para controlar el fenómeno.
Lea: Armada de Colombia detecta lancha con migrantes irregulares en San Andrés
Por eso el Ministerio Público le pidió a Migración Colombia, a la Oficina de Control, Circulación y Residencia del Archipiélago (OCCRE) y a las aerolíneas comerciales, redoblar controles y vigilancia para evitar que los traficantes lleven mar adentro a los migrantes. Del mismo modo, también hizo un llamado a la Dirección de Inteligencia (Dijín) de la Policía y a la Fiscalía para que investiguen cuáles organizaciones están detrás del negocio de la migración ilegal.
Sarmiento, durante los próximos días, presentará un informe a la procuradora Margarita Cabello para que se determinen acciones preventivas para mitigar la situación. Así mismo, para que identifique si en el actuar de funcionarios públicos puede existir una falta disciplinaria a la hora de tomar acciones sobre ese flagelo.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
La situación de la isla de San Andrés y Providencia en este momento no es nada alentadora. Además de que denuncian fallas en su economía por la falta de turismo, la Procuraduría alertó la grave crisis migratoria ilegal que se registra en el Archipiélago. El procurador para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, visitó la isla y halló que, en 10 meses, desaparecieron 59 migrantes.
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Desde el Ministerio Público encontraron que, en lo que va corrido del año, aumentaron por parte de la Armada Nacional, los casos de interdicción de embarcaciones y rescate de migrantes irregulares ubicados en las aguas del mar Caribe. Lo que resultó más alarmante para el delegado de la Procuraduría es que la crisis humanitaria también la padecen recién nacidos, niñas y niños, mujeres en gestación y adultos de varias nacionalidades.
El llamado de emergencia de la Procuraduría es porque varios de ellos han desaparecido en el mar buscando llegar a Centroamérica. “Los migrantes son víctimas de traficantes ilegales y de trata de personas que están ofreciendo una ruta VIP de migración irregular, viajando en avión desde Cali, Medellín, Cartagena y Bogotá hasta el aeropuerto de San Andrés”, explicó Sarmiento.
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El funcionario afirmó que luego de pasar una noche en la isla, las redes ilegales embarcan a los migrantes en una “peligrosa travesía” por mar abierto haciendo transbordo en los cayos Albuquerque y Pescador, al sur del archipiélago para llegar a Nicaragua en su tránsito hacia Estados Unidos. Sarmiento explicó que en el recorrido que realizó encontró ropa y pañales de bebés, e incluso, alimentos enlatados que los migrantes dejan abandonados en el afán de su travesía hacia Centroamérica.
“El equipo de la Procuraduría fue testigo cómo en el Cayo Pescador los traficantes están talando árboles y contaminando con residuos sólidos y botellas plásticas que amenazan la sostenibilidad ambiental del mismo”, resaltó Sarmiento. Añadió que lo que tiene en el radar la Procuraduría es que, desde junio del año pasado, la Armada rescató a 804 ciudadanos con nacionalidades de China, Vietnam, Uzbekistán, Venezuela, Ecuador y República Dominicana, entre otros.
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El Ministerio Público constató, entre otras cosas, que las redes de traficantes que engañan a los migrantes ofrecen una ruta segura de viaje, pero que en realidad los someten a viajar en embarcaciones no aptas para el traslado de pasajeros, con sobrecupo y tomando rutas que, en condiciones climáticas adversas, aumentan el peligro de naufragio en mar abierto.
“Los traficantes dejan a los migrantes acá tirados, les dicen que esto es Nicaragua, les quitan la plata y los abandonan. Nosotros les ayudamos para sobrevivir mientras tienen como devolverse a San Andrés en alguna embarcación de turistas”, fue el testimonio que recogió Sarmiento de unos pescadores que ven a diario la situación que padecen los migrantes en su afán de cruzar a territorio extranjero.
Sobre las 59 personas desaparecidas, el funcionario dijo que existe evidencia de que, en agosto, octubre y diciembre de 2022 hubo cuatro naufragios en los que se encontraban entre niños, niñas y mujeres embarazadas. Si bien la Procuraduría resalta la labor de la Armada en cuanto al rescate e interdicciones, menciona que el flujo de migración irregular supera su capacidad operativa para controlar el fenómeno.
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Por eso el Ministerio Público le pidió a Migración Colombia, a la Oficina de Control, Circulación y Residencia del Archipiélago (OCCRE) y a las aerolíneas comerciales, redoblar controles y vigilancia para evitar que los traficantes lleven mar adentro a los migrantes. Del mismo modo, también hizo un llamado a la Dirección de Inteligencia (Dijín) de la Policía y a la Fiscalía para que investiguen cuáles organizaciones están detrás del negocio de la migración ilegal.
Sarmiento, durante los próximos días, presentará un informe a la procuradora Margarita Cabello para que se determinen acciones preventivas para mitigar la situación. Así mismo, para que identifique si en el actuar de funcionarios públicos puede existir una falta disciplinaria a la hora de tomar acciones sobre ese flagelo.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.