El milagro de vivir en Ituango
Aferrados por un pasado reciente para no repetir la historia, los habitantes de este municipio del oriente antioqueño viven en medio de la expectativa del proyecto Pescadero Ituango, el temor a la guerra y también al olvido.
Enrique Rivas G./ Enviado Especial a Ituango
A pocos kilómetros de Ituango y en la cima de uno de los cuatro cañones de la cordillera Occidental que unen al municipio con el Nudo de Paramillo y el departamento de Córdoba, se ven las amarillentas aguas del río Cauca que zigzaguean sin control como una gran serpiente que en días de invierno devora todo lo que encuentre a su paso. Desde allí se observa diminuto el puente Juan de la Cruz Posada, que conecta a este olvidado pueblo del oriente antioqueño con Medellín.
Es el punto de partida de lo que será la hidroeléctrica Pescadero Ituango, la más grade y ambiciosa empresa de energía eléctrica del país y la segunda en importancia de Suramérica. Aquí se generarán 2.400 kilovatios, el doble de lo que producen proyectos como El Peñol y El Guavio, que bordean los 1.400 kw cada uno.
El de Ituango es un territorio estratégico para los grupos armados, que lo han tenido como retaguardia y base de apoyo desde finales de los años 70 para sus actividades al margen de la ley, pero en los últimos 10 años se convirtió en un escenario donde la muerte se abre paso sin control y la guerra es el pan de cada día.
Es en esta región donde se cometieron los más espantosos crímenes y donde la naturaleza regala importantísimos caudales de agua que servirán para la construcción del proyecto Pescadero Ituango, causa por la que la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia se están enfrentando tras una dudosa operación financiera en la que el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea), logró hacerse a más del 51% de las acciones para tener el poder sobre la nueva empresa (ver nota anexa).
Tras un angustiante recorrido de 18 horas, que comenzó en la capital antioqueña, pasando por poblaciones como Los Llanos, que comunica a Antioquia con la Costa Atlántica, se llega a una montaña de lodo en la que pasajeros y vehículos se tienen que sumergir sin remedio.
Es un gran derrumbe de tierra desde el que se divisa San Andrés de Cuerquia, otro de los más de 10 municipios de la región que estarán bajo la influencia de la iniciativa que pretende exportar energía después de 2018, año en el que se terminará la construcción de la gran presa.
Después de este accidentado y obligatorio alto en el camino, en el que se debe transitar a pie por desfiladeros y trochas para transbordar de un vehículo a otro, los viajeros diariamente observan caer la tarde sin lograr ver los espeluznantes abismos por donde continuamente se arriesga la vida antes de llegar a poblados como El Valle, Pescadero y, finalmente, al municipio de Ituango.
Son 195 kilómetros de distancia en los que las tempestades no sólo han caído sobre la carretera, sino también en las pobres espaldas de los más de 46.000 ituanguinos, que siguen atrapados en una guerra que no cesa y que en su reciente versión dejó como saldo siete muertos y más de 50 heridos luego de que el 14 de agosto pasado terroristas activaran una bomba en el principal sector comercial del municipio: La Mejor Esquina.
Volvió el miedo
“Nosotros veníamos con una calma y una paz excelentes”, le dijo a El Espectador el alcalde de Ituango, Carlos Mario Gallo, al referirse a este último hecho que mantiene aterrorizados a los ituanguinos. Situación que el mandatario sintetiza en unas cortas pero agudas palabras: “Se ve el pueblo muy solo, tiene miedo y todavía no se repone de ese guarapazo”.
Acto del que también resultó víctima José Luis Correa, dueño del negocio de abarrotes semidestruido tras la explosión de la bomba al frente del establecimiento. Correa, al igual que los propietarios de las 14 casas y locales comerciales de la calle peatonal, se quedó sin fuerzas para continuar en su labor, pues no sólo las pérdidas lo están acosando. “La bomba le hizo mucho daño al pueblo, no se está vendiendo nada porque la gente tiene miedo de salir”, dijo Correa.
Un miedo que no se sentía desde el 7 de agosto de 2002, cuando volvieron a ingresar las autodefensas, pero con la denominación del Bloque Minero, grupo al mando del extraditado ex jefe paramilitar Ramiro Vanoy.
Ese día, según las narraciones hechas a este periódico desde el anonimato por habitantes del municipio, los paramilitares ingresaron desde Tarazá a la vereda Conguital, violaron a las mujeres, asesinaron a 15 campesinos y provocaron el desplazamiento de 190 personas.
“A partir de ahí, en sectores como El Carmelo, los enfrentamientos entre El Ejército, los paramilitares y las milicias bolivarianas de las Farc, eran casi que a diario”, testimoniaron a El Espectador otros vecinos durante un recorrido por parte de los 18 barrios que componen el casco urbano del municipio.
Es por eso que desde el 14 de agosto pasado el fantasma de la muerte volvió a recorrer las calles de Ituango. A nadie se le olvida que entre 1996 y 1997, cuando los paramilitares se posesionaron del municipio, los condenados a muerte pasaban con las manos atadas frente a la iglesia de la plaza central rumbo a las riberas del río Cauca, donde terminaban con sus vidas sin misericordia.
En esas épocas se hizo tristemente célebre una siniestra camioneta blanca que era utilizada por los paramilitares para introducir a las víctimas y luego asesinarlas a la orilla de la carretera, por la vía a Medellín. “Le decían la última lágrima. Eso era cuando esos señores entraban a las casas y sacaban a la gente por la fuerza con el fin de ejecutarla”, comentaron varios vecinos con la condición de mantener su nombre en reserva.
Eran momentos en los que Javier Higuita* se salvó de morir en varias oportunidades. “Los que iban a Medellín en los buses escalera eran bajados en uno de los retenes que tenían sobre la vía, donde un hombre leía la lista de quienes debían quedarse, mientras otro encapuchado sacaba un cartel que decía ‘muerte’ o ‘sigue el viaje’”.
La huella de Jesús María
Fueron épocas también en las que a cinco minutos de Ituango la guerrilla de las Farc montaba un retén, más abajo, llegando al diminuto pueblo de Pescadero, había otro del Ejército y comenzando la cuesta que da a San Andrés de Cuerquia, los paramilitares también hacían lo mismo.
Tiempos en los que mucho antes de la masacre de El Aro, a finales de 1997, la Fiscalía produjo un informe en el que se advertía que los paramilitares permanecían en el casco urbano de Ituango, sin que mediara intervención de alguna autoridad
ni mucho menos de la Fuerza Pública. En este lugar, de acuerdo con el documento, fueron ejecutas 150 personas en frente de la iglesia de Santa Bárbara. Hoy los habitantes calculan que fueron más de 350 los muertos en toda la región.
Esta fue una de las razones por las cuales el concejal de Ituango y defensor de los Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo comenzó una campaña de denuncia sobre la situación que estaban viviendo sus paisanos.
“Desde 1996 está operando un grupo paramilitar llamado Autodefensas de Córdoba y Urabá, en el municipio de Ituango, y cuya sede es el mismo perímetro urbano, muy cerca del puesto de Policía, al puesto militar, a la Alcaldía, a la Fiscalía, a la Personería, a los juzgados y a la parroquia...”, le dijo a la Fiscalía Regional de Medellín el 6 de febrero de 1998, antes de su asesinato.
Denuncias que provocaron la reacción del entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, quien según Valle Jaramillo desestimó lo que estaba sucediendo en las veredas La Granja y El Aro. Pero vinieron más cosas para el líder social; antes de que lo asesinaran en Medellín, el 27 de febrero del 98, fue sindicado por la IV Brigada del Ejército de injuria y calumnia.
Atroces historias de una época en la que so pretexto de aniquilar la máquina de guerra del temido bloque José María Córdova de las Farc, que enquistó los frentes 5, 36 y 18 en la región, se terminó en una orgía de sangre.
El escenario hoy
Es en este contexto en el que reaparece este año nuevamente el tema de la represa Pescadero Ituango, que según las cuentas del alcalde, Carlos Mario Gallo, generará 10.000 empleos directos y unos 6.000 indirectos en los municipios de Buriticá, Liborina, Sabanalarga, Peque, Toledo, San Andrés de Cuerquia, Briceño, Yarumal e Ituango.
Bondades de las que no está muy segura la socióloga ituanguina Nubia Ciro, quien se opone al proyecto por el modelo y la forma excluyente en que se está mirando. Según ella, la energía que saldrá de la región será exportada, mientras en el oriente antioqueño no hay cobertura de servicios públicos. “Se hará a costa de la vocación agrícola de la región, que se convertirá en destino turístico”, puntualizó Ciro.
Pero además, según el alcalde Gallo, el precio de las propiedades urbanas y rurales, que en su mayoría habían quedado abandonadas tras el paso de la guerra, se comenzó a elevar. “Las que valían $200 millones, hoy cuestan $400 millones”.
Dos componentes que podrían ser adversos para la población, pero a la postre mínimos frente a la forma como se está desenvolviendo el conflicto hoy en Ituango y que sí podría afectar el proyecto en cierto momento. Así lo demuestra la dinámica del narcotráfico que se está dando en los corregimientos de Santa Rita y El Aro, desde donde los cultivos de coca están alimentando la guerra que volvió a cercar al municipio, donde milicianos, nuevas generaciones de ‘paras’ y los boleteos de la
delincuencia común se dispararon después del reciente atentado, del que pocos en el pueblo afirman ni desmienten que fueron las Farc.
Situación que no es desconocida por el alcalde, quien dice que frente al proyecto de Pescadero, “ellos (el frente 18) no se van a quedar quietos. Algo les tiene que tocar, dirán ellos. Yo le pregunté a un campesino de la zona de donde ellos (las Farc) están: ¿Me van a dejar trabajar o no? Porque si no me abro. Entonces dijeron que sí”.
Pero mientras el temor diario se hace más evidente entre los habitantes de Ituango, a una hora y media de ahí, junto al puente de Pescadero, donde arrancará el proyecto que tendrá un espejo de agua de 70 kilómetros de largo y 600 metros de ancho, Darío Antonio Ortiz, un minero del río Cauca y vendedor de golosinas en la carretera, no sabe que él y los habitantes de tres casas más serán los primeros que tendrán que salir de ahí. Un entorno que lleva a algunos habitantes de Ituango a afirmar: “Desde hace mucho tiempo vivimos de milagro”.
* Nombre cambiado por seguridad.
Las alertas sobre riesgos en la población que no se han atendido
Desde hace 10 años tanto la Fiscalía General de la Nación como también la Defensoría del Pueblo vienen advirtiendo sobre los graves riesgos que están corriendo los habitantes de Ituango.
En 1997, poco antes de las masacres de las veredas La Granja y El Aro, el ente acusador realizó un informe según el cual todo el mundo, incluidos la Policía, el Ejército, la Alcaldía y la Personería, sabían de la presencia de los grupos paramilitares en este municipio.
Y diez años después, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo (SAT), que por estos días está elaborando un nuevo informe sobre la forma como esta localidad del oriente antioqueño continúa expuesta al accionar de los grupos armados ilegales.
De hecho, el 14 de agosto terroristas aún sin indentificar colocaron una bomba frente a un local comercial de Ituango, dejando como saldo 7 personas muertas y más de 50 heridas.
En el más reciente informe de la Defensoria, julio de 2007, el SAT recomendó al Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas (CIAT), dirigido por el Ministrio del Interior y de Justicia, mantener las medidas de seguridad en la zona y reforzar las acciones preventivas y de protección a la población civil. Esta misma alerta fue enviada al gobernador de Antioquia, a los comandantes de la Séptima División del Ejército y del Departamento de Policía Antioquia.
Con presencia guerrillera desde 1969
Según los habitantes de Ituango, la presencia de la guerrilla data desde 1969, cuando llegaron al corregimiento de Santa Ana. Ingresaron con el pelo largo y muy pobres. Testimonio que irónicamente hace parte de la tradición oral de los habitantes del municipio, donde no sólo han existido las Farc. Desde comienzos de la década de los 70, en esta región también estuvieron miembros del Ejército de Liberación Nacional (Eln), y del Ejército Popular de Liberación. Grupos llegaron utilizando los corredores de la Cordillera Occidental que llevan a la región del Urabá antioqueño y al Alto Sinú en Córdoba. Pero durante los últimos diez años, luego de la arremetida de los paramilitares, sólo quedó el frente 18 de las Farc, una facción del Bloque José María Córdoba, que hoy se llama Bloque Noroccidental Iván Ríos.
A pocos kilómetros de Ituango y en la cima de uno de los cuatro cañones de la cordillera Occidental que unen al municipio con el Nudo de Paramillo y el departamento de Córdoba, se ven las amarillentas aguas del río Cauca que zigzaguean sin control como una gran serpiente que en días de invierno devora todo lo que encuentre a su paso. Desde allí se observa diminuto el puente Juan de la Cruz Posada, que conecta a este olvidado pueblo del oriente antioqueño con Medellín.
Es el punto de partida de lo que será la hidroeléctrica Pescadero Ituango, la más grade y ambiciosa empresa de energía eléctrica del país y la segunda en importancia de Suramérica. Aquí se generarán 2.400 kilovatios, el doble de lo que producen proyectos como El Peñol y El Guavio, que bordean los 1.400 kw cada uno.
El de Ituango es un territorio estratégico para los grupos armados, que lo han tenido como retaguardia y base de apoyo desde finales de los años 70 para sus actividades al margen de la ley, pero en los últimos 10 años se convirtió en un escenario donde la muerte se abre paso sin control y la guerra es el pan de cada día.
Es en esta región donde se cometieron los más espantosos crímenes y donde la naturaleza regala importantísimos caudales de agua que servirán para la construcción del proyecto Pescadero Ituango, causa por la que la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia se están enfrentando tras una dudosa operación financiera en la que el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea), logró hacerse a más del 51% de las acciones para tener el poder sobre la nueva empresa (ver nota anexa).
Tras un angustiante recorrido de 18 horas, que comenzó en la capital antioqueña, pasando por poblaciones como Los Llanos, que comunica a Antioquia con la Costa Atlántica, se llega a una montaña de lodo en la que pasajeros y vehículos se tienen que sumergir sin remedio.
Es un gran derrumbe de tierra desde el que se divisa San Andrés de Cuerquia, otro de los más de 10 municipios de la región que estarán bajo la influencia de la iniciativa que pretende exportar energía después de 2018, año en el que se terminará la construcción de la gran presa.
Después de este accidentado y obligatorio alto en el camino, en el que se debe transitar a pie por desfiladeros y trochas para transbordar de un vehículo a otro, los viajeros diariamente observan caer la tarde sin lograr ver los espeluznantes abismos por donde continuamente se arriesga la vida antes de llegar a poblados como El Valle, Pescadero y, finalmente, al municipio de Ituango.
Son 195 kilómetros de distancia en los que las tempestades no sólo han caído sobre la carretera, sino también en las pobres espaldas de los más de 46.000 ituanguinos, que siguen atrapados en una guerra que no cesa y que en su reciente versión dejó como saldo siete muertos y más de 50 heridos luego de que el 14 de agosto pasado terroristas activaran una bomba en el principal sector comercial del municipio: La Mejor Esquina.
Volvió el miedo
“Nosotros veníamos con una calma y una paz excelentes”, le dijo a El Espectador el alcalde de Ituango, Carlos Mario Gallo, al referirse a este último hecho que mantiene aterrorizados a los ituanguinos. Situación que el mandatario sintetiza en unas cortas pero agudas palabras: “Se ve el pueblo muy solo, tiene miedo y todavía no se repone de ese guarapazo”.
Acto del que también resultó víctima José Luis Correa, dueño del negocio de abarrotes semidestruido tras la explosión de la bomba al frente del establecimiento. Correa, al igual que los propietarios de las 14 casas y locales comerciales de la calle peatonal, se quedó sin fuerzas para continuar en su labor, pues no sólo las pérdidas lo están acosando. “La bomba le hizo mucho daño al pueblo, no se está vendiendo nada porque la gente tiene miedo de salir”, dijo Correa.
Un miedo que no se sentía desde el 7 de agosto de 2002, cuando volvieron a ingresar las autodefensas, pero con la denominación del Bloque Minero, grupo al mando del extraditado ex jefe paramilitar Ramiro Vanoy.
Ese día, según las narraciones hechas a este periódico desde el anonimato por habitantes del municipio, los paramilitares ingresaron desde Tarazá a la vereda Conguital, violaron a las mujeres, asesinaron a 15 campesinos y provocaron el desplazamiento de 190 personas.
“A partir de ahí, en sectores como El Carmelo, los enfrentamientos entre El Ejército, los paramilitares y las milicias bolivarianas de las Farc, eran casi que a diario”, testimoniaron a El Espectador otros vecinos durante un recorrido por parte de los 18 barrios que componen el casco urbano del municipio.
Es por eso que desde el 14 de agosto pasado el fantasma de la muerte volvió a recorrer las calles de Ituango. A nadie se le olvida que entre 1996 y 1997, cuando los paramilitares se posesionaron del municipio, los condenados a muerte pasaban con las manos atadas frente a la iglesia de la plaza central rumbo a las riberas del río Cauca, donde terminaban con sus vidas sin misericordia.
En esas épocas se hizo tristemente célebre una siniestra camioneta blanca que era utilizada por los paramilitares para introducir a las víctimas y luego asesinarlas a la orilla de la carretera, por la vía a Medellín. “Le decían la última lágrima. Eso era cuando esos señores entraban a las casas y sacaban a la gente por la fuerza con el fin de ejecutarla”, comentaron varios vecinos con la condición de mantener su nombre en reserva.
Eran momentos en los que Javier Higuita* se salvó de morir en varias oportunidades. “Los que iban a Medellín en los buses escalera eran bajados en uno de los retenes que tenían sobre la vía, donde un hombre leía la lista de quienes debían quedarse, mientras otro encapuchado sacaba un cartel que decía ‘muerte’ o ‘sigue el viaje’”.
La huella de Jesús María
Fueron épocas también en las que a cinco minutos de Ituango la guerrilla de las Farc montaba un retén, más abajo, llegando al diminuto pueblo de Pescadero, había otro del Ejército y comenzando la cuesta que da a San Andrés de Cuerquia, los paramilitares también hacían lo mismo.
Tiempos en los que mucho antes de la masacre de El Aro, a finales de 1997, la Fiscalía produjo un informe en el que se advertía que los paramilitares permanecían en el casco urbano de Ituango, sin que mediara intervención de alguna autoridad
ni mucho menos de la Fuerza Pública. En este lugar, de acuerdo con el documento, fueron ejecutas 150 personas en frente de la iglesia de Santa Bárbara. Hoy los habitantes calculan que fueron más de 350 los muertos en toda la región.
Esta fue una de las razones por las cuales el concejal de Ituango y defensor de los Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo comenzó una campaña de denuncia sobre la situación que estaban viviendo sus paisanos.
“Desde 1996 está operando un grupo paramilitar llamado Autodefensas de Córdoba y Urabá, en el municipio de Ituango, y cuya sede es el mismo perímetro urbano, muy cerca del puesto de Policía, al puesto militar, a la Alcaldía, a la Fiscalía, a la Personería, a los juzgados y a la parroquia...”, le dijo a la Fiscalía Regional de Medellín el 6 de febrero de 1998, antes de su asesinato.
Denuncias que provocaron la reacción del entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, quien según Valle Jaramillo desestimó lo que estaba sucediendo en las veredas La Granja y El Aro. Pero vinieron más cosas para el líder social; antes de que lo asesinaran en Medellín, el 27 de febrero del 98, fue sindicado por la IV Brigada del Ejército de injuria y calumnia.
Atroces historias de una época en la que so pretexto de aniquilar la máquina de guerra del temido bloque José María Córdova de las Farc, que enquistó los frentes 5, 36 y 18 en la región, se terminó en una orgía de sangre.
El escenario hoy
Es en este contexto en el que reaparece este año nuevamente el tema de la represa Pescadero Ituango, que según las cuentas del alcalde, Carlos Mario Gallo, generará 10.000 empleos directos y unos 6.000 indirectos en los municipios de Buriticá, Liborina, Sabanalarga, Peque, Toledo, San Andrés de Cuerquia, Briceño, Yarumal e Ituango.
Bondades de las que no está muy segura la socióloga ituanguina Nubia Ciro, quien se opone al proyecto por el modelo y la forma excluyente en que se está mirando. Según ella, la energía que saldrá de la región será exportada, mientras en el oriente antioqueño no hay cobertura de servicios públicos. “Se hará a costa de la vocación agrícola de la región, que se convertirá en destino turístico”, puntualizó Ciro.
Pero además, según el alcalde Gallo, el precio de las propiedades urbanas y rurales, que en su mayoría habían quedado abandonadas tras el paso de la guerra, se comenzó a elevar. “Las que valían $200 millones, hoy cuestan $400 millones”.
Dos componentes que podrían ser adversos para la población, pero a la postre mínimos frente a la forma como se está desenvolviendo el conflicto hoy en Ituango y que sí podría afectar el proyecto en cierto momento. Así lo demuestra la dinámica del narcotráfico que se está dando en los corregimientos de Santa Rita y El Aro, desde donde los cultivos de coca están alimentando la guerra que volvió a cercar al municipio, donde milicianos, nuevas generaciones de ‘paras’ y los boleteos de la
delincuencia común se dispararon después del reciente atentado, del que pocos en el pueblo afirman ni desmienten que fueron las Farc.
Situación que no es desconocida por el alcalde, quien dice que frente al proyecto de Pescadero, “ellos (el frente 18) no se van a quedar quietos. Algo les tiene que tocar, dirán ellos. Yo le pregunté a un campesino de la zona de donde ellos (las Farc) están: ¿Me van a dejar trabajar o no? Porque si no me abro. Entonces dijeron que sí”.
Pero mientras el temor diario se hace más evidente entre los habitantes de Ituango, a una hora y media de ahí, junto al puente de Pescadero, donde arrancará el proyecto que tendrá un espejo de agua de 70 kilómetros de largo y 600 metros de ancho, Darío Antonio Ortiz, un minero del río Cauca y vendedor de golosinas en la carretera, no sabe que él y los habitantes de tres casas más serán los primeros que tendrán que salir de ahí. Un entorno que lleva a algunos habitantes de Ituango a afirmar: “Desde hace mucho tiempo vivimos de milagro”.
* Nombre cambiado por seguridad.
Las alertas sobre riesgos en la población que no se han atendido
Desde hace 10 años tanto la Fiscalía General de la Nación como también la Defensoría del Pueblo vienen advirtiendo sobre los graves riesgos que están corriendo los habitantes de Ituango.
En 1997, poco antes de las masacres de las veredas La Granja y El Aro, el ente acusador realizó un informe según el cual todo el mundo, incluidos la Policía, el Ejército, la Alcaldía y la Personería, sabían de la presencia de los grupos paramilitares en este municipio.
Y diez años después, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo (SAT), que por estos días está elaborando un nuevo informe sobre la forma como esta localidad del oriente antioqueño continúa expuesta al accionar de los grupos armados ilegales.
De hecho, el 14 de agosto terroristas aún sin indentificar colocaron una bomba frente a un local comercial de Ituango, dejando como saldo 7 personas muertas y más de 50 heridas.
En el más reciente informe de la Defensoria, julio de 2007, el SAT recomendó al Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas (CIAT), dirigido por el Ministrio del Interior y de Justicia, mantener las medidas de seguridad en la zona y reforzar las acciones preventivas y de protección a la población civil. Esta misma alerta fue enviada al gobernador de Antioquia, a los comandantes de la Séptima División del Ejército y del Departamento de Policía Antioquia.
Con presencia guerrillera desde 1969
Según los habitantes de Ituango, la presencia de la guerrilla data desde 1969, cuando llegaron al corregimiento de Santa Ana. Ingresaron con el pelo largo y muy pobres. Testimonio que irónicamente hace parte de la tradición oral de los habitantes del municipio, donde no sólo han existido las Farc. Desde comienzos de la década de los 70, en esta región también estuvieron miembros del Ejército de Liberación Nacional (Eln), y del Ejército Popular de Liberación. Grupos llegaron utilizando los corredores de la Cordillera Occidental que llevan a la región del Urabá antioqueño y al Alto Sinú en Córdoba. Pero durante los últimos diez años, luego de la arremetida de los paramilitares, sólo quedó el frente 18 de las Farc, una facción del Bloque José María Córdoba, que hoy se llama Bloque Noroccidental Iván Ríos.