El nuevo expediente contra el exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo

José Facundo Castillo Cisneros era, hasta noviembre del año pasado, el gobernador del departamento de Arauca, que solo en el primer fin de semana de año registró la muerte de más de 30 personas por combates entre el Eln y las disidencias Farc. Salió del cargo pues está en prisión preventiva por presuntas alianzas con la guerrilla, la cual entró a paro armado la última semana. Ahora, la Fiscalía anunció que imputará a Castillo por tres delitos relacionados con la contratación en sus dos periodos: 2012-15 y 2020-21.

Lea: Se han articulado los intereses del Eln y el gobernador de Arauca: Fiscalía

“La Fiscalía obtuvo nueva evidencia que permitió detectar más irregularidades en los procesos de contratación que habría impulsado el exgobernador de Arauca. Los elementos de prueba dan cuenta de direccionamientos, sobrecostos y otras posibles irregularidades en cuatro contratos celebrados durante los dos periodos en los que el mandatario departamental estuvo en el cargo”, explicó el ente investigador.

Según anunció el mismo fiscal Francisco Barbosa, Castillo Cisneros será vinculado a una investigación por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. La Fiscalía dio a conocer que en octubre de 2013 le puso la firma a dos contratos por $7.312 millones y $2.498 millones, con el objeto de mejorar la infraestructura escolar en el departamento. No obstante, en ambos se habrían encontrado cotizaciones falsas y sobrecostos por más de $2.000 millones.

En contexto: Imputan al gobernador de Arauca por supuestos nexos administrativos con el Eln

En su segundo periodo, imputará la Fiscalía, Castillo Cisneros firmó un contrato para el Plan de Alimentación Escolar (PAE) que presuntamente presentó irregularidades. Dada la pandemia por COVID-19, el exgobernador habría cambiado el tipo de ración de “preparada en sitio” a “preparada en casa”, para llegar a más de 18.000 beneficiarios. Sin embargo, al parecer no sustentó ese cambio con estudios de mercado, lo cual habría generado sobrecostos por alrededor de $860 millones.

El último contrato, también en su reciente periodo, tiene que ver con una inversión de más de $4.460 millones para la entrega de kits de ayuda alimentaria para suplir las necesidades por la pandemia. “La Fiscalía estableció que se realizó licitación pública para solo cumplir con lo previsto en la ley porque, al parecer, los requisitos y pliegos estaban direccionados para que el contrato quedara en manos de una firma específica”, concluyó el ente investigador.

Lea también: Capturan al exgobernador de Arauca Ricardo Alvarado

La gobernación de Arauca está encargada al general en retiro Alejandro Miguel Navas. Tomó el cargo, pues en octubre del año pasado Castillo Cisneros fue imputado por concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos, peculado por apropiación y financiación de grupos de delincuencia organizada en la modalidad de entregar, administrar y aportar bienes y recursos. La Fiscalía tiene la hipótesis de que habría trabajado articuladamente con el frente Domingo Laín del Eln.

Castillo Cisneros, imputó la Fiscalía, habría recibido logística y protección militar del Eln durante su primer periodo como gobernador, entre 2012 y 2014. Incluso, la Fiscalía mencionó que los campesinos y pobladores de Arauca eran movilizados por la guerrilla para que votaran por el imputado en las elecciones regionales. Tal sería la conexión con el grupo armado organizado que el gobernador entregó millonarios contratos públicos y hasta despejó las zonas para que el Eln se movilizara donde no hubiese fuerza pública.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

José Facundo Castillo Cisneros era, hasta noviembre del año pasado, el gobernador del departamento de Arauca, que solo en el primer fin de semana de año registró la muerte de más de 30 personas por combates entre el Eln y las disidencias Farc. Salió del cargo pues está en prisión preventiva por presuntas alianzas con la guerrilla, la cual entró a paro armado la última semana. Ahora, la Fiscalía anunció que imputará a Castillo por tres delitos relacionados con la contratación en sus dos periodos: 2012-15 y 2020-21.

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“La Fiscalía obtuvo nueva evidencia que permitió detectar más irregularidades en los procesos de contratación que habría impulsado el exgobernador de Arauca. Los elementos de prueba dan cuenta de direccionamientos, sobrecostos y otras posibles irregularidades en cuatro contratos celebrados durante los dos periodos en los que el mandatario departamental estuvo en el cargo”, explicó el ente investigador.

Según anunció el mismo fiscal Francisco Barbosa, Castillo Cisneros será vinculado a una investigación por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. La Fiscalía dio a conocer que en octubre de 2013 le puso la firma a dos contratos por $7.312 millones y $2.498 millones, con el objeto de mejorar la infraestructura escolar en el departamento. No obstante, en ambos se habrían encontrado cotizaciones falsas y sobrecostos por más de $2.000 millones.

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En su segundo periodo, imputará la Fiscalía, Castillo Cisneros firmó un contrato para el Plan de Alimentación Escolar (PAE) que presuntamente presentó irregularidades. Dada la pandemia por COVID-19, el exgobernador habría cambiado el tipo de ración de “preparada en sitio” a “preparada en casa”, para llegar a más de 18.000 beneficiarios. Sin embargo, al parecer no sustentó ese cambio con estudios de mercado, lo cual habría generado sobrecostos por alrededor de $860 millones.

El último contrato, también en su reciente periodo, tiene que ver con una inversión de más de $4.460 millones para la entrega de kits de ayuda alimentaria para suplir las necesidades por la pandemia. “La Fiscalía estableció que se realizó licitación pública para solo cumplir con lo previsto en la ley porque, al parecer, los requisitos y pliegos estaban direccionados para que el contrato quedara en manos de una firma específica”, concluyó el ente investigador.

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Castillo Cisneros, imputó la Fiscalía, habría recibido logística y protección militar del Eln durante su primer periodo como gobernador, entre 2012 y 2014. Incluso, la Fiscalía mencionó que los campesinos y pobladores de Arauca eran movilizados por la guerrilla para que votaran por el imputado en las elecciones regionales. Tal sería la conexión con el grupo armado organizado que el gobernador entregó millonarios contratos públicos y hasta despejó las zonas para que el Eln se movilizara donde no hubiese fuerza pública.

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