El coronel retirado del Ejército, Publio Hernán Mejía, se convierte desde este 18 de septiembre en la primera persona en enfrentar un juicio en la historia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En julio de 2021, el reconocido militar, quien incluso soñó con ser presidente de la República, fue imputado tras haberse sometido a la Jurisdicción de paz y, aunque se le entregaron beneficios como la libertad condicional, se negó a aceptar responsabilidad por la muerte de 75 inocentes en la modalidad de ejecuciones extrajudiciales.
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Por ello, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) -conocida como la Fiscalía de la JEP- presidirá a partir de este miércoles el juicio en su contra, en el que intentará probar la responsabilidad de Mejía por 35 eventos relacionados con los mal llamados falsos positivos. En caso de ser hallado responsable en la JEP, como ya sucedió en la justicia ordinaria, Publio Hernán Mejía podría ser sancionado con hasta 20 años de prisión. Los militares que han aceptado responsabilidad, lograron ser sancionados con actividades restaurativas en favor de las víctimas.
El juicio será público y se desarrollará del 18 al 20 de septiembre en Valledupar (Cesar) y luego continuará en tres etapas: el 17, 18, 28 y 29 de octubre; 12,13, 25 y 27 de noviembre y, finalmente, 3 y 4 de diciembre de este año. Durante estas más de 10 sesiones, la UIA aportará las pruebas que le permitan concluir a la JEP su complicidad y responsabilidad con falsas muertes en combate, en el norte del Cesar y sur de La Guajira. Todo mientras ejercía como comandante del Batallón La Popa, entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005.
Antecedentes: Fiscalía de la JEP llama a juicio al coronel (R) Mejía por falsos positivos Sobre Publio Hernán Mejía, la JEP aseguró desde la imputación que ordenó, participó y encubrió la muerte de 75 inocentes, entre ellos 72 hombres -tres indígenas Kankuamos-, un adolescente y tres mujeres. Todos habrían sido presentados como guerrilleros o personas que les prestaban apoyo. Según con otros militares comparecientes, quienes lo echaron al agua, Mejía tenía el carisma propio de las fuerzas militares, sin embargo, se aprovechó de la credibilidad con la que gozaba para convencer a sus hombres de cometer “falsos positivos”. Con el Bloque Norte de las Autodefensas, al parecer, coordinó la entrega de víctimas, vivas y muertas, que luego eran referenciadas como criminales en documentos falsos. Bajo la comandancia de Mejía se pusieron en funcionamiento los grupos especiales Zarpazo y Trueno, los cuales operaban bajo las órdenes directas del enjuiciado y cuya labor casi que exclusiva sería la de presentar ejecuciones extrajudiciales a partir de 2002. Sirvieron de referentes para otros pelotones, dados los números de “positivos”, que en realidad no serían tal cosa. En su defensa, Mejía asegura que la Fiscalía “desapareció” del batallón la documentación operacional “secreta original” y además montó una “horrible mentira” pagándole a criminales para declarar contra él. En contexto: Uribe y Pastrana serán testigos a favor de coronel imputado por 75 falsos positivos
Por su parte, los abogados de Mejía Gutiérrez solicitaron que se tengan en cuenta las pruebas con las que intentarán defender la inocencia del exuniformado. Entre ellas, la entidad aceptó escuchar a los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana como testigos. Además, “se ordenó al Ministerio de Defensa que remita copia de los denominados planes de guerra: Plan Colombia y Plan Patriota, así como los documentos que soporten o hagan constar los informes, alertas y advertencias de presuntas violaciones a los derechos humanos en Colombia remitidas por organismos internacionales durante el periodo de comandancia del coronel Mejía Gutiérrez en el Batallón de Artillería No. 2 La Popa”, agregó la Sección de Ausencia y Reconocimiento. Lo último que se sabía del coronel (r) Mejía fue la pérdida de su libertad condicionada, la cual había conseguido en 2017 tras someterse a la JEP. La entidad de justicia transicional encontró que, en su cuenta de YouTube, Mejía hizo constante apología a la violencia, durante el paro nacional y la campaña presidencial pasada. Pidió a sus espectadores defender a Colombia “al precio que sea”, lo que fue tomado como un llamado a la confrontación.
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La JEP reconoció que los mensajes públicos de Mejía nada tienen que ver con un militar condenado que buscaría garantizar la no repetición de la guerra. Por tanto, y con el fin de proteger los derechos de las víctimas, la JEP ordenó la captura de Mejía y le pidió a la dirección de centros de reclusión militar del Ejército (DICER) que escoja el lugar donde permanecerá preso. Allá seguirá pagando la condena a 19 años de cárcel con la que un juzgado de Bogotá lo castigó en 2013, por patrullar en conjunto con paramilitares del Bloque Norte de las AUC a principios de los 2000.
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