El patrimonio que dejó Perafán

Justo Pastor Perafán era un reconocido hombre de negocios en Bogotá. En 1997 fue capturado en Venezuela. / Archivo

Un total de 71 bienes, entre los que hay casas, apartamentos y lotes situados en Bogotá, Cali, Cartagena, San Andrés, Fusagasugá, Melgar, Popayán y Villavicencio; 16 sociedades, dos establecimientos comerciales, un yate y un bote. Ese es el listado de propiedades relacionadas con Justo Pastor Perafán Homen sobre las cuales un juez penal especializado deberá decidir, porque así se lo acaba de solicitar la Fiscalía, si aplica la extinción de dominio. Si el juez accediera a la solicitud del organismo, la decisión afectaría a tres excompañeras sentimentales del condenado narcotraficante, a sus hijos, a otros tantos exsocios suyos y hasta a un general en retiro.

En el listado se lee que, con dineros ‘calientes’, Perafán se hizo a inmuebles como el reconocido hotel de lujo Chinauta Resort, ubicado entre Bogotá y Melgar. Pero se encuentra también información de la que nada se sabía, como que el excongresista Alberto Santofimio Botero tuvo relaciones comerciales con el narco: en 1990, según escritura pública, Santofimio le vendió un apartamento en el exclusivo sector bogotano de Chicó, de 171 metros cuadrados, por un valor de $13 millones.

Una de las más afectadas, en caso de que el juez especializado decida aplicar la extinción de dominio sobre los inmuebles conectados con Perafán, sería su primera esposa, Cecilia Cuervo Herrera. La mujer, quien presentó recurso de oposición en el proceso, tuvo tres hijos con Perafán Homen y declaró ante las autoridades que ella se había casado con él en 1973, cuando Perafán era integrante del Ejército, y que al liquidar la sociedad conyugal diez años más tarde le había correspondido sólo una casa de tres pisos que arrendó “para velar por su sostenimiento y el de sus hijos”. Cuervo conoció luego al cirujano Rafael Augusto Gutiérrez, se casó con él y juntos adquirieron varias propiedades que hoy están en la mira de las autoridades.

Cuervo Herrera y Gutiérrez le entregaron a la Fiscalía los soportes que ellos consideraron necesarios para demostrar que cada inmueble adquirido por ellos había sido comprado con dineros lícitos, aunque la Fiscalía cree que Cuervo sí se benefició de las actividades ilegales de su primer esposo. Los tres hijos que ella tuvo con Perafán: Sandra, Carlos Alberto y Francy, le dijeron a la Fiscalía que en nada les interesaba pelear por los bienes que su padre puso a su nombre. Le pidieron, eso sí, que respetara el patrimonio que su madre y su padrastro habían forjado en más de 25 años de vida juntos.

La exmodelo Adriana Zapata Rivera también tiene algunas propiedades en riesgo por cuenta de este proceso de extinción de dominio, entre esos un apartamento de 193 metros cuadrados ubicado en el sector de La Cabrera en Bogotá y una casa que compró junto con Perafán en el barrio Ciudad Jardín de Cali. Según Zapata, aunque ella ya se había casado con Perafán en República Dominicana para la época en que compró el apartamento, lo hizo con los ahorros que pudo juntar por su trabajo. Su abogado defensor arguyó que si bien la justicia había podido comprobar el incremento injustificado del patrimonio de Perafán, nunca se hizo lo mismo con el de la exmodelo y, por eso, no había razón para despojarla de sus bienes. 

El general (r) implicado en este expediente se llama Hernán Hurtado Vallejo. Él adquirió un lote que tenía Perafán en 1995 porque, declaró ante la Fiscalía, lo necesitaba para expandir su empresa de construcción de hélices, pues acababa de firmar un negocio con una compañía norteamericana para un estimado de producción anual de US$5 millones. Hizo la transacción con un crédito de Bancoldex. “Para esa época nada se decía de este personaje en cuanto a sus actividades ilícitas de narcotráfico, por el contrario, era conocido como un empresario ilustre, generador de empleo, constructor muy conocido del hotel cinco estrellas Chinauta y hasta condecorado en el Congreso de la República”, replicó el alto oficial en retiro. 

En el documento de 93 páginas de la Unidad de Lavado de Activos, conocido por este diario, el organismo aseguró que “en esencia lo que se pretende establecer es el origen ilícito de los bienes o los recursos con los cuales fueron adquiridos (...) no se está juzgando a ninguna persona ni buscando responsabilidad penal o culpabilidad de alguien”. La Fiscalía, sin embargo, cree que sí hay razones de peso para aplicar la extinción de dominio sobre los bienes enlistados, entre ellos los de la primera esposa de Perafán, de quien se asegura: “No se cree posible que con sólo dos años de producido del arriendo (del edificio que le quedó por el divorcio) se contara con capital suficiente para adquirir sucesivamente 15 inmuebles”.

Mientras los bienes de Perafán Homen están en el centro de esta disputa judicial, el narcotraficante continúa pagando la condena de 30 años de prisión que en abril de 2001 le impuso la Corte Federal de Long Island (Nueva York). Por cuenta de esa sentencia, durante sus tres primeros años de reclusión el hombre no pudo tener contacto con su familia. Siempre reiteró su inocencia y expresó que había amasado su extensa fortuna de manera legal, pero ni en Estados Unidos ni en Colombia creyeron su versión. Los informes de inteligencia describían así sus actividades: “Le montamos seis meses de vigilancia a su exportadora de café, pero nunca vimos llegar un solo bulto del grano”.