El oscuro prontuario de Robinson González del Río

Se llama Robinson González del Río y fue coronel del Ejército hasta 2014. Hoy su nombre vuelve a ser noticia, tras haber sido condenado en segunda instancia a 37 años de prisión por su participación en el asesinato de dos jóvenes en la vereda Trocaderos del municipio de Neira (Caldas), en septiembre de 2007. Esta es la segunda condena en su contra por los llamados falsos positivos: la primera, que se falló en 2015 por el asesinato de 31 personas, fue tumbada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Antioquia. Pero no fueron las ejecuciones extrajudiciales las que le costaron su salida del Ejército en 2014, cuando fue llamado a calificar servicios. En ese entonces, González del Río ya llevaba preso dos años.

Lo que lo sacó del Ejército fueron unos audios que reveló la revista Semana que probarían que desde su centro de reclusión estaba adelantando negocios ilegales. En los audios, en los que conversa con el general que en ese entonces lideraba el Comando Conjunto de Occidente, el coronel le pide a su superior que lo ayude adjudicarse unos contratos de las Fuerzas Militares. El general en cuestión no solo le dijo que lo ayudaría, sino que le aconsejó organizarse con otros militares “como una mafia” para denunciar a los fiscales que los investigaban por falsos positivos. Como era de esperarse, las revelaciones causaron revuelo. Más aun cuando en ese momento, su nombre, otrora sinónimo de excelentes resultados en el Ejército, ya comenzaba a empantanarse.

Ya en 2013, meses antes de las denuncias de Semana, se habían hecho públicos otros audios que lo implicaban en supuestos sobornos a magistrados del Consejo Superior de la Judicatura. En las grabaciones, presuntamente se escuchaba al coronel (r) González del Río conversando con el entonces magistrado de la Sala Disciplinaria de ese tribunal, Henry Villarraga, sobre la posibilidad de trasladar su caso de la justicia ordinaria a la Justicia Penal Militar. Fueron más de dos docenas de conversaciones que obtuvo la Fiscalía, tras interceptar el celular de González, quien en ese entonces ya estaba recluido en la guarnición militar de Puente Aranda (Bogotá). En una de las grabaciones, reveló en ese momento el ente investigador, los dos hombres hablaban de una coima de $400 millones por adelantar el traslado de los expedientes. El escándalo causó su transferencia a La Picota (Bogotá).

La tormenta que se desató tras esas revelaciones, sumado a lo expuesto por Semana y al proceso en curso por falsos positivos. Menos de un mes después de que lo llamaran a calificar servicios, la apertura en la Fiscalía de una nueva investigación en su contra remató la reputación del coronel ya retirado. En esa ocasión, fue acusado de liderar una red de oficiales y suboficiales activos y retirados que habrían sacado armas de largo alcance de distintos batallones del Ejército para vendérselas a grupos al margen de la ley, especialmente a bandas criminales como el clan del Golfo, en ese entonces conocido como los Urabeños.

La Fiscalía explicó que el modus operandi de la red consistía en extraer armas de los batallones del Ejército y, a través de los suboficiales, transportarlas hasta los lugares señalados por los grupos ilegales. Los militares se aprovechaban de su investidura para burlar los retenes de la Policía de carreteras. La Fiscalía encontró que Villavicencio fue un punto clave para extraer el armamento –en su mayoría, fusiles– y que la entrega se dio especialmente en poblaciones del Bajo Cauca antioqueño como Tarazá y Caucasia. Acorralado, en junio de ese año el coronel (r) González del Río empezó a hablar. Fueron más de 100 horas de entrevista con un fiscal de Derechos Humanos, en las que salpicó a nueve generales del Ejército e indicó tener información sobre al menos 50 casos y 64 ejecuciones extrajudiciales.

Si bien fue revocada la condena de 30 años que le impuso un juez de primera instancia por los delitos de concierto para delinquir, porte de armas de fuego, homicidio agravado y falsedad ideológica en documento público por 32 asesinatos en Antioquia , al militar en retiro aún le espera un largo tiempo en prisión. Debe pagar la condena de 37 años de prisión por el asesinato de dos jóvenes en Neira (Caldas) en 2007, cuando era comandante del Batallón 57 Contraguerrilla 57 Héroes de Puerres.

Diversas fuentes aseguran que el militar espera acogerse a la justicia transicional, en caso de firmarse la paz con las Farc. Pero incluso si esto es posible, el nombre de Robinson González del Río seguirá vinculado a los escándalos de corrupción en el Ejército más chocantes de los últimos años.

Se llama Robinson González del Río y fue coronel del Ejército hasta 2014. Hoy su nombre vuelve a ser noticia, tras haber sido condenado en segunda instancia a 37 años de prisión por su participación en el asesinato de dos jóvenes en la vereda Trocaderos del municipio de Neira (Caldas), en septiembre de 2007. Esta es la segunda condena en su contra por los llamados falsos positivos: la primera, que se falló en 2015 por el asesinato de 31 personas, fue tumbada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Antioquia. Pero no fueron las ejecuciones extrajudiciales las que le costaron su salida del Ejército en 2014, cuando fue llamado a calificar servicios. En ese entonces, González del Río ya llevaba preso dos años.

Lo que lo sacó del Ejército fueron unos audios que reveló la revista Semana que probarían que desde su centro de reclusión estaba adelantando negocios ilegales. En los audios, en los que conversa con el general que en ese entonces lideraba el Comando Conjunto de Occidente, el coronel le pide a su superior que lo ayude adjudicarse unos contratos de las Fuerzas Militares. El general en cuestión no solo le dijo que lo ayudaría, sino que le aconsejó organizarse con otros militares “como una mafia” para denunciar a los fiscales que los investigaban por falsos positivos. Como era de esperarse, las revelaciones causaron revuelo. Más aun cuando en ese momento, su nombre, otrora sinónimo de excelentes resultados en el Ejército, ya comenzaba a empantanarse.

Ya en 2013, meses antes de las denuncias de Semana, se habían hecho públicos otros audios que lo implicaban en supuestos sobornos a magistrados del Consejo Superior de la Judicatura. En las grabaciones, presuntamente se escuchaba al coronel (r) González del Río conversando con el entonces magistrado de la Sala Disciplinaria de ese tribunal, Henry Villarraga, sobre la posibilidad de trasladar su caso de la justicia ordinaria a la Justicia Penal Militar. Fueron más de dos docenas de conversaciones que obtuvo la Fiscalía, tras interceptar el celular de González, quien en ese entonces ya estaba recluido en la guarnición militar de Puente Aranda (Bogotá). En una de las grabaciones, reveló en ese momento el ente investigador, los dos hombres hablaban de una coima de $400 millones por adelantar el traslado de los expedientes. El escándalo causó su transferencia a La Picota (Bogotá).

La tormenta que se desató tras esas revelaciones, sumado a lo expuesto por Semana y al proceso en curso por falsos positivos. Menos de un mes después de que lo llamaran a calificar servicios, la apertura en la Fiscalía de una nueva investigación en su contra remató la reputación del coronel ya retirado. En esa ocasión, fue acusado de liderar una red de oficiales y suboficiales activos y retirados que habrían sacado armas de largo alcance de distintos batallones del Ejército para vendérselas a grupos al margen de la ley, especialmente a bandas criminales como el clan del Golfo, en ese entonces conocido como los Urabeños.

La Fiscalía explicó que el modus operandi de la red consistía en extraer armas de los batallones del Ejército y, a través de los suboficiales, transportarlas hasta los lugares señalados por los grupos ilegales. Los militares se aprovechaban de su investidura para burlar los retenes de la Policía de carreteras. La Fiscalía encontró que Villavicencio fue un punto clave para extraer el armamento –en su mayoría, fusiles– y que la entrega se dio especialmente en poblaciones del Bajo Cauca antioqueño como Tarazá y Caucasia. Acorralado, en junio de ese año el coronel (r) González del Río empezó a hablar. Fueron más de 100 horas de entrevista con un fiscal de Derechos Humanos, en las que salpicó a nueve generales del Ejército e indicó tener información sobre al menos 50 casos y 64 ejecuciones extrajudiciales.

Si bien fue revocada la condena de 30 años que le impuso un juez de primera instancia por los delitos de concierto para delinquir, porte de armas de fuego, homicidio agravado y falsedad ideológica en documento público por 32 asesinatos en Antioquia , al militar en retiro aún le espera un largo tiempo en prisión. Debe pagar la condena de 37 años de prisión por el asesinato de dos jóvenes en Neira (Caldas) en 2007, cuando era comandante del Batallón 57 Contraguerrilla 57 Héroes de Puerres.

Diversas fuentes aseguran que el militar espera acogerse a la justicia transicional, en caso de firmarse la paz con las Farc. Pero incluso si esto es posible, el nombre de Robinson González del Río seguirá vinculado a los escándalos de corrupción en el Ejército más chocantes de los últimos años.