El pobre cumplimiento de Colombia de las recomendaciones de la CIDH sobre el paro

La CIDH visitó Colombia en junio de 2021 tras meses de convulsión (imagen de referencia).

Foto: AFP - Agencia AFP

Colombia se rajó en el cumplimiento de la mayoría de las recomendaciones que dio la CIDH tras su visita en junio de 2021. Lo hizo, en medio del paro nacional de ese año, y logró constatar abusos de la Policía y un discurso estigmatizante hacia la protesta. En el informe que la instancia internacional entregó este viernes, como seguimiento a su trabajo, se reporta apenas un cumplimiento “parcial sustancial” en tres de las 41 recomendaciones que dieron los comisionados hace ya año y medio. Anunciaron, a su vez, que se instalará un mecanismo de seguimiento por los próximos tres años.

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En este primer informe, la CIDH se concentró en analizar el cumplimiento de 28 de las 41 recomendaciones. En concreto, “las recomendaciones con impacto más inmediato en el ejercicio de la protesta social”, como, por ejemplo, la de separar la Policía del Ministerio de Defensa, sistematizar datos sobre personas víctimas de distintos tipos de violencia en contextos de protesta o reformar la figura de traslado por protección ―una forma de detención administrativa bajo total discreción de la Policía―, que fue usada indiscriminadamente durante el paro.

Precisamente, la Comisión llegó a Colombia en medio de la convulsión que había estallado el 28 de abril de 2021 con una protesta masiva en contra de la reforma tributaria del gobierno de Iván Duque. Las manifestaciones siguieron durante varias semanas y recibieron una respuesta violenta por parte de la Fuerza Pública. El epicentro de las protestas fue Cali, donde la pandemia había exacerbado la pobreza y la desigualdad, como en buena parte del país. Y, ante las decenas de casos documentados de abusos de la Policía, que incluía violencia de género y torturas, los comisionados visitaron el país e hicieron una serie de recomendaciones.

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El informe publicado este viernes ratifica que Colombia no ha cumplido con la mayoría de las recomendaciones. Una de las principales era establecer mecanismos que garanticen una rendición de cuentas sobre lo sucedido en el paro nacional. El informe concluye diciendo que la Comisión “comparte la preocupación expresada por las organizaciones de la sociedad civil sobre la falta de rendición de cuentas sobre lo ocurrido en las manifestaciones y protestas, más de un año después de los hechos. Especialmente, esta preocupación surge por la situación generalizada de impunidad frente a las violaciones a derechos humanos perpetradas en el contexto de protestas”.

Otras recomendaciones que el Estado colombiano ha incumplido, según constató la CIDH, son: establecer programas de reparación para las víctimas de los abusos que sucedieron en el paro, promover la noción de que los funcionarios públicos no pueden hacer pronunciamientos que estigmaticen la protesta en ninguna manera ―una obligación nacida de tratados internacionales―, o asegurar que el uso de armas menos letales, como las que utiliza el Esmad, esté sujeto a protocolos que sancionen efectivamente los malos manejos.

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Las recomendaciones que Colombia ha cumplido

Las tres recomendaciones sobre las que la CIDH reportó un mayor avance tienen que ver con la Policía. La primera está enfocada en reestructurar la formación y educación que reciben los uniformados y, en ese sentido, Colombia le presentó a la Comisión la Política de Formación de la Fuerza Pública, expedida en 2021 durante el gobierno de Iván Duque, entre otras iniciativas que ayudan a impulsar el cumplimiento de lo sugerido por los comisionados. En segundo lugar, está promover que el Esmad de la Policía cumpla con sus funciones.

Frente a esto, Colombia allegó información de protocolos que ha expedido, así como de cursos en derechos humanos que han tomado los policías que están en la fuerza antidisturbios e iniciativas de reestructuración de la formación, para que tengan en cuenta los lineamientos internacionales sobre protesta. Y, finalmente, el Estado le mostró a la CIDH que ha avanzado en la creación de mecanismos que le permitan a los familiares de personas detenidas durante manifestaciones saber su paradero. En concreto, la Procuraduría, la Policía y la Fiscalía reportaron avances en ese sentido.

Además, en el informe, la CIDH aprovechó para insistir en dos recomendaciones sobre las que no hay mucho avance. La primera tiene que ver con la necesidad de que Colombia expida una ley estatutaria “que regule adecuadamente los alcances y limitaciones del derecho a la protesta en Colombia”. La segunda está relacionada con la necesidad de sacar la Policía del Ministerio de Defensa, iniciativa con la que el gobierno de Gustavo Petro parece estar alineado. “Aunque la Comisión todavía no conoce información específica en torno a la implementación de esta medida, ha invitado al Estado a su ejecución”, apunta el informe.

A pesar del panorama de incumplimiento generalizado, la Comisión dio a conocer que el Estado colombiano aceptó constituir un mecanismo de seguimiento que le hará un monitoreo periódico a las recomendaciones. Según el informe, el primer paso para lograrlo es “constituir un plan conjunto de trabajo sobre un mecanismo de seguimiento de recomendaciones por tres años”, Asimismo, la CIDH expresó “su disposición para contribuir y apoyar a la debida implementación de las recomendaciones”.

Según el comisionado Joel Hernández, la CIDH recibió una respuesta constructiva de parte del presidente Petro, con quien se reunieron este viernes. “Yo veo en el sistema interamericano la cooperación, para cooperar se requieren dos, y lo pudimos verificar en la respuesta tan abierta y tan franca del presidente”, dijo Hernández en la presentación del informe en Bogotá. A renglón seguido, expresó que la CIDH considera que necesario que se liberen las personas que fueron detenidas de forma arbitraria en el contexto de protesta para que puedan continuar sus procesos en libertad.

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