El nuevo macrocaso de la JEP que investigará masacres y desaparición forzada
El anuncio lo confirmó la Jurisdicción Especial para la Paz, que agregó que también se tratarán crímenes tan graves como el desplazamiento, despojo de tierras y la violencia sexual. Se trata de una decisión que responde a cientos de víctimas que llevaban pidiéndole a la JEP que entrara a revisar estos casos. El Macrocaso 08 se llamará: “Crímenes cometidos por la fuerza pública, otros agentes de Estado, en asocio con grupos paramilitares o terceros civiles”.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tomó una decisión trascendental: abrió el macrocaso 08 que se llamará: “Crímenes cometidos por la fuerza pública, otros agentes de Estado, en asocio con grupos paramilitares o terceros civiles”. Se trata de una noticia que se esperaba desde hace casi un año y responde a cientos de peticiones de víctimas que venían pidiéndole a la JEP que investigara casos tan graves como: desaparición forzada, desplazamiento, violencia sexual y masacres.
(En contexto: La verdad que viene en la JEP: detalles de los nuevos macrocasos)
Según la jurisdicción especial, se estima que lo que ahora van a investigar son más de 72 mil hechos victimizantes que cometieron miembros del Estado, miembros de la fuerza pública, grupos paramilitares y civiles. La magistrada Belkis Izquierdo, presidenta de la Sala de Reconocimiento y Verdad, afirmó que este caso investigará los crímenes que no hayan sido indagados por los otros siete macrocasos que tienen abiertos en esta jurisdicción.
¿Por qué es importante este nuevo caso?
Desde hace un año se viene hablando de los denominados “casos sombrilla” que la JEP tenía planeado abrir para investigar masacres, desplazamiento, desaparición y violencia sexual. Estos casos son importantes porque, a diferencia de los siete macrocasos abiertos hasta ahora enfocados en delitos o regiones particulares, la JEP investigará diversos hechos que fueron cometidos en conjunto por la Fuerza Pública en alianza con grupos paramilitares.
(Lea aquí: Los nuevos casos de la JEP para masacres, desplazamiento, desaparición y violencia sexual)
En agosto pasado, el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, anunció que también se abrirá otro “caso sombrilla” para investigar los delitos cometidos por las extintas Farc. De acuerdo con Cifuentes, “esta lógica de investigación permite comprender la complejidad del conflicto y reconocer que estos actos no se dan de manera aislada y que tienen una relación estrecha entre sí: el uso de la violencia sexual como instrumento de guerra genera temor en las regiones y provoca el desplazamiento de sus poblaciones”.
La apertura del macrocaso número ocho como la investigación que reúne los delitos de las Farc, responde a las peticiones que desde hace varios años colectivos y sectores de víctimas han elevado a la justicia transicional para que abra este tipo de casos, especialmente para que investigue los procesos de violencia sexual, el despojo de tierras o la desaparición forzada. Así, pasaría de una priorización por conductas criminales a una por actores.
¿Cuáles son los crímenes y dónde ocurrieron?
De acuerdo con la jurisdicción, los protagonistas de estos crímenes estarían comprometidos en delitos de homicidios, masacres, desplazamiento forzado, desaparición forzada, tortura, amenaza, violencia sexual y detención ilegal. Conductas que fueron mencionadas en 184 informes analizados, de los 974 recibidos por la JEP. Estos hechos, anunció la magistrada Izquierdo, serán abordados como conductas vinculadas entre ellas y no como hechos individuales. La intención es facilitar la comprensión de los crímenes y permitir una justicia más eficiente.
(Lea también: Lo que se sabe y lo que no sobre la participación de terceros en la guerra)
Las cifras preliminares recogidas por la JEP indican que hay más de 70.000 víctimas de hechos atribuidos a miembros de la fuerza pública, paramilitares y a otros agentes del Estado. De acuerdo con el reporte preliminar de la justicia transicional, 56.502 serían responsabilidad de los paramilitares, 15.710 de miembros de la fuerza pública y 280 de otros agentes del Estado.
El análisis del nuevo macrocaso, según la JEP, se concentrará en cinco zonas priorizadas previamente. Se trata de la región del gran Magdalena que comprende a los departamentos de Cesar, Guajira y Magdalena, los Montes de María, el Ariari-Guayabero-Guaviare, Caguán y Florencia, y Antioquia y el Magdalena Medio. Estas zonas fueron delimitadas por la victimización y la gravedad de los hechos que ocurrieron allí.
La JEP explicó que estas zonas fueron de amplia influencia sociopolítica y militar de las guerrillas. En estos lugares hubo gran movimiento de organizaciones sociales, partidos políticos de oposición, asentamientos de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. Por esto, según su análisis, se habría difundido la estigmatización de estas personas como auxiliadores de la guerrilla, por su trabajo comunitario o por el hecho de habitar esos territorios.
¿Cuáles son los patrones que se investigarán en este caso?
La investigación de este caso, según la JEP, se centrará en tres patrones principales que fueron identificados en función de las motivaciones de los crímenes cometidos. Es decir, hubo crímenes motivados por justificaciones contrainsurgentes, crímenes motivados por el favorecimiento de intereses económicos y particulares, y crímenes motivados por el control de la función pública en los territorios.
(Lea: La Alta Montaña de los Montes de María: termómetro para la justicia transicional)
En el primer patrón se agrupan los hechos que buscaban consolidar el control territorial mediante la victimización a civiles estigmatizados como pertenecientes o colaboradores de las guerrillas de las Farc-EP, del Eln y del EPL. El segundo patrón agrupa los hechos que buscaron el acaparamiento de tierras y el control de los intereses económicos sobre el territorio. Lo que dice la JEP es que los crímenes relacionados con este patrón sirvieron para que, a favor de intereses de actores legales e ilegales, se expandiera la frontera agrícola y la extracción de recurso naturales.
Finalmente, el tercer patrón trata sobre el fortalecimiento de la influencia de grupos paramilitares en la administración estatal para coaptar sus rentas y ampliar sus bases sociales con el apoyo de agentes del Estado y terceros civiles.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tomó una decisión trascendental: abrió el macrocaso 08 que se llamará: “Crímenes cometidos por la fuerza pública, otros agentes de Estado, en asocio con grupos paramilitares o terceros civiles”. Se trata de una noticia que se esperaba desde hace casi un año y responde a cientos de peticiones de víctimas que venían pidiéndole a la JEP que investigara casos tan graves como: desaparición forzada, desplazamiento, violencia sexual y masacres.
(En contexto: La verdad que viene en la JEP: detalles de los nuevos macrocasos)
Según la jurisdicción especial, se estima que lo que ahora van a investigar son más de 72 mil hechos victimizantes que cometieron miembros del Estado, miembros de la fuerza pública, grupos paramilitares y civiles. La magistrada Belkis Izquierdo, presidenta de la Sala de Reconocimiento y Verdad, afirmó que este caso investigará los crímenes que no hayan sido indagados por los otros siete macrocasos que tienen abiertos en esta jurisdicción.
¿Por qué es importante este nuevo caso?
Desde hace un año se viene hablando de los denominados “casos sombrilla” que la JEP tenía planeado abrir para investigar masacres, desplazamiento, desaparición y violencia sexual. Estos casos son importantes porque, a diferencia de los siete macrocasos abiertos hasta ahora enfocados en delitos o regiones particulares, la JEP investigará diversos hechos que fueron cometidos en conjunto por la Fuerza Pública en alianza con grupos paramilitares.
(Lea aquí: Los nuevos casos de la JEP para masacres, desplazamiento, desaparición y violencia sexual)
En agosto pasado, el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, anunció que también se abrirá otro “caso sombrilla” para investigar los delitos cometidos por las extintas Farc. De acuerdo con Cifuentes, “esta lógica de investigación permite comprender la complejidad del conflicto y reconocer que estos actos no se dan de manera aislada y que tienen una relación estrecha entre sí: el uso de la violencia sexual como instrumento de guerra genera temor en las regiones y provoca el desplazamiento de sus poblaciones”.
La apertura del macrocaso número ocho como la investigación que reúne los delitos de las Farc, responde a las peticiones que desde hace varios años colectivos y sectores de víctimas han elevado a la justicia transicional para que abra este tipo de casos, especialmente para que investigue los procesos de violencia sexual, el despojo de tierras o la desaparición forzada. Así, pasaría de una priorización por conductas criminales a una por actores.
¿Cuáles son los crímenes y dónde ocurrieron?
De acuerdo con la jurisdicción, los protagonistas de estos crímenes estarían comprometidos en delitos de homicidios, masacres, desplazamiento forzado, desaparición forzada, tortura, amenaza, violencia sexual y detención ilegal. Conductas que fueron mencionadas en 184 informes analizados, de los 974 recibidos por la JEP. Estos hechos, anunció la magistrada Izquierdo, serán abordados como conductas vinculadas entre ellas y no como hechos individuales. La intención es facilitar la comprensión de los crímenes y permitir una justicia más eficiente.
(Lea también: Lo que se sabe y lo que no sobre la participación de terceros en la guerra)
Las cifras preliminares recogidas por la JEP indican que hay más de 70.000 víctimas de hechos atribuidos a miembros de la fuerza pública, paramilitares y a otros agentes del Estado. De acuerdo con el reporte preliminar de la justicia transicional, 56.502 serían responsabilidad de los paramilitares, 15.710 de miembros de la fuerza pública y 280 de otros agentes del Estado.
El análisis del nuevo macrocaso, según la JEP, se concentrará en cinco zonas priorizadas previamente. Se trata de la región del gran Magdalena que comprende a los departamentos de Cesar, Guajira y Magdalena, los Montes de María, el Ariari-Guayabero-Guaviare, Caguán y Florencia, y Antioquia y el Magdalena Medio. Estas zonas fueron delimitadas por la victimización y la gravedad de los hechos que ocurrieron allí.
La JEP explicó que estas zonas fueron de amplia influencia sociopolítica y militar de las guerrillas. En estos lugares hubo gran movimiento de organizaciones sociales, partidos políticos de oposición, asentamientos de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. Por esto, según su análisis, se habría difundido la estigmatización de estas personas como auxiliadores de la guerrilla, por su trabajo comunitario o por el hecho de habitar esos territorios.
¿Cuáles son los patrones que se investigarán en este caso?
La investigación de este caso, según la JEP, se centrará en tres patrones principales que fueron identificados en función de las motivaciones de los crímenes cometidos. Es decir, hubo crímenes motivados por justificaciones contrainsurgentes, crímenes motivados por el favorecimiento de intereses económicos y particulares, y crímenes motivados por el control de la función pública en los territorios.
(Lea: La Alta Montaña de los Montes de María: termómetro para la justicia transicional)
En el primer patrón se agrupan los hechos que buscaban consolidar el control territorial mediante la victimización a civiles estigmatizados como pertenecientes o colaboradores de las guerrillas de las Farc-EP, del Eln y del EPL. El segundo patrón agrupa los hechos que buscaron el acaparamiento de tierras y el control de los intereses económicos sobre el territorio. Lo que dice la JEP es que los crímenes relacionados con este patrón sirvieron para que, a favor de intereses de actores legales e ilegales, se expandiera la frontera agrícola y la extracción de recurso naturales.
Finalmente, el tercer patrón trata sobre el fortalecimiento de la influencia de grupos paramilitares en la administración estatal para coaptar sus rentas y ampliar sus bases sociales con el apoyo de agentes del Estado y terceros civiles.
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