El paso a la reconciliación que dieron ocho militares en Dabeiba por falsos positivos

Decir públicamente: “yo reconozco que di la orden”, es ahora un acto de verdad que la Fuerza Pública le debía a las víctimas de falsos positivos en Dabeiba (Antioquia). Un coliseo del pueblo fue hoy el escenario donde el dolor, la verdad y la reconciliación se unieron para constituir un evento de justicia sin precedentes. Ocho exintegrantes de la Fuerza Pública, imputados por cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad, reconocieron su participación en el asesinato y las desapariciones forzadas de campesinos y pobladores del municipio que hicieron pasar como guerrilleros, como bajas en combate.

Lea además: Falsos positivos en Dabeiba: ocho militares reconocerán su responsabilidad

Ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), las víctimas y el país. Los responsables de los horrores ocurridos en Dabeiba entregaron una pequeña escultura de un ave blanca, símbolo de paz y unión. La mujer que recibió el símbolo fue Teresita Zapata, madre de Jorge Andrés Ortiz Zapata, una de las víctimas mortales de los exmilitares. “Esperamos respuestas generadoras de paz para cada una de las víctimas”, les dijo la señora Zapata, justo antes de abrazar a uno de los máximos responsables del crimen que le arrebató a su hijo.

Por primera vez, una diligencia de este tipo en la JEP contó con la presencia del Gobierno, reconociendo así el trabajo de la jurisdicción. Asistieron el ministro de Defensa, Iván Velásquez, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, y el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda. “Hoy damos un gran paso a la reconciliación de Colombia”, fueron una de las frases que el magistrado relator de estos hechos, Alejandro Ramelli, dijo para abrir el espacio.

Lea: El costo de ayudar a esclarecer los falsos positivos de Dabeiba

Edie Pinzón Turcios, comandante del Batallón de Contraguerrillas (BCG) No. 26 ‘Arhuacos’ entre enero y septiembre de 2002, fue el primero de los comparecientes en tomar la palabra. Contó sobre la forma en que operó el patrón para asesinar por prejuicios a personas de la población que eran calificados como guerrilleros y la forma en que personas del Estado se aliaron con las autodefensas. Aceptó los vejámenes de la guerra y el abuso de poder con el que ejecutaron a personas inocentes. El joven Edison Alexander Lezcano fue una de esas víctimas mortales, crimen por el que Pinzón Turcios aceptó su responsabilidad.

En este sentido, el militar (r) afirmó que, para la época de inicios de los 2000, tenía la oportunidad de escuchar todo tipo de comunicaciones, ya que interceptaban a la guerrilla. “También escuchaba las comunicaciones de sus colaboradores que hoy en día gozan y están tranquilos, entre esas las empresas de transporte Gómez Hernández y Sotraurabá, que eran afines y muy colabores en las Farc, entregando unas sumas de dinero mensual y bimensual”, afirmó. Le pidió disculpas y asumió el remordimiento y la culpa a la esposa de Lezcano, diciendo que no conocía de su dolor: “Hoy me siento tranquilo, le estamos dando la cara a las víctimas y sus familiares”.

Lea además: Los militares que no aceptaron falsos positivos en Dabeiba irán a juicio

Yair Leandro Rodríguez Giraldo, teniente del Ejército en aquella época, también reconoció su actuar irregular en el municipio conocido como “La Puerta del Urabá”. Quién controlaba este territorio, controlaba el ingreso a esa subregión antioqueña con salida al mar. “Nosotros estigmatizábamos y señalábamos a la población civil como guerrilleros”, hasta el punto de que aquella persona que vistiera de negro era guerrillero, contó el exmilitar. “No nos contaban capturas, la orden era extinguirlos, asesinarlos. Ese es el caso del señor Edison Lexander Lezcano Hurtado”, dijo.

Hermes Mauricio Alvarado, quien se desempeñó en 2002 como capitán del Batallón Contraguerrillas, fue el tercero de los máximos responsables de estos crímenes atroces en tomar la palabra. Reconoció haber callado, haber omitido de sus funciones, y haber permitido los asesinatos y las desapariciones forzadas de inocentes. “¿Cuántos proyectos de vida se cayeron ahí?, a mí me da vergüenza que eso haya sucedido. Edison Lexander Lezcano, dice, no era un guerrillero”. Además, puso la reflexión de que si en una acción militar “hay una pérdida de vida inocente, no vale la pena lo que se haya hecho”.

Lea: Clan del Golfo amenazó a magistrado de la JEP, Alejandro Ramelli, por caso Dabeiba

Durante la diligencia también reconoció su responsabilidad el sargento (r) Jaime Coral Trujillo, exintegrante del Batallón de Contraguerrillas (BCG) No. 79. Dijo que se siente responsable no solo de estos hechos, sino de la política de la fuerza pública que acabó con la vida de más de 6.000 personas. Agregó que asesinaron a campesinos que señalaron como guerrilleros; a guerrilleros que depusieron sus armas y a personas traídas de otros municipios. Esto a través de falsos trabajos, compra de alimentos y ropa. “Pidió perdón a ustedes, a familias, reconozco en esta audiencia que quienes perdieron la vida no eran combatientes, ni delincuentes. Nosotros mancillamos sus nombres con mentiras”, dijo el exmilitar.

En la diligencia también reconoció su responsabilidad el soldado profesional (r) Levis de Jesús Contreras Salgado, exintegrante del Batallón de Contraguerrillas, quien dijo que reclutó a más de 40 víctimas. Además, dijo que él es uno de los militares que han sido amenazados, junto a dos magistrados, una testigo y una abogada, por esclarecer los falsos positivos de Dabeiba. “Los responsables de estas amenazas son personas que no quieren que este macabro hecho que sucedió en toda esta región de Urabá salga a la luz”, expresó.

Conozca además: Gobierno reforzó la seguridad del magistrado, Alejandro Ramelli, tras amenazas

Los demás militares que reconocieron su culpa en los actos de violencia fueron los sargentos (r) William Andrés Capera Vargas, Fidel Iván Ochoa Blanco y Jaime Coral Trujillo. Además del coronel (r) Efraín Enrique Prada Correa, excomandante del Batallón de Contraguerrillas. Dijo que entrenaban a los militares para que dieran las mismas explicaciones en la Justicia Penal Militar para no ser descubiertos y ocultaron la identidad de las víctimas “Este mal proceder degrado tanto a la institución que en muchas ocasiones llegó a lo peor que pudimos haber hecho”.

También reconocieron responsabilidad otro grupo de militares como Manuel Darío Mejía Sánchez, Gabriel Jaimes Gómez Arenas, Manuel Esteban Echavarría Julio y Richard de Jesús Barroso Torres, quienes no son considerados como máximos responsables de estos hechos, pero que su aporte servirá para que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, quien participa de manera articulada en esta audiencia, les resuelva de manera definitiva su situación legal.

¿Qué dijeron los representantes del Gobierno?

Los representantes del Gobierno expresaron su apoyo a la verdad, al trabajo de la JEP y valoraron el diálogo que permite un espacio como este. “¿Cómo fue posible que decenas, tal vez cientos de jóvenes humildes fueran asesinados por agentes del Estado, presentados como bajas en combate, inhumados en el cementerio y, posteriormente, desplegada una estrategia de incumplimiento e impunidad”, cuestionaba el jefe de la cartera de Defensa, Néstor Osuna.

Asimismo, el ministro de Defensa, Iván Velásquez reconoció la labor de las víctimas para conocer la verdad. “La verdad es la garantía suprema de la no repetición”, dijo y explicó que, al conocerse públicamente de estos hechos de tanta gravedad, “ese profundo dolor servirá también en el futuro para saber que cuando situaciones similares pudieran empezar a suceder podrán también existir unas víctimas en las que creamos más”, se escuchó en su intervención.

De la misma manera, Danilo Rueda, el alto Comisionado para la Paz, reconoció a su vez la valentía de las víctimas presentes en la audiencia, tras asegurar la presencia actual de estructuras armadas que se mantienen en el municipio. “Seguimos viviendo en Dabeiba experiencias de violencia que limitan la libertad de expresión y que no garantizan la posibilidad de decir que hemos superado esos tiempos de zozobra, terror y dolor”, expresó el funcionario.

Finalmente, el alcalde de Dabeiba, Leyton Urrego Durango, intervino en la diligencia indicando que hoy es un día de esperanza por encontrar a los seres queridos, incluyendo a su primo que fue desaparecido en aquella época. Valoró el apoyo internacional para el avance en el proceso de paz y explicó como todavía los jóvenes son reclutados por grupos armados ilegales en esa zona del departamento. “Tenemos una gran esperanza, porque la JEP está brindando”, expresó el mandatario local.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Decir públicamente: “yo reconozco que di la orden”, es ahora un acto de verdad que la Fuerza Pública le debía a las víctimas de falsos positivos en Dabeiba (Antioquia). Un coliseo del pueblo fue hoy el escenario donde el dolor, la verdad y la reconciliación se unieron para constituir un evento de justicia sin precedentes. Ocho exintegrantes de la Fuerza Pública, imputados por cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad, reconocieron su participación en el asesinato y las desapariciones forzadas de campesinos y pobladores del municipio que hicieron pasar como guerrilleros, como bajas en combate.

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Ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), las víctimas y el país. Los responsables de los horrores ocurridos en Dabeiba entregaron una pequeña escultura de un ave blanca, símbolo de paz y unión. La mujer que recibió el símbolo fue Teresita Zapata, madre de Jorge Andrés Ortiz Zapata, una de las víctimas mortales de los exmilitares. “Esperamos respuestas generadoras de paz para cada una de las víctimas”, les dijo la señora Zapata, justo antes de abrazar a uno de los máximos responsables del crimen que le arrebató a su hijo.

Por primera vez, una diligencia de este tipo en la JEP contó con la presencia del Gobierno, reconociendo así el trabajo de la jurisdicción. Asistieron el ministro de Defensa, Iván Velásquez, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, y el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda. “Hoy damos un gran paso a la reconciliación de Colombia”, fueron una de las frases que el magistrado relator de estos hechos, Alejandro Ramelli, dijo para abrir el espacio.

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Edie Pinzón Turcios, comandante del Batallón de Contraguerrillas (BCG) No. 26 ‘Arhuacos’ entre enero y septiembre de 2002, fue el primero de los comparecientes en tomar la palabra. Contó sobre la forma en que operó el patrón para asesinar por prejuicios a personas de la población que eran calificados como guerrilleros y la forma en que personas del Estado se aliaron con las autodefensas. Aceptó los vejámenes de la guerra y el abuso de poder con el que ejecutaron a personas inocentes. El joven Edison Alexander Lezcano fue una de esas víctimas mortales, crimen por el que Pinzón Turcios aceptó su responsabilidad.

En este sentido, el militar (r) afirmó que, para la época de inicios de los 2000, tenía la oportunidad de escuchar todo tipo de comunicaciones, ya que interceptaban a la guerrilla. “También escuchaba las comunicaciones de sus colaboradores que hoy en día gozan y están tranquilos, entre esas las empresas de transporte Gómez Hernández y Sotraurabá, que eran afines y muy colabores en las Farc, entregando unas sumas de dinero mensual y bimensual”, afirmó. Le pidió disculpas y asumió el remordimiento y la culpa a la esposa de Lezcano, diciendo que no conocía de su dolor: “Hoy me siento tranquilo, le estamos dando la cara a las víctimas y sus familiares”.

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Yair Leandro Rodríguez Giraldo, teniente del Ejército en aquella época, también reconoció su actuar irregular en el municipio conocido como “La Puerta del Urabá”. Quién controlaba este territorio, controlaba el ingreso a esa subregión antioqueña con salida al mar. “Nosotros estigmatizábamos y señalábamos a la población civil como guerrilleros”, hasta el punto de que aquella persona que vistiera de negro era guerrillero, contó el exmilitar. “No nos contaban capturas, la orden era extinguirlos, asesinarlos. Ese es el caso del señor Edison Lexander Lezcano Hurtado”, dijo.

Hermes Mauricio Alvarado, quien se desempeñó en 2002 como capitán del Batallón Contraguerrillas, fue el tercero de los máximos responsables de estos crímenes atroces en tomar la palabra. Reconoció haber callado, haber omitido de sus funciones, y haber permitido los asesinatos y las desapariciones forzadas de inocentes. “¿Cuántos proyectos de vida se cayeron ahí?, a mí me da vergüenza que eso haya sucedido. Edison Lexander Lezcano, dice, no era un guerrillero”. Además, puso la reflexión de que si en una acción militar “hay una pérdida de vida inocente, no vale la pena lo que se haya hecho”.

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Durante la diligencia también reconoció su responsabilidad el sargento (r) Jaime Coral Trujillo, exintegrante del Batallón de Contraguerrillas (BCG) No. 79. Dijo que se siente responsable no solo de estos hechos, sino de la política de la fuerza pública que acabó con la vida de más de 6.000 personas. Agregó que asesinaron a campesinos que señalaron como guerrilleros; a guerrilleros que depusieron sus armas y a personas traídas de otros municipios. Esto a través de falsos trabajos, compra de alimentos y ropa. “Pidió perdón a ustedes, a familias, reconozco en esta audiencia que quienes perdieron la vida no eran combatientes, ni delincuentes. Nosotros mancillamos sus nombres con mentiras”, dijo el exmilitar.

En la diligencia también reconoció su responsabilidad el soldado profesional (r) Levis de Jesús Contreras Salgado, exintegrante del Batallón de Contraguerrillas, quien dijo que reclutó a más de 40 víctimas. Además, dijo que él es uno de los militares que han sido amenazados, junto a dos magistrados, una testigo y una abogada, por esclarecer los falsos positivos de Dabeiba. “Los responsables de estas amenazas son personas que no quieren que este macabro hecho que sucedió en toda esta región de Urabá salga a la luz”, expresó.

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Los demás militares que reconocieron su culpa en los actos de violencia fueron los sargentos (r) William Andrés Capera Vargas, Fidel Iván Ochoa Blanco y Jaime Coral Trujillo. Además del coronel (r) Efraín Enrique Prada Correa, excomandante del Batallón de Contraguerrillas. Dijo que entrenaban a los militares para que dieran las mismas explicaciones en la Justicia Penal Militar para no ser descubiertos y ocultaron la identidad de las víctimas “Este mal proceder degrado tanto a la institución que en muchas ocasiones llegó a lo peor que pudimos haber hecho”.

También reconocieron responsabilidad otro grupo de militares como Manuel Darío Mejía Sánchez, Gabriel Jaimes Gómez Arenas, Manuel Esteban Echavarría Julio y Richard de Jesús Barroso Torres, quienes no son considerados como máximos responsables de estos hechos, pero que su aporte servirá para que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, quien participa de manera articulada en esta audiencia, les resuelva de manera definitiva su situación legal.

¿Qué dijeron los representantes del Gobierno?

Los representantes del Gobierno expresaron su apoyo a la verdad, al trabajo de la JEP y valoraron el diálogo que permite un espacio como este. “¿Cómo fue posible que decenas, tal vez cientos de jóvenes humildes fueran asesinados por agentes del Estado, presentados como bajas en combate, inhumados en el cementerio y, posteriormente, desplegada una estrategia de incumplimiento e impunidad”, cuestionaba el jefe de la cartera de Defensa, Néstor Osuna.

Asimismo, el ministro de Defensa, Iván Velásquez reconoció la labor de las víctimas para conocer la verdad. “La verdad es la garantía suprema de la no repetición”, dijo y explicó que, al conocerse públicamente de estos hechos de tanta gravedad, “ese profundo dolor servirá también en el futuro para saber que cuando situaciones similares pudieran empezar a suceder podrán también existir unas víctimas en las que creamos más”, se escuchó en su intervención.

De la misma manera, Danilo Rueda, el alto Comisionado para la Paz, reconoció a su vez la valentía de las víctimas presentes en la audiencia, tras asegurar la presencia actual de estructuras armadas que se mantienen en el municipio. “Seguimos viviendo en Dabeiba experiencias de violencia que limitan la libertad de expresión y que no garantizan la posibilidad de decir que hemos superado esos tiempos de zozobra, terror y dolor”, expresó el funcionario.

Finalmente, el alcalde de Dabeiba, Leyton Urrego Durango, intervino en la diligencia indicando que hoy es un día de esperanza por encontrar a los seres queridos, incluyendo a su primo que fue desaparecido en aquella época. Valoró el apoyo internacional para el avance en el proceso de paz y explicó como todavía los jóvenes son reclutados por grupos armados ilegales en esa zona del departamento. “Tenemos una gran esperanza, porque la JEP está brindando”, expresó el mandatario local.

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