El patrón de castigo que estaría detrás de las lesiones oculares

“El Esmad ya me había dicho: ‘A ese del celular le vamos a sacar los ojos’. Ya me tenían como fichado o me tenían rabia”. Camilo Carvajal, de veinte años, estaba documentando las manifestaciones del 7 de julio de este año en su ciudad, Popayán, cuando fue agredido por miembros de la Policía. “Como ya venía siendo costumbre, saqué mi celular para tomar registro fotográfico de todo lo que estaba aconteciendo. Ya llevaba media hora de lo que se había iniciado la furrusca, subo un poquito más hacia donde está la tanqueta, me asomo, por un lado, y no miro a nadie, me asomo por el otro y cuando me asomo el perdigonazo en la cara”. La amenaza se cumplió: perdió un ojo.

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El relato de lo que le sucedió a Carvajal a mediados de este año hace parte del informe “Tiros a la vista”, elaborado por Amnistía Internacional, Temblores ONG y el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social de la Universidad de los Andes (PAIIS). Según encontraron las organizaciones, el caso de Carvajal no es el único, sino que se inscribe en un fenómeno creciente en Colombia y Chile, donde personas jóvenes que salen a protestar reciben disparos en el rostro que los deja total o parcialmente ciegos. Al menos 103 personas fueron víctimas de lesiones oculares del 28 de abril al 20 de julio de este año (los tres meses que duró el paro nacional).

“Queda claro que en las manifestaciones en Colombia hubo un uso desproporcionado de la fuerza y, además, que se utilizaron armas letales y potencialmente letales, de manera indiscriminada, que pusieron en riesgo las vidas de las personas”, dijo a El Espectador Érika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, quien añadió: “En el caso de los traumas oculares, vimos una clara intención de dañar a las personas, desde cómo se emplearon las armas menos letales. Por ejemplo, los cilindros de gases lacrimógenos, que tienen que ser lanzados no hacia donde está la gente, sino de forma parabólica, se lanzaban directamente a la cabeza y a la zona torácica de manifestantes”.

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El informe llega a esta conclusión tras analizar los datos de la plataforma GRITA, de Temblores, donde las personas pueden denunciar agresiones en las protestas; así como del Cuerpo de Verificación Digital (DVC) de Amnistía Internacional, una red de expertos que, en este caso, incluyó a investigadores de las universidades de Essex (Reino Unido) y California (EE. UU.). Además de denunciar el uso irregular de los lanzagranadas, el documento agrega: “La evidencia audiovisual recogida sugiere que los agentes de Policía en Colombia usan el bolillo para golpear a los manifestantes directamente en la cabeza y en el cuello, lo que evidentemente implica un riesgo elevado de causar lesiones graves”.

“Son ataques generalizados en contra de la población civil que protesta”, agregó Guevara, subrayando que a esa conclusión también llegaron víctimas con las que hablaron. Para el informe, entrevistaron a una docena de jóvenes, entre ellas Leidy Cadena, que, como Carvajal, salieron a manifestarse y volvieron a casa con una mutilación en el cuerpo, “un recuerdo vivo y permanente de violencia”, dice el informe. Además, la lesión tiene efectos de castigo. Varias de las víctimas, por ejemplo, manifestaron que no han asistido de nuevo a marchas. Para muchos, el acceso a tratamientos médicos y prótesis a través del sistema de salud ha sido difícil y por sus propios medios se torna asfixiante, por los altos costos.

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“Daniel Jaimes señala que tuvo que recoger dinero mediante donaciones para poder pagar todos los gastos relacionados con su salud. José Romero menciona que, cuando ocurrieron los hechos, no estaba vinculado al sistema y que por eso él y su familia tuvieron que encargarse de la deuda que generó la atención médica que recibió de manera inmediata tras el trauma ocular. Además, el acceso a las prótesis y gafas que ahora necesita también ha corrido por cuenta de su familia. Juan Villaquirán, Wilmar Lopera y Camilo Carvajal también han tenido que acceder a prótesis, gafas y medicamentos de manera autogestionada y gracias al apoyo de amigos y de la comunidad”, dice el informe.

“Entre las personas que sufren este tipo de traumas hay dos comunes denominadores: la impunidad y la falta de atención integral, tanto de salud como psicosocial”, explicó Guevara. Perder la visión, desde luego, impacta el proyecto de vida de jóvenes que ejercían su derecho a la protesta: puede reducir su acceso a oportunidades laborales, de educación y afectar su calidad de vida. “Eso termina exacerbando la situación de necesidad y marginalidad que, en buena medida, es la motivación de la protesta misma. Así se cae en un círculo vicioso de carencias”, dice el informe. Por eso, pidieron que se creen protocolos y planes de atención a víctimas de agresiones en las manifestaciones.

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Mientras tanto, la justicia no llega. Aunque en todos los casos que aparecen en el informe hay denuncias formales, ninguno de los responsables ha sido judicializado. “La Fiscalía ha adelantado algunas investigaciones. Nos anunciaron que va a haber decisiones pronto, pero lo cierto es que les han dado mayor celeridad a los casos de crímenes cometidos en contra de agentes del Estado”, añadió Guevara. De hecho, una de las peticiones con las que concluye el informe es que, precisamente, es necesario acelerar las investigaciones, tanto penales, como disciplinarias. También le recomendaron a la Policía dar un mensaje claro de rechazo a estas conductas.

Sin embargo, a Guevara le preocupa que lo que ocurre en Colombia se inscribe en un patrón más generalizado de represión de las protestas en la región. Según explicó, “en Ecuador, Nicaragua, Venezuela y Chile es similar. Independientemente del espectro político en el que se perciba un gobierno, en izquierda y derecha hay un modus operandi similar en respuesta a las manifestaciones. Las lesiones oculares, en Chile y Colombia, muestran que se acude al castigo como la última herramienta de gobiernos que han perdido la capacidad de diálogo con su ciudadanía”. Por ahora, piden que se atienda a las víctimas que ya ha dejado esta práctica y se tomen acciones, como limitar el uso del arma Venom, para evitar que haya más en el futuro.

“El Esmad ya me había dicho: ‘A ese del celular le vamos a sacar los ojos’. Ya me tenían como fichado o me tenían rabia”. Camilo Carvajal, de veinte años, estaba documentando las manifestaciones del 7 de julio de este año en su ciudad, Popayán, cuando fue agredido por miembros de la Policía. “Como ya venía siendo costumbre, saqué mi celular para tomar registro fotográfico de todo lo que estaba aconteciendo. Ya llevaba media hora de lo que se había iniciado la furrusca, subo un poquito más hacia donde está la tanqueta, me asomo, por un lado, y no miro a nadie, me asomo por el otro y cuando me asomo el perdigonazo en la cara”. La amenaza se cumplió: perdió un ojo.

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El relato de lo que le sucedió a Carvajal a mediados de este año hace parte del informe “Tiros a la vista”, elaborado por Amnistía Internacional, Temblores ONG y el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social de la Universidad de los Andes (PAIIS). Según encontraron las organizaciones, el caso de Carvajal no es el único, sino que se inscribe en un fenómeno creciente en Colombia y Chile, donde personas jóvenes que salen a protestar reciben disparos en el rostro que los deja total o parcialmente ciegos. Al menos 103 personas fueron víctimas de lesiones oculares del 28 de abril al 20 de julio de este año (los tres meses que duró el paro nacional).

“Queda claro que en las manifestaciones en Colombia hubo un uso desproporcionado de la fuerza y, además, que se utilizaron armas letales y potencialmente letales, de manera indiscriminada, que pusieron en riesgo las vidas de las personas”, dijo a El Espectador Érika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, quien añadió: “En el caso de los traumas oculares, vimos una clara intención de dañar a las personas, desde cómo se emplearon las armas menos letales. Por ejemplo, los cilindros de gases lacrimógenos, que tienen que ser lanzados no hacia donde está la gente, sino de forma parabólica, se lanzaban directamente a la cabeza y a la zona torácica de manifestantes”.

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El informe llega a esta conclusión tras analizar los datos de la plataforma GRITA, de Temblores, donde las personas pueden denunciar agresiones en las protestas; así como del Cuerpo de Verificación Digital (DVC) de Amnistía Internacional, una red de expertos que, en este caso, incluyó a investigadores de las universidades de Essex (Reino Unido) y California (EE. UU.). Además de denunciar el uso irregular de los lanzagranadas, el documento agrega: “La evidencia audiovisual recogida sugiere que los agentes de Policía en Colombia usan el bolillo para golpear a los manifestantes directamente en la cabeza y en el cuello, lo que evidentemente implica un riesgo elevado de causar lesiones graves”.

“Son ataques generalizados en contra de la población civil que protesta”, agregó Guevara, subrayando que a esa conclusión también llegaron víctimas con las que hablaron. Para el informe, entrevistaron a una docena de jóvenes, entre ellas Leidy Cadena, que, como Carvajal, salieron a manifestarse y volvieron a casa con una mutilación en el cuerpo, “un recuerdo vivo y permanente de violencia”, dice el informe. Además, la lesión tiene efectos de castigo. Varias de las víctimas, por ejemplo, manifestaron que no han asistido de nuevo a marchas. Para muchos, el acceso a tratamientos médicos y prótesis a través del sistema de salud ha sido difícil y por sus propios medios se torna asfixiante, por los altos costos.

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“Daniel Jaimes señala que tuvo que recoger dinero mediante donaciones para poder pagar todos los gastos relacionados con su salud. José Romero menciona que, cuando ocurrieron los hechos, no estaba vinculado al sistema y que por eso él y su familia tuvieron que encargarse de la deuda que generó la atención médica que recibió de manera inmediata tras el trauma ocular. Además, el acceso a las prótesis y gafas que ahora necesita también ha corrido por cuenta de su familia. Juan Villaquirán, Wilmar Lopera y Camilo Carvajal también han tenido que acceder a prótesis, gafas y medicamentos de manera autogestionada y gracias al apoyo de amigos y de la comunidad”, dice el informe.

“Entre las personas que sufren este tipo de traumas hay dos comunes denominadores: la impunidad y la falta de atención integral, tanto de salud como psicosocial”, explicó Guevara. Perder la visión, desde luego, impacta el proyecto de vida de jóvenes que ejercían su derecho a la protesta: puede reducir su acceso a oportunidades laborales, de educación y afectar su calidad de vida. “Eso termina exacerbando la situación de necesidad y marginalidad que, en buena medida, es la motivación de la protesta misma. Así se cae en un círculo vicioso de carencias”, dice el informe. Por eso, pidieron que se creen protocolos y planes de atención a víctimas de agresiones en las manifestaciones.

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Mientras tanto, la justicia no llega. Aunque en todos los casos que aparecen en el informe hay denuncias formales, ninguno de los responsables ha sido judicializado. “La Fiscalía ha adelantado algunas investigaciones. Nos anunciaron que va a haber decisiones pronto, pero lo cierto es que les han dado mayor celeridad a los casos de crímenes cometidos en contra de agentes del Estado”, añadió Guevara. De hecho, una de las peticiones con las que concluye el informe es que, precisamente, es necesario acelerar las investigaciones, tanto penales, como disciplinarias. También le recomendaron a la Policía dar un mensaje claro de rechazo a estas conductas.

Sin embargo, a Guevara le preocupa que lo que ocurre en Colombia se inscribe en un patrón más generalizado de represión de las protestas en la región. Según explicó, “en Ecuador, Nicaragua, Venezuela y Chile es similar. Independientemente del espectro político en el que se perciba un gobierno, en izquierda y derecha hay un modus operandi similar en respuesta a las manifestaciones. Las lesiones oculares, en Chile y Colombia, muestran que se acude al castigo como la última herramienta de gobiernos que han perdido la capacidad de diálogo con su ciudadanía”. Por ahora, piden que se atienda a las víctimas que ya ha dejado esta práctica y se tomen acciones, como limitar el uso del arma Venom, para evitar que haya más en el futuro.