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De acuerdo con la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Colombia es el tercer país con menos garantías del continente en cuanto al libre desarrollo del oficio del periodismo, por debajo de México y Honduras, pues en los últimos cuatro años han asesinado a ocho comunicadores y se han denunciado 618 amenazas contra ellos. Solo en el año de la pandemia -2020-, a pesar del confinamiento, fueron intimidados 193 periodistas, lo que corresponde a un crecimiento del 10% en relación con 2019.
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Durante el año pasado, además, fueron asesinados dos periodistas: Abelardo Liz y Felipe Guevara. En cuanto al caso de Liz, quien era reportero de la emisora Nación Nasa Estéreo en Corinto (Cauca), se sabe que murió mientras cubría una confrontación entre la Fuerza Pública y comunidades indígenas en tal municipio, luego de recibir tres disparos que, al parecer, venían del sector donde se ubicaba el Ejército. Abelardo Liz murió con 34 años y llevaba cinco años de trabajo profesional.
Según lo contó la FLIP en su artículo “El último día de reportería de Abelardo Liz”, el periodista asesinado llevaba siete meses como periodista de planta en Nasa Estéreo, donde se encargaba de entrevistar a la gente de Corinto, para comunicar el panorama que se estaba viviendo en la región, específicamente sobre temas económicos y ambientales. El 13 de agosto de 2020, día en que falleció, quedó registrada su última grabación para la emisora.
Por su parte, Felipe Guevara, quien era periodista del diario Q’hubo de Cali, murió en vísperas de la Navidad de 2020, luego de luchar tres días contra el ataque sicarial que sufrió en frente de su casa, cuando se encontraba en compañía de un amigo en el barrio Mariano Ramos. Guevara murió con 27 años, conformaba la sección judicial y estaba esperando un bebé en compañía de su pareja sentimental, Sara Otálora. “Los chiveaba a todos”, cuenta Daniel Hernández, amigo de Felipe Guevara y testigo directo del crimen.
En contexto: Felipe Guevara, el periodista asesinado al que le arrebataron el sueño de ser papá.
Sobre el oficio de periodista judicial, Felipe Guevara ya había dejado su registro en los micrófonos de El Espectador: “Requiere de la mayor responsabilidad, incluso es más difícil porque hay que buscar a los familiares en el momento del duelo, del dolor, en medio de un homicidio y tratar de contar las dos partes de la historia: lo que dice la Policía y quién era la víctima”. El pasado 6 de enero, la Policía aseguró que había capturado al presunto responsable del crimen, un adolescente de 16 años que no aceptó cargos y que fue enviado a la cárcel dos días después de ser detenido.
Volviendo a las estadísticas de la FLIP, las agresiones contra periodistas durante 2020 pueden enmarcarse en nueve categorías. Se presentaron 152 casos de amenazas; 44 de acceso a la información; 40 de hostigamiento; 40 de acoso judicial; 36 de desplazamiento; ocho de detención ilegal; ocho de exilio; cuatro de violencia sexual; y dos de asesinato. La zona geográfica más golpeada fue Bogotá, con un total de 30 casos, y “después le siguen municipios medianos y pequeños, que se encuentran atravesados por las rutas del narcotráfico y la consolidación de bandas criminales”, explica la fundación.
Durante 2020, además, la FLIP registró 20 casos de ataques a mujeres reporteras, que pueden catalogarse como violencia de género. “Las agresiones van desde hostigamientos en línea y amenazas, hasta violencia sexual”, agrega la fundación. Uno de los expedientes más alarmantes fue el protagonizado contra la periodista Lina Peña Peña, quien durante semanas recibió mensajes con enlaces que redireccionaban a montajes de videos íntimos en los que supuestamente aparecía ella. También quedó registrado el caso de la periodista Natalia Archila, de Latina Comunicaciones, quien habría sufrido un ataque sexual por parte del exconcejal Juan Carlos Sánchez.
En cuanto a exilios y desplazamientos, la FLIP conoció la historia de Arlex Piedrahita, de Noticias Caracol en Cali, quien se vio obligado a salir del país en noviembre de 2020 luego de recibir cuatro amenazas y dos hostigamientos desde 2018. “En este tiempo, el reportero no obtuvo respuestas oportunas por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) ni de la Fiscalía”, denuncia la fundación. También, dentro de los ataques a la libertad de presa, se encontraría un caso de “criminalización de fuentes”, hablando sobre el lío judicial por cuenta de unos audios revelados en un programa de La F.M., entre RCN, Vicky Dávila y el coronel (r) Jorge Hilario Estupiñán.
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Por otro lado, la pandemia por COVID-19 también afectó el trabajo periodístico de acuerdo con la FLIP. A pesar del confinamiento general, los comunicadores tuvieron que seguir haciendo la reportería en terreno, lo que dejó un saldo de 21 comunicadores muertos a causa de la enfermedad. Además, la fundación encontró dudas en el manejo de los perfilamientos del Ejército revelados por Semana, en un episodio denominado Carpetas Secretas, dado que la Procuraduría identificó a 29 personas como posibles víctimas, pero la Fiscalía tendría un listado de solo 20. La FLIP tiene registros de que la cifra puede ascender a 45 periodistas.
::Entre a este enlace para conocer más información sobre el expediente de las Carpetas Secretas::