El primer año del fiscal Barbosa: escándalos, pandemia e inseguridad

En medio de críticas por su cercanía al presidente Iván Duque y por su corta experiencia en derecho penal, Francisco Barbosa fue elegido fiscal general el 30 de enero de este año. En ese momento, el mundo llevaba apenas un mes con las noticias de un extraño virus detectado en China, y entre los desafíos y promesas que llevaron a la Sala Plena de la Corte Suprema a seleccionarlo para uno de los más altos cargos del país no estaban los retos que planteó la pandemia. Tras casi un año en el búnker, y con un puñado de reveses, varias voces coinciden en que Barbosa se ha acoplado al cargo con algunos puntos de su gestión para destacar.

Barbosa se posesionó el 13 de febrero. Luego de que el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, declinara la oferta del cargo, nombró vicefiscal a Martha Mancera, una funcionaria de carrera que venía de dirigir la Unidad Especial de Investigación, dependencia creada con el Acuerdo de Paz, a quien le reconocen su trabajo por priorizar casos de enfoque diferencial y su experiencia en la lucha contra el crimen organizado, entre otros. Sin embargo, en muchas direcciones claves de la Fiscalía por un buen tiempo no hubo funcionarios nombrados en propiedad, lo que también fue criticado. Y cuando el fiscal logró completar su cúpula, le llovieron renuncias.

Siete de los nueve directores de áreas que había nombrado recién llegó, habían renunciado en septiembre. En pocas semanas, como registró La Silla Vacía, salieron de la Fiscalía la directora jurídica, la de políticas y estrategia, el de comunicaciones y la ejecutiva Marcela Yepes, quien es su amiga personal y esposa del contralor Carlos Felipe Córdoba. Ya entonces, en entrevistas en medios de comunicación, Barbosa había dicho que era la persona más preparada del país para ser fiscal, que el ente investigador no estaba “al servicio de causa política alguna” y se había negado a apartarse del caso de la ñeñepolítica a pesar de su amistad con el presidente Duque.

“Quiero ser un fiscal de los territorios y no un fiscal del búnker”, les había dicho Barbosa a los magistrados de la Corte en su entrevista. La frase la repitió varias veces en medios de comunicación, la volvió el eslogan de su Fiscalía —en la calle y en los territorios— y en una estrategia institucional con la que ha visitado ya 25 de las 38 seccionales que la entidad tiene en el país. “Esto le ha permitido tener una mejor comprensión de las dinámicas criminales y los fenómenos ilícitos que se presentan en las regiones”, dijo el ente investigador en declaraciones enviadas a este diario. Pero sus viajes también le trajeron problemas.

En medio de la pandemia del COVID-19 y con el país confinado, Barbosa fue a San Andrés en compañía del contralor Carlos Felipe Córdoba, su esposa, Walfa Téllez, que también trabaja en la Contraloría, y su hija menor de edad. En la isla, desierta por la paralización del turismo, nadie entendió bien qué fue a hacer hasta allá y, tras días de presión, se sinceró. “Yo tengo una hija adolescente y quiero que se pongan la mano en el corazón de una persona que, además de ser fiscal, es padre de familia”, dijo. Sobre todas sus comisiones se levantó un manto de duda y, por ejemplo, este diario encontró que en la mayoría de los lugares que visita no tienen claro qué es lo que Barbosa va a hacer.

Después de este escándalo, Francisco Bernate, profesor y presidente del Colegio de Abogados Penalistas, cree que algo cambió y comentó a El Espectador: “Hay dos momentos: el primer trimestre de su gestión, en el que hubo desafueros verbales. Manifestó que es el hombre más preparado del país, el mejor fiscal de la historia; abrió una investigación contra la alcaldesa de Bogotá y su pareja por hechos sin relevancia; opinaba sobre la cuarentena, sobre el Acuerdo de Paz. Eso le terminó costando en la imagen de su gestión, además por la inestabilidad de los cargos: alcanzamos casi a tener dos vicefiscales y la plana mayor de la entidad está en constante cambio”.

“Toda esa primera fase llegó hasta el episodio de su viaje a San Andrés. Después de ese paseo, hemos visto una segunda etapa con un fiscal mucho más aplomado, alejado de los medios de comunicación, dedicado al trabajo, convencido de su bandera de llevar la Fiscalía a los territorios”, añadió Bernate. Más o menos para esas fechas, el ente investigador expidió una directiva dándoles instrucciones a los fiscales para que no abusaran de las medidas de aseguramiento. Es decir, para que solo pidieran cárcel preventiva en casos que se estén investigando crímenes peligrosos, no por delitos menores, porque debe primar el derecho a la libertad.

La iniciativa fue muy bien recibida por la rama, pero tal vez no fue suficiente, advirtió el abogado y exfiscal Camilo Burbano. “La directiva fue un gran avance, pero se quedó corta en algunos puntos para, por ejemplo, ayudar a los fiscales a identificar en qué casos sí aplica una detención”, dijo. El penalista coincidió con Bernate en que los incidentes del fiscal afectaron la imagen de la entidad y señaló otros dos puntos de su gestión: por un lado, que la Fiscalía se ha adaptado rápidamente a los desafíos que trajo la pandemia y, por otro, una creciente percepción de inseguridad que, “si bien no es atribuible a un fiscal en particular, se ha agudizado durante el período de Barbosa”.

Para Burbano, esto puede deberse a que la gente no ve resultados en los temas que más les afectan, como hurtos y homicidios. Aunque las cifras muestran reducciones en estos delitos, se debe principalmente a que el país estuvo en confinamiento buena parte del año. A pesar del encierro, crecieron las masacres, los asesinatos de excombatientes y los feminicidios. Según el exfiscal y abogado Fabio Humar, esto muestra que no se ha fortalecido a la Fiscalía en las regiones. Aunque reconoce la dificultad de hacerlo en pandemia, dijo: “Hay una tremenda falta de personal, de equipos humanos y tecnológicos, que hacen de la justicia un bien muy escaso”.

La incapacidad para investigar en las regiones, agregó Humar, lleva a que el 80 % de los procesos en el país terminen en que el fiscal del caso ordena archivarlos. Sin embargo, este año, según cifras que la Fiscalía le entregó a este diario, se han logrado avances en las investigaciones del 65 % de las masacres, en el 92 % de los asesinatos de mujeres y subieron considerablemente el esclarecimiento de crímenes contra reincorporados del 40 % al 52 %. Asimismo, de los 404 líderes sociales asesinados desde la firma del Acuerdo, la Fiscalía dice tener resultados en 256 de los casos, con 91 ya en etapa de juicio y otros 64 con condenas en firme.

Durante la pandemia, Barbosa unió fuerzas con el procurador Fernando Carrillo y el contralor Córdoba para que la corrupción no se aprovechara de las flexibilidades que da contratar en un estado de emergencia. En la Fiscalía, de hecho, crearon un equipo especial que les ha puesto la lupa a más de 6.000 contratos, “cuya cuantía asciende a $670.000 millones. Por hechos que atentan contra la administración pública, la Fiscalía ha vinculado a las investigaciones a tres gobernadores (imputados), cuarenta alcaldes, dos concejales, 67 funcionarios y catorce particulares; 32 personas fueron capturadas y catorce ya están acusadas”, le dijo la entidad a este diario.

Luego está otro peso pesado: el caso contra el expresidente Álvaro Uribe por posible manipulación de testigos. Tras su renuncia al Senado, el expediente salió de la Corte Suprema hacia la Fiscalía y Barbosa se lo encargó a quien tiene el tercer cargo más alto en la entidad: Gabriel Jaimes, coordinador de fiscales ante la Corte, muy cercano al exprocurador Alejandro Ordóñez. Pero, por decisión de una jueza, el proceso debe ser llevado bajo el sistema penal acusatorio, un marco legal que le da menor espacio a la Fiscalía, pues cada paso debe tener control previo de jueces. Ahora Jaimes tiene que definir si llama a juicio a Uribe o le precluye. Y, en teoría, esa decisión es autónoma.

Por último, están las promesas. A la Corte le dijo que modernizaría la oficina de asuntos internacionales, crearía una unidad especializada de policía judicial y mejoraría el sistema Watson. Las fuentes consultadas coinciden en que, si eso se ha hecho, no se notó. También se comprometió a ponerle punto final a Justicia y Paz, sistema bajo el que se juzga a exparamilitares. Y este año le metió el acelerador al tema: según cifras de la Fiscalía, en 2020 se imputaron 30.414 hechos, una cifra récord; presentaron 353 solicitudes para congelar propiedades por más de $132.000 millones y, a pesar del encierro, realizaron 142 entregas de restos de desaparecidos y 239 exhumaciones.

En medio de críticas por su cercanía al presidente Iván Duque y por su corta experiencia en derecho penal, Francisco Barbosa fue elegido fiscal general el 30 de enero de este año. En ese momento, el mundo llevaba apenas un mes con las noticias de un extraño virus detectado en China, y entre los desafíos y promesas que llevaron a la Sala Plena de la Corte Suprema a seleccionarlo para uno de los más altos cargos del país no estaban los retos que planteó la pandemia. Tras casi un año en el búnker, y con un puñado de reveses, varias voces coinciden en que Barbosa se ha acoplado al cargo con algunos puntos de su gestión para destacar.

Barbosa se posesionó el 13 de febrero. Luego de que el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, declinara la oferta del cargo, nombró vicefiscal a Martha Mancera, una funcionaria de carrera que venía de dirigir la Unidad Especial de Investigación, dependencia creada con el Acuerdo de Paz, a quien le reconocen su trabajo por priorizar casos de enfoque diferencial y su experiencia en la lucha contra el crimen organizado, entre otros. Sin embargo, en muchas direcciones claves de la Fiscalía por un buen tiempo no hubo funcionarios nombrados en propiedad, lo que también fue criticado. Y cuando el fiscal logró completar su cúpula, le llovieron renuncias.

Siete de los nueve directores de áreas que había nombrado recién llegó, habían renunciado en septiembre. En pocas semanas, como registró La Silla Vacía, salieron de la Fiscalía la directora jurídica, la de políticas y estrategia, el de comunicaciones y la ejecutiva Marcela Yepes, quien es su amiga personal y esposa del contralor Carlos Felipe Córdoba. Ya entonces, en entrevistas en medios de comunicación, Barbosa había dicho que era la persona más preparada del país para ser fiscal, que el ente investigador no estaba “al servicio de causa política alguna” y se había negado a apartarse del caso de la ñeñepolítica a pesar de su amistad con el presidente Duque.

“Quiero ser un fiscal de los territorios y no un fiscal del búnker”, les había dicho Barbosa a los magistrados de la Corte en su entrevista. La frase la repitió varias veces en medios de comunicación, la volvió el eslogan de su Fiscalía —en la calle y en los territorios— y en una estrategia institucional con la que ha visitado ya 25 de las 38 seccionales que la entidad tiene en el país. “Esto le ha permitido tener una mejor comprensión de las dinámicas criminales y los fenómenos ilícitos que se presentan en las regiones”, dijo el ente investigador en declaraciones enviadas a este diario. Pero sus viajes también le trajeron problemas.

En medio de la pandemia del COVID-19 y con el país confinado, Barbosa fue a San Andrés en compañía del contralor Carlos Felipe Córdoba, su esposa, Walfa Téllez, que también trabaja en la Contraloría, y su hija menor de edad. En la isla, desierta por la paralización del turismo, nadie entendió bien qué fue a hacer hasta allá y, tras días de presión, se sinceró. “Yo tengo una hija adolescente y quiero que se pongan la mano en el corazón de una persona que, además de ser fiscal, es padre de familia”, dijo. Sobre todas sus comisiones se levantó un manto de duda y, por ejemplo, este diario encontró que en la mayoría de los lugares que visita no tienen claro qué es lo que Barbosa va a hacer.

Después de este escándalo, Francisco Bernate, profesor y presidente del Colegio de Abogados Penalistas, cree que algo cambió y comentó a El Espectador: “Hay dos momentos: el primer trimestre de su gestión, en el que hubo desafueros verbales. Manifestó que es el hombre más preparado del país, el mejor fiscal de la historia; abrió una investigación contra la alcaldesa de Bogotá y su pareja por hechos sin relevancia; opinaba sobre la cuarentena, sobre el Acuerdo de Paz. Eso le terminó costando en la imagen de su gestión, además por la inestabilidad de los cargos: alcanzamos casi a tener dos vicefiscales y la plana mayor de la entidad está en constante cambio”.

“Toda esa primera fase llegó hasta el episodio de su viaje a San Andrés. Después de ese paseo, hemos visto una segunda etapa con un fiscal mucho más aplomado, alejado de los medios de comunicación, dedicado al trabajo, convencido de su bandera de llevar la Fiscalía a los territorios”, añadió Bernate. Más o menos para esas fechas, el ente investigador expidió una directiva dándoles instrucciones a los fiscales para que no abusaran de las medidas de aseguramiento. Es decir, para que solo pidieran cárcel preventiva en casos que se estén investigando crímenes peligrosos, no por delitos menores, porque debe primar el derecho a la libertad.

La iniciativa fue muy bien recibida por la rama, pero tal vez no fue suficiente, advirtió el abogado y exfiscal Camilo Burbano. “La directiva fue un gran avance, pero se quedó corta en algunos puntos para, por ejemplo, ayudar a los fiscales a identificar en qué casos sí aplica una detención”, dijo. El penalista coincidió con Bernate en que los incidentes del fiscal afectaron la imagen de la entidad y señaló otros dos puntos de su gestión: por un lado, que la Fiscalía se ha adaptado rápidamente a los desafíos que trajo la pandemia y, por otro, una creciente percepción de inseguridad que, “si bien no es atribuible a un fiscal en particular, se ha agudizado durante el período de Barbosa”.

Para Burbano, esto puede deberse a que la gente no ve resultados en los temas que más les afectan, como hurtos y homicidios. Aunque las cifras muestran reducciones en estos delitos, se debe principalmente a que el país estuvo en confinamiento buena parte del año. A pesar del encierro, crecieron las masacres, los asesinatos de excombatientes y los feminicidios. Según el exfiscal y abogado Fabio Humar, esto muestra que no se ha fortalecido a la Fiscalía en las regiones. Aunque reconoce la dificultad de hacerlo en pandemia, dijo: “Hay una tremenda falta de personal, de equipos humanos y tecnológicos, que hacen de la justicia un bien muy escaso”.

La incapacidad para investigar en las regiones, agregó Humar, lleva a que el 80 % de los procesos en el país terminen en que el fiscal del caso ordena archivarlos. Sin embargo, este año, según cifras que la Fiscalía le entregó a este diario, se han logrado avances en las investigaciones del 65 % de las masacres, en el 92 % de los asesinatos de mujeres y subieron considerablemente el esclarecimiento de crímenes contra reincorporados del 40 % al 52 %. Asimismo, de los 404 líderes sociales asesinados desde la firma del Acuerdo, la Fiscalía dice tener resultados en 256 de los casos, con 91 ya en etapa de juicio y otros 64 con condenas en firme.

Durante la pandemia, Barbosa unió fuerzas con el procurador Fernando Carrillo y el contralor Córdoba para que la corrupción no se aprovechara de las flexibilidades que da contratar en un estado de emergencia. En la Fiscalía, de hecho, crearon un equipo especial que les ha puesto la lupa a más de 6.000 contratos, “cuya cuantía asciende a $670.000 millones. Por hechos que atentan contra la administración pública, la Fiscalía ha vinculado a las investigaciones a tres gobernadores (imputados), cuarenta alcaldes, dos concejales, 67 funcionarios y catorce particulares; 32 personas fueron capturadas y catorce ya están acusadas”, le dijo la entidad a este diario.

Luego está otro peso pesado: el caso contra el expresidente Álvaro Uribe por posible manipulación de testigos. Tras su renuncia al Senado, el expediente salió de la Corte Suprema hacia la Fiscalía y Barbosa se lo encargó a quien tiene el tercer cargo más alto en la entidad: Gabriel Jaimes, coordinador de fiscales ante la Corte, muy cercano al exprocurador Alejandro Ordóñez. Pero, por decisión de una jueza, el proceso debe ser llevado bajo el sistema penal acusatorio, un marco legal que le da menor espacio a la Fiscalía, pues cada paso debe tener control previo de jueces. Ahora Jaimes tiene que definir si llama a juicio a Uribe o le precluye. Y, en teoría, esa decisión es autónoma.

Por último, están las promesas. A la Corte le dijo que modernizaría la oficina de asuntos internacionales, crearía una unidad especializada de policía judicial y mejoraría el sistema Watson. Las fuentes consultadas coinciden en que, si eso se ha hecho, no se notó. También se comprometió a ponerle punto final a Justicia y Paz, sistema bajo el que se juzga a exparamilitares. Y este año le metió el acelerador al tema: según cifras de la Fiscalía, en 2020 se imputaron 30.414 hechos, una cifra récord; presentaron 353 solicitudes para congelar propiedades por más de $132.000 millones y, a pesar del encierro, realizaron 142 entregas de restos de desaparecidos y 239 exhumaciones.