El poder acumulado del defensor Otálora

Fue un cumpleaños amargo para el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora. En vez de despertarse con mensajes y llamadas de felicitaciones, tuvo que levantarse muy temprano para asistir a la rueda de prensa, programada por él mismo a las 7 a.m., para dar las explicaciones que consideró convenientes sobre los señalamientos en su contra por acoso sexual hechos por quien fue su secretaria privada más de dos años: la abogada Astrid Cristancho. Llegó puntual, solo y serio; mientras varios periodistas hacían conjeturas sobre los supuestos motivos ocultos de Cristancho para denunciar a su exjefe. “Ella quiere vengarse de él” y otras frases prejuiciosas de ese estilo se escuchaban en el recinto.

Sus declaraciones no duraron más de diez minutos. Luego atendió tres preguntas y se retiró. A sus colaboradores les dijo que quería celebrar en familia, especialmente con su madre, doña Carmen Gómez, una mujer de Chocontá, Cundinamarca –donde nació el defensor– que sacó adelante a diez hijos con un restaurante de “corrientazos” que estableció en el noroccidente de Bogotá. “Tengo una madre, unos hermanos y unas hermanas a quienes quiero mucho, y lastimosamente me toca darles explicaciones de lo que está pasando”, dijo el domingo en la noche en Noticias Caracol. Afirmó, de paso, que con Astrid Cristancho nunca hubo acoso: hubo amor. Ella no piensa igual.

De esa imagen del hijo de una viuda que llegó de un pequeño pueblo poco queda. Jorge Armando Otálora es hoy un hombre poderoso y muy bien rodeado. El alcance de su poder, señaló Astrid Cristancho en Noticias Uno, fue una de las razones que la hizo llenarse de miedo y postergar su denuncia. La mejor prueba de las relaciones sociales y políticas de Otálora es su votación como defensor del Pueblo: para el día de la elección, agosto 20 de 2012, era un hecho que él sería el ganador. Líderes de partidos como Augusto Posada, de la U, y David Barguil, de los conservadores, ya habían anunciado que Otálora era una decisión “prácticamente tomada”. Él consiguió 126 votos; sus contrincantes, cuatro cada una.

Esa elección fue el resultado de un cuidadoso ajedrez político. Cuando el Partido Liberal se unió a la coalición de Gobierno, luego de que su candidato –Rafael Pardo, hoy ministro del Posconflicto– perdiera en primera ronda en 2010, los liberales empezaron a solicitar representación política. En plata blanca: cuotas burocráticas. Entre las entidades que pidieron estaba la Defensoría del Pueblo, la cual había sido regida los ocho años anteriores por un conservador: Vólmar Pérez. Para ese momento, Jorge Armando Otálora contaba con el respaldo de pesos pesados del liberalismo, como el expresidente César Gaviria, y de su hijo, Simón Gaviria –hoy director de Planeación Nacional–.

Los Gaviria, sin embargo, no fueron los únicos. El representante Augusto Posada, quien entró a reemplazar a Simón Gaviria como presidente de la Cámara en el segundo semestre de 2012 –cuando Otálora fue elegido–, fue otro personaje clave. El congresista Posada fue el encargado de organizar reuniones en la oficina de la presidencia de la Cámara, con Simón Gaviria a bordo, en las que se concretó el apoyo. Otálora, además, era –y sigue siendo– un hombre cercano al entonces ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras. Al Partido Conservador, queriendo arañar un poco el tablero burocrático, no le quedó de más que darle su voto también.

El único que sentó voz de protesta en contra de la elección de Otálora fue el congresista Juan Manuel Galán, quien señalaba que Otálora había sido defensor de Alberto Santofimio, excongresista condenado por el magnicidio de su padre, Luis Carlos Galán. Otálora lo negó:aseguró que un abogado que trabajó en su oficina fue quien representó jurídicamente a Santofimio. De este panorama de apoyo irrestricto, sin embargo, no se ve mucho hoy: el codirector del Partido Liberal, Horacio Serpa, pidió la renuncia del hombre que, según Simón Gaviria, agitaría las ideas liberales desde la Defensoría.

En julio de 2013, cuando llevaba menos de un año como defensor, el Congreso aprobó darle facultades extraordinarias al presidente Juan Manuel Santos para reformar dos entidades de dos hombres claves para su mandato: la Fiscalía, con Eduardo Montealegre a la cabeza, y la Defensoría del Pueblo. En el caso de la Fiscalía, se aprobó que ésta tuviera un presupuesto similar al de toda la Rama Judicial: cerca de $2 billones. En el caso de la Defensoría el presupuesto también aumentó considerablemente. Mientras en 2010 rondaba los $232 mil millones, para 2014 sobrepasaba los $363 mil millones. El aumento fue del 56%. La reestructuración le permitió, incluso, inventarse un nuevo cargo: el de vicedefensor.

“Con la reestructuración, el defensor Jorge Armando Otálora ha podido nombrar más de 500 funcionarios en provisionalidad. La Defensoría pasó de tener unos 750 funcionarios a casi 1.900, la mayoría en provisionalidad. Hay, además, 4.100 defensores públicos por contrato de prestación de servicios. Con todos esos puestos de los que puede disponer es que se pagan las cuotas burocráticas de los representantes que lo eligieron a él”, le dijo a este diario Carlos Castro, presidente de Asemdep, uno de los sindicatos de la Defensoría.

“Reconocemos que últimamente él ha tratado de mejorar sus relaciones con nosotros, ha estado en dos mesas de negociación. Pero esto va mucho más allá del problema con la doctora Astrid Cristancho. Cuando la magistratura moral se pierde, no queda otro camino que renunciar”, agregó Carlos Castro, señalando que de las quejas por acoso laboral que su sindicato conoce dentro de la Defensoría, hay casi 40 que se han radicado durante la administración Otálora, pero que la única dirigida contra él directamente es la de Astrid Cristancho, exsecretaria privada del defensor que ahora lo señala también de acoso sexual.

Desde septiembre pasado, columnistas de Semana como Juan Diego Restrepo y Daniel Coronell empezaron a reportar un supuesto régimen del terror en la Defensoría. Entonces, el Ministerio del Trabajo señaló que entraría a indagar. En diálogo con El Espectador, el viceministro de Trabajo, Enrique Borda Villegas, expresó que la otra semana se darán a conocer los resultados de la investigación que realizó esa cartera en la Defensoría. Si se llegara a comprobar que hubo acoso laboral en la Defensoría, sería esa entidad y no Otálora quien pague la multa, que puede llegar a ser de hasta $2.000 millones. Así mismo, la Procuraduría anunció que abrió una indagación por acoso laboral.

Su trayectoria lo ha hecho un hombre de conexiones. Uno de los hombres que más lo ha respaldado es Jaime Bernal Cuéllar, con quien trabajó en su bufete de abogados. Fue él quien lo recomendó ante Mario Iguarán para que lo nombrara vicefiscal, como ocurrió en 2005. De ese organismo salió Otálora en medio de un gran escándalo, cuando se supo que la Fiscalía había contratado a un psíquico llamado Armando Martí para evaluar al personal. Martí advirtió que Otálora protagonizaba una guerra contra Janny Jalal, entonces directora nacional de Fiscalías, y tanto Otálora como Jalal se fueron del organismo. Igualmente, es miembro de la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol.

Jorge Armando Otálora está, como nunca antes –ni él ni ningún defensor del Pueblo– contra la pared, con una acusación gravísima de acoso sexual de por medio, hecha por quien fue su mano derecha por más de dos años. La bancada de mujeres del Congreso, el Centro Democrático, el Polo y hasta el partido que siempre lo respaldó, el Liberal, han pedido su retiro, aunque Otálora dejó claro que no lo hará. Su nombre aparecía con frecuencia cuando se barajaban candidatos para la Procuraduría. No es tan claro ya si el presidente Juan Manuel Santos, un férreo defensor de los derechos de las mujeres, se va a animar a postularlo de nuevo para un alto cargo con una acusación de esa naturaleza a cuestas.

Las afirmaciones de Armando Martí

El psíquico que fue contratado por la Fiscalía de Mario Iguarán, Armando Martí, afirmó en Noticias Caracol que mientras fue asesor de la Fiscalía conoció el caso de una mujer que también, supuestamente, fue acosada por el entonces vicefiscal, Jorge Armando Otálora, a tal punto que ella tuvo que salir del país. Su identidad no fue revelada. Tampoco se sabe si ella en ese momento radicó alguna denuncia al respecto. Cuando se supo que Martí estaba en la Fiscalía, para 2006, fue Otálora quien le quitó los privilegios que tenía entonces, como acceso a todas las oficinas y carro.

Fue un cumpleaños amargo para el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora. En vez de despertarse con mensajes y llamadas de felicitaciones, tuvo que levantarse muy temprano para asistir a la rueda de prensa, programada por él mismo a las 7 a.m., para dar las explicaciones que consideró convenientes sobre los señalamientos en su contra por acoso sexual hechos por quien fue su secretaria privada más de dos años: la abogada Astrid Cristancho. Llegó puntual, solo y serio; mientras varios periodistas hacían conjeturas sobre los supuestos motivos ocultos de Cristancho para denunciar a su exjefe. “Ella quiere vengarse de él” y otras frases prejuiciosas de ese estilo se escuchaban en el recinto.

Sus declaraciones no duraron más de diez minutos. Luego atendió tres preguntas y se retiró. A sus colaboradores les dijo que quería celebrar en familia, especialmente con su madre, doña Carmen Gómez, una mujer de Chocontá, Cundinamarca –donde nació el defensor– que sacó adelante a diez hijos con un restaurante de “corrientazos” que estableció en el noroccidente de Bogotá. “Tengo una madre, unos hermanos y unas hermanas a quienes quiero mucho, y lastimosamente me toca darles explicaciones de lo que está pasando”, dijo el domingo en la noche en Noticias Caracol. Afirmó, de paso, que con Astrid Cristancho nunca hubo acoso: hubo amor. Ella no piensa igual.

De esa imagen del hijo de una viuda que llegó de un pequeño pueblo poco queda. Jorge Armando Otálora es hoy un hombre poderoso y muy bien rodeado. El alcance de su poder, señaló Astrid Cristancho en Noticias Uno, fue una de las razones que la hizo llenarse de miedo y postergar su denuncia. La mejor prueba de las relaciones sociales y políticas de Otálora es su votación como defensor del Pueblo: para el día de la elección, agosto 20 de 2012, era un hecho que él sería el ganador. Líderes de partidos como Augusto Posada, de la U, y David Barguil, de los conservadores, ya habían anunciado que Otálora era una decisión “prácticamente tomada”. Él consiguió 126 votos; sus contrincantes, cuatro cada una.

Esa elección fue el resultado de un cuidadoso ajedrez político. Cuando el Partido Liberal se unió a la coalición de Gobierno, luego de que su candidato –Rafael Pardo, hoy ministro del Posconflicto– perdiera en primera ronda en 2010, los liberales empezaron a solicitar representación política. En plata blanca: cuotas burocráticas. Entre las entidades que pidieron estaba la Defensoría del Pueblo, la cual había sido regida los ocho años anteriores por un conservador: Vólmar Pérez. Para ese momento, Jorge Armando Otálora contaba con el respaldo de pesos pesados del liberalismo, como el expresidente César Gaviria, y de su hijo, Simón Gaviria –hoy director de Planeación Nacional–.

Los Gaviria, sin embargo, no fueron los únicos. El representante Augusto Posada, quien entró a reemplazar a Simón Gaviria como presidente de la Cámara en el segundo semestre de 2012 –cuando Otálora fue elegido–, fue otro personaje clave. El congresista Posada fue el encargado de organizar reuniones en la oficina de la presidencia de la Cámara, con Simón Gaviria a bordo, en las que se concretó el apoyo. Otálora, además, era –y sigue siendo– un hombre cercano al entonces ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras. Al Partido Conservador, queriendo arañar un poco el tablero burocrático, no le quedó de más que darle su voto también.

El único que sentó voz de protesta en contra de la elección de Otálora fue el congresista Juan Manuel Galán, quien señalaba que Otálora había sido defensor de Alberto Santofimio, excongresista condenado por el magnicidio de su padre, Luis Carlos Galán. Otálora lo negó:aseguró que un abogado que trabajó en su oficina fue quien representó jurídicamente a Santofimio. De este panorama de apoyo irrestricto, sin embargo, no se ve mucho hoy: el codirector del Partido Liberal, Horacio Serpa, pidió la renuncia del hombre que, según Simón Gaviria, agitaría las ideas liberales desde la Defensoría.

En julio de 2013, cuando llevaba menos de un año como defensor, el Congreso aprobó darle facultades extraordinarias al presidente Juan Manuel Santos para reformar dos entidades de dos hombres claves para su mandato: la Fiscalía, con Eduardo Montealegre a la cabeza, y la Defensoría del Pueblo. En el caso de la Fiscalía, se aprobó que ésta tuviera un presupuesto similar al de toda la Rama Judicial: cerca de $2 billones. En el caso de la Defensoría el presupuesto también aumentó considerablemente. Mientras en 2010 rondaba los $232 mil millones, para 2014 sobrepasaba los $363 mil millones. El aumento fue del 56%. La reestructuración le permitió, incluso, inventarse un nuevo cargo: el de vicedefensor.

“Con la reestructuración, el defensor Jorge Armando Otálora ha podido nombrar más de 500 funcionarios en provisionalidad. La Defensoría pasó de tener unos 750 funcionarios a casi 1.900, la mayoría en provisionalidad. Hay, además, 4.100 defensores públicos por contrato de prestación de servicios. Con todos esos puestos de los que puede disponer es que se pagan las cuotas burocráticas de los representantes que lo eligieron a él”, le dijo a este diario Carlos Castro, presidente de Asemdep, uno de los sindicatos de la Defensoría.

“Reconocemos que últimamente él ha tratado de mejorar sus relaciones con nosotros, ha estado en dos mesas de negociación. Pero esto va mucho más allá del problema con la doctora Astrid Cristancho. Cuando la magistratura moral se pierde, no queda otro camino que renunciar”, agregó Carlos Castro, señalando que de las quejas por acoso laboral que su sindicato conoce dentro de la Defensoría, hay casi 40 que se han radicado durante la administración Otálora, pero que la única dirigida contra él directamente es la de Astrid Cristancho, exsecretaria privada del defensor que ahora lo señala también de acoso sexual.

Desde septiembre pasado, columnistas de Semana como Juan Diego Restrepo y Daniel Coronell empezaron a reportar un supuesto régimen del terror en la Defensoría. Entonces, el Ministerio del Trabajo señaló que entraría a indagar. En diálogo con El Espectador, el viceministro de Trabajo, Enrique Borda Villegas, expresó que la otra semana se darán a conocer los resultados de la investigación que realizó esa cartera en la Defensoría. Si se llegara a comprobar que hubo acoso laboral en la Defensoría, sería esa entidad y no Otálora quien pague la multa, que puede llegar a ser de hasta $2.000 millones. Así mismo, la Procuraduría anunció que abrió una indagación por acoso laboral.

Su trayectoria lo ha hecho un hombre de conexiones. Uno de los hombres que más lo ha respaldado es Jaime Bernal Cuéllar, con quien trabajó en su bufete de abogados. Fue él quien lo recomendó ante Mario Iguarán para que lo nombrara vicefiscal, como ocurrió en 2005. De ese organismo salió Otálora en medio de un gran escándalo, cuando se supo que la Fiscalía había contratado a un psíquico llamado Armando Martí para evaluar al personal. Martí advirtió que Otálora protagonizaba una guerra contra Janny Jalal, entonces directora nacional de Fiscalías, y tanto Otálora como Jalal se fueron del organismo. Igualmente, es miembro de la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol.

Jorge Armando Otálora está, como nunca antes –ni él ni ningún defensor del Pueblo– contra la pared, con una acusación gravísima de acoso sexual de por medio, hecha por quien fue su mano derecha por más de dos años. La bancada de mujeres del Congreso, el Centro Democrático, el Polo y hasta el partido que siempre lo respaldó, el Liberal, han pedido su retiro, aunque Otálora dejó claro que no lo hará. Su nombre aparecía con frecuencia cuando se barajaban candidatos para la Procuraduría. No es tan claro ya si el presidente Juan Manuel Santos, un férreo defensor de los derechos de las mujeres, se va a animar a postularlo de nuevo para un alto cargo con una acusación de esa naturaleza a cuestas.

Las afirmaciones de Armando Martí

El psíquico que fue contratado por la Fiscalía de Mario Iguarán, Armando Martí, afirmó en Noticias Caracol que mientras fue asesor de la Fiscalía conoció el caso de una mujer que también, supuestamente, fue acosada por el entonces vicefiscal, Jorge Armando Otálora, a tal punto que ella tuvo que salir del país. Su identidad no fue revelada. Tampoco se sabe si ella en ese momento radicó alguna denuncia al respecto. Cuando se supo que Martí estaba en la Fiscalía, para 2006, fue Otálora quien le quitó los privilegios que tenía entonces, como acceso a todas las oficinas y carro.