Las preocupaciones y el camino para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente

De los nueve puntos que planteó el presidente Gustavo Petro para convocar a una asamblea nacional constituyente, hay uno que preocupa especialmente a varios sectores dedicados al estudio del conflicto, a la defensa judicial de miles de víctimas y a los abogados que se dedican a estructurar procesos de paz y de sometimiento a la justicia. En el último puesto de la lista de temas, el jefe de Estado escribió que “la verdad judicial y el perdón social para una paz definitiva” también será un asunto para incluir en una posible constituyente. Fuentes de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero también abogados que representan a víctimas, tanto en ese sistema de justicia, como en procesos ordinarios, señalaron que esa mención del presidente a un asunto transversal genera, de nuevo, angustia.

De los nueve puntos que planteó el presidente Gustavo Petro para convocar a una asamblea nacional constituyente, hay uno que preocupa especialmente a varios sectores dedicados al estudio del conflicto, a la defensa judicial de miles de víctimas y a los abogados que se dedican a estructurar procesos de paz y de sometimiento a la justicia. En el último puesto de la lista de temas, el jefe de Estado escribió que “la verdad judicial y el perdón social para una paz definitiva” también será un asunto para incluir en una posible constituyente. Fuentes de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero también abogados que representan a víctimas, tanto en ese sistema de justicia, como en procesos ordinarios, señalaron que esa mención del presidente a un asunto transversal genera, de nuevo, angustia.

“La frase es tan ambigua y gaseosa que no entendemos si otra vez está insistiendo en la eliminación de la JEP, si estamos hablando de amnistías para disidentes y miembros de grupos como el Clan del Golfo o los Conquistadores de la Sierra Nevada. ¿Será de nuevo una referencia para revivir la idea de la ley del punto final?”, expresó una fuente de la jurisdicción especial que pidió no revelar su nombre. El funcionario hace referencia a la propuesta que planteó en marzo pasado exjefes guerrilleros de las FARC que han criticado las demoras y otras decisiones de la JEP en contra de sus intereses y que, por eso, debían tener un “tribunal de cierre” para poder terminar sus procesos judiciales.

El gobierno Petro aseguró en su momento que estaba dispuesto a estudiar la propuesta, lo que generó preocupación en las víctimas, que tienen sus esperanzas puestas en que la JEP sea el tribunal que, después de décadas de impunidad, pueda impartir la justicia a la que no han podido acceder. “¿Cuál es la verdad judicial? A caso no es eso lo que hace la Fiscalía, la JEP o la Corte Suprema de Justicia? ¿Para qué se necesita una Asamblea Nacional Constituyente si ya existen entidades, políticas, leyes y todo tipo de procedimientos para lograr ese cometido?”, se pregunta un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que también pidió no revelar su nombre para no quedar en un posible escenario en el que tenga que declararse impedido.

Además de esas preocupaciones, hay una adicional: “El presidente Petro está hablando de una paz definitiva, cuando su gobierno ha demostrado el fracaso de su política en este terreno. Si para tener éxito en la negociación o sometimiento de grupos armados, lo que necesita es reformar la Constitución, la pregunta es qué tipo de carta magna necesita para acomodar sus proyectos”, agregó un funcionario de la Corte Constitucional. La preocupación para este sector de la cúpula de la justicia es que, hoy en día, la Constitución vigente tiene las reglas claras para negociar cualquier proceso de paz y es un texto con “altísimas garantías para las víctimas o para cualquier ciudadano”.

Por ejemplo, que solo pueden existir amnistías o indultos para crímenes políticos y conexos, y nunca para crímenes de guerra o de lesa humanidad. Que hay duras penas para quienes cometen graves delitos. Que los procesos de negociación para conseguir la paz solo se pueden adelantar con grupos guerrilleros. Y, en últimas, que la paz es un derecho fundamental y un deber de obligatorio cumplimiento. Para juristas y analistas como Rodrigo Uprimny, la propuesta del presidente Petro, sobre la verdad judicial y el perdón social para la paz duradera, además de ser ambigua, plantea la siguiente pregunta: “¿Es realista hablar de paz definitiva cuando el gobierno va mal en este tema?”.

Aunque es un hecho, para muchos positivo, que el gobierno Petro haya logrado sentarse en la mesa con la guerrilla del ELN, esté a punto de iniciar otra mesa con la disidencia de la Segunda Marquetalia, al mando de Iván Márquez, y haya buenos avances con una parte de la disidencia del Estado Mayor Central (EMC), lo cierto es que la realidad es otra. En primera instancia, la mesa de diálogo con el ELN atraviesa una de sus peores crisis, sus avances están congelados y hace un mes amenazó con que volvería a secuestrar. En segundo lugar, aunque los primeros diálogos con la Segunda Marquetalia están a punto de iniciar, todavía existe un asunto que podría ponerle freno de mano: ¿el Estado puede negociar con guerrilleros que incumplieron el Acuerdo de Paz con las FARC y se rearmaron?

Para muchos, la respuesta es que no y el camino para ellos es un proceso de sometimiento a la justicia y no un acuerdo negociado. Es más, el Consejo de Estado estudia una demanda que busca impedir la mesa de diálogo con Iván Márquez y sus hombres. Y, por último, y quizás el problema más grande en estas negociaciones, es que con el EMC, el gobierno solo ha logrado sentarse a negociar con una pequeña facción de esta disidencia. Según cálculos internos, hay un 53 % de hombres que no están sentados en las mesas y corresponden, precisamente, a quienes han impuesto en el Cauca, Valle del Cauca y la Amazonía el imperio del terror, a punta de atentados, drones con granadas, asesinatos selectivos y desplazamiento.

A este panorama hay que agregar un ingrediente adicional: el gobierno Petro no ha revelado cuáles son sus planes con grupos como el Clan del Golfo, La Inmaculada o los Conquistadores de la Sierra Nevada. Sobre el primero, la organización criminal con gran poderío en el Urabá antioqueño y chocoano, el Bajo Cauca y el sur de Córdoba, el presidente les envío un mensaje el pasado viernes: “Las organizaciones comunitarias nos pueden ayudar a que, con una serie de entidades agrarias, se pueda construir aquí un fortín agroindustrial de la comunidad. Lo que significa que hay que hacer un pacto: que no nos matemos más. Aquí debe haber miembros del Clan del Golfo. Yo les mando la razón: llegó la hora de la paz”. Sin embargo, no es claro cuál es su estrategia para el sometimiento de los hombres de esta agrupación.

En video: Constituyente de Petro: estos son los puntos claves de la polémica que se armó

El exigente camino de una constituyente

En medio de las dudas que hay sobre los nueve puntos que planteó el presidente para la asamblea, incluyendo el problema de la verdad judicial y la paz duradera, existe una duda casi generalizada en el mundo político y judicial: ¿se necesita una Asamblea Nacional Constituyente para lograr que esos temas pasen del trino de presidente a la realidad? Para el jurista y analista Rodrigo Uprimny, quizás solo hay uno que sí la necesitaría una Asamblea Nacional Constituyente, el que habla de un nuevo ordenamiento territorial. El resto de ellos, dice el experto, o ya están en la Constitución o solo necesitarían políticas públicas o reformas legislativas.

La preocupación de él y en general de la comunidad jurídica es que el impulso de una asamblea de estas características es una apuesta, no solo codiciosa e inoportuna, sino también peligrosa. Sobre lo primero, es importante entender que esa figura política es de las más exigentes de todo el sistema legislativo del país. Para entenderlo, hay que conocer sus requisitos. El primer paso es que el gobierno o un miembro del Congreso tendría que proponer una ley para convocar a la asamblea. Ahí se debe definir su competencia; cuánto tiempo tendrá de vida; cómo estará compuesta; quiénes y cómo serán elegidos sus miembros; y cuáles son los temas que va a tratar (que serían los nueve puntos planteados por el presidente Petro).

El segundo paso sería su aprobación, con mayoría absoluta, en ambas cámaras del legislativo (una proeza en este momento de la administración Petro que no tiene mayorías). El tercer paso estaría en manos de la Corte Constitucional, que tendría que revisar automáticamente que el Senado y Cámara de Representantes hubieran aprobado de manera correcta la ley y que su contenido sea correcto (un asunto complicado, pues la Corte existe para proteger a la Constitución). Si la Corte le da el visto bueno a la ley, el cuarto paso estaría a cargo del gobierno, que tendría que convocar a votaciones en todo el país para que sean los ciudadanos quienes determinen si están de acuerdo o no con convocar a esa Asamblea Nacional Constituyente.

Para superar este referendo, la votación del “sí” tendría que ser de más de 13 millones de votos (otro punto débil para el gobierno, pues Gustavo Petro alcanzó apenas 11 millones de votos durante la segunda vuelta). Si gana la propuesta, el quinto paso sería la elección de los constituyentes, que pueden ser postulados por la propia ciudadanía, pero que, en todo caso, deberían ser elegidos nuevamente en votaciones populares (aunque también podrían ser postulados por el gobierno). Solo después de todo estos cinco pasos es que arrancaría en forma la Asamblea Nacional Constituyente. A este proceso es al que se habría referido Juan Fernando Cristo, cuando en su primer discurso como ministro de Interior aseguró que todo se hará “bajo los parámetros de la Constitución de 1991.

Es decir, “un acuerdo nacional y no uno de la imposición”. Aunque el camino está claro en el papel, en la práctica la realidad es otra. Para quienes llevan toda la vida estudiando estos procesos constitucionales en Colombia (donde han existido al menos 11 cambios al núcleo de la Constitución Política), hay una frase que se les escucha repetir: “En las constituyentes siempre sabemos cómo empiezan, pero nunca cómo terminan”. El temor que más se repite en conversaciones con expertos es que la campaña reformista de Petro solo sirva para dividir todavía más al país. En este sentido, las cosas no empezaron bien, pues las altas cortes ya chocaron con el Ejecutivo.

El presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, habló esta semana sin rodeos: “Me pregunto cómo seguir hablando de nuevos proyectos constitucionales si es que no hemos sido capaces de desarrollar y hacer cumplir el pacto que nos forjamos en 1991 (...) la Carta Magna no puede ser una masa deforme, gelatinosa y banal cambiable a placer, sino al revés: debe ser un texto rígido con muy relativas flexibilidades”. En otro de sus mensajes en X, el presidente Petro le contestó al magistrado y dijo abiertamente que estaba equivocado y que la Constitución sí ha tenido cambios desde 1991 en “aspectos esenciales”. El jefe de Estado, además, agregó que la Carta Política tampoco incluyó temas como la crisis climática “el camino del perdón social y la paz definitiva”, y asuntos de género y minorías étnicas y sexuales.

El reciente nombrado ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, la tiene clara: lo más probable es que la administración de Gustavo Petro no alcance a terminar este complicado proceso para una Asamblea Nacional Constituyente. Por eso, desde el terreno de la política aseguran que la tarea para este gobierno es pavimentar el camino para las elecciones presidenciales de 2026 y para que el siguiente presidente sea el encargado de ver esta realidad. En todo caso, las dudas ahora siguen vigentes. Constitucionalistas consultados por este diario insisten en que nada de lo que propone hoy el primer mandatario necesita una Asamblea Nacional Constituyente.

Por el contrario, lo que proponen son caminos mucho más sencillos, por ejemplo, reformas constitucionales, a través de actos legislativos, que son mucho menos dispendiosos en sus trámites y solo buscan reformar artículos de la Constitución, y no todo su contenido (como sí sucede con una asamblea). A la administración Petro solo le quedan dos años de gestión en los que, además de defenderse de escándalos que sacuden a la propia familia presidencial y a alfiles allegados al presidente, ahora tendrá que jugarse este camino político que, desde lo jurídico, ya es claro que no será uno nada fácil.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.