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El sábado 9 de febrero de 2014, a escasas horas de que la Fiscalía iniciara un operativo simultáneo en cuatro regiones del país para capturar a varios directivos del Fondo Ganadero de Córdoba, en desarrollo de una investigación por despojo de tierras, el entonces director de la Policía, general Rodolfo Palomino, buscó a uno de los fiscales del caso. En medio de la conversación, el oficial le habló sobre uno de los directivos que iban a ser capturados. Ese es el origen de la investigación que ayer anunció la Fiscalía contra el general (r) Palomino.
El contexto de esta historia se remonta al año 2010, cuando la Fiscalía decidió investigar un despojo de tierras en la región de Las Tulapas, entre los municipios de Necoclí, Turbo y San Pedro de Urabá. Las pesquisas llevaron al ente investigador al ganadero y político cordobés Benito Osorio Villadiego, quien fue vinculado a la investigación por concierto para delinquir y lavado de activos. Después de diez jornadas de indagatoria, en 2012 el exsecretario de Gobierno y exgobernador de Córdoba aceptó colaborar con la justicia y contar todo lo sucedido en Las Tulapas. (Lea más aquí sobre la historia del despojo de Las Tulapas)
Osorio le reveló a la Fiscalía que cuando asumió la gerencia del Fondo Ganadero de Córdoba, en 1997, gestionó la compra de más de cien predios de manera coordinada con el paramilitarismo. Las confesiones de Osorio permitieron desentrañar una bien orquestada organización con una ejecutora fundamental: Sor Teresa Gómez Álvarez, cuñada de los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño Gil. La propia Sor Teresa Gómez admitió después que Vicente Castaño fue quien le pidió que ayudara a la compra de tierras por parte del Fondo Ganadero de Córdoba.
La prueba recaudada a través de Benito Osorio, ratificada en notarías e incluso testimonios fotográficos, fue la base para que la Fiscalía abriera investigación contra los directivos del Fondo Ganadero de Córdoba. Según sus pesquisas, el organismo aportó experiencia para asesorar y cerrar las transacciones. Cuando se presentaron líos de titulación, el proceso contó con asesoría de la jefa jurídica de adjudicación de baldíos del Incora en Antioquia, María Inés Cadavid. Las Tulapas se convirtió en retaguardia territorial del paramilitarismo. (Le puede interesar una galería de fotos, pruebas documentales del despojo paramilitar del Clan Castaño)
El operativo para la captura de los integrantes de los directivos del Fondo Ganadero de Córdoba quedó previsto para el lunes 11 de febrero de 2014. Aunque todo se había coordinado con el entonces director de la Dijín, general Jorge Rodríguez, como se trataba de una acción en la que fue necesario el apoyo aéreo, resultaba lógico que el director de la institución, general Rodolfo Palomino, estuviera pendiente del operativo. Por eso no resultó extraño que se reuniera con el fiscal que libró las capturas y se resolvieran las dudas del caso.
Lo que ahora trasciende es que al parecer ese encuentro no acabó en buenos términos. La evidencia es que se convirtió en una denuncia formal ante lo ocurrido. Una acción judicial que, tres años después, cobra forma con el anuncio del ente investigador de formular cargos al exdirector de la Policía, con el propósito de que se aclare si verdaderamente el general Palomino intentó alguna forma de presión contra la Fiscalía respecto a uno de los directivos del Fondo Ganadero de Córdoba, que finalmente terminó capturado.
El coordinador de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, Fabio Espitia, señaló ayer que el delito por el que arranca esta investigación en contra del alto oficial en retiro es tráfico de influencias. La Fiscalía ya solicitó la programación de la audiencia en el Tribunal Superior de Bogotá. El único dato entregado oficialmente precisa que “en 2014, siendo director de la Policía, el general Palomino intentó impedir que la justicia cumpliera unas órdenes”. El Espectador ratificó que fue en el capítulo judicial de Las Tulapas.
Hace siete meses, la justicia promovió el embargo de casi ocho millones de acciones del Fondo Ganadero de Córdoba para fortalecer el Fondo de Reparación de Víctimas y restaurar derechos de la comunidad de Las Tulapas. Además de la hermana de crianza de los Castaño y dos compinches y dos notarios, entre otros, los siguientes directivos del Fondo terminaron por responder ante la justicia: Carlos Sotomayor Hodeg, Luis Gonzalo Gallo Restrepo, Orlando Fuentes Hessen y Benito Molina Velarde.