El pendiente del exsenador Germán Olano por carrusel de la contratación

Tras once años de haberse destapado el carrusel de la contratación de Bogotá, la Corte Suprema de Justicia aún les sigue la pista a excongresistas que se lucraron de ese entramado, en cabeza del exalcalde Samuel Moreno. En este caso, la lupa está sobre el exsenador Germán Olano Becerra, sobre quien ya pesa una condena de ocho años luego de que se acogiera a sentencia anticipada por los delitos de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. El proceso actual en su contra reposa en la Sala de Primera Instancia, donde su expediente se encuentra ad portas de etapa de juicio, pues solo faltan por resolverse unas solicitudes de pruebas.

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Olano Becerra fue acusado, en mayo del año pasado, por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. La decisión de más de 150 páginas, conocida por este diario, da cuenta de la investigación que lideró el magistrado de la Sala de Instrucción, Héctor Alarcón, según la cual el excongresista se lucró durante la adjudicación de un contrato celebrado en 2007 por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la unión temporal Transvial, del grupo empresarial de los Nule, constructores de Sucre, protagonistas del escándalo. El convenio tenía como objetivo la construcción de la Fase III de Transmilenio y el Grupo IV de la calle 26 y superó los $315.000 millones.

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Si bien Olano Becerra fue condenado bajo sentencia anticipada por estos hechos, el entonces congresista no asumió responsabilidad en el delito de interés indebido en la celebración de contratos, de ahí que la Sala Penal continuara con la investigación en su contra, expediente que pasó luego a la Sala de Instrucción. Allí, Alarcón resumió que la adjudicación de los contratos estuvo llena de irregularidades, pese a que testigos como la exdirectora del IDU, Liliana Pardo, hasta hace poco prófuga de la justicia y entonces encargada de la asignación de las obras, señaló que dichos procedimientos se realizaron conforme a los parámetros legales.

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Pardo, quien terminó procesada y condenada por los hechos, se sumó a la postura de Inocencio Meléndez, subdirector del IDU, quien libró de toda culpa a Germán Olano. Pese al espaldarazo, la investigación determinó que existió una relación estrecha entre el exsenador y el contralor del distrito de la época, Miguel Ángel Moralesrussi, también vinculado y condenado por el entramado de corrupción. En las investigaciones que se adelantaron en el alto tribunal y en la Fiscalía se encontró que hubo una organización criminal dedicada al manejo irregular de los recursos de Bogotá y que para cumplir su cometido cobraron coimas por la asignación de contratos a varias entidades del país.

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Sobre Olano Becerra, el alto tribunal tiene documentado que, con el fin de que el contrato 137 quedara en poder del Grupo Nule —pese a que se había presentado otro oferente para realizar las obras de infraestructura—, el excongresista se reunió en varias ocasiones con Miguel Eduardo Nule y el empresario Julio Gómez, con quienes acordaron el pago de $3.500 millones con el fin de que se le adjudicara el contrato. Según la Corte, el pacto ilegal fue así: Olano Becerra recibiría $1.750 millones, cantidad que asumió el empresario Gómez, quien además debía entregar una parte a funcionarios del IDU, entre ellos, Liliana Pardo e Inocencio Meléndez.

En contexto: Más de 67 personas serán investigadas por el carrusel de la contratación

Una segunda actuación posiblemente irregular de Germán Olano fue la suscripción de los contratos 071 y 072, en 2008. Se trata, nuevamente, de obras en la malla vial y aparentes maniobras para amañar los procesos licitatorios, que llamaron la atención de las autoridades. Al parecer, el excongresista intervino para que el Grupo Nule cumpliera con los pagos que le habían prometido a Moralesrussi. Según la investigación, la intención del exsenador era evitar que el entonces contralor interfiriera en el contrato 137: que no ejerciera auditoría y control por el atraso que tuvieron las obras en la calle 26. El excongresista salió bien librado de esta situación, pues el exfuncionario del distrito omitió sus deberes.

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En el momento de los hechos, Olano Becerra, hoy condenado, era congresista, por eso lo juzga ahora la Corte. Los argumentos del magistrado Alarcón reposan ahora en los despachos de los magistrados de la Sala de Primera Instancia, donde avanzan las diligencias preparatorias, previas al juicio. Sobre Olano Becerra pesa un segundo proceso que está en etapa de indagación y vincula dineros de tres hospitales de la capital del país. Sobre este último, la Sala de Instrucción revisará si archiva el proceso o lo llama a juicio.

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El excongresista, hermano del también exsenador Plinio Olano, absuelto en el entramado de corrupción de la brasileña Odebrecht, es el segundo miembro del Legislativo que está ante la Corte Suprema de Justicia por el carrusel de contratación. El exsenador Néstor Iván Moreno, hermano del exalcalde Samuel Moreno, también enfrenta un juicio por hechos de este entramado; no obstante, se ha negado a asistir a las diligencias citadas por el alto tribunal, pues considera que su proceso se ha convertido en una persecución penal. Con respecto al exmandatario de la capital, el Tribunal Superior de Bogotá, en agosto pasado, disminuyó su condena de 30 a 25 años por los mismos hechos.

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Olano Becerra fue acusado, en mayo del año pasado, por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. La decisión de más de 150 páginas, conocida por este diario, da cuenta de la investigación que lideró el magistrado de la Sala de Instrucción, Héctor Alarcón, según la cual el excongresista se lucró durante la adjudicación de un contrato celebrado en 2007 por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la unión temporal Transvial, del grupo empresarial de los Nule, constructores de Sucre, protagonistas del escándalo. El convenio tenía como objetivo la construcción de la Fase III de Transmilenio y el Grupo IV de la calle 26 y superó los $315.000 millones.

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