El período de la Comisión de la Verdad: ¿una urgencia nacional?

La advertencia está hecha: si a la Comisión de la Verdad no le dan más tiempo del pactado, para que pueda terminar su informe, el trabajo quedará incompleto. La alerta la hizo el presidente de ese organismo, el padre Francisco de Roux, en una carta que le envió a la Corte Constitucional a mitad de año, en donde se estudia una demanda crucial para el futuro de la entidad que tiene la titánica tarea de contarle al país qué pasó durante más de 50 años de guerra. El alto tribunal tiene en sus manos la posibilidad de darle unos meses más de vida para evitar que se cumpla el vaticinio de De Roux. Su decisión es tan trascendental, que hoy la Sala Plena podría definir si se trata de un tema de urgencia nacional.

(Lea también: Proyecto de fallo sugiere extender periodo de la Comisión de la Verdad siete meses)

Así quedó consignado en un auto que estudiarán este jueves los nueve magistrados de la Corte, quienes, en caso de darle el visto bueno, deberán hacerlo con una votación de mínimo cinco votos. El Espectador tuvo acceso a ese documento y a la ponencia que entrarían a analizar de inmediato, en caso de declarar el tema de urgencia nacional. El alto tribunal tiene clara la importancia del asunto en estudio, pues no solo han escuchado el llamado de las víctimas a que respalden su petición de darles más tiempo a los comisionados, sino porque el tiempo está corriendo en su contra: de no tomar una decisión en las próximas semanas, en el presupuesto de la nación para 2022 no habría ni un peso para la Comisión. Además, existe la incertidumbre de qué pasará si el informe se conoce en plena campaña política.

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez es el ponente del caso y quien les va a proponer a sus compañeros darle toda la prelación al expediente. En cuestión de cuatro meses, el jurista estudió la demanda que presentaron varias víctimas, con el apoyo de la organización Dejusticia, y 33 conceptos de entidades gubernamentales, privadas, grupos de víctimas y organismos de control, y ya radicó la ponencia y el proyecto de auto para declarar el caso de urgencia nacional. Una decisión poco común y que se aplica cuando los temas son de seguridad nacional, para prevenir una afectación grave del patrimonio nacional o en casos de crímenes de lesa humanidad o de graves violaciones a los derechos humanos, entre otros criterios.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Además de pedirle que le dé más tiempo de vida a la Comisión de la Verdad para que pueda terminar su trabajo, los demandantes, y otros intervinientes, como Rodrigo Uprimny, le pidieron a la Corte Constitucional que declare el tema como de urgencia nacional. Según sus argumentos, ​​es de vital importancia “dotar de certeza a la Comisión, a las víctimas de conflicto armado y a la sociedad sobre el tiempo con el que esta cuenta para culminar con sus labores”, sobre todo antes que se acabe su período, fechado para el próximo 28 de noviembre, y para que el Gobierno pueda destinar una parte del presupuesto del próximo año para su funcionamiento. Una declaración que serviría para cumplir con las expectativas de las víctimas de conocer la verdad.

La ponencia

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez radicó el lunes 27 de septiembre la ponencia. Allí, el jurista pide que la Corte Constitucional amplíe por siete meses más el período de la Comisión de la Verdad. El proyecto de fallo asegura que la pandemia causada por el COVID-19 hizo imposible que la entidad terminara sus labores como lo había programado, con lo que propone ampliar su plazo hasta junio de 2022 y darle dos meses más para socializar con todo el país el informe final sobre lo que ocurrió durante el conflicto armado en Colombia. Un plazo que podría ser clave, pues el país conocería su contenido después de que pase el revuelo político de las elecciones legislativas y presidenciales.

(Lea también: Procuraduría pide que la Comisión de la Verdad dure siete meses más)

La celeridad que le quiere imprimir el magistrado Ibáñez al debate va en concordancia con la prisa que ha tenido desde su nacimiento la Comisión, nacida con el Acuerdo de Paz en 2016, pues solo fue creada para durar tres años y, sin este aval de la Corte, debería entregar el informe final antes del 28 de noviembre de 2021. Es decir, en dos meses. Además, los demandantes le dijeron a la Corte que, en el caso de que sí decidan ampliar el plazo de la entidad, el Gobierno y el Congreso deberán hacer ajustes presupuestales para financiarla. De hecho, el presupuesto general, que ya comenzó a ser discutido en Cámara y Senado, no contempla un solo peso para la Comisión de la Verdad en 2022.

La Presidencia y el Ministerio de Justicia le dejaron claro a la Corte Constitucional este punto: no se incluyeron recursos en el proyecto de Presupuesto de 2022 porque en la norma con la que se le dio vida a la Comisión de la Verdad (el decreto ley 588 de 2017) se especificó que duraría tres años. Es ese precisamente el reproche de las víctimas que demandaron esta norma, como recoge la ponencia: “La comprensión del término de operación de la Comisión de la Verdad de forma rígida como el paso sucesivo de días calendario vulnera la obligación de cumplir de buena fe lo acordado en el Acuerdo Final de Paz y el derecho a la verdad de las víctimas del conflicto armado interno”.

(Le puede interesar: Consejo de Estado recomienda que Gobierno amplíe la vida de la Comisión de la Verdad)

Los demandantes sostienen que la pandemia del COVID-19 limitó el trabajo en territorio de la Comisión y la ponencia de Ibáñez les da la razón. “La interpretación, según la cual el período de tres años de operación de la Comisión de la Verdad se ha cumplido, pese a las restricciones que impuso el aislamiento obligatorio, desconoce contenidos del Acuerdo de Paz que rodearon los compromisos adquiridos en relación con el derecho fundamental de las víctimas a la verdad”, se lee en el proyecto de fallo. Y remata: “La reconstrucción de la verdad sin enfoque territorial, sin enfoque de género y sin la participación protagónica de las víctimas no honra lo pactado en el Acuerdo”.

El Gobierno aseguró que la Comisión podía adaptarse a la virtualidad, como hicieron otras entidades, pero Ibáñez considera que en Colombia, donde apenas el 52% de los hogares tienen internet, la virtualidad no es incluyente con las zonas más afectadas por la guerra. “El ajuste de la operación de la Comisión de la Verdad al uso de tecnologías de la información no satisface el deber estatal de proveer lo necesario para la garantía efectiva del derecho a la verdad de las víctimas del conflicto, pues desconoce que tales medidas no son accesibles a esta población, en particular a los sectores más vulnerables que habitan la zona rural dispersa del territorio nacional”, dice la ponencia.

Aún con las adecuaciones que hizo la Comisión, en la pandemia se encontraron con obstáculos: los archivos reservados no pueden ser consultados en línea; se restringieron las entradas a las cárceles y se limitaron las salidas a territorios ―de casi 120 viajes que tenían planeados en febrero, pasaron a cero entre abril y agosto―. La entidad le explicó a la Corte que entre marzo y septiembre de 2020 su sede principal en Bogotá y sus 28 casas de verdad a lo largo del país estuvieron cerradas al público. Y la pandemia los golpeó directamente: La comisionada Ángela Salazar falleció por Covid-19, el comisionado Saúl Franco estuvo hospitalizado por la misma enfermedad, y 218 funcionarios también se contagiaron.

El magistrado Ibáñez concluyó que siete meses serían suficientes, porque así lo pidieron las víctimas y la Comisión de la Verdad. Si bien conceptos de algunos congresistas como Juanita Goebertus pedían ampliar el período teniendo en cuenta el tiempo que duró el aislamiento preventivo o el estado de emergencia, unos 14 meses, la ponencia se decanta por lo que pidió directamente el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión, con base en las estimaciones y la planeación de la entidad. La Procuraduría concordó con que este tiempo es el correcto y aseguró que la Corte puede poner el nuevo límite, aunque lo deseable es que lo hiciera el Congreso.

La cuestión política

El debate sobre la ampliación del período de la Comisión ha puesto a expertos, congresistas y juristas a hablar del tema. A la Corte Constitucional llegaron varios conceptos a favor y en contra de darle más vida a la entidad. De entrada, el uribismo, en voz de senadores como Ernesto Macías, rechazó la solicitud. “La Comisión de la Verdad ha tenido más del tiempo suficiente para cumplir su misión; pero el sesgo ideológico de quienes la conforman no permitirá conocer la verdad que esperan las víctimas. Esa Comisión debe entregar el informe final, sin dilaciones ni prórrogas”, escribió el senador Macías. Para él, la petición del padre De Roux tiene oculto un interés político y electoral.

“El cura De Roux quiere mantener vigente su tribuna política durante el proceso electoral, por esa razón está pidiendo siete meses de vigencia adicionales para su Comisión, precisamente hasta la segunda vuelta presidencial”, agregó Macías. Los cálculos del senador también preocupan a varios sectores que intervinieron ante la Corte Constitucional. Una de las organizaciones que enviaron conceptos al alto tribunal, le expresó a este diario: “Es más crítico que se conozca el informe en noviembre, en vísperas de casi seis meses de campaña política, que a mitad de año del próximo año cuando solo quede la segunda vuelta presidencial”.

Aunque no sería lo ideal, señaló otro interviniente en la Corte, “hay que escoger el mecanismo menos grave y que menos daño le haga a un informe que es tan esperado por las víctimas y por el país, así haya un importante sector que no le haya dado la legitimidad necesaria a la Comisión. Igual, todos vamos a terminar leyendo ese documento para bien o para mal”. Ambas organizaciones pidieron su anonimato para este artículo pues esta cuestión política no es un tema del resorte de la Corte Constitucional y “contaminarla” de asuntos ajenos a su trabajo, podría hacerles perder su norte: “Proteger el derechos de las víctimas a conocer la verdad de lo sucedido”.

(Lea también: Tenso e histórico: así fue el testimonio de Uribe en la Comisión de la Verdad)

Hoy la Corte Constitucional arranca a estudiar este crítico expediente para el futuro de la Comisión de la Verdad. Según los primeros cálculos de fuentes cercanas al alto tribunal, el magistrado Ibáñez ya tiene las mayorías para lograr la aprobación, no solo del auto en el que se declararía el asunto como de urgencia nacional, sino también para aprobar su ponencia de ampliar el período de la entidad. Ampliando o no el tiempo de vida de la Comisión, la decisión que tome el alto tribunal marcará la pauta de lo que podrá hacer el padre De Roux y los comisionados, y de lo que pueda saber el país de su guerra.

La advertencia está hecha: si a la Comisión de la Verdad no le dan más tiempo del pactado, para que pueda terminar su informe, el trabajo quedará incompleto. La alerta la hizo el presidente de ese organismo, el padre Francisco de Roux, en una carta que le envió a la Corte Constitucional a mitad de año, en donde se estudia una demanda crucial para el futuro de la entidad que tiene la titánica tarea de contarle al país qué pasó durante más de 50 años de guerra. El alto tribunal tiene en sus manos la posibilidad de darle unos meses más de vida para evitar que se cumpla el vaticinio de De Roux. Su decisión es tan trascendental, que hoy la Sala Plena podría definir si se trata de un tema de urgencia nacional.

(Lea también: Proyecto de fallo sugiere extender periodo de la Comisión de la Verdad siete meses)

Así quedó consignado en un auto que estudiarán este jueves los nueve magistrados de la Corte, quienes, en caso de darle el visto bueno, deberán hacerlo con una votación de mínimo cinco votos. El Espectador tuvo acceso a ese documento y a la ponencia que entrarían a analizar de inmediato, en caso de declarar el tema de urgencia nacional. El alto tribunal tiene clara la importancia del asunto en estudio, pues no solo han escuchado el llamado de las víctimas a que respalden su petición de darles más tiempo a los comisionados, sino porque el tiempo está corriendo en su contra: de no tomar una decisión en las próximas semanas, en el presupuesto de la nación para 2022 no habría ni un peso para la Comisión. Además, existe la incertidumbre de qué pasará si el informe se conoce en plena campaña política.

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez es el ponente del caso y quien les va a proponer a sus compañeros darle toda la prelación al expediente. En cuestión de cuatro meses, el jurista estudió la demanda que presentaron varias víctimas, con el apoyo de la organización Dejusticia, y 33 conceptos de entidades gubernamentales, privadas, grupos de víctimas y organismos de control, y ya radicó la ponencia y el proyecto de auto para declarar el caso de urgencia nacional. Una decisión poco común y que se aplica cuando los temas son de seguridad nacional, para prevenir una afectación grave del patrimonio nacional o en casos de crímenes de lesa humanidad o de graves violaciones a los derechos humanos, entre otros criterios.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Además de pedirle que le dé más tiempo de vida a la Comisión de la Verdad para que pueda terminar su trabajo, los demandantes, y otros intervinientes, como Rodrigo Uprimny, le pidieron a la Corte Constitucional que declare el tema como de urgencia nacional. Según sus argumentos, ​​es de vital importancia “dotar de certeza a la Comisión, a las víctimas de conflicto armado y a la sociedad sobre el tiempo con el que esta cuenta para culminar con sus labores”, sobre todo antes que se acabe su período, fechado para el próximo 28 de noviembre, y para que el Gobierno pueda destinar una parte del presupuesto del próximo año para su funcionamiento. Una declaración que serviría para cumplir con las expectativas de las víctimas de conocer la verdad.

La ponencia

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez radicó el lunes 27 de septiembre la ponencia. Allí, el jurista pide que la Corte Constitucional amplíe por siete meses más el período de la Comisión de la Verdad. El proyecto de fallo asegura que la pandemia causada por el COVID-19 hizo imposible que la entidad terminara sus labores como lo había programado, con lo que propone ampliar su plazo hasta junio de 2022 y darle dos meses más para socializar con todo el país el informe final sobre lo que ocurrió durante el conflicto armado en Colombia. Un plazo que podría ser clave, pues el país conocería su contenido después de que pase el revuelo político de las elecciones legislativas y presidenciales.

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La celeridad que le quiere imprimir el magistrado Ibáñez al debate va en concordancia con la prisa que ha tenido desde su nacimiento la Comisión, nacida con el Acuerdo de Paz en 2016, pues solo fue creada para durar tres años y, sin este aval de la Corte, debería entregar el informe final antes del 28 de noviembre de 2021. Es decir, en dos meses. Además, los demandantes le dijeron a la Corte que, en el caso de que sí decidan ampliar el plazo de la entidad, el Gobierno y el Congreso deberán hacer ajustes presupuestales para financiarla. De hecho, el presupuesto general, que ya comenzó a ser discutido en Cámara y Senado, no contempla un solo peso para la Comisión de la Verdad en 2022.

La Presidencia y el Ministerio de Justicia le dejaron claro a la Corte Constitucional este punto: no se incluyeron recursos en el proyecto de Presupuesto de 2022 porque en la norma con la que se le dio vida a la Comisión de la Verdad (el decreto ley 588 de 2017) se especificó que duraría tres años. Es ese precisamente el reproche de las víctimas que demandaron esta norma, como recoge la ponencia: “La comprensión del término de operación de la Comisión de la Verdad de forma rígida como el paso sucesivo de días calendario vulnera la obligación de cumplir de buena fe lo acordado en el Acuerdo Final de Paz y el derecho a la verdad de las víctimas del conflicto armado interno”.

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Los demandantes sostienen que la pandemia del COVID-19 limitó el trabajo en territorio de la Comisión y la ponencia de Ibáñez les da la razón. “La interpretación, según la cual el período de tres años de operación de la Comisión de la Verdad se ha cumplido, pese a las restricciones que impuso el aislamiento obligatorio, desconoce contenidos del Acuerdo de Paz que rodearon los compromisos adquiridos en relación con el derecho fundamental de las víctimas a la verdad”, se lee en el proyecto de fallo. Y remata: “La reconstrucción de la verdad sin enfoque territorial, sin enfoque de género y sin la participación protagónica de las víctimas no honra lo pactado en el Acuerdo”.

El Gobierno aseguró que la Comisión podía adaptarse a la virtualidad, como hicieron otras entidades, pero Ibáñez considera que en Colombia, donde apenas el 52% de los hogares tienen internet, la virtualidad no es incluyente con las zonas más afectadas por la guerra. “El ajuste de la operación de la Comisión de la Verdad al uso de tecnologías de la información no satisface el deber estatal de proveer lo necesario para la garantía efectiva del derecho a la verdad de las víctimas del conflicto, pues desconoce que tales medidas no son accesibles a esta población, en particular a los sectores más vulnerables que habitan la zona rural dispersa del territorio nacional”, dice la ponencia.

Aún con las adecuaciones que hizo la Comisión, en la pandemia se encontraron con obstáculos: los archivos reservados no pueden ser consultados en línea; se restringieron las entradas a las cárceles y se limitaron las salidas a territorios ―de casi 120 viajes que tenían planeados en febrero, pasaron a cero entre abril y agosto―. La entidad le explicó a la Corte que entre marzo y septiembre de 2020 su sede principal en Bogotá y sus 28 casas de verdad a lo largo del país estuvieron cerradas al público. Y la pandemia los golpeó directamente: La comisionada Ángela Salazar falleció por Covid-19, el comisionado Saúl Franco estuvo hospitalizado por la misma enfermedad, y 218 funcionarios también se contagiaron.

El magistrado Ibáñez concluyó que siete meses serían suficientes, porque así lo pidieron las víctimas y la Comisión de la Verdad. Si bien conceptos de algunos congresistas como Juanita Goebertus pedían ampliar el período teniendo en cuenta el tiempo que duró el aislamiento preventivo o el estado de emergencia, unos 14 meses, la ponencia se decanta por lo que pidió directamente el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión, con base en las estimaciones y la planeación de la entidad. La Procuraduría concordó con que este tiempo es el correcto y aseguró que la Corte puede poner el nuevo límite, aunque lo deseable es que lo hiciera el Congreso.

La cuestión política

El debate sobre la ampliación del período de la Comisión ha puesto a expertos, congresistas y juristas a hablar del tema. A la Corte Constitucional llegaron varios conceptos a favor y en contra de darle más vida a la entidad. De entrada, el uribismo, en voz de senadores como Ernesto Macías, rechazó la solicitud. “La Comisión de la Verdad ha tenido más del tiempo suficiente para cumplir su misión; pero el sesgo ideológico de quienes la conforman no permitirá conocer la verdad que esperan las víctimas. Esa Comisión debe entregar el informe final, sin dilaciones ni prórrogas”, escribió el senador Macías. Para él, la petición del padre De Roux tiene oculto un interés político y electoral.

“El cura De Roux quiere mantener vigente su tribuna política durante el proceso electoral, por esa razón está pidiendo siete meses de vigencia adicionales para su Comisión, precisamente hasta la segunda vuelta presidencial”, agregó Macías. Los cálculos del senador también preocupan a varios sectores que intervinieron ante la Corte Constitucional. Una de las organizaciones que enviaron conceptos al alto tribunal, le expresó a este diario: “Es más crítico que se conozca el informe en noviembre, en vísperas de casi seis meses de campaña política, que a mitad de año del próximo año cuando solo quede la segunda vuelta presidencial”.

Aunque no sería lo ideal, señaló otro interviniente en la Corte, “hay que escoger el mecanismo menos grave y que menos daño le haga a un informe que es tan esperado por las víctimas y por el país, así haya un importante sector que no le haya dado la legitimidad necesaria a la Comisión. Igual, todos vamos a terminar leyendo ese documento para bien o para mal”. Ambas organizaciones pidieron su anonimato para este artículo pues esta cuestión política no es un tema del resorte de la Corte Constitucional y “contaminarla” de asuntos ajenos a su trabajo, podría hacerles perder su norte: “Proteger el derechos de las víctimas a conocer la verdad de lo sucedido”.

(Lea también: Tenso e histórico: así fue el testimonio de Uribe en la Comisión de la Verdad)

Hoy la Corte Constitucional arranca a estudiar este crítico expediente para el futuro de la Comisión de la Verdad. Según los primeros cálculos de fuentes cercanas al alto tribunal, el magistrado Ibáñez ya tiene las mayorías para lograr la aprobación, no solo del auto en el que se declararía el asunto como de urgencia nacional, sino también para aprobar su ponencia de ampliar el período de la entidad. Ampliando o no el tiempo de vida de la Comisión, la decisión que tome el alto tribunal marcará la pauta de lo que podrá hacer el padre De Roux y los comisionados, y de lo que pueda saber el país de su guerra.