El país en conflicto que recibe el nuevo presidente

Este domingo, el país decidirá quién será el presidente de Colombia por los siguientes cuatro años. Sea quien sea el ganador, Gustavo Petro o Rodolfo Hernández, uno de los principales retos será dar una respuesta en materia de seguridad a la difícil situación que viven varios departamentos del país por cuenta de las acciones violentas de los grupos armados. El Espectador hace una radiografía del escenario de conflicto que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno, que incluye nuevas olas de violencia a niveles no vistos hace más de ocho años, alianzas entre actores armados y una crisis de legitimidad de la Fuerza Pública.

Este domingo, el país decidirá quién será el presidente de Colombia por los siguientes cuatro años. Sea quien sea el ganador, Gustavo Petro o Rodolfo Hernández, uno de los principales retos será dar una respuesta en materia de seguridad a la difícil situación que viven varios departamentos del país por cuenta de las acciones violentas de los grupos armados. El Espectador hace una radiografía del escenario de conflicto que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno, que incluye nuevas olas de violencia a niveles no vistos hace más de ocho años, alianzas entre actores armados y una crisis de legitimidad de la Fuerza Pública.

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Aunque el gobierno de Iván Duque dio duros golpes a los líderes de las disidencias de las Farc, el Eln, el Clan del Golfo y otros grupos, ha sido inevitable que otros hereden el poder de esas estructuras o que, tras la muerte o extradición de los jefes, haya retaliaciones. El recrudecimiento de la violencia ha generado crisis humanitarias en Cauca, Nariño, Bajo Cauca antioqueño, Chocó, Norte de Santander y Arauca, por nombrar apenas las del último año. El Comité Internacional de la Cruz Roja señaló, en abril pasado, que en Colombia hay seis conflictos armados que han dejado graves afectaciones en al menos 20 de los 32 departamentos del país.

Según sus registros, por ejemplo, el 2021 dejó 52.880 personas afectadas por desplazamientos masivos. Son datos que ese organismo humanitario viene advirtiendo desde diciembre de 2018, cuando apenas iniciaba el gobierno de Iván Duque. Pero las cifras han empeorado con el tiempo. Juan Pappier, investigador de Human Rights Watch, le dijo a este diario: “Estamos viendo niveles crecientes de homicidios, desplazamientos y confinamiento, que retrotraen a Colombia a niveles de violencia cercanos a los que existían en 2012; es decir, inmediatamente antes del Acuerdo de Paz”.

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A juicio de Jorge Mantilla, director de Dinámicas del Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), atender las crisis humanitarias que ha dejado la guerra debe ser una de las prioridades del próximo gobierno. En paralelo, agrega, se debe intervenir los territorios de alta complejidad donde se concentra la violencia. “Principalmente, es en zonas de frontera: la colombo-venezolana (especialmente en Catatumbo y Arauca), la frontera con Ecuador (Putumayo y sur de Nariño) y en el límite con Panamá (Chocó). Son zonas donde hay unas violencias que persisten y unos focos de enfrentamientos que se reactivan”, explicó.

El ejemplo más reciente de las afectaciones del conflicto lo da el Cauca. El pasado lunes murió alias Mayimbú en un combate con el Ejército un jefe de las disidencias de las Farc al mando de Iván Mordisco. En la misma semana, las disidencias detonaron dos explosivos en Corinto y Suárez, al parecer como represalia. Mayimbú estaba al mando del Comando Coordinador de Occidente (CCO), grupo integrado por varias disidencias de las Farc del Cauca y el Valle. Se les atribuye, por ejemplo, el asesinato del líder social Richard Nilson Betancourt, en marzo pasado, y el de Karina García, candidata a la Alcaldía de Suárez, Cauca, en 2019.

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De acuerdo con información de la Fuerza Pública, las principales amenazas del CCO son la columna móvil Jaime Martínez, la Dagoberto Ramos Ortiz y la compañía Adán Izquierdo, responsables de masacres, atentados y desplazamientos forzados en Cauca. Según esas fuentes, el propósito del CCO es ampliar su pie de fuerza y extender sus áreas de injerencia a departamentos aledaños. Una dinámica que también identificó la Defensoría del Pueblo desde enero de 2022. A finales de ese mes, las estructuras de este comando cometieron dos asesinatos que sacudieron al país: los de Breiner Cucuñame (de 14 años) y Albeiro Camayo, integrantes de la Guardia Indígena del Cauca.

“Se encuentran enfocados en mantener el control territorial rural a través de reuniones, emisión de panfletos y normas de convivencia, entre otros, para imponer, por esta vía, una suerte de ‘orden social’ sobre la población civil con el fin de adquirir la legitimidad ‘de facto’ necesaria que le permita su permanencia y materialización de los planes estratégicos. Su finalidad es lograr controlar el corredor estratégico de movilidad que comunica a los departamentos de Valle, Tolima, Huila y Caquetá, permitiéndoles la comunicación y los desplazamientos a los integrantes de las diversas estructuras, material logístico y armas, además del control total del narcotráfico”, alertó la Defensoría.

El CCO de las disidencias de “Iván Mordisco”, además de las confrontaciones con la Fuerza Pública, sostiene combates con la guerrilla del Eln (con los frentes José María Becerra, Milton Hernández Ortiz y el Manuel Vásquez Castaño) y las disidencias de “Iván Márquez”, autodenominada Segunda Marquetalia. El grupo criminal también tiene un Comando Conjunto Occidental, pero con menos hombres y menos frentes. Entre ellos, las columnas móviles Vladimir Estiven y Cristian Pérez; y los frentes Diomer Cortés y el sexto de Milicias Bolivarianas, células que también intentan expandirse por otros departamentos, como el Valle del Cauca.

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La alineación que ha permitido crear los comandos conjuntos o coordinadores de las disidencias, así como la colaboración y confrontación entre grupos armados que antes parecían atomizados, será otro desafío para quien asuma la Presidencia. Según explicó Jorge Mantilla, “las relaciones varían entre dominio, coexistencia o disputa. Esto depende, mucho más, de las dinámicas locales del contexto subregional que de los grupos mismos”. Sin embargo, añade que “estas relaciones son frágiles, altamente inestables y pueden variar rápidamente, como sucedió a principios de año en Arauca, con el Eln y las Farc”.

Según Mantilla, los grupos armados bien pueden colaborar para gestionar negocios ilícitos o unirse en contra de otro adversario más fuerte. Depende de cada lugar. En esto coincidió Pappier, quien aseguró: “Esta violencia responde a dinámicas locales que son distintas en diversas regiones. Mientras en algunas zonas hay acuerdos entre los grupos, por ejemplo, para repartirse el territorio, en otras zonas existen disputas por el control del territorio y las economías ilegales El próximo presidente debería reformar la política de seguridad a fin de tomar medidas eficientes para desmantelar los grupos armados y proteger a la población”. Estas son algunas de las regiones más complejas, según varias fuentes consultadas.

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Nariño

En el departamento de Nariño, el fenómeno se repite: los mismos comandos conjuntos de las disidencias se enfrentan por la zona, que también es salida de cocaína por el Pacífico, con destino a Centroamérica y Estados Unidos, así como a Ecuador. Las costas de este país son usadas por grupos criminales para enviar cocaína. Por el lado de Iván Mordisco están presentes las columnas móviles Franco Benavides, Jaime Martínez y Urías Rondón. Del bando de Iván Márquez están el bloque occidental Alfonso Cano y la columna Iván Ríos. Los municipios que más sufren de esta disputa son: Tumaco, Barbacoas, Magüí, Roberto Payán, Ricaurte, Olaya Herrera y El Charco.

Putumayo

Putumayo también atraviesa una compleja situación por culpa de la disputa por los corredores del narcotráfico. En esta zona están los Comandos de la Frontera, organización que reúne a disidentes de la disidencia de Iván Márquez y antiguos miembros de La Constru, banda criminal de origen paramilitar. Los Comandos se enfrentan en esta zona con las disidencias del frente Carolina Ramírez, quienes a su vez reciben órdenes de Iván Mordisco. Esta zona es clave y está en disputa porque parte de los alijos que salen por los puertos ecuatorianos con destino a Estados Unidos y Europa salen de Colombia por esta frontera.

Arauca

Desde los primeros días de 2022 se agravó la situación en esta región, donde la violencia venía degradándose. En ese momento se reportó la masacre de 24 personas en lo que habría sido, según el Gobierno colombiano, una vendetta entre las disidencias de Iván Mordisco y el Eln, grupo que se alió con Iván Márquez para controlar esta zona de la frontera con Venezuela con el mismo fin: controlar los pasos hacia Venezuela y las pistas clandestinas que hay en ese país, donde avionetas sacan droga hacia Centroamérica y Estados Unidos.

En medio de esta disputa han muerto varios líderes criminales de las disidencias en territorio venezolano en el último año. En mayo pasado, por ejemplo, se reportó la muerte de Gentil Duarte, líder de las disidencias de las Farc que ahora están en manos de Iván Mordisco. En hechos no muy claros, también se reportó la muerte de tres hombres claves de la Segunda Marquetalia: Jesús Santrich (mayo de 2021), Romaña y El Paisa (diciembre de 2021). Aunque el Gobierno señala que se trató de muertes entre grupos criminales, las disidencias señalan a mercenarios al servicio del Gobierno.

Norte de Santander

Históricamente, la región más convulsa del departamento es el Catatumbo, compuesta por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú. Allí, desde 2021, el frente 33 de las disidencias de Iván Mordisco y el Eln han desplegado tropas para ganar terreno y controlar cultivos de coca. A su vez, la Defensoría del Pueblo indicó, en febrero pasado, que, “mientras crece este clima de tensiones entre grupos ilegales, se comienza a insinuar, en municipios como Ocaña, la presunta presencia del Clan del Golfo, de cuya existencia y accionar, si bien las autoridades no la confirman, tampoco la descartan”.

Antioquia y Chocó

El viernes pasado, el Ejército reportaba la captura de alias Machín, sucesor de alias Cabuyo, el hombre de confianza de Iván Mordisco en Antioquia, quien murió la semana pasada en una operación militar. Tras la salida de estos dos hombres, los más buscados en el departamento, hay otros actores armados que vulneran la seguridad. En esa misma zona donde operó Cabuyo, el norte de Antioquia, las disidencias se enfrentaban con el Clan del Golfo, en una zona clave para el paso de tropas, armas, insumos para el procesamiento de cocaína y salida de cargamentos por Urabá.

En Urabá, que durante los últimos 25 años ha sido de dominio paramilitar y sus sucesores, también se mantiene una gran presencia de hombres que seguían órdenes de Otoniel, capo del Clan del Golfo recientemente extraditado a Estados Unidos. Por ejemplo, en esta zona y en el sur de Córdoba siguen delinquiendo los tres herederos del grupo criminal: Chiquito Malo, Gonzalito y Siopas. Este último es uno de los responsables del confinamiento, desplazamiento forzado y asesinatos selectivos que padecen constantemente varias comunidades en el Urabá chocoano, donde se enfrenta con la guerrilla del Eln por las rutas del narcotráfico, la minería ilegal y deforestación.

Como si fuera poco con este panorama nacional, el próximo presidente debería tener otros dos temas en su agenda, según Mantilla. Por un lado, un aspecto en el que ha insistido la FIP: aumentar el liderazgo civil en la Fuerza Pública. Un camino para lograrlo implicaría “no solo contar con un ministro capaz, competente, con conocimiento técnico y el reconocimiento de las fuerzas, sino también con un liderazgo en las políticas de seguridad desde las consejerías de Presidencia: la Alta Consejería de Seguridad Nacional, la de Estabilización”, añadió.

Mantilla considera que el próximo Gobierno tendrá que dar soluciones a la crisis de legitimidad de la Fuerza Pública. En la Policía va de la mano de los abusos cometidos durante las protestas del paro nacional, que pusieron sobre la mesa la necesidad de reformar la institución. Y en las Fuerzas Militares, porque son vistas en muchas comunidades como un actor armado más, dice Mantilla. Crisis que se agrava cada día, mientras se conocen relaciones de altos mandos militares con criminales o con hechos como la cuestionada operación militar en Puerto Leguízamo (Putumayo), que dejó once muertos. Un escenario de conflicto con muchos problemas irresueltos y postergados.