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En Colombia, el inventario de deudas históricas es extenso. Y una de ellas es esclarecer la responsabilidad de funcionarios del Estado en las dos masacres de Ituango (La Granja, en 1996, y El Aro, en 1997), tema en el que el defensor de derechos humanos Jesús María Valle insistió hasta el día en que fue asesinado, el 27 de febrero de 1998, dentro de su propia oficina por sicarios del grupo La Terraza enviados por los paramilitares, como lo han reconocido exjefes como Don Berna. A este último, cuyo nombre de pila es Diego Fernando Murillo Bejarano y se encuentra en una cárcel de Estados Unidos, la Corte Suprema se alista para escucharlo el próximo 15 de septiembre. Y al día siguiente, a Álvaro Uribe.
Así quedó ordenado en un auto de 71 páginas, conocido por El Espectador, que profirió la Sala de Instrucción de ese alto tribunal el pasado 14 de agosto, que empieza señalando “la necesidad y la finalidad de dar impulso a la presente actuación”. Se trata de un expediente lleno de tropiezos: arrancó el 16 de mayo de 2000, como una compulsa de copias de la Unidad de Derechos Humanos “por la presunta conducta omisiva (de Uribe) cuando fungía como gobernador de Antioquia frente a los ataques a la población civil en el municipio de Ituango”. En 2000, el fiscal general de la época, Alfonso Gómez Méndez, ordenó que se emitiera resolución inhibitoria. Es decir, que no había evidencias para seguir investigando.
Así ocurrió el 28 de diciembre de 2000. Durante 11 años, el expediente no acumuló más que polvo en los anaqueles del ente investigativo. Pero el 7 de septiembre de 2011, el congresista Iván Cepeda remitió un oficio en el que informaba en que algunos presos en las cárceles, entre ellos el exparamilitar Pablo Hernán Sierra (alias Alberto Guerrero) le habían informado sobre el bloque Metro, su conformación en Antioquia y la posible relación, con esa estructura, de los hermanos Álvaro y Santiago Uribe. Con esos nuevos elementos, la investigación reinició en febrero de 2012, año en que Uribe pidió ser escuchado; en 2013 se revocó el inhibitorio del año 2000 y la indagación previa siguió su camino, hasta que, en 2014, Uribe se volvió senador y el caso tuvo que pasar a la Corte Suprema. (Las pruebas que se ordenaron en la investigación contra Uribe por la masacre de El Aro)
Allí quedó en manos del magistrado Gustavo Malo Fernández, hoy procesado por el cartel de la toga. El 17 de abril de 2015, Malo profirió un documento en el que abocaba conocimiento del proceso y, al tiempo, se abstuvo de solicitar pruebas. Una semana más tarde, los integrantes de la Sala Penal María del Rosario González y José Leonidas Bustos se declararon impedidos para conocer del expediente y sus solicitudes fueron aceptadas. González, por ejemplo, era parte del grupo de magistrados que se declararon víctimas de persecuciones ilegales por parte del DAS, en la época en que Uribe era presidente y terminó enfrascada en un enfrentamiento abierto con el alto tribunal.
El 28 de octubre de 2015 hubo una decisión en otro proceso, el 44726: en un auto se ordenó que se remitiera a este caso por las masacres de Ituango la “denuncia de noviembre de 2002 del capitán Gilberto Cárdenas González, para que se investigaran los aparentes nexos con grupos de autodefensas u organizaciones armadas al margen de la ley”. Allí mismo, según se lee en el documento de la Corte, “se declaró la prescripción de las conductas relacionadas con el delito de concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico; lo relacionado con Álvaro Uribe Vélez, Pablo Escobar y los hermanos Ochoa, y lo referente a la entrega y autorización de licencias de vuelo” por parte de Uribe cuando dirigía la Aerocivil.
En noviembre 23 de 2016, la Sala Penal de la Corte ordenó que se practicaran pruebas. Entre ellas “verificar la información suministrada por Pablo Hernán Sierra”, que la Comisión de Acusación enviara denuncias contra Uribe sobre los mismos hechos y se pidió escuchar en declaración juramentada a Sierra, quien declaró en febrero de 2017; a Diego Fernando Murillo Bejarano, quien empezó a declarar en abril de 2017, pero suspendió la diligencia, y a Daniel Rendón Herrera (alias Don Mario). En marzo de 2017, el magistrado Eugenio Fernández remitió una denuncia contra Uribe que radicó Hans Alberto Posada, un miembro de Amnistía Internacional que pidió investigar la participación de Uribe “en el fenómeno paramilitar”.
En mayo de 2017, el magistrado Gustavo Malo anexó dos procesos más a la indagación. Uno, que también estaba en el despacho de Fernández, venía a su vez de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y tenía que ver con el surgimiento paramilitar mientras Uribe fue gobernador de Antioquia. Del otro se encontraba a cargo el togado Eyder Patiño: un escrito contra Uribe que presentó Luis Fernando Caro Solano, un exparamilitar conocido con el alias de Megencio, “quien afirmó tener conocimiento sobre hechos cometidos por Álvaro Uribe Vélez cuando ejerció como gobernador de Antioquia y al parecer colaboró con las autodefensas Unidas de Colombia”.
En ese momento, la Corte pidió escuchar a Caro Solano, quien ha declarado también de los nexos de Enilce López (la Gata) con grupos paramilitares -ella ya está condenada por eso- y a Hans Posada. Asimismo, pidió al CTI hacer verificaciones sobre la denuncia que había reposado antes en la Comisión de Acusación. El 4 de julio de 2017, Malo encontró otro proceso similar que agregó a este expediente: era la denuncia de un hombre llamado Jorge Antonio Pérez Eslava, en la cual este pedía indagar los supuestos nexos de Uribe con grupos paramilitares. Esa también quedó dentro de este expediente. En febrero de 2018, además, llegó no una denuncia, sino un fallo. (Álvaro Uribe y el fantasma del paramilitarismo, que no deja de rondarlo)
Se trataba de la sentencia que emitió el Tribunal Superior de Medellín en 2015, en la cual este pidió que se indagara la posible responsabilidad de Uribe, como gobernador de Antioquia, sobre la masacre de El Aro. “Ninguna ayuda les prestó [el comandante del batallón Girardot de la época, coronel (r) Germán Morantes] a los pobladores mientras se perpetraba esta, a pesar de que duró 10 días y desde el domingo 26 de octubre se tuvieron las primeras informaciones de lo que estaba sucediendo, las cuales se transmitieron a la Gobernación de Antioquia, para ese entonces a cargo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, a la base militar de Santa Rita y al batallón Girardot”.
Al analizar el contexto en que se dio la masacre de El Aro, del 22 al 31 de octubre de 1997, el Tribunal de Medellín estimó que el surgimiento y fortalecimiento del paramilitarismo en Antioquia se dio de la mano de muchos factores. Entre ellos, el de la creación de las empresas de seguridad privada conocidas como Convivir, las que, desde la Gobernación de Antioquia, el expresidente Uribe -dice el documento judicial- “promocionó e impulsó”. En la justicia reposa el testimonio de un policía que afirmó haber visto un helicóptero militar sobrevolando la zona cuando la masacre aún estaba en ejecución, dato que ha negado Uribe rotundamente hasta la fecha.
En marzo de 2018, el despacho del magistrado Luis Antonio Hernández allegó una segunda sentencia de ese mismo tribunal: la que esta profirió el 24 de noviembre de 2017 en contra de los hermanos Jaime Alberto y Francisco Antonio Angulo Osorio. En ella se confirmó la responsabilidad de este par de ganaderos antioqueños en el asesinato de Jesús María Valle, quien era oriundo de Ituango, y se pidió que Uribe fuera investigado porque había “suficientes elementos de juicio” que comprometían su responsabilidad penal. Los Angulo, resaltó el Tribunal, auspiciaron a los paramilitares en Ituango. Jaime Angulo fue capturado en 2017; su hermano Francisco, hace menos de cuatro semanas.
Así las cosas, para ese momento, en la indagación contra Uribe ya se habían unido cinco denuncias y dos providencias judiciales, todas apuntando a una misma dirección: que se investigara a fondo si Álvaro Uribe tuvo o no participación en la masacre de El Aro y en el asesinato del abogado Jesús María Valle, crimen que formó parte de una seguidilla de atrocidades cometidas por los paramilitares con apoyo de agentes estatales: el asesinato de Mario Calderón y Elsa Alvarado en 1997, el del penalista José Eduardo Umaña en abril de 1998, y el de Jaime Garzón, en 1999. Todos han sido declarados crímenes de lesa humanidad. En casi todos, quizá con excepción del de Jaime Garzón, la impunidad reina.
Pero, para ese momento, ya había estallado el cartel de la toga y en la Corte se tomó la decisión de elaborar un informe con todo lo actuado en el caso y de que este saliera del despacho de Malo. Quedó en manos de su entonces presidente, el magistrado José Luis Barceló, a quien abiertamente Uribe le ha lanzado dardos, culpándolo de las investigaciones en su contra. “Gran virus de magistrados Barceló y Reyes (en referencia también a César Reyes, ponente de la decisión del pasado 3 de agosto en que se ordenó por unanimidad la detención domiciliaria de Uribe) juventud Farc, combatiéndolo con antibiótico de la verdad”, dijo Uribe hace unos días, cuando anunció que había superado el COVID-19.
El 30 de mayo de 2018 se tomó otra decisión fundamental: las masacres de Ituango, la creación de grupos paramilitares y el asesinato de Jesús María Valle se constituyeron en crímenes de lesa humanidad. En ese documento, en poder de El Espectador, el alto tribunal explicó que “las graves conductas vulneradoras de derechos humanos (…) fueron parte de ataques sistemáticos y generalizados dirigidos contra la población civil, planeados y organizados en cumplimiento de políticas emanadas del grupo paramilitar que las ejecutó”. Allí se señaló que Jesús María Valle pidió reiteradamente protección para los pobladores de Ituango, sin que “se tomaran medidas para conjurar el peligro que sobre ella se cernía”.
En ese documento se explicó también que se agregó otro proceso: la sentencia proferida en febrero de 2015, igualmente por el Tribunal Superior de Medellín, contra el exjefe paramilitar y extraditado narcotraficante Ramiro Cuco Vanoy por las masacres de La Granja y El Aro. Y quedó claro que la investigación era, asimismo, por la supuesta injerencia del exsenador Álvaro Uribe en la creación del bloque Metro, que operó en Antioquia. En el nacimiento de ese grupo “para”, anotó entonces la Corte, la hacienda Guacharacas (que perteneció a la familia Uribe hasta 1996) fue absolutamente relevante. Una de las hipótesis es que el Metro se fundó para contrarrestar el poderío del Eln, que atacó el patrimonio de los Uribe varias veces.
(Seis principios y derechos que se le violaron al expresidente Uribe, según su defensa)
Y un dato más: el 7 de junio de 2018, una Fiscalía de Justicia Transicional pidió permiso a la Corte para hacer inspección y llevarse copia de la declaratoria de lesa humanidad. Era el despacho que maneja la investigación del Parqueadero Padilla, un sitio ubicado a escasos metros de la Fiscalía Regional de Medellín donde este organismo encontró extensa documentación contable de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, el grupo fundacional de los hermanos Carlos, Vicente y Fidel Castaño Gil. Esa investigación representa un hito en la historia del paramilitarismo en Colombia y le costó la vida a tres funcionarios del CTI, asesinados entre 1998 y 1999.
En medio de esos avances, el 8 de octubre de 2018, la Sala Penal de la Corte estableció que, con la creación de las salas especiales de Instrucción y de Primera Instancia, había perdido la competencia sobre el expediente y lo remitió a la Sala de Instrucción, la cual tomó dos decisiones grandes entre 2019 y 2020: apartar a la magistrada Cristina Lombana, argumentando que su condición de militar (llegó a la Corte como mayor activa del Ejército) afectaba la condición de ecuanimidad que se exige a los jueces, y declarar imprescriptibles también las acciones civiles dentro del proceso, es decir, las que tramitan las víctimas en busca de reparación. Lo último ocurrió el pasado 19 de marzo.
La indagación contra Uribe se lleva por concierto para delinquir, homicidio agravado, secuestro, desplazamiento forzado y conexos. Él, por su parte, ha señalado que no cometió ningún delito, que nunca ha patrocinado grupos paramilitares y, últimamente, que la Corte actúa de manera “mafiosa”. Sus abogados defensores aseguran que la Corte ya no tiene competencia sobre este caso, pues Uribe renunció al Congreso el pasado 18 de agosto -aunque el auto es de cuatro días antes-. En este caso, lo más probable es que pase a manos de la Fiscalía, donde un fiscal delegado ante la Corte Suprema deberá culminar las pesquisas y decidir si abre investigación formal y, más adelante, si llama o no a juicio al expresidente.
En ese escenario, Uribe se enfrentaría de nuevo a la misma Corte Suprema de la que hoy rehúsa alegando falta de garantías.