El pleito por $2,5 billones entre Glencore y Colombia está a punto de resolverse

La cuenta regresiva para conocer un fallo histórico en Colombia ya comenzó. En Washington (EE. UU.), los tres árbitros que llevan la demanda de la multinacional suiza Glencore en contra del Estado colombiano están ultimando los detalles del primer laudo arbitral en el país que tiene que ver con un acuerdo de inversión, un modelo similar a los tratados de libre comercio. El pleito es de tal magnitud que, de perderlo, Colombia tendría que pagar $2,5 billones. La tensión es total en el Gobierno, que sabe que el fallo se conocerá en abril, y las esperanzas están puestas en que Colombia salga bien librada de la pelea.

Para que el país llegara a este punto, los abogados del Estado agotaron todas las posibilidades de una solución amistosa y de conciliación. Sin embargo, las peticiones de Glencore sobrepasaron con creces lo que se les propuso. Así se lo hicieron saber al tribunal de arbitramento en la demanda que presentaron formalmente en Colombia hace dos años. Según la multinacional, la nación violó el acuerdo de inversión entre los dos países cuando, en 2015, la Contraloría sancionó fiscalmente a la compañía tras comprobar que había conseguido de manera irregular un otrosí para uno de sus contratos, una movida que hizo que Colombia dejara de recibir dinero de regalías.

(Lea también: Glencore, relacionada con sobrecostos en Reficar, es investigada en EEUU )

Por esa época, la filial de Glencore en el país, Prodeco, estaba ubicada en varios departamentos de la región Caribe, en donde se había dedicado a la explotación de carbón. Entre esos negocios había uno con Cerrejón en La Guajira y otro en la mina de carbón en el Cesar, conocida como Calenturitas. Fue allí donde comenzó la disputa. Después de 20 años de extraer el mineral sin mayores contratiempos, la empresa propuso cambiar las reglas que su contrato había establecido para calcular las regalías que le correspondían al Estado por su trabajo de extracción, y la relación empezó a complicarse.

Ingeominas, que entonces era la autoridad en temas mineros, no aceptó la propuesta. Prodeco se rehusó a quedarse de brazos cruzados e interpretó a su manera el cálculo de las regalías y, sin más negociaciones, empezó a desembolsar menos dinero, a pesar de que no tenía el permiso legal para hacerlo. A esta conclusión llegó la Contraloría en 2015, cuando condenó a la multinacional a pagar más de $60 millones por la arbitrariedad con que decidió calcular sus pagos al Estado colombiano. Además, el ente de control ligó al fallo a Mario Ballesteros, director de Ingeominas por esa época, porque finalmente cedió a las exigencias de Prodeco y firmó con ellos un otrosí con su fórmula.

Según el informe de la Contraloría, el otrosí al contrato original, que data de 1989, no se ajustó de ninguna manera a lo que la empresa había acordado con la nación. “Antes de implementar los cambios consagrados en el otrosí, el Estado recibía $129.512 millones, y tras este ajuste se pasó a $77.298 millones”, explicó la entidad, resaltando que los afectados principales por el recálculo habían sido los intereses de Colombia. Aunque el fallo fiscal fue celebrado en su momento en el país, a Glencore le cayó en reversa la decisión y decidió acudir a tribunales de arbitramento internacional argumentando que el Estado colombiano le había cambiado las reglas del juego y que había expropiado sus negocios.

(Le puede interesar: ¿La fiebre por el cobalto era tan solo otra burbuja más?)

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ha estado detrás de la estrategia jurídica para evitarle a Colombia el pago de este millonario pleito. Entre los argumentos que presentó ante el tribunal está el hecho de que la sanción de la Contraloría se tomó en pleno derecho y que se trató de una medida necesaria para el país, pues de ninguna manera una entidad nacional, como Ingeominas, y una empresa internacional pueden hacer un cambio en los contratos en contra de los intereses del Estado. Con un ingrediente adicional: la Fiscalía colombiana tiene abierta una investigación para determinar si hubo irregularidades penales en la adjudicación del otrosí.

Pese a los reclamos de Glencore, la sanción de la Contraloría está en firme, pues fue confirmada en segunda instancia. Además, en 2012, la Agencia Nacional Minera, que reemplazó a Ingeominas, presentó una demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca alegando que la adición al contrato original, la que ocasionó la disputa, debía anularse. Sin embargo, para la multinacional, lo que debe hacer el tribunal de arbitramento es todo lo contrario. Además de pedir una indemnización de casi $2,5 billones, espera que el laudo le ordene a Colombia desistir de toda medida que busque anular o castigar el otrosí.

Aparte de este caso, Glencore tiene otro millonario pleito arbitral contra el Estado por problemas en un negocio en el puerto de Santa Marta. Con los días contados para saber el resultado de la pelea por la mina de Calenturitas, la Agencia Jurídica del Estado, bajo el mando de Camilo Gómez, está al borde del asiento esperando el resultado. La preocupación no es menor: de llegar a ser declarada responsable, Colombia tendría que pagar las pretensiones de la multinacional suiza, que son casi iguales a lo que el Estado le asignó a la implementación de la paz en Colombia y 6,6 veces más que el presupuesto de la nación para el sector ambiente este año.

La cuenta regresiva para conocer un fallo histórico en Colombia ya comenzó. En Washington (EE. UU.), los tres árbitros que llevan la demanda de la multinacional suiza Glencore en contra del Estado colombiano están ultimando los detalles del primer laudo arbitral en el país que tiene que ver con un acuerdo de inversión, un modelo similar a los tratados de libre comercio. El pleito es de tal magnitud que, de perderlo, Colombia tendría que pagar $2,5 billones. La tensión es total en el Gobierno, que sabe que el fallo se conocerá en abril, y las esperanzas están puestas en que Colombia salga bien librada de la pelea.

Para que el país llegara a este punto, los abogados del Estado agotaron todas las posibilidades de una solución amistosa y de conciliación. Sin embargo, las peticiones de Glencore sobrepasaron con creces lo que se les propuso. Así se lo hicieron saber al tribunal de arbitramento en la demanda que presentaron formalmente en Colombia hace dos años. Según la multinacional, la nación violó el acuerdo de inversión entre los dos países cuando, en 2015, la Contraloría sancionó fiscalmente a la compañía tras comprobar que había conseguido de manera irregular un otrosí para uno de sus contratos, una movida que hizo que Colombia dejara de recibir dinero de regalías.

(Lea también: Glencore, relacionada con sobrecostos en Reficar, es investigada en EEUU )

Por esa época, la filial de Glencore en el país, Prodeco, estaba ubicada en varios departamentos de la región Caribe, en donde se había dedicado a la explotación de carbón. Entre esos negocios había uno con Cerrejón en La Guajira y otro en la mina de carbón en el Cesar, conocida como Calenturitas. Fue allí donde comenzó la disputa. Después de 20 años de extraer el mineral sin mayores contratiempos, la empresa propuso cambiar las reglas que su contrato había establecido para calcular las regalías que le correspondían al Estado por su trabajo de extracción, y la relación empezó a complicarse.

Ingeominas, que entonces era la autoridad en temas mineros, no aceptó la propuesta. Prodeco se rehusó a quedarse de brazos cruzados e interpretó a su manera el cálculo de las regalías y, sin más negociaciones, empezó a desembolsar menos dinero, a pesar de que no tenía el permiso legal para hacerlo. A esta conclusión llegó la Contraloría en 2015, cuando condenó a la multinacional a pagar más de $60 millones por la arbitrariedad con que decidió calcular sus pagos al Estado colombiano. Además, el ente de control ligó al fallo a Mario Ballesteros, director de Ingeominas por esa época, porque finalmente cedió a las exigencias de Prodeco y firmó con ellos un otrosí con su fórmula.

Según el informe de la Contraloría, el otrosí al contrato original, que data de 1989, no se ajustó de ninguna manera a lo que la empresa había acordado con la nación. “Antes de implementar los cambios consagrados en el otrosí, el Estado recibía $129.512 millones, y tras este ajuste se pasó a $77.298 millones”, explicó la entidad, resaltando que los afectados principales por el recálculo habían sido los intereses de Colombia. Aunque el fallo fiscal fue celebrado en su momento en el país, a Glencore le cayó en reversa la decisión y decidió acudir a tribunales de arbitramento internacional argumentando que el Estado colombiano le había cambiado las reglas del juego y que había expropiado sus negocios.

(Le puede interesar: ¿La fiebre por el cobalto era tan solo otra burbuja más?)

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ha estado detrás de la estrategia jurídica para evitarle a Colombia el pago de este millonario pleito. Entre los argumentos que presentó ante el tribunal está el hecho de que la sanción de la Contraloría se tomó en pleno derecho y que se trató de una medida necesaria para el país, pues de ninguna manera una entidad nacional, como Ingeominas, y una empresa internacional pueden hacer un cambio en los contratos en contra de los intereses del Estado. Con un ingrediente adicional: la Fiscalía colombiana tiene abierta una investigación para determinar si hubo irregularidades penales en la adjudicación del otrosí.

Pese a los reclamos de Glencore, la sanción de la Contraloría está en firme, pues fue confirmada en segunda instancia. Además, en 2012, la Agencia Nacional Minera, que reemplazó a Ingeominas, presentó una demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca alegando que la adición al contrato original, la que ocasionó la disputa, debía anularse. Sin embargo, para la multinacional, lo que debe hacer el tribunal de arbitramento es todo lo contrario. Además de pedir una indemnización de casi $2,5 billones, espera que el laudo le ordene a Colombia desistir de toda medida que busque anular o castigar el otrosí.

Aparte de este caso, Glencore tiene otro millonario pleito arbitral contra el Estado por problemas en un negocio en el puerto de Santa Marta. Con los días contados para saber el resultado de la pelea por la mina de Calenturitas, la Agencia Jurídica del Estado, bajo el mando de Camilo Gómez, está al borde del asiento esperando el resultado. La preocupación no es menor: de llegar a ser declarada responsable, Colombia tendría que pagar las pretensiones de la multinacional suiza, que son casi iguales a lo que el Estado le asignó a la implementación de la paz en Colombia y 6,6 veces más que el presupuesto de la nación para el sector ambiente este año.