Hace dos años, en marzo de 2018, en medio de las noticias sobre los resultados de las elecciones parlamentarias, la novedad fue el allanamiento de la sede política de Aida Merlano, elegida senadora por el Partido Conservador. A pesar de los reiterados rumores sobre la compra de votos en todos los procesos electorales, la sorpresa fue, por primera vez, la apertura de un proceso penal sobre el tema, con una implicada directa. Un año y medio más tarde, Merlano fue condenada a 15 años de prisión, pero dos semanas después de la sentencia protagonizó una espectacular fuga en un consultorio odontológico en Bogotá. Hoy, tras su recaptura en Maracaibo (Venezuela), vuelve a ser protagonista, esta vez por una intervención pública en la que no dejó títere con cabeza, dando lugar a un lío jurídico y político de carácter internacional que nadie atina a resolver.
La primera opción del gobierno Duque, a través de su ministra de Justicia, Margarita Cabello, y el director de la Policía, general Óscar Atehortúa, fue atribuir las palabras de Merlano a un “show mediático fabricado por el régimen de Nicolás Maduro” para desacreditar a las instituciones colombianas. A su vez, el fiscal encargado, Fabio Espitia, evidenció de manera sucinta la impotencia del ente investigador para hacer algo, porque en el plano político no hay relaciones entre Colombia y Venezuela. Entre los sectores señalados por Merlano, el consenso ha sido rechazar lo dicho por la excongresista recordándole su condición de fugitiva y condenada. Sin embargo, en contraste, en los frentes políticos no tocados, el denominador común ha sido darle credibilidad a Merlano y reclamar que sus señalamientos sean investigados.
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En medio del forcejeo político o el eco mediático de orillas opuestas en las dos naciones, el caso Aida Merlano, ya con ribetes de novelón en varias entregas, constituye una sumatoria de dudas más que de certezas. Hasta septiembre de 2019, cuando la Corte Suprema la condenó a 15 años de prisión, parecía un caso saldado. Pero el 2 de octubre empezaron los capítulos cautivantes. La excongresista se fugó y lo único que quedó como prueba fue un video que la registra cayendo aparatosamente de un segundo piso aferrada a una cuerda, para luego pararse entre la sorpresa de los transeúntes y abordar una moto donde un hombre la estaba esperando. La Fiscalía le salió al paso capturando e imputándole cargos a su hija, Aida Victoria Merlano, pero en pocas horas estuvo libre, pues un juez de garantías no encontró razones para tenerla privada de la libertad. Ella cobró la pifia de la Fiscalía convirtiéndose en coprotagonista.
Al tiempo que la joven Aida Victoria se volvía centro de atracción mediática, la Fiscalía trataba de descifrar la ruta de la fuga. Se anunció un plan candado para evitar que saliera de Bogotá, se iniciaron pesquisas contra el odontólogo que la atendió minutos antes de su fuga, y contra algunos guardianes encargados de su custodia. El escándalo les costó el puesto al director del Inpec y a la directora de la cárcel El Buen Pastor. Se rumoró que se había volado a las islas Bahamas, en círculos judiciales llegó a secretearse que andaba por Ecuador, y hasta no faltó quien anunciara que habían encontrado su cadáver en una zanja cerca de Cartagena. En la comidilla social, el nombre de Aida Merlano se volvió sinónimo de los políticos que habían descansado gracias a su fuga, pero también de aquellos que aseguraban que todo se había cuadrado para evitar que contara sus verdades.
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Aunque proliferaron las voces especulando sobre su paradero, los ojos del país político y judicial se concentraron en el empresario Julio Gerlein, sobre todo después de que la joven Aida Victoria admitiera, sin tapujos, que su madre era su protegida y amante. La situación judicial de Gerlein en este caso, que ya estaba complicada, se enredó aún más. Y de paso puso en entredicho a otros dirigentes y sectores políticos señalados por la práctica de la compra de votos. Sin embargo, cuando la historia de Merlano parecía perder vigencia, o al menos salir del primer plano en el país de los escándalos, hace dos semanas recobró protagonismo con su recaptura en Maracaibo. La primera sorpresa fue su nueva identidad. Andaba con varias cédulas venezolanas y siete celulares, usando una peluca y extensiones rubias.
La extradición de Aida Merlano a Colombia parecía sujeta a un trámite judicial normal entre dos naciones, pero el asunto se enredó en el laberinto de la política. El presidente Iván Duque anunció que iba a hacer la solicitud a Juan Guaidó, el autoproclamado presidente interino. Su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, convirtió el comentario en burla. Desde Bogotá se ripostó apelando a la Interpol para saltarse el obstáculo político, pero en Caracas, a donde fue remitida la excongresista, ya estaba listo el escenario de respuesta. En el Palacio de Justicia, con periodismo a bordo y amplio despliegue internacional, apareció Aida Merlano en una intervención de 45 minutos en la que se autocalificó como perseguida por el gobierno Duque, la emprendió contra el exfiscal Néstor Humberto Martínez, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, el expresidente Álvaro Uribe y varias casas políticas.
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La primera sorpresa fue la aparición de Aida Merlano sin el tradicional contexto judicial. Es decir, en vez de llegar a la audiencia custodiada por funcionarios de policía o que el formato fuera el de un interrogatorio habitual, apareció maquillada, sin apremios ni esposas, y se despachó con un relato entre sollozos en el que fue soltando datos que hoy dividen a la audiencia que ha seguido el caso como una serie de Netflix. Antes que todo, advirtió que ella nunca se fugó, así se haya visto apeándose a una moto en un video, sino que lo suyo fue un secuestro. Agregó que la llevaron cerca de Valledupar, donde además fue abusada. Acto seguido sostuvo, sin explicaciones mayores, que logró evadirse de sus captores y cruzó la frontera. Por este último detalle pidió excusas a Venezuela, pero se ahorró explicaciones sobre cómo lo hizo y de qué manera eludió a sus “secuestradores”.
A cuentagotas, o como lo han calificado abogados y políticos, “entre mentiras y verdades”, aseguró que primero creyó que lo suyo había sido una fuga porque, según ella, así se lo propusieron abogados de Julio Gerlein. Pero después se percató de que el propósito era asesinarla. Sin embargo, minutos después recalcó que las personas que la custodiaron durante su cautiverio cerca de Valledupar fueron asesinadas, y ella se voló. Ni una letra sobre la forma como lo hizo ni en qué momento se contactó con la persona con la que fue capturada en Maracaibo. Tampoco cuándo sucedió y desde qué época cruzó la frontera. En cambio, una y otra vez dejó claro que su intención es que el gobierno de Maduro le dé una mano y que su caso sea llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sin pasar por la justicia colombiana.
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Aida Merlano recalcó que tiene “videos, audios, pruebas escritas y contratos” para comprobar sus denuncias y que todos pueden caer con lo que ella posee. Y para ratificar que tiene cómo contraatacar, cuando habló de todos se encargó de revolver el avispero político nacional. Empezando por su terruño. Además de Julio Gerlein mencionó a la familia Char, la casa política más poderosa de Atlántico, a la que señaló de haber participado en el negocio de la compra de votos. Acusó a los magistrados de la Corte Suprema de haber recibido sobornos a cambio de condenarla. Pero, sobre todo, la emprendió contra el exfiscal Martínez, de quien dijo que llegó al ente investigador a tapar el escándalo de Odebrecht y proteger al Grupo Aval. “Si se cae él, se cae media clase política”, fue el comentario amenazante que soltó, sin advertir cómo puede probarlo.
Claramente en busca de blindaje o, como lo han señalado sus críticos, replicando el libreto del gobierno Maduro, fue insistente en clasificar a los políticos de la derecha como los principales compradores de votos en Colombia. En un tono más político que judicial, se fue lanza en ristre contra Germán Vargas Lleras, a quien acusó de controlar la Fiscalía, tanto en la era Martínez como en el encargo de Fabio Espitia, y por eso insistió en que cuando estaba dispuesta a colaborar con la justicia le plantearon la fuga, que ella insistió en que fue un secuestro. El fiscal encargado Espitia ya dijo que antes de su huida, Aida Merlano sí concertó dos reuniones con fiscales para hablar de su caso, pero no asistió a esas citas. Respecto a si sus declaraciones tienen validez jurídica en Colombia, Espitia precisó que no, porque el gobierno de Maduro no es reconocido por Colombia.
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Así las cosas, por ahora, la súbita y publicitada intervención de Aida Merlano en el Palacio de Justicia de Caracas no deja de ser una diatriba política. A la manera de las redes sociales, su relato recoge los comentarios que habitualmente circulan en el país, pero que nunca han tenido un desarrollo judicial. Que la compra de votos es una práctica de vieja data, sobre todo desarrollada por los cacicazgos regionales políticos; que la mermelada, los cupos indicativos, los auxilios o como se llame el procedimiento a través del cual el Ejecutivo logra votos en el Congreso, ha sido un asunto recurrente, o que la elección del fiscal no es ajena a la política. Todos asuntos tan conocidos como la concentración del poder en pocas manos, la pelea entre el uribismo y sus opositores, o la certeza de que Odebrecht pagó sobornos en Colombia para asegurar sus millonarios contratos.
Lo que, en cambio, sigue sin aclarar Aida Merlano es todo lo que documentó la Corte Suprema acerca de su participación en el negocio de la compra de votos para las elecciones legislativas del 11 de marzo de 2018. Un abundante material probatorio que ella dice le colocó la Policía, pero que, en criterio del alto tribunal, fue suficiente para condenarla como coautora de los delitos de corrupción al sufragante agravado; ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédulas, y fabricación, porte y tenencia de armas de fuego. Todo un entramado ilegal con una compleja división del trabajo y la participación de muchas personas encargadas de concretar la empresa electoral. Una pesquisa que por primera vez puso en evidencia la Fiscalía de Colombia y que, con toda seguridad, no se limita a la conducta de la polémica excongresista de la casa Gerlein.
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El pasado viernes 7 de febrero, un día después de las declaraciones de la excongresista en Caracas, la Corte Suprema firmó la petición para pedirla en extradición. Lo hizo la Sala de Primera Instancia del alto tribunal, la misma que la condenó, pues le pidió al gobierno Duque que “por vía diplomática se adelante ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela las gestiones pertinentes para obtener la extradición de la ciudadana colombiana Merlano”. El alto tribunal, además, recordó que, tal y como lo explicó Interpol Colombia, la excongresista tiene una orden de captura internacional en su contra, que se emitió a través de una circular roja, y por eso le pidió al Ministerio de Justicia que agilice los trámites diplomáticos del caso para que Merlano vuelva al país. Una petición problemática porque, por ahora, lo que se sabe es que Duque pedirá la extradición a Guaidó, no a Maduro.
En su caso, además de perseguida, Aida Merlano ha planteado desde el día de su captura que también es una paciente psiquiátrica, con una compleja historia clínica que amerita tanto respeto como inquietud. En términos generales, es una persona depresiva con una historia familiar difícil. Lo demás les corresponde evaluarlo a los expertos y a las autoridades. Que esté mezclando mentiras con verdades, que sus palabras sean producto de presiones políticas nacionales e internacionales o que haya sido manipulada por la casa Gerlein, todo está por verse. Difícilmente habrá consenso sobre su caso. Hay quienes dicen que todo lo que ha dicho es verdad, pero que nadie se había atrevido a decirlo en Colombia. Otros la califican de mitómana. Lo único claro es que el novelón continúa y que ahora cuenta con un capítulo inesperado: la crisis entre Colombia y Venezuela.